El Congreso Argentino de Derecho Ambiental tiene entre sus patrocinantes a la Corporación Petrolera Pan American Energy, una de las principales empresas con concesiones petroleras en Vaca Muerta para extraer petróleo mediante fracking y con licencias de las cuestionadas exploraciones sísmicas en el Oceáno Atlántico, además de un prontuario de casos de contaminación ambiental.
Tras más de 40 días de movilización popular el pueblo panameño frenó a través de un fallo de la Corte Suprema Nacional un proyecto megaminero aprobado de modo exprés por el poder legislativo que ponía en riesgo toda su biodiversidad. El levantamiento popular masivo, espontáneo, inorgánico e incontrolado en defensa del ambiente tiene reminicencias del Chubutaguazo del 2021 en la Argentina. El poder de la gente en las calles puso las cosas en su lugar.
La acción judicial para frenar las exploraciones sísmicas necesita una resolución urgente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las exploraciones ya comenzaron y los tiempos de la Corte Nacional son funcionales a los extractivismos. Accede a un repaso de todo el recorrido con las noticias, escritos judiciales y sentencias de la acción judicial llevada adelante desde Naturaleza de Derechos enfocada en una perspectiva biocéntrica.
Los bombardeos sonoros de la empresa Equinor en el marco del megaproyecto extractivo hidrocarburífero sobre la costa bonaerense, ya comenzaron. La Corte Suprema tiene desde Febrero de 2023 en estudio las quejas extraordinarias de las organizaciones ambientales.
El Congreso Argentino de Derecho Ambiental en la UBA organizado por la Fundación Expoterra - estrechamente vinculada a funcionarios de la Corte Suprema - es aupiciado por una empresa gestionadora de los intereses de la Megaminería.
El caso del agua de Caleta Olivia es un punto de inflexión en la tolerancia a la desfunción de la Corte Suprema sobre el Derecho Humano al Agua Potable.
Tiempo Argentino. Gastón Rodriguez.
En Febrero 2023 el máximo Tribunal de la Nación tuvo un derrotero nefasto de decisiones retrógradas, incoherentes y violatorias de los derechos humanos y de la naturaleza en Argentina.
La Cámara Federal de La Plata concedió el recurso ante Casación contra la sentencia que avala las fumigaciones con agrotóxicos en Pehuajó desconociendo las recomendaciones científicas. La concesión del recurso mantiene suspendida la Ordenanza local que autoriza las aplicaciones con venenos a 150 metros de la población pehuajense.
Canción de Joaquín Sabina, interpretada junto a Mercedes Sosa.
En la Cámara de Diputados de la Nación de la Argentina volvió a la agenda un proyecto del agronegocio que fija como “presupuestos mínimos” fumigar con venenos vía terrestre y aérea a 10 y 45 metros, respectivamente, de la población y escuelas rurales. La evidencia científica y una línea jurisprudencial robusta ya establecieron radios de resguardo muy superiores por riesgo sanitario. El esquema propuesto viola la progresividad/no regresividad, desconoce el bien común y desatiende la objetivación de la tutela ambiental.
El Gobierno convocó a una audiencia pública virtual para “evaluar la gestión ambiental” de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y De La Plata. Pero los documentos son confusos, las bases técnicas están desactualizadas y el proyecto licitatorio en ciernes —que busca dragar a 40 pies de profundidad— se perfila como una apuesta ambientalmente insostenible. Sin información clara ni evaluación de impacto, la participación ciudadana se transforma en simulacro y en un engaño.
Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados exigen audiencias públicas, foros y debate real antes de tratar el llamado Proyecto del Veneno que pretende autorizar las fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de la población, para que las voces de las comunidades, la ciencia independiente y el derecho ambiental prevalezcan sobre la autorregulación del agronegocio.
