La Corte de entonces (con Higthon, Fayt y Zaffaroni) - y más allá de las contradicciones y deambulación ambiental posteriori de la indeseable actual composición- empezó a constuir su doctrina judicial en materia de Derecho Humano al Agua Potable haciendo un reconocimiento material del mismo. Concretamente la Corte en Kersich, por primera vez en sus 150 años de institucionalidad definió al agua potable como un bien colectivo, y sostuvo que su acceso está directamente vinculado con la vida y la salud y señaló que los jueces deben tutelarlo bajo los principios de prevención y precaución. Aun cuando cuestionó la forma en que se habían incorporado individualmente esos 2641 de actores y actoras, mantuvo la medida cautelar porque estaba en juego el derecho humano al agua potable, y no solo eso, la extendió a toda la población nuevejuliense (40 mil personas).
Mientras esa discusión judicial avanzaba, en 9 de Julio empezó a ocurrir algo concreto. En 2011 se firmó un Acta Compromiso entre organismos provinciales, ABSA, la Defensoría del Pueblo y la organización vecinal 9 de Julio Todos por el Agua. Allí se acordaron obras destinadas a mejorar la calidad del suministro, nuevas perforaciones, conducción, mezcla y tratamiento. Ese proceso - motivado por el fallo de la Corte que obligaba a ABSA a entregar agua a 40 mil vecinos, desembocó en el aceleramiento de la construcción de una planta para abatir el arsénico. Fue asi como la planta comenzó a funcionar en 2016. Y ese dato es decisivo para comprender correctamente la nueva sentencia.
Uno de los objetos específicos del amparo iniciado en 2010 era obligar a ABSA y a la Provincia a realizar las obras necesarias para asegurar la calidad y potabilidad del agua que recibía la población. Se pedía que el servicio se adecuara a los valores del Código Alimentario Argentino y que el arsénico se redujera hasta el límite de 10 microgramos por litro.
La planta fue, en términos materiales, la respuesta a ese reclamo. Según surge del expediente, tiene una capacidad de tratamiento de 600 metros cúbicos por hora y, una vez puesta en funcionamiento, produjo una reducción sustancial de los niveles de arsénico. Se pasó de aquellas mediciones extremadamente elevadas de los primeros años a valores cercanos al parámetro de 10 µg/l.
Por eso el juez adopta una decisión que hay que leer completa. En primer lugar condena a ABSA y a la Provincia a asegurar que el agua distribuida en 9 de Julio respete los parámetros de calidad vigentes y establece que el arsénico no podrá superar los 0,01 mg/l. Inmediatamente después da por cumplido ese punto de la condena porque considera que la construcción y puesta en funcionamiento de la planta satisfizo aquel objeto central del amparo referido a la realización de las obras necesarias para potabilizar el agua. SENTENCIA
La sentencia sigue además una línea que ya venía afirmándose en la justicia bonaerense. Cita expresamente lo resuelto en Caselles, Ezequiel Pedro y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ Amparo, donde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires convalidó el criterio según el cual el límite máximo de arsénico aplicable es de 0,01 mg/l y que las viejas prórrogas previstas para alcanzar ese estándar se encuentran vencidas. El caso se relaciona con la localidad bonaerense de Chivilcoy.
La SCBA rechazó en 2023 el recurso de ABSA en esa causa y dejó firme esa línea interpretativa. Ese caso, hoy se encuentra en etapa de ejecución porque en Chivilcoy el problema del Arsénico no se solucionó y debe avanzarse en la culminación de las obras para que la planta potabilizadora proyectada funcione como corresponde. Ahi también interviene Naturaleza de Derechos en el patrocinio de los vecinos y vecinas.
El fallo también recupera Fernández Urricelqui, otro antecedente clave que se vincula con la ciudad bonaerense de Bragado. Allí se sostuvo que la Provincia, al adherir al Código Alimentario Argentino mediante la ley 13.230, no congeló para siempre la regulación nacional existente en aquel momento. Las modificaciones posteriores, entre ellas la reducción del arsénico permitido a 0,01 mg/l, también resultan aplicables en territorio bonaerense. Esa interpretación se apoya, además, en los principios preventivo y precautorio y en una idea bastante sencilla de entender: los límites establecidos para sustancias nocivas para la salud no pueden postergarse indefinidamente.
Kersich se inserta así en una jurisprudencia que empieza a tener una consistencia bastante fuerte. Ya no estamos ante decisiones aisladas de distintos juzgados. Hay una línea que pasa por Fernández Urricelqui, llega a Caselles en la Suprema Corte bonaerense y ahora aparece nuevamente aplicada en 9 de Julio. Además el fallo quedó firme por que no fue apelado, ni por ABSA ni por la Provincia de Buenos Aires. El punto común es muy concreto. Para el agua destinada al consumo humano, el valor máximo de arsénico es de 10 microgramos por litro. Ya es cosa juzgada formal y material. Y eso tiene una importancia que va bastante más allá de 9 de Julio.
En numerosos pueblos de la provincia de Buenos Aires las comunidades vienen sosteniendo desde hace años reclamos muy parecidos. Analizan el agua, encuentran arsénico, llevan esos resultados a los municipios, a las prestadoras, a los organismos provinciales y, muchas veces, terminan recurriendo a la Justicia. Durante mucho tiempo esos reclamos se encontraron con una discusión que parecía no terminar nunca. Se hablaba de valores naturales de la región, de antiguas tolerancias de 50 microgramos, de excepciones, de prórrogas o de dificultades técnicas para alcanzar un estándar más exigente.
Estos fallos empiezan a correr esa discusión del medio. Para las comunidades que están peleando por agua segura en otros municipios, Kersich, Caselles y Fernández Urricelqui aportan algo muy concreto para sus reclamos. Existe un parámetro jurídico reconocible y exigible. Diez microgramos por litro. Y cuando ese límite no se cumple, hay antecedentes que muestran que la respuesta puede incluir obras, plantas de tratamiento, provisión alternativa de agua y control judicial de su ejecución.
El caso de 9 de Julio muestra además que esas obras pueden cambiar efectivamente una situación que parecía enquistada. La diferencia entre las concentraciones que se registraban en 2010 y las alcanzadas luego de la entrada en funcionamiento de la planta en 2016 es enorme. Sería injusto desconocerlo. La infraestructura construida modificó de manera sustancial la calidad del agua que distribuye ABSA.
Eso tampoco significa que la historia esté terminada.
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