El Congreso Argentino de Derecho Ambiental tiene entre sus patrocinantes a la Corporación Petrolera Pan American Energy, una de las principales empresas con concesiones petroleras en Vaca Muerta para extraer petróleo mediante fracking y con licencias de las cuestionadas exploraciones sísmicas en el Oceáno Atlántico, además de un prontuario de casos de contaminación ambiental.
Información26/10/2024
Naturaleza de Derechos
El Congreso Argentino de Derecho Ambiental que tiene como sus exponentes principales a los funcionarios judiciales de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti (Ministro) y Néstor Cafferatta (Secretario de Asuntos Ambientales de la Corte) en los últimos años se transformó en un antro de lobby para los grandes estudios jurídicos y responsables de las áreas legales de las Corporaciones Extractivistas y Contaminantes de la Argentina.
Ya en el año 2023, en la novena edición del Congreso, Naturaleza de Derechos había denunciado el financiamiento de la firma Blue Pampa Company vinculada a la Megaminería que funciona como una "empresa pantalla" a través de la cual las corporaciones mineras canalizan y gestionan en la Argentina sus intereses y realizan lobby ante los poderes estatales (gobiernos provinciales y nacional) para la obtención de permisos mineros y modificaciones de la normativa vigente sobre la megaminería para acomodarla a sus necesidades. El presidente de la firma, el abogado Martin Serrano, fue precisamente Gerente de GEMERA (Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina) que nuclea a las corporaciones megamineras Yamana Gold, Blue Sky Uranium Corp., Patagonia Gold, Anddes, Aldebaran Resources, Golden Arrow Resources, ect, todas con proyectos mineros en ejecución o bien en carpeta a la espera del otorgamiento de permisos en Argentina.
Ahora en su décima edición, el Congreso Argentino de Derecho Ambiental continua con ese derrotero exhibiendo como a uno de sus principales financiadores - entre otras corporaciones extractivistas y contaminantes - a la Corporación Petrolera Pan American Energy (PAE) de la Familia Bulgheroni, con graves episodios de contaminación en el Sur siendo a su vez una de las principales empresas con concesiones petroleras en Vaca Muerta y también beneficiada con licencias para bombardeos sonoros (offshore) en areás marítimas dentro de las aguas jurisdiccionales argentina el Oceáno Atlántico.
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El guiño de la Corte (con Lorenzetti incluido) a las exploraciones sísmicas.
El bombardeo sonoro conocido como exploración o prospección sismica es una actividad altamente problemática para la vida de la fauna marina y debería estar prohibida, sin perjuicio de ello, en Argentina ha sido habilitada sin una evaluación de impacto ambiental estratégica, violándose el Acuerdo Regional de Escazú.
La actividad de bombardeo sonoro en el Atlántico - que forma parte del proceso extractivo hidrocarbubifero que profundiza la crisis climática y va a contramano de los compromiso asumidos en el marco del Acuerdo de París- ha sido objeto de un fuerte cuestionamiento por la Sociedad Civil luego del otorgamiento de zonas marìtimas ubicadas a 300 kms de la costa bonaerense (mas concretamente de Mar del Plata), precisamente sin una debida evaluación de impacto ambiental estratégica.
A tal punto que organizaciones ambientalistas (entre ellas Naturaleza de Derechos) acudieron a la justicia logrando una medida cautelar que suspendió las prospecciones símiscas, pero que luego fue dejada sin efecto por una sentencia infundada y contradictoria de la Cámara Federal de Mar del Plata. Esa sentencia fue apelada mediante una queja ante la Corte Suprema de la Nación, la que desestimó por considerar que el asunto no era transcendente.
La polémica decisión de la Corte, dictada mediante la gestión de la Secretaría Ambiental Suprema a cargo de Néstor Cafferatta, y que contó con el aval del Ministro Lorenzetti, validó definitivamente las exploraciones sísmicas sin una debida evaluación ambiental estratégica en las aguas jurisdiccionales argentinas dentro del Oceáno Atlántico, beneficiando indirectamente a todas las empresas con intereses económicos en dicha actividad, entre ellas (eureka !) a la poderosa Corporación Pan American Energy, que ahora aparece financiando el Congreso Argentino de Derecho Ambiental de los funcionarios judiciales de la Corte.
Un caso perfecto de Greenwashing - y también de probable corrupción que debería ser objeto de investigación penal - de la mano de una Fundación (Expoterra) organizadora del Congreso - que se encuentra bajo la influencia directa del Ministro de la Corte Lorenzetti y su Secretario Ambiental Néstor Cafferatta.
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Néstor Cafferatta, Federico Zonis, Gustavo Rinaldi, Pablo Lorenzetti y Ricardo Lorenzetti, gestores e ideólogos del Congreso Argentino de Derecho Ambiental, convertido en un antro elitista y de lobbys en el marco de una universidad pública. Cero empatía con los estudiantes universitarios y desconectados de los problemas que atraviesan las victimas ambientales en los territorios ante los impactos de corporaciones como Pan American Energy que los patrocina.
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Pan American Energy, su prontuario contaminante.
El informe "BP, el dueño oculto de fracking Pan-American Energy y el mega-proyecto Vaca Muerta" de la organizaciones Platform, OPSur y Greenpeace hizo una reseña de los antecedentes contaminantes de PAE. Efectivamente ahi se apunta que como operador del yacimiento de petróleo convencional más grande de Argentina, Cerro Dragón, PAE ha estado involucrada en casos de contaminación de acuíferos subterráneos.
