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Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados exigen audiencias públicas, foros y debate real antes de tratar el llamado Proyecto del Veneno que pretende autorizar las fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de la población, para que las voces de las comunidades, la ciencia independiente y el derecho ambiental prevalezcan sobre la autorregulación del agronegocio.

El Gobierno convocó a una audiencia pública virtual para “evaluar la gestión ambiental” de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y De La Plata. Pero los documentos son confusos, las bases técnicas están desactualizadas y el proyecto licitatorio en ciernes —que busca dragar a 40 pies de profundidad— se perfila como una apuesta ambientalmente insostenible. Sin información clara ni evaluación de impacto, la participación ciudadana se transforma en simulacro y en un engaño.

En la Cámara de Diputados de la Nación de la Argentina volvió a la agenda un proyecto del agronegocio que fija como “presupuestos mínimos” fumigar con venenos vía terrestre y aérea a 10 y 45 metros, respectivamente, de la población y escuelas rurales. La evidencia científica y una línea jurisprudencial robusta ya establecieron radios de resguardo muy superiores por riesgo sanitario. El esquema propuesto viola la progresividad/no regresividad, desconoce el bien común y desatiende la objetivación de la tutela ambiental.

Canción de Joaquín Sabina, interpretada junto a Mercedes Sosa.

La Cámara Federal de La Plata concedió el recurso ante Casación contra la sentencia que avala las fumigaciones con agrotóxicos en Pehuajó desconociendo las recomendaciones científicas. La concesión del recurso mantiene suspendida la Ordenanza local que autoriza las aplicaciones con venenos a 150 metros de la población pehuajense.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata dio lugar al amparo colectivo y ordenó la instalación de centros de distribución de agua potable para los vecinos.

La Justicia federal de Rosario dio un paso clave en defensa de la salud pública con una resolución que convierte a Pergamino en símbolo de una lucha que atraviesa a pueblos de todo el país.

El Fiscal Federal General de Rosario Federico Reynares Solari rechazó la solicitud del Municipio de Pergamino de levantar las medidas cautelares que prohíben las fumigaciones con agrotóxicos y obligan a garantizar agua segura. En un dictamen que refuerza la vigencia del principio precautorio y la centralidad del derecho a la salud, este caso se erige como bandera de los pueblos fumigados de la Argentina, en una pulseada histórica contra el poder del agronegocio.

El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.

Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Olavarría. Texto del Dictamen.

Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Junín. Texto del Dictamen.

La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.

En defensa del derecho humano al agua potable de 15 millones de personas residentes en el área metropolitana de Buenos Aires, una demanda colectiva pide declarar la inconstitucionalidad del DNU 493/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que habilita cortes de suministro, reduce estándares de calidad y privatiza un bien esencial para la vida humana.

Con base en su cosmovisión y el derecho a la salud, un comunidad Mapuche Rankel reclama justicia ambiental ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por las fumigaciones con agrotóxicos que amenazan a la salud de la población, a la naturaleza y la biodiversidad.

El Tribunal Federal Oral de Rosario debe definir si levanta las medidas cautelares en Pergamino ante la solicitud del Municipio en sociedad con el Agronegocio. Rotundo y contundente rechazo de la Querella que reclama justicia ambiental para todos los pueblos fumigados de la Argentina.

La Cámara Contencioso Administrativo de La Plata dispuso que el Municipio de Lobos debe entregar agua segura libre de agrotóxicos y arsénico a toda la población.

La Cámara Contencioso Administrativo de San Martín mantuvo la cautelar que aleja las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a mas de mil metros de los pozos de abastecimiento público de agua en la localidad de French, provincia de Buenos AIres. También mantuvo la entrega de bidones de agua segura libre de agrotóxicos y niveles de arsénico que no deben superar los 10 microgramos por litro.

Comunicado del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires por la Agroecología y el Buen Vivir ante la solicitud del Municipio de Pergamino a la Justicia para que se pueda fumigar a 100 metros del centro poblado.

El Sábado 5 de Julio de 2025 organizaciones, asambleas y comunidades santafesinas presentaron en un marco festivo el documento fundacional del Comité de Cuenca Popular del Río Paraná Santafesino, una instancia de democracia comunitaria socioambiental que abre un camino auspicioso de acción y resistencia en tiempos de regresión de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas.

Con el acompañamiento del todo el arco del agronegocio el Municipio de Pergamino solicita en la causa penal iniciada por la denuncia de Sabrina Ortiz en trámite ante el Tribunal Federal Oral que se levanten las medidas cautelares para que el agronegocio pueda fumigar con agrotóxicos a 100 metros de la población. Actualmente rigen 1095 metros para las aplicaciones terrestres.

La Justicia Federal de La Plata declaró admisible la vía del amparo en el que se reclama la actualización del listado agrotóxicos en el Codigo Alimentario Argentino que deben ser considerados para el monitoreo en el agua de red que consume la población.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no concedió el recurso extraordinario federal de ABSA contra la sentencia del mismo tribunal que la condena a construir una planta potabilizadora y asegurar agua de consumo a toda la población de Bragado con niveles de arsénico que no superen los 10 microgramos por litro.

Los Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires en un paso histórico convocan al Congreso de Agroecología de los Pueblos. Saberes y conocimientos desde los cuerpos territorios fumigados confluyen en el marco de la Universidad Pública para instar al cambio urgente e impostergable de un modelo agroindustrial ecocida.

Vivo en Instagram de Convocatoria Ambiental de General Belgrano.