Dictamen de la Fiscalía ante la Cámara de Casación Penal Federal pide condena para los fumigadores en el caso de Pergamino sobre la contaminación con agrotóxicos

Dictamen Nº 25.865

SE PRESENTA EN TÉRMINO DE OFICINA

Excma. Cámara:

Raúl Omar Pleé, Fiscal General ante esa Cámara Federal de

Casación Penal, subrogante de la Fiscalía N° 3, en la causa FRO 70087/2018/TO1/CFC5 del registro de esa Sala II, caratulada “CORTESE, FERNANDO ESTEBAN Y OTROS s/ INFRACCIÓN LEY 24.051 (ART. 55) Y ENVENENAMIENTO O ADULTERACIÓN DE AGUAS…”, se presenta ante V.E. y dice:

I.  Objeto
Que, en legal tiempo y forma, y en los términos de los arts. 465 y 466 del C.P.P.N., vengo a expedirme en virtud del recurso de casación interpuesto por el Fiscal General, Dr. Federico Reynares Solari, contra la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Juicio Nº 2 de Rosario, cuyo veredicto fue leído el 25 de junio de 2026 y cuyos fundamentos se dieron a conocer el 11 de agosto de 2026, que dispuso, en lo pertinente:

“(…) III. Absolver a Fernando Esteban Cortese (DNI 16.793.624) por los hechos que fueron calificados por los órganos acusadores en los siguientes delitos: a) envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligro para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, utilizando los residuos a los que se refiere la ley 24.051 (cfr. art. 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal); y b) amenazas coactivas (art. 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal), por estricta aplicación del principio beneficiante de la duda (art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV. Absolver a Mario Reinerio Roces (DNI 4.679.198) por los hechos que fueron calificados por los órganos acusadores en el delito que consiste en envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligro para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, utilizando los residuos a los que se refiere la ley 24.051 (cfr. art. 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal), por estricta aplicación del principio beneficiante de la duda (art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación).

V. Absolver a Víctor Hugo Tiribó (DNI 13.571.154) (…) por los hechos que fueron calificados por los órganos acusadores en el delito que consiste en envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligro para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, utilizando los residuos a los que se refiere la ley 24.051 (cfr. art. 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal y art. 402 del Código Procesal Penal de la Nación) (…)” (cfr. sentencia obtenida del Sistema Lex 100).

Ante todo, he de destacar que se limitará el objeto de esta presentación al recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que —a los efectos de dar un correcto tratamiento a la totalidad de las impugnaciones— se había solicitado una prórroga por el término de diez días, que fue concedida sólo por cinco días (cf. fs. 47653/47654).

El recurso fiscal se circunscribe a la absolución de los nombrados por el delito previsto en el art. 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal. No comprende, en cambio, la absolución de Cortese por el delito de amenazas coactivas (punto III, b), ni las absoluciones de José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabbatini y Hugo Ariel Sabbatini, dispuestas en el punto V del veredicto.

II.  Antecedentes de la causa y hechos imputados
A fin de dotar de mayor claridad a esta presentación, realizaré una breve reseña del origen de las actuaciones y de los hechos atribuidos a los imputados respecto de quienes se dirige el recurso fiscal.

II. a) El inicio de la investigación.
Las actuaciones se iniciaron con una denuncia anónima formulada el 13 de septiembre de 2018 ante la Policía Federal Argentina, en la que se advertía que se estaba fumigando en las cercanías de la Escuela Nº 52 y que era necesario asistir a los vecinos del barrio Villa Alicia de la ciudad de Pergamino. Durante el debate, Sabrina del Valle Ortiz reconoció ser la autora de la denuncia y explicó que la había efectuado en forma anónima por temor, en razón del hostigamiento y las amenazas que venía sufriendo.

Radicada la denuncia, se dio intervención al Juzgado Federal de San Nicolás y se formó el expediente FRO 70087/2018. El personal policial, entre ellos el oficial Federico Eugenio Galarza Puig, identificó los barrios afectados (Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad), los campos linderos, sus propietarios y las distancias respecto de las viviendas. Entrevistó, además, a los vecinos, quienes dieron cuenta de fumigaciones en los campos contiguos y de episodios de salud en sus grupos familiares.

A la semana, Ortiz amplió la denuncia, acompañó los estudios médicos de sus hijos y se constituyó como parte querellante.

En el curso de la instrucción se practicaron allanamientos en los establecimientos de los imputados. En los del 17 de abril de 2019 se secuestraron en el predio de Cortese una máquina fumigadora autopropulsada y diversos agroquímicos, y en el establecimiento “Don Mariano”, explotado por Roces, documentación relativa a la adquisición de productos químicos.

Se efectuaron también muestreos de suelo y agua en los campos de los imputados y en domicilios y zonas aledañas, cuyo análisis estuvo a cargo de un equipo técnico del INTA Balcarce encabezado por la Dra. Virginia Aparicio. En suelo se determinaron cuarenta y cinco plaguicidas, de los cuales se detectaron diecinueve y se cuantificaron nueve. En agua, sobre cuarenta y cinco determinados, se detectaron dieciocho y se cuantificaron cinco. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la extracción de las muestras no fueron controvertidas por las partes.

