Naturaleza de Derechos
Desde la ONG Naturaleza de Derechos y el equipo jurídico que asiste a las víctimas querellantes en la emblemática “Causa Cortese” —en la que se juzga a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos de la ciudad de Pergamino por contaminación ambiental e infracción a la Ley de Residuos Peligrosos N.º 24.051— comunicamos a la opinión pública lo siguiente.
Este juicio no es uno más. Tampoco es una discusión abstracta sobre el modelo agroindustrial, ni un mero conflicto vecinal. Es un caso emblemático de criminalidad ambiental en el que se va a llevar a cabo el primer gran debate oral en el país que pone en el banquillo a quienes, desde los campos fumigados hasta los despachos oficiales, contribuyeron a convertir a Pergamino en una zona de sacrificio. Es la voz de las familias que enfermaron, de las infancias expuestas a la deriva tóxica, de los barrios vulnerables que hace años reclaman algo tan básico como poder respirar, tomar agua y vivir sin veneno.
Por disposición del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, lugar donde se lleva adelante el juicio, y como consecuencia de los innumerables planteos de carácter dilatorio interpuestos por las defensas de los imputados, se ha suspendido el inicio del debate oral y público que estaba previsto para el miércoles 3 de diciembre de 2025, reprogramándose su comienzo para el 4 de febrero de 2026, con una audiencia preliminar el 17 de Diciembre de 2025 para resolver el planteo de uno de los acusados que invoca demencia para evitar el juicio oral.-
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Los abogados querellantes ponen en duda que Roces presente demencia. Se trataría de un ardid para lograr su impunidad evitando el juicio oral. El mismo día (27 de Octubre de 2025) que Roces alegaba una demencia sobreviniente absoluta, que le impediria estar en el Juicio, firmó un convenio de expropiación con el Intendente de Pergamino, que luego presentó en el juicio respectivo que tramita ante el Juzgado Contencioso local, con un escrito que lleva su firma y la del abogado Aquilino Giacomelli que también lo patrocina en el proceso penal. El 17 de Diciembre de 2025 el Tribunal Oral Federal Nro 2 de Rosario define su situación.
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Si bien los imputados se valen de herramientas procesales propias de un Estado de Derecho, resulta evidente que el objetivo real de estas maniobras es evitar —a través de múltiples estrategias dilatorias— ser juzgados por la contaminación ambiental que sus prácticas ecocidas ocasionaron en general, como por el impacto a la salud consecuente sobre decenas de víctimas en particular. Hablamos de personas concretas, con nombre y apellido, que durante años estuvieron expuestas a miles de litros de pesticidas agrotóxicos arrojados en campos próximos a los barrios más vulnerables de la ciudad.
Esas prácticas no fueron hechos aislados ni meros “excesos”. Fueron un modo de producir que, por acción u omisión, ignoró advertencias médicas, reclamos vecinales y evidencia científica, generando impactos acumulativos sobre el aire, el agua y el suelo. No solo eso, también ignoró la ordenanza municipal del año 2014 que se gestó por iniciativa de la propia sociedad civil fumigada y aun cuando dicha norma resultó insuficiente dado que el poder politico local legisló a favor del agronegocio estableciendo una distancia de resguardo de 100 metros, la misma también fue violada abiertamente por los imputados, tal como lo relataron decenas de testimonios en la instrucción.
De ese entramado empírico resultó una verdadera zona de sacrificio: escuelas rurales rodeadas de campos fumigados, pozos de agua contaminados, diagnósticos de cáncer, daño genético, abortos espontáneos, alergías en la piel, enfermedades respiratorias y neurológicas. Esa es la cara humana del modelo agroindustrial basado en agrotóxicos que hoy se juzga en Rosario.
Entre los planteos defensivos se encuentra, como se adelantó, el pedido de declaración de incapacidad mental sobreviniente respecto del imputado Mario Roces, quien pretende “invocar demencia” para evitar sentarse en el banquillo de los acusados y sustraerse así de un proceso que, a nuestro entender, tiene pruebas suficientes para culminar en una condena en su contra como en el resto de los imputados y para ello se pondrá todo el esfuerzo necesario, por los letrados patrocinantes de la querella (Carlos María Gonzalez Quintana y Fernando Cabaleiro).
En tal sentido, la querella técnica tras una pesquisa minuciosa y precisa ha aportado pruebas contundentes al Tribunal que muestran como Roces al mismo tiempo que invoca demencia firmó documentos presentados ante la justicia provincial, lo que hace caer su estrategia evasiva. Sobre ello el Tribunal Oral de Rosario deberá resolver el 17 de Diciembre de 2025 en una audiencia preliminar.
