La Justicia Federal de La Plata en una sentencia contundente rechazó el planteo del Estado Nacional en cuanto a la falta de legitimación en el amparo en el que se reclama la exigencia del monitoreo de los agrotóxicos de uso actual en la agricultura industrial atento a una desactualización inaceptable del Código Alimentario Argentino. No solo eso, la decisión judicial le dio un marco colectivo al reclamo, lo que habilita a una instancia de participación en un proceso relevante en la praxís jurídica por el derecho humano al agua potable en la Argentina.
Información22/12/2025
Naturaleza de Derechos
En una resolución judicial relevante, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N.º 2 rechazó la excepción de falta de legitimación activa planteada por el Estado Nacional en la causa “Ferrer, Gabriela Susana y otro c/ Estado Nacional s/ amparo ambiental”.
El expediente se originó a partir de un amparo que denuncia una omisión estatal: la falta de actualización del listado de principios activos de plaguicidas/agroquímicos previsto en el artículo 982 del Código Alimentario Argentino, con impacto directo —según la demanda— en el control de la potabilidad del agua y el derecho a la salud de quienes consumen agua de red. En la actualidad, el Código Alimentario Argentino presenta una significativa desactualización en relación con los principios activos de agrotóxicos que las prestadoras y los entes de contralor del servicio de agua de red deben monitorear.
El listado vigente del artículo 982 del Código Alimentario Argentino comprende una veintena de principios activos que, en su casi totalidad, fueron prohibidos para su uso en la Argentina. En cambio, aquellos de utilización actual y extendida en la agricultura industrial —como glifosato, atrazina, epoxiconazol, tebuconazol, carbaril, metolaclor y/o metalaxil, entre otros— no son objeto de monitoreo, pese a que los estudios y relevamientos realizados por las Asambleas de Pueblos Fumigados bonaerenses dan cuenta de su detección y cuantificación en aguas subterráneas, que constituyen la fuente de consumo de agua dulce de la población.
Por ello, bajo el patrocinio de Naturaleza de Derechos, se promovió una acción de amparo exigiendo al Estado Nacional la actualización del Código Alimentario Argentino en ese aspecto. El reclamo cobra particular relevancia en la Provincia de Buenos Aires, donde el CAA rige por adhesión provincial desde el año 2004.
Al contestar la demanda, el Estado Nacional sostuvo que los actores no acreditaron un perjuicio concreto ni un vínculo directo con la norma cuya actualización reclaman, y advirtió contra un control judicial “abstracto” que podría afectar a terceros ajenos al pleito.
En respuesta, la parte actora afirmó que se trata de un amparo ambiental de naturaleza preventiva, que no exige esperar un daño consumado para habilitar la intervención judicial, y solicitó que el caso sea encuadrado como proceso colectivo. Asimismo, cuestionó la contestación estatal por una presunta utilización inadecuada de inteligencia artificial y por citas jurisprudenciales erróneas o inexistentes.
El marco colectivo habilita a una instancia de participación en un proceso judicial relevante en la praxis jurídica por el derecho humano al agua potable en la Argentina.
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Bombas de agua de red a centimetros de campos de fumigados. A la vez que se reclama el alejamiento de las fumigaciones, se exige el monitoreo del agua de consumo, tras décadas de uso de agrotóxicos que jamás fueron monitoreados en el agua de consumo humano, por el Estado, pero que en cada estudio realizado por las asambleas de pueblos fumigados bonaerenses dicen presentes como residuos peligrosos.
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Al resolver la incidencia, el juez Alejo Ramos Padilla —a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N.º 2— entendió que, si bien la demanda se presentó inicialmente como un reclamo “por derecho propio”, su eventual acogimiento tendría incidencia sobre el universo de usuarios del servicio de agua potable, lo que torna pertinente abordar la legitimación desde el inicio.
Con apoyo en la doctrina constitucional del amparo colectivo (art. 43 CN) y en las normas ambientales aplicables —incluidos el principio de prevención y la legitimación amplia en materia ambiental—, concluyó que no es exigible probar un “daño actual” cuando se acredita la verosimilitud de un riesgo relevante. En consecuencia, desestimó la excepción con costas al Estado y ordenó que, una vez firme la decisión, se consulte el Registro Público de Procesos Colectivos conforme las acordadas de la Corte.
Al otorgársele un marco colectivo al amparo, desde Naturaleza de Derechos se invita a asambleas, organizaciones y comunidades de Pueblos Fumigados y por el Agua de la Provincia de Buenos Aires a sumarse al proceso para fortalecer el reclamo y procurar el saneamiento de una grave omisión reglamentaria. Se busca, así, poner en evidencia la exposición crónica a agrotóxicos que padece la población de los pueblos donde el modelo agroindustrial atraviesa la geografía cotidiana.