En ese marco, el juez instructor dictó diversas medidas cautelares. Por resolución del 3 de abril de 2019 ordenó la suspensión provisional de las fumigaciones con glifosato y otros plaguicidas en los establecimientos de Roces, Cortese, Tiribó y Enrique Turín, y fijó un límite restrictivo de 600 metros para las aplicaciones en las zonas adyacentes a los barrios afectados. El 17 de abril de 2019 dispuso que la Municipalidad de Pergamino suministrara agua potable a los residentes de Villa Alicia y La Guarida. Y el 30 de agosto de 2019 extendió la prohibición a la totalidad de la ciudad, con un límite de exclusión de 1095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3000 metros para las aéreas.

A estas actuaciones se acumularon luego otras tres. La causa FRO 13250/2020, seguida a Cortese por el delito de amenazas coactivas. La causa FRO 3062/2020, seguida a Mario Daniel Tocalini y Guillermo Nicolás Naranjo, Director y auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y la causa FRO 10681/2024, seguida a José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada y Carlos Daniel y Hugo Ariel Sabbatini por aplicaciones en las localidades de J. A. de la Peña y Francisco Ayerza.

II.  b) Los hechos imputados a Cortese, Roces y Tiribó.
Según el requerimiento de elevación a juicio, a Fernando Esteban Cortese se le atribuyó haber fumigado o pulverizado sustancias químicas peligrosas para la salud y el medio ambiente en el campo de su propiedad ubicado sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del km 69 y su intersección con la calle Escudero, de la ciudad de Pergamino.

Lo habría hecho por sí o permitiendo el uso a otra persona de una máquina tipo mosquito, mochila, equipo de arrastre por tractor o avioneta, en forma reiterada y continua desde el año 2011 hasta la última fecha denunciada, y específicamente en enero y diciembre de 2018, el 18 de septiembre de 2018 y en enero de 2019. Las sustancias habrían alcanzado los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia y sus adyacencias.

En la fracción de su campo se hallaron, entre otros, imidacloprid, atrazina y sus metabolitos, imazetapir, metalaxil, clorimurón etil, flurocloridona, metolaclor, acetoclor, tetrametrina, glifosato y su derivado AMPA. La requisitoria destacó que algunas de esas sustancias se encuentran prohibidas por la Resolución 167/16 del Ministerio de Agroindustria, como el 2,4-D, que el glifosato está categorizado por la IARC de la Organización Mundial de la Salud en el grupo 2A, como probable carcinógeno humano, y que otras están comprendidas en la ley 24.051. Se le reprochó, además, haber actuado con conocimiento de la Ordenanza Municipal Nº 8126/14, que prohíbe la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de 100 metros de la zona periurbana.

A Mario Reinerio Roces se le imputó haber fumigado o pulverizado, por sí o por un tercero, sustancias químicas peligrosas en toda la extensión del campo denominado “Don Mariano”, ubicado sobre la calle Mansilla s/n, entre calle 10 y Larreta, del barrio Villa Alicia. Las aplicaciones se habrían realizado en forma reiterada y continua desde el año 2011, conforme los ciclos de siembra de cada cultivo o las tareas de desmalezamiento, y específicamente en diciembre de 2018.

A diferencia de los restantes, ese predio se encuentra enclavado en área urbana según el Código de Zonificación (Ordenanza Municipal Nº 892/1980). La zona no está habilitada para la explotación agrícola ganadera, por lo que la prohibición de aplicar plaguicidas o biocidas es total, circunstancia que la requisitoria atribuyó al conocimiento del imputado. En su fracción se hallaron atrazina y dos metabolitos de degradación, metolaclor, acetoclor, glifosato y AMPA. Las aplicaciones habrían contaminado el ambiente de los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad.

Por último, a Víctor Hugo Tiribó se le atribuyó haber fumigado o pulverizado sustancias químicas peligrosas en el campo ubicado sobre la calle Escudero, a unos 130 metros de su intersección con la calle Larreta, próximo al barrio Villa Alicia. Las aplicaciones se habrían efectuado en forma reiterada y continua desde el año 2011, y específicamente el 19 de enero de 2018, en diciembre de 2018 y los días 6, 21 y 28 de enero de 2019, y habrían llegado hasta la calle Escudero y sus adyacencias. En su fracción se hallaron los mismos compuestos detectados en el campo de Roces. También se le reprochó conocer la prohibición de la Ordenanza Nº 8126/14.

Las tres conductas fueron calificadas como constitutivas del delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos peligrosos (art. 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal), en calidad de coautores (art. 45 del Código Penal).

Al alegar, el Fiscal General solicitó que se condene a Cortese a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad agropecuaria por ocho años, accesorias legales y costas, por ese delito en concurso real con el de amenazas coactivas (art. 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal). Para Roces y Tiribó requirió cuatro años de prisión, igual inhabilitación especial, accesorias legales y costas. Pidió, además, el mantenimiento de las medidas cautelares y el decomiso de los elementos de fumigación secuestrados y de los lotes vinculados con los imputados (art. 23 del Código Penal).

III.  Del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la absolución de Cortese, Roces y Tiribó es arbitraria, por haberse apartado de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de la prueba (arts. 123, 398 y 404, inc. 2°, del C.P.P.N.), y que el tribunal incurrió además en una errónea aplicación de la ley sustantiva al exigir elementos que el tipo penal no contiene (art. 456, incs. 1° y 2°, del código citado). Invocó la afectación del debido proceso (arts. 18 de la Constitución Nacional y 8 de la C.A.D.H.) y la doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad de sentencias (Fallos: 238:550 y 329:4524, entre otros).

