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La acción ante la justicia federal de La Plata enlaza la desposesión territorial indígena con una deuda todavía vigente del Estado argentino. El planteo reclama el derecho a la tierra, reivindica la agricultura agroecológica e indígena y cuestiona la derogación por DNU de la Ley de Tierras, dentro de una historia atravesada por un Genocidio y la pérdida forzada del territorio.

La decisión del INTA de exonerar a Virginia Aparicio se inscribe en una historia de persecuciones, presiones y disciplinamiento sobre investigadores que produjeron evidencia incómoda para el agronegocio. Defender a Aparicio es también defender la libertad científica, la independencia de la investigación pública y el derecho de los pueblos fumigados a contar con la mejor ciencia disponible.

Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco impugnaron la sentencia del Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario. Solicitaron revisar las absoluciones de Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, preservar las medidas ambientales vigentes y extender transitoriamente la protección a las escuelas rurales y los pueblos del interior de Pergamino. El recurso invoca el precedente “Gabrielli”, nacido de la lucha de las Madres de Ituzaingó que tuvo su eco en las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, y denuncia la violación de los principios de no regresión, objetivación ambiental y mejor ciencia disponible.

La localidad de Alberti (Bs. As.) avanza hacia la licitación de su planta potabilizadora después de 16 años de lucha judicial por el agua contaminada con Arsénico.

La flamante Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata en uno de sus primeros fallos ambientales  marca una senda respecto a los agrotóxicos en el agua de consumo humano para terminar con la invisibilización inaceptable de una problemática que provoca el Agronegocio en la salud pública.

A pesar de convalidar el daño por agrotóxicos en la salud de los niños y condenar a los funcionarios públicos municipales, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodriguez Da Cruz, absolvió a los productores agroindustriales, con una dogmática penal vetusta escapándose de su función jurisdiccional y adelantando una sentencia absurdamente contradictoria.

Tras cinco meses de audiencias y con la realización de los alegatos de la querella, la Fiscalía y las defensas, el juicio penal por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino quedó a las puertas de una sentencia histórica. El veredicto será el 24 de junio de 2026, a las 10 horas.

La Cámara Contencioso Administrativa rechazó la apelación del Municipio y ratificó la obligación de adoptar acciones inmediatas de prevención, vigilancia y control en el predio donde se reiteran incendios, humo tóxico y riesgo sanitario para la comunidad nuevejuliense.

El máximo tribunal del país deberá intervenir en un caso clave sobre fumigaciones con agrotóxicos en Pehuajó, donde se discute si una ordenanza municipal puede reducir la protección de la población pese a la evidencia científica sobre daño genético, riesgo sanitario y exposición ambiental.

En el "Juicio al Veneno" por las fumigaciones en Pergamino —que imputa a propietarios, agrónomos y funcionarios de un modelo agroindustrial ecocida—, la querella de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco invocó la novela Distancia de Rescate de Samanta Schweblin por su potente capacidad para iluminar la dimensión moral y humana de la decisión judicial.

El Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Rosario recorrió los lugares señalados por la querella en el juicio por fumigaciones con agrotóxicos. La diligencia permitió corroborar la cercanía entre campos fumigados, viviendas, escuelas y puntos de extracción de muestras de suelo y agua, en una causa histórica donde se juzga a productores agroindustriales, fumigadores y funcionarios municipales.

El Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes dictó una medida cautelar que obliga a la comuna a implementar vigilancia y restringir el acceso al predio en un plazo de 10 días, tras las denuncias de vecinos por la toxicidad del humo y el riesgo ambiental. (Texto de la sentencia).

La decisión, dictada en una causa promovida por una comunidad indígena contra una ordenanza de Junín, marca un antecedente trascendental para el acceso a la justicia ambiental y fortalece la lucha de los pueblos fumigados frente a las barreras económicas que históricamente obstaculizaron la defensa de la salud, el territorio y el ambiente.

En el mes de Mayo de 2026 la empresa ABSA estará en condiciones de poner en funcionamiento la Planta de Ósmosis Inversa en San Miguel del Monte, fruto de la lucha judicial de la Asamblea de Vecinos y Vecinas por el Agua Potable.

En los Tribunales Federales de Rosario empezó el juicio oral por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino, con nueve imputados, más de 280 testigos y una acusación que no discute un exceso aislado, sino una violencia química sostenida sobre barrios, escuelas, agua y cuerpos. La querella y el Ministerio Público llegan a esta instancia para quebrar la naturalización y exigir justicia ambiental sin atajos de probation ni cheques reparadores.

Avanza peligrosamente la entrega de los ríos Paraná y De La Plata a los intereses agrominerosforestales con la nueva licitación de la Hidrovía.