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Se intenta convertir un juicio por fumigaciones con venenos en una escena de simulación e incapacidad, buscando borrar de un plumazo años de participación activa en la actividad agropecuaria y en la administración de sus negocios.
Por su parte, otros fumigadores imputados han solicitado la suspensión del juicio a prueba (probation), un beneficio que la ley penal prevé para personas sin condenas anteriores que se comprometen a indemnizar a las víctimas y a reparar el daño causado a la sociedad.
Entre quienes se acogieron a este planteo se encuentran los imputados hermanos Sabatini, Taborda y Grattone (el Ingeniero Agrónomo del caso), quienes lejos de ofrecer verdaderas tareas comunitarias de reparación ambiental, vuelven a revictimizar a las personas afectadas proponiendo sumas de entre $50.000 y $500.000 “por todo concepto” y a pagar en cómodas cuotas, poniéndole un precio vil al reclamo de justicia ambiental de todas las víctimas de las fumigaciones.
Esas ofertas no sólo son absurdas frente a la magnitud del daño causado, sino profundamente ofensivas y exhiben el desprecio de los imputados. Porque no se trata de “cerrar un conflicto económico” ni de ponerle precio a un tumor, a un embarazo perdido o a la angustia de criar hijas e hijos rodeados de veneno. Pretender que la devastación ambiental y sanitaria de Pergamino pueda saldarse con un plan de pagos es una falta de respeto a la dignidad de las víctimas y un mensaje peligroso para todo el país: el mensaje de que contaminar, enfermar y matar puede ser, al final del día, un costo más del negocio.
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Zona de Sacrificio. 1- Campo de Roces 2- Campo de Tiribó 3- y 4- Campos de Cortese. Los imputados durante años fumigaron con agrotóxicos a metros de los barrios aledaños de Pergamino. El año 2019 el Juez Federal Villafuerte Ruso escuchó el reclamo de Sabrina Ortiz y prohibió las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a menos de 1095 de las viviendas y 3000 metros las aéras. Los imputados consintieron la medida, salvo el Municipìo que llevó el caso hasta la Corte Suprema de la Nación, sin éxito.
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Frente a esto queremos ser claros: Sabrina Ortiz, las vecinas y los vecinos de Pergamino que fueron a la justicia no están en el proceso penal por dinero. Están por verdad y justicia. Su dignidad no se compra ni se negocia con plata ni se liquida con cheques en cuotas. No hay cifra que pueda “compensar” la contaminación de un barrio, el agua no potable que sale de una canilla o la silla vacía que deja una muerte evitable. La única reparación posible empieza por juzgar y sancionar a quienes, con sus decisiones y sus prácticas, convirtieron los barrios y los cuerpos de las víctimas en zonas de sacrificio.
Por todas estas razones nos hemos opuesto —y nos seguiremos oponiendo— a cada una de estas estrategias negacionistas, dilatorias y revictimizantes. Vamos a dar la discusión jurídica y científica en el único ámbito donde corresponde en el caso: el recinto del juicio oral, con las pruebas sobre la mesa, de buena fe y con honestidad intelectual, ofreciendo los testimonios de las víctimas, los informes, científicos, médicos y ambientales, y con la mirada de la sociedad puesta sobre un proceso que marcará un antes y un después en la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina.
Lo hacemos reivindicando la memoria y la lucha de cada víctima que paga con su cuerpo y con su vida las consecuencias trágicas que este modelo impone en cada Pueblo Fumigado de la Argentina. Cada audiencia suspendida, cada planteo dilatorio, cada intento de silenciar o minimizar el daño nos reafirma en la convicción de que este juicio no es sólo por Pergamino: es por todos los pueblos fumigados de la Argentina, por quienes hoy están padeciendo lo mismo y todavía no tienen un tribunal que los escuche.
Apelamos, una vez más, al acompañamiento colectivo de organizaciones sociales, ambientales, sindicales, académicas, de salud, de derechos humanos y de cada persona que entienda que respirar aire limpio y beber agua sana no es un privilegio, sino un derecho.
Nos vemos en Rosario el 17 de Diciembre de 2025 para procurar sentar a Roces en el Juicio, y luego en el mes de Febrero 2026. Ahí estaremos, junto a Sabrina y a las vecinas y los vecinos de Pergamino, sosteniendo más que nunca: la dignidad no se compra y la justicia no se negocia.
Asimismo agradecemos a las más de 60 personas y colectivos que sumaron su aporte para el financiamiento de la logistica de la querella en la casi decena de audiencias intercaladas que demandara el Juicio Oral en Rosario. Se siguen recibiendo las colaboraciones a través del alias: causa.pergamino
Naturaleza de Derechos y equipo juridico que acompaña a la querella.