En primer lugar, cuestionó que el fundamento central de la absolución haya sido la falta de acreditación del nexo causal entre las conductas imputadas y la contaminación, al punto de exigir que la introducción de agroquímicos al ambiente fuera “producto exclusivo del accionar de los imputados”.

Sostuvo que el art. 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal, tipifica un delito de peligro abstracto, que no requiere daño efectivo ni relación causal con un resultado lesivo, y que en ese marco la concurrencia de otras fuentes no excluye la imputación de quien aportó su propia conducta peligrosa (con cita de C.F.C.P., causa “Azucarera J. M. Terán S.A.”, reg. Nº 937/16, voto del juez Hornos).

Sin perjuicio de ello, afirmó que el nexo surge de la prueba que el fallo transcribe sin extraer sus consecuencias. Las pericias hallaron plaguicidas en las propias fracciones de campo de los imputados, la perito Aparicio explicó que la medida cautelar redujo con alta probabilidad los valores hallados, y el propio tribunal tuvo por cierto que, tras esa medida, disminuyeron los padecimientos de salud de la población.

En segundo término, objetó que se exigiera prueba de que los imputados actuaron con conocimiento e intención de contaminar. Recordó que la figura admite dolo eventual, que la habilitación administrativa de la actividad no autoriza a contaminar, y que los tres conocían la prohibición de la Ordenanza Nº 8126/14 y, pese a ello, fumigaban a metros de las viviendas, muchas veces de noche, y continuaron frente a los reclamos de los vecinos.

Denunció también una contradicción interna del fallo. El tribunal condenó a Tocalini y Naranjo por omitir el control de las aplicaciones realizadas en los campos de los imputados, lo que presupone que esas aplicaciones existieron y que, de haber mediado control, habrían sido constatadas como irregulares.

Respecto de Cortese, invocó los testimonios de Marina, Spagna y Pantano sobre fumigaciones nocturnas hasta el borde de la calle Escudero y el lavado del tanque sobre la ruta, el secuestro en su predio de un mosquito y de agroquímicos, y las tres actas de infracción de 2016 y 2017 reconocidas por Tocalini. Agregó, en punto al dolo, que luego de la cautelar el imputado alquiló otra máquina y continuó fumigando.

En relación con Roces, destacó que cuatro vecinos situaron sus viviendas entre diez y veinte metros del campo, que Pedro Ortiz lo vio fumigar con mosquito y con tuba, y que la duda del tribunal sobre si cultivaba soja o sólo frutales es irrelevante, pues el predio se halla en zona urbana, donde la prohibición es absoluta. Señaló que el fallo omitió la documentación de compra de agroquímicos secuestrada en “Don Mariano”, y que los disparos y amenazas contra Sabrina Ortiz tras sus denuncias demuestran que conocía el daño que causaba.

En cuanto a Tiribó, sostuvo que la orfandad probatoria afirmada en la sentencia es desmentida por el testimonio de Pantano, quien declaró haber fumigado ese campo de noche, con glifosato y 2,4-D, hasta el alambrado, tramo que el tribunal omitió valorar. A ello sumó los dichos coincidentes de cuatro vecinas, el acta de infracción del 16 de enero de 2018 y la advertencia que le formuló Paola Díaz sobre el carácter cancerígeno de los productos, sin que las aplicaciones cesaran.

Por último, solicitó que se case la sentencia sin reenvío (art. 470 del C.P.P.N.) y, previa audiencia de visu, se condene a Cortese a cuatro años y tres meses de prisión y a Roces y Tiribó a cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para la actividad agropecuaria por ocho años, accesorias legales y costas, como autores del delito previsto en el art. 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal. Formuló reserva del caso federal.

IV.  Tratamiento de los agravios introducidos en el recurso del Ministerio Público Fiscal
Llegado el momento de dictaminar, considero que asiste razón al recurrente y que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra los puntos III, IV y V de la sentencia nº 50/2026, en cuanto absolvió a Fernando Esteban Cortese, Mario Reinerio Roces y Víctor Hugo Tiribó.

A mi entender, el pronunciamiento incurre en dos órdenes de vicios que se encadenan y que, en bloque, sostienen la absolución. Por un lado, una errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 456, inc. 1°, del C.P.P.N.), en tanto el tribunal interpretó el art. 55 de la ley 24.051 como un delito de resultado, exigió un nexo causal entre la conducta de cada imputado y un estado de contaminación medido con parámetros ajenos al tipo y reclamó, además, una intención de contaminar que la figura no requiere. Por el otro, la inobservancia de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de la prueba (arts. 123, 398, 404, inc. 2°, y 456, inc. 2°, del C.P.P.N.), que fue examinada de modo fragmentario y sometida a exigencias de imposible cumplimiento.

Ambos defectos impiden tener al fallo como derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 311:948 y 2547, y 321:1909).

