La decisión del INTA de exonerar a Virginia Aparicio se inscribe en una historia de persecuciones, presiones y disciplinamiento sobre investigadores que produjeron evidencia incómoda para el agronegocio. Defender a Aparicio es también defender la libertad científica, la independencia de la investigación pública y el derecho de los pueblos fumigados a contar con la mejor ciencia disponible.

Recopilación cronológica de la producción científica de la investigadora argentina Virginia Aparicio sobre presencia, movilidad, persistencia y exposición a plaguicidas en matrices ambientales y biológicas. Relevamiento bibliográfico de 157 publicaciones 2001-2026

Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco impugnaron la sentencia del Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario. Solicitaron revisar las absoluciones de Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, preservar las medidas ambientales vigentes y extender transitoriamente la protección a las escuelas rurales y los pueblos del interior de Pergamino. El recurso invoca el precedente “Gabrielli”, nacido de la lucha de las Madres de Ituzaingó que tuvo su eco en las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, y denuncia la violación de los principios de no regresión, objetivación ambiental y mejor ciencia disponible.

En el marco de la causa judicial de Kersich relacionada con los altos niveles de arsénico en el agua que consume la población de 9 de Julio (Bs.As.), la justicia condenó a ABSA a cumplir con el estandar de 10 microgramos por litro de dicho elemento químico. (Texto de la sentencia).

 
El Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de Mercedes condenó a Aguas Bonaerenses S.A. y a la Provincia de Buenos Aires a garantizar en 9 de Julio agua de red ajustada al Código Alimentario Argentino, con un máximo de 10 microgramos de arsénico por litro. La sentencia reconoce la construcción y puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora. 

La localidad de Alberti (Bs. As.) avanza hacia la licitación de su planta potabilizadora después de 16 años de lucha judicial por el agua contaminada con Arsénico.

La media sanción del Senado en el marco del procedimiento nacional civil y comercial acelera el juicio de desalojo, amplía quiénes pueden promoverlo y fortalece la restitución anticipada, agravando la situación de los pueblos originarios que reclaman sus derechos al territorio. 

El retroceso oficial ante la sesión del 6 de agosto demuestra la fuerza de la movilización social. La amenaza sobre la Ley de Tierras continúa abierta y exige ampliar la discusión en clave plurinacional hacia el verdadero problema territorial argentino: la concentración de la propiedad, el control productivo y el desconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

La flamante Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata en uno de sus primeros fallos ambientales  marca una senda respecto a los agrotóxicos en el agua de consumo humano para terminar con la invisibilización inaceptable de una problemática que provoca el Agronegocio en la salud pública.

La flamante Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata exige a la Provincia de Buenos Aires controlar la presencia de agrotóxicos en el agua que consume la población de Roque Perez. También le exige a la prestadora del servicio de agua de red (ABSA) que controle rigurosamente todos los meses los niveles de Arsénico. 

A pesar de convalidar el daño por agrotóxicos en la salud de los niños y condenar a los funcionarios públicos municipales, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodriguez Da Cruz, absolvió a los productores agroindustriales, con una dogmática penal vetusta escapándose de su función jurisdiccional y adelantando una sentencia absurdamente contradictoria.