La solución judicial que se obtenga no solo beneficiará a quienes habitan la Provincia de Buenos Aires, sino también, directa e indirectamente, a todo el país, en razón de la referencia nacional que representa el Código Alimentario Argentino: ya sea por su aplicación directa en provincias que han adherido al mismo, o bien como pauta ineludible a considerar. Ello, especialmente, frente a la actualización que pudiera lograrse respecto de los agrotóxicos que deben ser objeto de seguimiento riguroso conforme a la normativa de mayor protección —en particular, la de la Unión Europea—, extremo que también integra el objeto del amparo.
Tras el 15 Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires, celebrado los días 13 y 14 de Diciembre de 2025 en Roque Pérez, las asambleas, organizaciones y comunidades que lo integran emitieron su comunicado a toda la sociedad.
El espacio insignia de la Democracia de los Pueblos Fumigados en la Argentina tuvo este Sábado 13 de Diciembre de 2025 su primera jornada de labor y acción en su 15ª edición. Hoy domingo continua con el plenario de acciones y propuestas.
Organizaciones y colectivos ambientales santafesinos exigen judicialmente una evaluación estratégica y la suspensión de la nueva licitación que proyecta aumentar la profundidad de la vía navegable troncal sobre el Río Paraná a 40 pies (y 39 pies en el Río de la Plata). Como paso previo lograron que la Cámara Federal de Rosairo "federalice" el derecho a litigar lo que se decide en Buenos Aires pero que tiene impactos en el interior del país. Naturaleza de Derechos acompaña en el co-patrocinio jurídico.
Comunicado de prensa de Naturaleza de Derechos y el equipo jurídico de la Querella en el caso. El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario postergó el inicio del histórico juicio por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino, tras una cascada de maniobras dilatorias, entre ellas el intento del imputado Mario Roces de “invocar demencia repentina” y los pedidos de probation de otros imputados. Mientras se fija audiencia para el 17 de diciembre de 2025 y nuevo inicio del debate para febrero de 2026, Sabrina Ortiz y las vecinas y los vecinos ratifican que no están en tribunales por dinero, sino por verdad, justicia ambiental y el derecho a vivir sin venenos.
El Tribunal Oral Federal Nro 2 de Rosario rechazó el pedido del Intendente de Pergamino de levantar la cautelar que prohibió las fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos a menos de 1095 y 3000 metros, respectivamente, del centro urbano pergaminense.
En la prueba pericial llevada adelante por el INTA Balcarce, en el marco de una investigacion penal en tramite ante la Justicia Federal de Pehuajó, se encontraron cantidades exorbitantes de Glifosato y su metabolito AMPA, entre otros agrotóxicos, en dos patios de niñeces en el Partido de Pehuajó, que durante años fueron fumigados a 10 metros.
El colectivo de Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados no baja los brazos. Pidió que el Proyecto del Veneno se gire también a la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Roque Pérez será sede del 15ª encuentro soberano de las asambleas, comunidades y organizaciones de Pueblos Fumigados bonaerenses el 13 y 14 de Diciembre de 2025. La organización anfitriona será Reverdecer. Un encuento clave en un momento central ante el avance del agronegocio con un proyecto de ley regresivo (Proyecto del Veneno) en el Congreso Nacional y la persistencia del Gobierno Provincial en la Resolución del Veneno.
Organizaciones y colectivos ambientales santafesinos exigen judicialmente una evaluación estratégica y la suspensión de la nueva licitación que proyecta aumentar la profundidad de la vía navegable troncal sobre el Río Paraná a 40 pies (y 39 pies en el Río de la Plata). Como paso previo lograron que la Cámara Federal de Rosairo "federalice" el derecho a litigar lo que se decide en Buenos Aires pero que tiene impactos en el interior del país. Naturaleza de Derechos acompaña en el co-patrocinio jurídico.
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El Juzgado Federal Nro 2 de La Plata en una sentencia relevante rechazó el planteo de falta de legitimación en el amparo en el que se reclama la actualización del listado de agrotóxicos que deben ser monitoreados en el agua para consumo humano. Como consecuencia de ello consideró que el caso debe ser tratado como un proceso colectivo. Texto de la sentencia.
La Justicia Federal de La Plata en una sentencia contundente rechazó el planteo del Estado Nacional en cuanto a la falta de legitimación en el amparo en el que se reclama la exigencia del monitoreo de los agrotóxicos de uso actual en la agricultura industrial atento a una desactualización inaceptable del Código Alimentario Argentino. No solo eso, la decisión judicial le dio un marco colectivo al reclamo, lo que habilita a una instancia de participación en un proceso relevante en la praxís jurídica por el derecho humano al agua potable en la Argentina.