IV. a) Los vicios de la sentencia absolutoria
En primer lugar, el tribunal aplicó erróneamente el art. 55 de la ley 24.051, al exigir un resultado que el tipo no contiene. El núcleo de la absolución se encuentra en el pasaje en que sostuvo que “era necesario que, cuanto menos, el Ministerio Público Fiscal acreditara el nexo de causalidad entre las acciones atribuidas a los imputados y la contaminación alegada (…) de qué modo los comportamientos de Cortese, Tiribó, Roces (…) contribuyeron causalmente hacia ese resultado”, y en el que precisó luego que debía probarse “que las condiciones en que fumigaron en sus respectivos campos produjeron contaminación en los términos de la ley (tipo objetivo)” (pp. 126/133 de la sentencia). La contaminación fue concebida, así, como un estado del medio que debía constatarse empíricamente y reconducirse causalmente a cada acusado.

Esa lectura transforma un delito de peligro abstracto en uno de lesión. El art. 55 no castiga la producción de un estado de contaminación verificable ex post, sino la acción de contaminar “de un modo peligroso para la salud”, expresión que caracteriza a la conducta y no le agrega un resultado.

La doctrina lo ha explicado como un tipo de aptitud para el daño, cuya configuración solo exige demostrar “que la contaminación resulta idónea para afectar la salud humana, aunque no se haya provocado un peligro real para la vida o salud de ninguna persona”, de modo que la referencia al modo peligroso “viene a caracterizar la acción contaminante y no incluye otros requisitos adicionales” (De la Fuente, Javier Esteban, “El delito de contaminación como delito de aptitud para el daño. Análisis de la estructura del artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos”, Revista de Derecho Penal, 2022-1)

En la misma dirección se pronunció la Sala IV de esa Cámara en el precedente “Azucarera J. M. Terán S.A.” invocado por el recurrente (causa FTU 400830/2007/CFC1, reg. nº 937/16.4, rta. el 14/7/2016). Allí se anuló, por errónea aplicación de la ley sustantiva, un sobreseimiento fundado en la falta de acreditación de una afectación concreta a la salud pública. En el voto que lideró el acuerdo, el juez Hornos sostuvo que el art. 55 de la ley 24.051 “no se limita a castigar penalmente una afectación concreta y particular a la salud humana, sino que abarca el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”. Precisó, además, que la exigencia de que la contaminación sea peligrosa para la salud “no significa de ningún modo que deba acreditarse un daño o peligro concreto, comprobable de manera actual y científica”. Es exactamente la exigencia que el tribunal de juicio formuló en autos.

Contaminar significa introducir en un medio una sustancia ajena que altera nocivamente su composición, tal como lo recoge la acepción común del verbo (“alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos”, Diccionario de la Real Academia Española).

La nocividad no debe constatarse como un dato adicional, porque la aporta el propio tipo a través del modo peligroso, cuya determinación es normativa y descansa en dos extremos. El primero es la naturaleza de la sustancia, pues los desechos de la utilización de productos fitosanitarios son residuos peligrosos (art. 2 y Anexo I, categoría Y4, de la ley 24.051). El segundo es la distancia respecto de la población, que el ordenamiento fija como límite del riesgo permitido.

Ninguno de esos extremos fue controvertido. El propio tribunal admitió que “los productos fitosanitarios, por sí mismos, son peligrosos” y tuvo por probado “el riesgo para la salud de las personas que viven en cercanías de los campos donde se aplicaron agroquímicos”, de manera que lo que la sentencia declaró acreditado es, precisamente, el elemento típico que después tuvo por no probado.

El error se agrava cuando el tribunal exige, además, que el resultado sea imputable en forma exclusiva a la acción de cada acusado. Sostuvo que no se había probado “si la introducción al medio ambiente de agroquímicos (agentes artificiales) fue producto exclusivo del accionar de los imputados, si se debió a una conjugación de factores (vgr. (…) la falta de control estatal (…), las explotaciones de otros campos, la deriva de los mismos; etc.)”, y lo hizo inmediatamente después de afirmar que no pretendía una “precisión quirúrgica” y que “la ley castiga tanto un comportamiento concreto y fugaz, así como también el despliegue paulatino de una actividad”. En una contaminación difusa, exigir la exclusividad del aporte equivale a fijar una valla que ningún caso puede superar y vacía de contenido a la figura.

Incluso aquellos autores que sostienen que se trata de un delito de peligro concreto resuelven la cuestión en sentido contrario, al entender que basta con que cada aporte individualizado haya alterado el “valor dado” del medio respecto del “valor debido”, con independencia de que este ya estuviese contaminado, y que, cuando diversas condiciones no pueden suprimirse acumulativamente sin que el resultado desaparezca, “cada una de ellas es causa del resultado” (Cesano, José Daniel, “El delito de contaminación (…) mediante la utilización de residuos peligrosos”, Revista de Derecho Penal, 2007-2, con cita de C. Fed. San Martín, Sala I, “Almirall, Jorge O. y otro”, rta. el 9/11/1996).

Por lo demás, la deriva no es una causa alternativa sino el mecanismo por el cual la propia aplicación alcanza el medio, y la falta de control estatal tampoco desplaza al autor directo, pues consiste en la omisión de quienes debían evitar sus aplicaciones, por la cual el propio tribunal condenó a Tocalini y Naranjo.

No era necesario, entonces, determinar si las moléculas halladas en el suelo o en el agua provenían de los campos de los imputados o de los linderos. Bastaba acreditar que cada uno realizó la conducta típica, idónea para generar un peligro abstracto para la salud, que consiste en aplicar productos fitosanitarios donde el ordenamiento lo prohíbe, a escasos metros de las viviendas.

