
Análisis y sistematización de los resultados de los controles del SENASA sobre la presencia de agrotóxicos en alimentos comercializados en Argentina entre los años 2020 y 2022. Descarga libre del informe.
Recopilación de todas las resoluciones judiciales y dictámenes relacionados con la labor jurídica en materia socioambiental de Naturaleza de Derechos en el año 2024.
Publicaciones20/12/2024La publicación PRAXIS JURÍDICA DE NATURALEZA DE DERECHOS 2024 recopila todas las resoluciones judiciales y dictámenes relacionados con la labor jurídica en materia socioambiental de Naturaleza de Derechos en el año 2024.
La recopilación nos resulta útil para nuestra propia praxis, ya que al focalizar en las temáticas que se abordan, ayuda a sistematizar los argumentos y con ello, reforzarlos y perfeccionarlos para ajustar la precisión de los reclamos en temas muchas veces complejos.
El Derecho Ambiental Argentino aun está en pañales y quizás también en un punto de inflexión en cuanto a si se lo dejamos al establishment jurídico de la mano de la cúpula cortesana doctrinaria con su Congreso academicista vergonzante y su mundo feliz de abstracción de simple jardinería verde. O bien, lo revolucionamos para que sus principios y sus fines sean a su vez los medios para que la gente y la naturaleza no sean moneda de cambio - bajo el ardid de las promesas y eufemismos de la transición o sustentabilidad ambiental - de un progreso que solo consolida la acumulación por desposesión, mientras la realidad vista desde una polaroid nos muestra lentamente como la imagen se va perfeccionando con despojos, enfermedades, y desigualdades.
Poner al Derecho Ambiental en esa perspectiva Socioambiental implica transformarlo de raíz, y principalmente diferenciarlo de la versión anquilosada de la "academia" que solo procura anclarlo en debates superfluos e inocuos, lejos de la discusión de la matriz extractivista y la realidad que atraviesan las personas en los territorios, sin dejar de mencionar el rechazo sobre la necesidad de avanzar con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
Por eso hablamos de Derecho Socioambiental que va desde el derecho al ambiente sano, a la integridad física, al acceso al agua potable, a la salud integral y preventiva, pero que también comprende los derechos de los agricultores y agricultoras a producir sin injerencias contaminantes, el acceso a la tierra, la no violencia de género, el derecho de las comunidades indígenas a una reparación histórica por un genocidio no narrado, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, el respeto a su consentimiento, el derecho de la población a la protesta social, el derecho a la participación democrática material e integral y no meramente formalista, el derecho a habitar el territorio sin injerencias arbitrarias ambientales.
A todo ello se suma la concepción biocéntrica considerando los derechos de la naturaleza, no como una forma simbólica y romántica sino política para sacarla de la concepción utilistarista que considera que sus bienes son meramente disponibles, y asi resguardarla de un antro-capitalismo devorador y ecocida.
Fumigaciones con agrotóxicos, tala indiscriminada de árboles, derecho humano al agua potable, agua libre de agrotóxicos y con niveles de arsénico adecuados, aspectos procesales sobre la competencia federal ambiental, integralidad de la acción en materia de fumigaciones con agrotóxicos y agua con arsénico no apta para el consumo humano, la admisión de amicus curiae en materia de fumigaciones con agrotóxicos en las adyancencias de un pueblo, habeas corpus ante la violencia institucional del Gobierno Nacional con cacheos y requisas, procesamiento y elevación a juicio por contaminación ambiental con agrotóxicos, la admisibilidad de la vía del amparo por acceso a la información sobre la calidad del agua, medida cautelar por fumigación de agrotóxicos con drones y compentencia territorial en la causa por el Genocidio de la Campaña del Desierto, forman parte del derrotero temático de una praxis jurídica intensa que demandó este 2024.
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La Justicia Federal le dio trámite al cuestionamiento judicial de la designación de los Jueces de la Corte Suprema sin acuerdo previo del Senado. Citan a García-Mansilla y Lijo a que ejerzan su derecho a defensa.
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