Praxís Jurídica de Naturaleza de Derechos 2025.

Este Catálogo de Jurisprudencia 2025 de Naturaleza de Derechos nace desde la praxis: desde el territorio, desde los cuerpos expuestos y desde comunidades que no piden privilegios sino lo básico - agua segura, aire respirable, suelos no envenenados, instituciones que funcionen-  y lo hacen con organización social y litigio estratégico. No es un inventario neutro: es una herramienta de memoria jurídica y de acción, construida con conciencia social y patrocinio jurídico gratuito, reivindicando la formación en la universidad pública, para aportar a un derecho socioambiental vivo, capaz de proteger derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas, también pensando en las generaciones futuras. El índice que estructura este trabajo muestra esa vocación integral: incluye un tramo “extra-ambiental” que aborda la defensa de reglas institucionales básicas (y, por ende, del acceso a una justicia independiente) y un tramo central de conflictos socioambientales concretos que atraviesan la vida cotidiana. 

En 2025, una parte decisiva de la jurisprudencia reunida gira alrededor del derecho humano al agua potable, con un estándar material nítido (parámetros del Código Alimentario) y con respuestas cautelares que intentan evitar que el tiempo del proceso se vuelva cómplice del daño. Así, aparecen decisiones que ordenan provisión urgente de agua segura (bidones), centros de distribución comunitaria y cobertura prioritaria de escuelas, centros de salud y espacios sensibles, con exigencia de arsénico en 10 µg/L y ausencia de agrotóxicos. 

En esa misma línea, la Cámara Contencioso Administrativa platense, siguiendo su doctrina judicial emanada de la praxis jurídica de Naturaleza de Derechos en los casos Solari (2010) y Kersich (2011 y 2017) amplía el alcance de la tutela y ordena extender la provisión a toda una población, mostrando cómo el enfoque colectivo deja de ser una etiqueta para convertirse en eficacia concreta. 

El catálogo también registra el corazón preventivo del derecho ambiental cuando la controversia ya no es “solo” potabilidad, sino exposición directa a fumigaciones: allí el principio precautorio deja de ser retórica y opera como criterio decisorio para sostener restricciones y distancias de exclusión frente a pedidos de levantamiento o morigeración, en un contexto de riesgo persistente. 

A la vez, la dimensión indígena y de niñeces aparece como un recordatorio esencial: la protección ambiental no es abstracta, se cruza con identidad, territorio, salud comunitaria y obligaciones reforzadas del Estado. 

La escala estructural del conflicto socioambiental se expresa, asimismo, en el amparo por la Hidrovía: allí la discusión por la competencia no es un tecnicismo, sino una llave de acceso a tutela judicial efectiva en una controversia sobre cuenca, dragados y evaluación ambiental estratégica y acumulativa con participación pública. 

En paralelo, el índice incorpora el debate sobre admisibilidad recursiva (queja) para evitar que una regla procesal clausure el control judicial de decisiones que pueden afectar el derecho de defensa y el juzgamiento del fondo. 

Otro eje 2025 es el de las omisiones regulatorias sobre los agrotóxicos (nada más ni nada menos que en el Código Alimentario Argentino)  que impactan en la potabilidad del agua en un caso que se presenta como un futuro leading case y muestra cómo la discusión por legitimación y proceso colectivo se vuelve decisiva para exigir la actualización del listado de principios activos del art. 982 del CAA, conectando ambiente, salud, consumo y prevención en clave de incidencia colectiva. 

Finalmente, el tramo “extra-ambiental” se integra en dos resoluciones judiciales como recordatorio de que no hay derecho socioambiental robusto sin institucionalidad que resista atajos: el índice da cuenta del control judicial sobre designaciones “en comisión” de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la discusión de competencia, la acumulación de procesos colectivos y, luego, una sentencia que declara la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto cuestionado. 

Este catálogo, entonces, pretende ser una caja de herramientas: para litigar mejor, para enseñar mejor, para organizar mejor, y para sostener —con lenguaje jurídico y con compromiso social— en estos tiempos de regresión que el ambiente no es un “tema”, sino el cuerpo-territorio común de todos los derechos.

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