Juicio al Veneno. La Fiscalía General ante Casación pidió condenar a los tres fumigadores

El proceso judicial por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino acaba de registrar una novedad de enorme importancia. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, mediante el Dictamen N.º 25.865 del 29 de octubre de 2026, se pronunció a favor de revocar las absoluciones de los tres fumigadores Fernando Esteban Cortese, Mario Reinerio Roces y Víctor Hugo Tiribó, dictadas por el Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario. La presentación fue realizada ante la Sala II de Casación, en el marco de la revisión de la sentencia N.º 50/2026, que había absuelto a los acusados por el delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

La decisión del fiscal general tiene una trascendencia institucional considerable. El Ministerio Público Fiscal había recurrido las absoluciones mediante una presentación del fiscal Federico Reynares Solari, quien sostuvo la acusación durante el juicio oral. Ahora, en la instancia de Casación, Pleé examinó aquella impugnación, hizo propios sus cuestionamientos centrales y solicitó expresamente que se condene a los tres fumigadores. El recurso fiscal mantiene así pleno respaldo de la representación del Ministerio Público ante el tribunal encargado de revisar la sentencia.

La intervención adquiere mayor relevancia por su contenido. Pleé no se limitó a expresar una adhesión formal. Desarrolló durante 34 páginas los errores jurídicos que atribuye al tribunal de Rosario, reconstruyó los hechos imputados, examinó las pruebas contra cada fumigador y fundamentó por qué corresponde dictar condena directamente en Casación, sin necesidad de realizar un nuevo juicio.

Las absoluciones que cuestiona el Ministerio Público Fiscal
El denominado "Juicio al Veneno" comenzó en febrero de 2026 y permitió llevar al debate oral una investigación iniciada en septiembre de 2018 a partir de una denuncia anónima que posteriormente Sabrina del Valle Ortiz reconoció como propia. La presentación advertía sobre las fumigaciones próximas a la Escuela N.º 52 y las viviendas del barrio Villa Alicia. Ortiz había recurrido al anonimato por temor a las amenazas y al hostigamiento que sufría por denunciar lo que ocurría alrededor de su casa.

Con el avance de la investigación se incorporaron los testimonios de otras familias, estudios médicos, inspecciones, allanamientos, documentación sobre aplicaciones agrícolas y numerosas pericias de suelo y agua realizadas por la investigador del INTA Balcarce, la Dra. Virginia Aparicio. La contaminación denunciada alcanzaba a distintos sectores de Pergamino, particularmente Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las fumigaciones con agrotóxicos se realizaban en campos ubicados a pocos metros de las viviendas.

El 25 de junio de 2026, el Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario, integrado por Román Pablo Lanzón, Eduardo Daniel Rodrigues da Cruz y Elena Beatriz Dilario,  en una sentencia llamativamente contradictoira absolvió a los fumigadores Cortese, Roces y Tiribó por aplicación del beneficio de la duda. Sin embargo, condenó a Mario Daniel Tocalini y Guillermo Nicolás Naranjo, exfuncionarios de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al considerar acreditado el incumplimiento de sus deberes de fiscalización.

Aquella sentencia dejó una contradicción palmaria que fue señalada tanto por la Fiscalía como por las querellantes. El tribunal reconoció la peligrosidad de los productos utilizados, la presencia de plaguicidas en suelos y aguas, los riesgos sanitarios de las fumigaciones próximas a viviendas y la deficiencia de los controles municipales, y para ello valoró como relevantes los aportes de conocimiento de los exponentes de la ciencia digna que testimoniaron en el debate. Asimismo consideró concordantes los testimonios de los vecinos y vecinas, principalmentes las madres de los barrios fumigados de Pergamino. Aun así, absolvió a los fumigadores al considerar que no se había probado suficientemente la responsabilidad penal individual de cada uno.

Las querellantes Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco, interpusieron un recurso de casación de 163 páginas en el que cuestionaron la interpretación del delito ambiental, la valoración fragmentaria de las pruebas y la construcción de una duda razonable a partir de exigencias que consideran ajenas a la legislación penal. También reclamaron la continuidad de las medidas cautelares que protegen a la población y su extensión transitoria a escuelas rurales y localidades del interior del partido.

La Fiscalía, por su parte, recurrió específicamente las absoluciones de Cortese, Roces y Tiribó. Es ese recurso el que ahora recibe el respaldo expreso del fiscal general Pleé.

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Texto del dictamen fiscal.

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El fiscal general sostiene que el tribunal interpretó equivocadamente el delito ambiental
Uno de los fundamentos centrales del dictamen es que el Tribunal Oral aplicó erróneamente el artículo 55 de la Ley 24.051, al exigir que se demostrara un resultado concreto de contaminación atribuible causalmente a cada fumigador.