El propio tribunal fijó ese criterio al afirmar que “en la medida en que se respete la zona de exclusión, la actividad de fumigar en los campos con productos habilitados no está prohibida” (pp. 69/77) y que “la elevación del riesgo por sobre el nivel de lo permitido” lo transforma en “riesgo prohibido, jurídicamente relevante” (pp. 117/121). A contrario, la aplicación dentro de la zona de exclusión, o en zona urbana, constituye riesgo prohibido. Esa era la única pregunta que el tipo planteaba, y la sentencia la reemplazó por otra que el tipo no formula.

En segundo lugar, el tribunal midió la contaminación con umbrales sanitarios y administrativos ajenos al tipo. Respecto del agua, concluyó que, conforme al Código Alimentario Argentino y a la ley provincial nº 11.820, “el agua sería apta para consumo humano”, y que la desetil atrazina y el 2,4-D detectados “no impacta[n] en lo previsto por la legislación nacional”.

Respecto del suelo, destacó que “no hay umbrales determinados” y que los hallazgos “estuvieron por debajo de otros valores analizados por el INTA”. Sin embargo, que el agua sea potable significa que cumple los límites sanitarios de aptitud para el consumo, no que carezca de plaguicidas. La perito Cúneo Basaldúa explicó que el Código Alimentario evalúa veintiséis principios activos, en su mayoría en desuso, y que no contempla el glifosato ni su metabolito AMPA, en tanto la Dra. Aparicio aclaró que la cuantificación “no tiene nada que ver con límites legales ni con límites toxicológicos, es metodológico exclusivamente”.

El art. 55 no remite a esos estándares. Al trasladar un parámetro de potabilidad al juicio de tipicidad, la sentencia sustituyó el elemento normativo “de un modo peligroso para la salud” por un umbral administrativo ajeno a la figura, y de la ausencia de umbral para el suelo extrajo, sin más, la ausencia de contaminación típica.

La doctrina advierte que los parámetros reglamentarios “son sólo ‘indicadores’ de esta posibilidad, pero, en modo alguno, permiten conducir -en todos los casos- a la falta de imputación”, porque “existen oportunidades en las cuales pese a un estricto cumplimiento de la reglamentación se genera un riesgo jurídicamente desaprobado” (Cesano, ob. cit., con cita de Reyes Alvarado, Yesid, Imputación objetiva, Temis, 1996, pp. 117/119).

A ello se suma que el tribunal restringió el examen a las “objetividades materiales -suelo y agua-” y prescindió de la atmósfera y del ambiente en general, que el art. 55 menciona expresamente y que integraron la acusación. El verbo contaminar fue incorporado, precisamente, para abarcar los procesos de irradiación de partículas que se propagan a través del espacio (Cesano, ob. cit., con cita de Soler y de C. Fed. Mendoza, “Ayala, Norma y otros”, J.A. 2001). La deriva primaria que, al momento de la aplicación, ingresaba a las viviendas linderas constituye contaminación de la atmósfera, y el tribunal la tuvo por acreditada a partir de testimonios que calificó como “coincidentes”, pero omitió analizarla como tal.

En tercer lugar, el tribunal exigió un dolo directo, e incluso una finalidad, que la figura no requiere. Reclamó la prueba de que los acusados actuaron “con el fin de contaminar a través del desarrollo de esa actividad autorizada por el Estado” (pp. 49/51) y la constatación de “una serie reiterada de incumplimientos” que permitiera deducir “la intencionalidad de producir el resultado contaminante previsto en la norma penal” (pp. 96/97).

Sin embargo, “la doctrina y la jurisprudencia son contestes en que el tipo en examen es compatible con las formas del dolo eventual” (Cesano, José Daniel, ob. cit. Revista de Derecho Penal, 2007-2, p. 280; cfr. Castiglione, Hugo, “Conductas relacionadas con la afectación al medio ambiente. Residuos peligrosos. Tendencias jurisprudenciales”, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, LexisNexis, 7/2006, p. 1283). Esa Cámara, por su parte, caracterizó la figura como un delito doloso, sin exigir una forma específica de dolo (C.F.C.P., Sala IV, “Azucarera J. M. Terán S.A.”, reg. nº 937/16.4, rta. el 14/7/2016, voto del juez Gemignani).

El dolo recae sobre los elementos del tipo objetivo, es decir, sobre el conocimiento de que se aplican sustancias peligrosas en condiciones idóneas para afectar la salud, y no sobre un resultado de peligro concreto ni sobre la voluntad de contaminar.

En suma, al incorporar un resultado, una causalidad exclusiva, un umbral sanitario y una finalidad que el art. 55 no contiene, el tribunal efectuó una exégesis irrazonable de la norma, que conduce a un apartamiento inequívoco de la finalidad perseguida mediante su sanción (Fallos: 310:799), e introdujo requisitos no previstos por el legislador (Fallos: 321:2010 y 339:713).

El error es decisivo porque, corregido el estándar, los extremos que la propia sentencia tuvo por acreditados conducen a la solución inversa. Me refiero a la peligrosidad de los productos, al riesgo para la salud de los vecinos, al hallazgo “indiscutido” de plaguicidas en los predios, a las muestras extraídas “casi sobre la orilla de los alambrados” de Tiribó y Roces, a las infracciones “reconocidas por los propios acusados” y a la disminución de moléculas y padecimientos tras la medida cautelar.

