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Se viene la Gran Ambular Ambiental por el Río Salado.

En el primer semestre de 2026 la ambular ambiental de Naturaleza de Derechos recorrerá toda la cuenca del Río Salado para avanzar en la acción colectiva en su defensa ante los impactos del modelo agroindustrial y la entrega y desidia de las autoridades provinciales bonaerenses.
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Este 2026 se viene con todo, porque vienen por todo. Y en sintonía con el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió profundizar la entrega del principal curso de agua interior que atraviesa la llanura bonaerense a los intereses agroindustriales: nuestro querido Río Salado.

Hace más de 35 años que el Salado viene siendo intervenido con una obra monumental de dragado. Lo que en sus comienzos se presentó como una respuesta frente a las inundaciones, con el paso del tiempo fue mutando hacia otro objetivo: “adaptar” el río a la lógica del agronegocio, domesticando su dinámica natural para ganar superficie para el agronegocio y su modelo contaminante, acelerando escurrimientos y consolidando un modelo que convierte territorios vivos en mera plataforma de extracción.

Esa transformación, claro está se hizo sin una evaluación ambiental estratégica real, sin abordaje acumulativo de impactos, sin reconocer al río como un sistema vivo con humedales, pastizales y valles de inundación que cumplen funciones ecológicas irremplazables. 

Tampoco existieron mecanismos abiertos, amplios e irrestrictos de participación ciudadana; lo que hubo fueron instancias informativas selectivas, conversadas con los sectores agroindustriales que son, precisamente, los principales beneficiarios de esta mega intervención. Solo recien despues de años de intervención se iniciaron procesos de información abierta, dando cuenta de esos impactos, aunque relativizando los impactos de la mega-obra, lo más parecido a un guiño para seguir el derrotero de apropiación  y sacrificio sobre lo que resta de la cuenca. 

El saldo es claro, centenares de hectáreas de humedales y ambientes de amortiguación eliminados o degradados, más presión química sobre la cuenca, más pérdida de biodiversidad y más injusticia ambiental para los pueblos que viven en ese territorio.

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Imwwwweagen68Foto del Río Salado sobre el Puente ruta 51 (25 de Mayo) en su cauce natural antes de la criminal intervención con las obras de dragado.  Foto Fernando Cabaleiro. Agosto 2019

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Después de meses de estudio y análisis, desde Naturaleza de Derechos preparamos para 2026 una acción colectiva muy especial y estratégica: exigir la creación de un corredor agroecológico a lo largo de toda la cuenca del Salado, frenar la intervención irracional sobre su curso natural y poner límites concretos al avance del modelo agroindustrial sobre un río de llanura ya duramente castigado.

El objetivo primario es arrancarle al agronegocio 15 mil hectáreas (que le robaron al río) para ser volcadas a procesos productivos que permitan la convivencia y reconciliación con el río, sus arroyos, lagunas y humedales, tal como lo permite la agroecología, teniendo como objetivo final llegar a la 70 mil hectáreas.

El río tiene derechos, y los vamos a hacer valer para su reconocimiento como tal.

Quienes crecimos en la llanura bonaerense conocemos sus bondades: su capacidad de dar vida, de sostener biodiversidad, de regular el agua, de construir comunidad con las actividades recreativas y de pesca y la postal única de sus  amaneceres y atardeceres. También aprendimos a respetarlo por que el río pone sus limites con los consabidos remansos que forman parte de su dinámica natural, escondiendo remolinos y corrientes.

Por eso, desde enero de 2026 iniciamos la Gran Ambular Ambiental por el Río Salado, vamos a recorrer los casi 20 pueblos bonaerenses que forman parte de su cuenca para sumar adhesiones a la gran acción colectiva por este río hermano, ese río que la historia lo impuso como límite de frontera y que los pueblos originarios reconocieron como parte del territorio vivo que sostiene la existencia y la naturaleza como un sistema.

Y aunque hoy el Estado Provincial y el agronegocio lo quieran reducir a un “canal de desagüe” o “mera infraestructura productiva”, para nosotras y nosotros el Río Salado es, ante todo, agua, memoria, salud, humedales, identidad, futuro y por supuesto, un hermano.

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Fallo clave para los Pueblos Fumigados y las Asambleas que luchan por el agua potable en la Provincia de Buenos Aires.

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Naturaleza de Derechos

La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín ratificó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones con agrotóxicos dentro de los mil metros de la planta urbana de French, viviendas rurales, asentamientos y pozos de extracción de agua potable y obligación a garantizar agua apta para consumo humano y realizar monitoreos de agrotóxicos en las aguas subterráneas. 
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Lobos: el apartamiento de un juez permitió destrabar la causa por el agua contaminada con arsénico y agrotóxicos y avanzar hacia una pericia científica decisiva.

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La lucha del grupo amparista por el agua libre de arsénico y agrotóxicos en la localidad bonaerense de Lobos logró apartar provisoramiente a un juez conflictivo y que se abra una ventana procesal ante la nueva jueza que ya designó una audiencia y que también está decidida avanzar con la producción de prueba, que se había dificultado con el juez recusado.
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La Comunidad Indígena Rupu Antv lleva a la Justicia una discusión de fondo sobre genocidio, derogación de ley de tierras y agricultura agroecológica e indígena.

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La acción ante la justicia federal de La Plata enlaza la desposesión territorial indígena con una deuda todavía vigente del Estado argentino. El planteo reclama el derecho a la tierra, reivindica la agricultura agroecológica e indígena y cuestiona la derogación por DNU de la Ley de Tierras, dentro de una historia atravesada por un Genocidio y la pérdida forzada del territorio.
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Virginia Aparicio: Ciencia pública, persecución del INTA y un mensaje aleccionador.

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Fernando Cabaleiro

La decisión del INTA de exonerar a Virginia Aparicio se inscribe en una historia de persecuciones, presiones y disciplinamiento sobre investigadores que produjeron evidencia incómoda para el agronegocio. Defender a Aparicio es también defender la libertad científica, la independencia de la investigación pública y el derecho de los pueblos fumigados a contar con la mejor ciencia disponible.
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Caso Pergamino: las víctimas apelaron las absoluciones y llevaron la voz de los pueblos fumigados a la Cámara de Casación Penal Federal.

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Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco impugnaron la sentencia del Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario. Solicitaron revisar las absoluciones de Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, preservar las medidas ambientales vigentes y extender transitoriamente la protección a las escuelas rurales y los pueblos del interior de Pergamino.
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El Territorio no se vende ni se concentra.

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El retroceso oficial ante la sesión del 6 de agosto demuestra la fuerza de la movilización social. La amenaza sobre la Ley de Tierras continúa abierta y exige ampliar la discusión en clave plurinacional hacia el verdadero problema territorial argentino: la concentración de la propiedad, el control productivo y el desconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
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Un auspicioso fallo judicial que abre un camino en la Provincia de Buenos Aires para visibilizar la contaminación de los agrotóxicos en el agua que consume la población.

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La flamante Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata en uno de sus primeros fallos ambientales  marca una senda respecto a los agrotóxicos en el agua de consumo humano para terminar con la invisibilización inaceptable de una problemática que provoca el Agronegocio en la salud pública.
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Despropósito judicial y justicia prófuga: el veredicto de Rosario que certificó el envenenamiento en Pergamino pero blindó al agronegocio.

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A pesar de convalidar el daño por agrotóxicos en la salud de los niños y condenar a los funcionarios públicos municipales, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodriguez Da Cruz, absolvió a los productores agroindustriales, con una dogmática penal vetusta escapándose de su función jurisdiccional y adelantando una sentencia absurdamente contradictoria.
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