Pleé sostiene que la figura penal protege anticipadamente la salud pública y comprende las conductas contaminantes realizadas de un modo peligroso para la salud. Desde esa interpretación, el delito no exige acreditar una enfermedad determinada, un daño consumado en una persona ni la procedencia exclusiva de cada molécula detectada en el ambiente.

El fiscal señala que la sentencia terminó exigiendo requisitos que el legislador no incorporó a la norma penal. Para ello invoca doctrina especializada y jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal, particularmente el antecedente "Azucarera J. M. Terán S.A.", resuelto por la Sala IV el 14 de julio de 2016.

La cuestión tiene especial importancia para los delitos ambientales relacionados con fumigaciones. En territorios donde distintas explotaciones agrícolas introducen reiteradamente sustancias químicas al ambiente, la contaminación puede presentar características acumulativas y múltiples fuentes de emisión. Exigir que cada fumigador sea identificado como origen exclusivo de las sustancias halladas convierte la determinación de responsabilidades en una exigencia prácticamente imposible de satisfacer.

El dictamen cuestiona expresamente ese razonamiento y sostiene que la concurrencia de otras fuentes contaminantes no excluye la responsabilidad de quien realizó una conducta peligrosa prohibida.

Pleé también objeta que el tribunal haya utilizado parámetros de potabilidad del agua para descartar la configuración del delito. La presencia de sustancias peligrosas, la exposición de la población y las condiciones en que se realizaron las aplicaciones deben examinarse conforme a los elementos del tipo penal. Un valor administrativo de aptitud para consumo humano no establece por sí mismo la ausencia de una conducta contaminante penalmente relevante.

La prueba científica de Virginia Aparicio y la reducción de agrotóxicos después de la cautelar
El dictamen otorga especial relevancia a la prueba científica producida por el equipo del INTA Balcarce encabezado por Virginia Aparicio, quien fuera victima de una brutal persecución que terminó con su exoneración, precisamente por mostrar, como lo hizo su pericia en el caso de Pergamino, que los agrotóxicos pueden contaminar las matrices ambientales como el suelo y las masas hidrícas subterráneas que son la fuente de consumo de agua de la población . Los análisis practicados por Aparicio durante la investigación detectaron múltiples plaguicidas en los suelos de los establecimientos investigados y en las aguas subterráneas de Pergamino. 

El fiscal general recupera una circunstancia que la propia sentencia reconoció y que constituye uno de los principales argumentos de la querella. Después de las restricciones judiciales que alejaron las fumigaciones de los barrios, los análisis posteriores registraron una disminución de las sustancias detectadas. Aparicio consideró altamente probable que la medida cautelar hubiera incidido en esa reducción.

La intervención judicial comenzó el 3 de abril de 2019 con restricciones específicas para los establecimientos investigados. Posteriormente, el 30 de agosto de ese año, la Justicia Federal de San Nicolás estableció una prohibición general de aplicaciones terrestres dentro de los 1095 metros y aéreas dentro de los 3000 metros de las zonas protegidas. También se ordenó suministrar agua potable a familias afectadas.

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El fiscal considera que la evolución de los análisis constituye una corroboración científica relevante del peligro generado por las aplicaciones próximas a las viviendas. El dictamen también destaca que, después de las medidas judiciales, disminuyeron los padecimientos sanitarios relatados por la población, circunstancia que había sido reconocida durante el juicio.

Esta prueba, junto con las muestras obtenidas en los establecimientos de Cortese, Roces y Tiribó, los testimonios de vecinos y aplicadores, las actas de infracción y los elementos secuestrados en los allanamientos, debía ser valorada integralmente. Para Pleé, el tribunal examinó cada elemento de manera aislada y terminó descartándolo por no demostrar individualmente aquello que correspondía establecer mediante la consideración conjunta de las pruebas.

El dictamen profundiza además las conductas atribuidas a cada acusado. Respecto de Cortese, examina los testimonios que lo ubicaron fumigando cerca de calle Escudero, las actuaciones municipales, el secuestro de maquinaria y productos químicos y las muestras de su establecimiento. Sobre Roces, destaca las aplicaciones denunciadas en el predio "Don Mariano", ubicado en una zona urbana donde la actividad estaba prohibida. En el caso de Tiribó, recupera especialmente el testimonio del aplicador José Luis Pantano, quien reconoció haber fumigado ese campo hasta el alambrado lindero con calle Escudero, incluso durante la noche.

Para el fiscal general, la valoración conjunta de estas constancias permite afirmar que los tres fumigadores realizaron conductas comprendidas en el delito de contaminación ambiental.

Un pedido concreto de condena en Casación
La presentación de Pleé contiene una solicitud particularmente significativa. Pide que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal haga lugar al recurso fiscal, revoque las absoluciones y dicte condena contra Cortese, Roces y Tiribó por el delito de contaminación del suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos peligrosos.

