Texto de la demanda  presentada en el mes de Octubre de 2010 en los autos "Kersich, Juan Gabriel y otro c/ Aguas Bonaerenses S.A y otro s/Amparo" en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció materialmente el acceso al agua potable y su saneamiento como un derecho humano. 

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el rechazo a la solicitud de suspender la regresiva reforma a la Ley de Glaciares en la causa colectiva, que en las próximas semanas podría llegar a la Corte Suprema Nacional para que trate el caso. 

La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín ratificó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones con agrotóxicos dentro de los mil metros de la planta urbana de French, viviendas rurales, asentamientos y pozos de extracción de agua potable y obligación a garantizar agua apta para consumo humano y realizar monitoreos de agrotóxicos en las aguas subterráneas. 

En un  extenso, fundado y transcendental fallo, la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la medida cautelar que ordena el cese de las fumigaciones terrestres a menos de mil metros de la población y la entrega de agua libre de arsénico y agrotóxicos a los vecinos y vecinas de la localidad de French (Buenos Aires). Texto de la sentencia.

Se presentó  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un caso contra el Estado argentino por violación del plazo razonable y falta de protección judicial efectiva en una causa iniciada ante la justicia argentina, en Marzo de 2013, contra el régimen nacional de aprobación de organismos genéticamente modificados en la Argentina.

La lucha del grupo amparista por el agua libre de arsénico y agrotóxicos en la localidad bonaerense de Lobos logró apartar provisoramiente a un juez conflictivo y que se abra una ventana procesal ante la nueva jueza que ya designó una audiencia y que también está decidida avanzar con la producción de prueba, que se había dificultado con el juez recusado.

La acción ante la justicia federal de La Plata enlaza la desposesión territorial indígena con una deuda todavía vigente del Estado argentino. El planteo reclama el derecho a la tierra, reivindica la agricultura agroecológica e indígena y cuestiona la derogación por DNU de la Ley de Tierras, dentro de una historia atravesada por un Genocidio y la pérdida forzada del territorio.

Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones terrestres con agrotóxicos se restringan a 1095 metros de la Ecovilla Gaia en  Partido de Navarro (Provincia de Buenos Aires). Texto del Dictamen.

Recopilación y selección de fallos judiciales anotados y ordenados cronológicamente en la Provincia de Santa Fe, Argentina / 1985-2026. Descarga libre y gratuita.

El fallo cierra una causa judicial que llegó hasta la Corte Suprema y cambió para siempre la discusión sobre el derecho humano al agua en la Argentina. 

Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco impugnaron la sentencia del Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario. Solicitaron revisar las absoluciones de Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, preservar las medidas ambientales vigentes y extender transitoriamente la protección a las escuelas rurales y los pueblos del interior de Pergamino.

 
El Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de Mercedes condenó a Aguas Bonaerenses S.A. y a la Provincia de Buenos Aires a garantizar en 9 de Julio agua de red ajustada al Código Alimentario Argentino, con un máximo de 10 microgramos de arsénico por litro. La sentencia reconoce la construcción y puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora. 

La localidad de Alberti (Bs. As.) avanza hacia la licitación de su planta potabilizadora después de 16 años de lucha judicial por el agua contaminada con Arsénico.

La media sanción del Senado en el marco del procedimiento nacional civil y comercial acelera el juicio de desalojo, amplía quiénes pueden promoverlo y fortalece la restitución anticipada, agravando la situación de los pueblos originarios que reclaman sus derechos al territorio. 

El retroceso oficial ante la sesión del 6 de agosto demuestra la fuerza de la movilización social. La amenaza sobre la Ley de Tierras continúa abierta y exige ampliar la discusión en clave plurinacional hacia el verdadero problema territorial argentino: la concentración de la propiedad, el control productivo y el desconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

La flamante Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata en uno de sus primeros fallos ambientales  marca una senda respecto a los agrotóxicos en el agua de consumo humano para terminar con la invisibilización inaceptable de una problemática que provoca el Agronegocio en la salud pública.

A pesar de convalidar el daño por agrotóxicos en la salud de los niños y condenar a los funcionarios públicos municipales, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodriguez Da Cruz, absolvió a los productores agroindustriales, con una dogmática penal vetusta escapándose de su función jurisdiccional y adelantando una sentencia absurdamente contradictoria.

Tras cinco meses de audiencias y con la realización de los alegatos de la querella, la Fiscalía y las defensas, el juicio penal por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino quedó a las puertas de una sentencia histórica. El veredicto será el 24 de junio de 2026, a las 10 horas.

La Cámara Contencioso Administrativa rechazó la apelación del Municipio y ratificó la obligación de adoptar acciones inmediatas de prevención, vigilancia y control en el predio donde se reiteran incendios, humo tóxico y riesgo sanitario para la comunidad nuevejuliense.

El máximo tribunal del país deberá intervenir en un caso clave sobre fumigaciones con agrotóxicos en Pehuajó, donde se discute si una ordenanza municipal puede reducir la protección de la población pese a la evidencia científica sobre daño genético, riesgo sanitario y exposición ambiental.

En el "Juicio al Veneno" por las fumigaciones en Pergamino —que imputa a propietarios, agrónomos y funcionarios de un modelo agroindustrial ecocida—, la querella de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco invocó la novela Distancia de Rescate de Samanta Schweblin por su potente capacidad para iluminar la dimensión moral y humana de la decisión judicial.