Concretamente se especifica que "En 1999, un trabajador de la industria petrolera llamado Arturo Cárcamo demandó a PAE por no cumplir con las normas sobre el tratamiento de residuos del petróleo y dejar que se filtrasen en los acuíferos subterráneos. Un estudio realizado por la División de Medio Ambiente de la Gendarmería Nacional reveló que las muestras de agua subterréna «no satisfacen los niveles guía de agua para bebida humana y animal... por tener excesos en los parámetros olor, color, sulfuros, nitratos y sulfatos». La compañía negó inicialmente el problema, pero construyó una planta de tratamiento de agua (osmosis inversa) sobre la que afirmó que «no estaba relacionada con la contaminación del petróleo», sino que estaba allí para tratar «sales dañinas para la población». Otro estudio de los acuíferos subterráneos, en 2012, encontró niveles de cloruros de entre 635 y 6.300 mg/l (en comparación con los niveles promedio de entre 93 y 840 mg/l de la zona), así como metales pesados, sustancias feólicas y benceno. Las piletas de PAE filtraron al suelo 418 metros cúbicos de agua de producción todos los días, según un estudio presentado por PAE y citado por un funcionario"
El informe es lapìdario al concluir que "En 2009, la autoridad ambiental provincial comenzó a exigir que todas las compañías petroleras perforaran pozos de monitoreo para evaluar la contaminación de las aguas subterráneas. De acuerdo con las declaraciones de los funcionarios, PAE no respondió adecuadamente a sus solicitudes de información, IZQUIERDA no inició trabajos de reparación medioambiental en los sitios contaminados y fue la última compañía de la zona en empezar a perforar pozos para el monitoreo del agua. En 2013, la autoridad ambiental provincial cerró la planta de tratamiento de residuos Repositorio PC-1.200 de PAE por no procesar correctamente los desechos contaminados."
Con este prontuario, PAE encuentra en su sponsoreo del Congreso Argentino de Derecho Ambiental, su greenwasing ideal con guiño incluido de los funcionarios judiciales de la Corte que son los expositores estelares del mismo.
Un congreso inmoral.
A todo este marco díscolo, se le suma el sesgo empresarial y antipopular del Congreso en el marco de una Universida Pública - en tiempos en que hay una politica de desfinanciamiento - que se complementa con la exigencia de un pago de 150 mil pesos (incluye una cena exclusiva y show - y de paso lobby con los funcionarios cortesanos) que funciona como un cerco ideal para impedir el acceso y libre participación a los estudiantes y jovenes graduados de las Universidades Públicas y de los sectores populares.
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En el marco de una lucha en defensa de la Universidad Pública ante el desfinanciamiento explícito del Gobierno Nacional, el Congreso Argentino de Derecho Ambiental expulsa a los estudiantes universitarios con la exigencia de una entrada de alto costo que incluye un show frivolo, enajenado de la realidad socioambiental del país. (Foto EFE)
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Debería ser un escándalo (con juicio político a Lorenzetti y renuncia de Cafferatta), pero para la grieta política no es un tema de interés, como tampoco para ningún medio de comunicación hegemónico, pues precisamente en estas cuestiones también son cómplices de los extractivismos al silenciar y no informar sobre sus impactos en los territorios y los avasallamientos a los derechos de los pueblos originarios, que a su vez son fuertemente estigmatizados como usurpadores de sus propias tierras ancestrales.
Ya que mencionamos a los Pueblos Originarios y a propósito del espurio patrocinio, oportuno está advertir, que no por nada en ninguna edición del Congreso Argentino de Derecho Ambiental se trató la importancia de los pueblos originarios en la defensa de la naturaleza y la biodiversidad en razón de su cosmovisión del Buen Vivir, sobre las que precisamente Pan American Energy produce graves vulneraciones.
Todo tiene su lógica, pero que en este caso es perversa, por eso con mayor razón hay que exhibirla, hacerla bien explícita, denunciarla sin dudas ni especulación alguna, para que se entienda como funciona, ya no solapadamente sino, con total desparpajo e impunidad, el núcleo Cortesano Ambiental y el estableshiment del Derecho Ambiental Argentino.
En una rápida intervención el Juez Federal de La Plata, Ramos Padilla, le solicitó a la Fiscalía de Lesa Humanidad para que se expida sobre la Denuncia por los Delitos de Lesa Humanidad en la Isla Martín García en el marco de la Conquista del Desierto.
El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.
La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.
En defensa del derecho humano al agua potable de 15 millones de personas residentes en el área metropolitana de Buenos Aires, una demanda colectiva pide declarar la inconstitucionalidad del DNU 493/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que habilita cortes de suministro, reduce estándares de calidad y privatiza un bien esencial para la vida humana.
Con base en su cosmovisión y el derecho a la salud, un comunidad Mapuche Rankel reclama justicia ambiental ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por las fumigaciones con agrotóxicos que amenazan a la salud de la población, a la naturaleza y la biodiversidad.
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La Cámara Contencioso Administrativo de San Martín mantuvo la cautelar que aleja las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a mas de mil metros de los pozos de abastecimiento público de agua en la localidad de French, provincia de Buenos AIres. También mantuvo la entrega de bidones de agua segura libre de agrotóxicos y niveles de arsénico que no deben superar los 10 microgramos por litro.
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La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.
El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.
Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Junín. Texto del Dictamen.
Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Olavarría. Texto del Dictamen.
En una rápida intervención el Juez Federal de La Plata, Ramos Padilla, le solicitó a la Fiscalía de Lesa Humanidad para que se expida sobre la Denuncia por los Delitos de Lesa Humanidad en la Isla Martín García en el marco de la Conquista del Desierto.