El fiscal solicita que se apliquen las penas reclamadas oportunamente por Reynares Solari, consistentes en cuatro años y tres meses de prisión para Cortese y cuatro años para Roces y Tiribó, además de ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad agropecuaria, previa realización de la audiencia correspondiente.

También pide revisar el levantamiento de las medidas cautelares dispuesto respecto de Tiribó, una cuestión que resulta especialmente sensible por la protección ambiental alcanzada durante la investigación.

La posibilidad de que Casación dicte condena directamente, sin reenviar el expediente para un nuevo juicio, ocupa un lugar destacado en el dictamen. Pleé considera que el artículo 470 del Código Procesal Penal de la Nación habilita esa solución y recuerda que debe garantizarse a los condenados el derecho a una revisión amplia de una eventual primera condena dictada en instancia recursiva. El planteo representa una posición concreta del Ministerio Público Fiscal. La decisión definitiva corresponde a la Sala II de Casación, que deberá resolver los recursos interpuestos contra la sentencia.

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La trascendencia institucional del Juicio al Veneno
En sus consideraciones finales, Pleé sostiene que el caso excede el interés individual de las partes y compromete a la comunidad en su conjunto, por lo que invoca su gravedad institucional. 

El fiscal destaca la exposición durante años a aplicaciones de agroquímicos realizadas junto a viviendas y establecimientos educativos, y menciona expresamente los daños sanitarios sufridos por Sabrina Ortiz y su grupo familiar, incluidos los resultados de estudios que detectaron un daño genético aumentado respecto de los valores de referencia.

También recupera la protección constitucional del ambiente como bien colectivo y recuerda que el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el sistema interamericano de derechos humanos imponen obligaciones estatales de prevención y protección.

Su conclusión es especialmente relevante para las numerosas investigaciones penales ambientales que se desarrollan en Argentina. Si para aplicar el artículo 55 de la Ley 24.051 se exigiera demostrar la responsabilidad exclusiva de cada fumigador sobre un estado de contaminación difusa, la protección penal del ambiente quedaría seriamente limitada frente a una de las principales características de los procesos contaminantes contemporáneos.  Por eso, el fiscal sostiene que la interpretación del Tribunal Oral termina neutralizando la decisión legislativa de adelantar la protección penal de la salud pública.

Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, las mujeres que sostuvieron la causa
Detrás de esta nueva instancia judicial se encuentra una historia de organización comunitaria protagonizada por las víctimas de las fumigaciones.

Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco llegaron al proceso como vecinas afectadas y sostuvieron su participación como querellantes durante una investigación que se extendió por años. La primera fue quien dio origen a la causa mediante aquella denuncia de septiembre de 2018. La segunda aportó, desde el barrio Santa Julia, una experiencia de organización comunitaria y relevamiento de enfermedades que también ingresó al debate judicial.

Junto con otras integrantes de las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, transformaron las denuncias, los estudios médicos, los testimonios vecinales y los reclamos por agua segura en una investigación penal que permitió someter a juicio a fumigadores y funcionarios municipales.

El dictamen de Pleé llega después de una sentencia que las querellantes consideraron profundamente injusta y que motivó su recurso ante Casación. La decisión del fiscal general de sostener la impugnación de las absoluciones y solicitar condenas constituye un respaldo institucional de gran importancia a los cuestionamientos penales formulados contra el fallo del Tribunal Oral de Rosario.

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La querella mantiene, además, sus agravios ambientales autónomos, dirigidos a preservar las distancias de protección y evitar que las restricciones judiciales desaparezcan automáticamente con la firmeza de la sentencia. Esta cuestión tiene consecuencias directas para los barrios fumigados de Pergamino y para las escuelas rurales y pequeñas localidades que reclaman medidas equivalentes.

El "Juicio al Veneno" continúa abierto. La intervención del fiscal general ante Casación coloca nuevamente en discusión la responsabilidad penal de los tres fumigadores absueltos y el alcance de la legislación que protege la salud pública frente a la contaminación con agrotóxicos.

Para Sabrina Ortiz, Alejandra Bianco y las comunidades que acompañan esta causa, la presentación representa un avance importante en un proceso que todavía espera una respuesta judicial definitiva. También constituye una referencia para los pueblos fumigados del país, donde numerosas denuncias ambientales siguen enfrentando dificultades para transformar la prueba científica y los testimonios de las víctimas en responsabilidades penales efectivas.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal tiene ahora ante sí un dictamen fiscal que reclama expresamente la revocación de las absoluciones y la condena de Cortese, Roces y Tiribó. La decisión que adopte tendrá relevancia para establecer cómo debe aplicarse la legislación penal frente a las fumigaciones con agrotóxicos y qué respuesta puede brindar la Justicia cuando la contaminación afecta bienes colectivos y comunidades enteras.