Por otro lado, asiste también razón al recurrente en cuanto sostiene que la absolución es producto de una valoración parcial, fragmentaria y aislada de la prueba, carente del método de visión de conjunto que impone la sana crítica racional.

Según conocida doctrina de la Corte, los elementos de prueba no pueden ser examinados en forma aislada ni descartados uno a uno por su insuficiencia individual, sino que deben ser integrados y armonizados en su conjunto, pues solo así puede apreciarse su eficacia convictiva (Fallos: 306:1095 y 1785, y 311:948).

La sentencia hizo lo contrario, porque descartó los testimonios de los vecinos por no precisar fechas, las pericias por no identificar al autor y las actas de infracción porque “bien podrían valorarse como hechos reveladores, pero no resultan suficientes -sin otros elementos adicionales- para atribuir responsabilidad criminal”. Cada pieza fue rechazada por no probar por sí sola aquello que solo el conjunto estaba llamado a acreditar, cuando los elementos adicionales cuya ausencia se invoca obraban, precisamente, en las restantes piezas que el tribunal escindió.

Valoradas en conjunto, esas piezas convergen. Los vecinos ubicaron las aplicaciones en el borde mismo de los campos, a pocos metros de sus casas, y las muestras de los predios de Tiribó y Roces se extrajeron en ese mismo borde y contenían glifosato, AMPA, atrazina, metolaclor y acetoclor. Cesadas las aplicaciones por la medida cautelar, disminuyeron tanto las moléculas detectadas, relación que la Dra. Aparicio juzgó “altamente probable”, como los padecimientos de la población, extremo que el propio tribunal tuvo por acreditado al descartar cualquier “complot” del vecindario y calificar los relatos de “coincidentes”. Fuentes independientes que convergen sobre un mismo hecho constituyen la prueba indiciaria por excelencia, y la sentencia las transcribió sin extraer de ellas consecuencia alguna.

Asimismo, el tribunal impuso exigencias probatorias de imposible cumplimiento. Reprochó que los testigos “no pudieron dar precisiones sobre fechas, ni siquiera aproximaciones por año” (pp. 79/87), pese a haber afirmado que “no exige destreza milimétrica en orden a determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar”. Se trata de vecinos que describieron una práctica sostenida a lo largo de sucesivas campañas agrícolas, y no un hecho único y datable, por lo que exigirles la fecha de cada aplicación convierte la reiteración del delito en causal de impunidad.

Idéntico defecto exhibe la exigencia de descartar “más allá de toda duda razonable” que el hallazgo de plaguicidas en las zonas de exclusión obedeciera a la deriva u otro factor natural, que constituye una prueba negativa de imposible producción respecto de un fenómeno que, por definición, acompaña a toda aplicación.

Según conocida doctrina de la Corte, la duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (Fallos: 311:2547 y 312:2507). Una duda construida sobre hipótesis que las partes no pudieron controvertir carece de fundamento y autoriza la descalificación del pronunciamiento (Fallos: 312:1953, 316:1205 y 322:963).

En prieta síntesis, los errores señalados se encadenan y sostienen en bloque la absolución de Cortese, Roces y Tiribó. El tribunal trató un delito de peligro como uno de resultado, midió la contaminación con un umbral ajeno al tipo, exigió una finalidad que la figura no requiere y valoró la prueba de manera fragmentaria, contradictoria y con estándares de imposible cumplimiento. Una correcta aplicación del art. 55 de la ley 24.051 y una valoración integral de la prueba conducen a la conclusión inversa, por lo que la sentencia debe ser casada en los puntos III, IV y V de su parte dispositiva.

IV.   b) Responsabilidad penal de Cortese, Roces y Tiribó. Condena en Casación
Antes de analizar la prueba relativa a cada uno de los imputados, conviene precisar cómo entiendo que opera el delito atribuido en un supuesto como el presente.

En el caso se juzgan aplicaciones de agroquímicos en la periferia de la ciudad de Pergamino, en predios lindantes con la planta urbana o enclavados en ella. Esa actividad no está regida solo por la ley penal, sino por normas municipales que fijan con precisión dónde y con qué productos puede aplicarse, y son esas normas, vigentes al momento de los hechos, las que permiten determinar cuándo la aplicación se realiza de un modo peligroso para la salud.

El art. 55 de la ley 24.051 reprime con las penas establecidas en el art. 200 del Código Penal a quien, “utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, y eleva la pena a diez a veinticinco años de reclusión o prisión si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona.

La acción típica consiste en envenenar, adulterar o contaminar, y el medio comisivo es la utilización de residuos peligrosos en los términos del art. 2° y de los Anexos I y II de la ley, entre los cuales el Anexo I incluye expresamente, bajo la categoría Y4, los desechos resultantes de la utilización de biocidas y productos fitosanitarios. La acción debe recaer sobre el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, que constituyen los objetos materiales del delito, y producirse de un modo peligroso para la salud.

Se trata de un delito de peligro abstracto, que se consuma con la introducción de residuos peligrosos en alguno de esos soportes en las condiciones que el ordenamiento valora como peligrosas para la salud.

Como mencioné, no exige un daño efectivo, ni un peligro concreto para una persona determinada, ni la verificación ex post de un estado de contaminación causalmente atribuible al autor.

El bien jurídico protegido es la salud pública, de carácter colectivo, y el tipo adelanta la protección precisamente porque en esa clase de bienes la lesión individualizable resulta difícil o imposible de aislar (cfr. Corcoy Bidasolo, Mirentxu, Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999).

El punto central del caso reside en la cláusula “de un modo peligroso para la salud”. La aplicación de agroquímicos es, en principio, una actividad lícita y socialmente admitida, por lo que no toda contaminación del suelo con fitosanitarios resulta típica.

El límite entre el riesgo permitido y el prohibido no lo define el juez en cada caso, sino las normas extrapenales que regulan la actividad, en las que la autoridad competente expresó su valoración acerca de dónde y con qué sustancias la aplicación resulta intolerable para la salud de la población.

Conviene precisar el alcance de esa remisión, porque es aquí donde la sentencia confundió los planos. Las normas que concretan el riesgo permitido son normas de conducta que indican dónde, con qué productos y en qué condiciones puede aplicarse. No cumplen esa función los parámetros de calidad de un medio, como los límites de potabilidad del Código Alimentario Argentino, que miden un estado del agua o del suelo, es decir, un resultado que el art. 55 no exige. Por eso la infracción de las primeras define la conducta peligrosa, mientras que el respeto de los segundos nada dice sobre ella.

En Pergamino, ese límite se construye sobre dos extremos, que son los mismos que la propia sentencia reconoció al afirmar que “en la medida en que se respete la zona de exclusión, la actividad de fumigar en los campos con productos habilitados no está prohibida”. El primero es el lugar de aplicación. El Código de Zonificación (Ordenanza Municipal Nº 892/1980) prohíbe la actividad agrícola, y con ella toda aplicación, dentro del área urbana.

El art. 6° de la Ordenanza Nº 8126/14 establece una zona de exclusión de 100 metros desde el límite urbano y desde las escuelas rurales, en la que no se autoriza ningún tipo de pulverización, cualquiera sea el producto o la dosis. A ella sigue una zona de amortiguamiento hasta los 600 metros, en la que solo se admiten productos de Banda Verde (art. 17).

El segundo extremo es la naturaleza de lo aplicado, pues los desechos resultantes de la utilización de biocidas y productos fitosanitarios son residuos peligrosos en los términos del art. 2° y del Anexo I, categoría Y4, de la ley

24.051. El riesgo prohibido no es, entonces, una abstracción, sino que se configura cuando se aplican esas sustancias en un lugar donde la norma vigente veda su aplicación.

De lo anterior se sigue el error de base de la sentencia. El a quo sostuvo que la violación de la zona de exclusión o la falta de receta constituyen meras infracciones administrativas, sancionables por el art. 30 de la Ordenanza Nº 8126/14. A partir de allí exigió un dolo de contaminar y un nexo causal certero entre la inobservancia de la distancia y un peligro concreto verificado en las muestras, exigencias que no surgen del tipo.

La diferencia entre la falta municipal y el delito no reside en un resultado que deba sumarse a la conducta, sino en el medio comisivo. La ordenanza sanciona cualquier aplicación en la franja vedada, e incluso incumplimientos formales como la falta de aviso o de receta, con independencia de lo que se aplique.

El art. 55, en cambio, solo alcanza a quien utiliza en ese espacio residuos peligrosos de la ley 24.051. Cuando eso ocurre, la aplicación misma introduce esos residuos en el suelo del lugar y, por deriva, en la atmósfera circundante, es decir, contamina. Y lo hace de un modo peligroso para la salud, porque se realiza exactamente donde el ordenamiento valoró esa introducción como intolerable para la población.

En consecuencia, lo que debe acreditarse respecto de cada imputado es que aplicó o hizo aplicar productos fitosanitarios en su predio, dentro de la franja en la que la norma vigente al momento del hecho lo prohibía. Debe acreditarse también que conocía, al menos a título de dolo eventual, la ubicación de su predio respecto de ese límite y la naturaleza de los productos empleados.

Probada esa conducta, la contaminación típica está dada por la propia aplicación, que introduce el residuo en el suelo y en la atmósfera del lugar vedado. No es necesario, en cambio, establecer de qué campo provino cada molécula hallada en cada vivienda, ni que el aporte de cada acusado haya sido exclusivo. Bajo ese esquema, y no bajo uno de causalidad individual que el tipo no requiere, analizaré a continuación la prueba producida respecto de Cortese, Roces y Tiribó.

La plataforma fáctica atribuida a los tres imputados abarca desde 2011 hasta enero de 2019 (fundamentos, págs. 104 y 108). En el caso de Roces, cuyo establecimiento está calificado como suelo urbano, la prohibición de aplicar emana del Código de Zonificación (Ordenanza Municipal Nº 892/1980, fs. 3869/3871, cuerpo 20) y cubre la totalidad de ese período.

En el caso de Cortese y Tiribó, cuyos campos lindan con el límite urbano sobre calle Escudero, la prohibición nace con la Ordenanza Nº 8126/14, que, como lo destacó el propio tribunal, entró en vigencia en febrero de 2015 (fundamentos, pág. 75). Esa ordenanza veda toda aplicación en los primeros cien metros (art. 6°) y admite en la franja de amortiguamiento, hasta los seiscientos metros, solo productos de Banda Verde (art. 17).

Por ello, respecto de Cortese y Tiribó, la imputación versa sobre las aplicaciones realizadas entre la entrada en vigencia de esa ordenanza, en febrero de 2015, y enero de 2019. A ese tramo circunscribo tanto el análisis como la condena que propicio.

La reducción no afecta el núcleo de la imputación, porque la prueba de cargo se concentra en ese tramo: las auditorías de la Dirección de Ambiente Rural desde 2016, los testimonios de Spagna y Marina, el acta del 16 de enero de 2018, las recetas de diciembre de 2018 y enero de 2019 y el video del 21 de enero de 2019.

Algunas premisas son comunes a los tres casos, y el propio tribunal las tuvo por acreditadas. Admitió que los productos fitosanitarios son, por sí mismos, peligrosos, tuvo por “indiscutido” el hallazgo de plaguicidas en los predios sin cuestionar la metodología del INTA Balcarce, calificó de “coincidentes” los relatos de los vecinos y descartó cualquier “complot”. Recogió, asimismo, la opinión coincidente de los Dres. Hough, Beldoménico y Aiassa, en cuanto a que la franja de cien metros fijada por la ordenanza resultaba técnicamente insuficiente para proteger a la población de la deriva (fundamentos, pág. 104).

Reconoció, por último, la doble correlación explicada por la Dra. Aparicio, según la cual, al suspenderse judicialmente las aplicaciones, disminuyeron tanto las concentraciones detectadas en suelo y agua como las consultas médicas en los barrios, relación que la perita juzgó “altamente probable” (fundamentos, págs. 104/105).

Ese dato no se invoca para atribuir a cada imputado un resultado que el tipo no exige. Se invoca porque confirma empíricamente la valoración que el ordenamiento ya había hecho al fijar la zona de exclusión: que aplicar esos productos junto a las viviendas es peligroso para la salud de quienes las habitan. El muestreo del 22 de noviembre de 2018 se practicó dentro de cada establecimiento, bajo precinto y a tres profundidades (20, 40 y 60 cm), y sus resultados constan en los protocolos del Laboratorio de Plaguicidas del INTA Balcarce (fs. 1414/1418, cuerpo 8, y fs. 2520 vta., cuerpo 13).

Conforme a lo expuesto, la función de esas muestras no es demostrar que cada campo causó la contaminación de cada vivienda. Es identificar qué residuos de la categoría Y4 se encontraban en el suelo de cada predio en el período imputado y, cuando la extracción se practicó en el borde del establecimiento, corroborar que esos residuos fueron introducidos en el suelo del sector vedado. Que una fracción de esas moléculas pudiera provenir también de la deriva de campos vecinos es indiferente, porque la tipicidad no descansa en el origen de la molécula hallada, sino en la aplicación prohibida que los testigos atribuyen a cada imputado.

Respecto de Fernando Esteban Cortese, la primera cuestión es territorial. El predio que explota se encuentra inscripto en la Circunscripción XV, Parcelas 1855 a y b, Partidas 778 y 45357 (fundamentos, pág. 108, y fs. 2525, cuerpo 13), y se emplaza sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del km 69, en su intersección con calle Escudero, que opera como límite con el barrio Villa Alicia.

Luciano Marina, cuyo fondo da a calle Escudero, ubicó el campo de Cortese enfrente de su vivienda, calle de por medio, extremo que fue verificado en la inspección judicial del 13 de mayo de 2026.

Conforme al art. 6° de la Ordenanza Nº 8126/14 y su Anexo 1, la zona de exclusión se mide desde el límite de la zona urbana, que en este sector es calle Escudero. Por eso, la duda del tribunal acerca de los límites del predio frente a los campos linderos no alcanza al sector relevante, pues lo que la prueba sitúa en el borde de Escudero es el frente del campo de Cortese, enfrentado a las viviendas de Villa Alicia. José Luis Pantano ratificó en el debate que Cortese “fumigaba todo, inclusive la orilla de la calle Escudero del lado de su campo”, esto es, dentro de la franja de exclusión.

La conducta y su autoría surgen de fuentes independientes y convergentes. Héctor Spagna, que conocía personalmente a Cortese, declaró haberlo visto conducir él mismo el mosquito, entrando y saliendo de su campo, desde 2016 o 2017 en adelante, y relató que lo vio desagotar y lavar el tanque del producto sobre la Ruta 188 y sobre el camino de tierra hacia Villa Alicia, práctica que calificó de habitual. Ese episodio, que el fallo no valoró como tal, constituye el vertido directo de residuos de la aplicación sobre el suelo de la vía pública, es decir, la conducta del art. 55 en su expresión más elemental.

Luciano Marina describió el mosquito trabajando a veinte o treinta metros del alambrado, primero de día y luego de noche, a veces con las luces apagadas, percepción que asentó ante el Juzgado Federal el 7 de diciembre de 2018. En esa oportunidad acompañó fotografías tomadas el 6 de enero de 2018, que luego reconoció en la audiencia. Sabrina Ortiz reconoció a Cortese en la sala como la persona que vio dentro de los campos participando de la actividad.

El personal policial aportó corroboración externa. Costilla constató una aplicación con mosquito sobre soja en el campo de Escudero y Ruta 188, alrededor de las 20 horas, y Galarza Puig dio cuenta de las aplicaciones nocturnas registradas en el acta del 19 de septiembre de 2018 (fs. 47/54, cuerpo1). El allanamiento del 17 de abril de 2019 cerró el cuadro material, pues en el predio se secuestraron la máquina fumigadora, bidones de glifosato y de herbicida, insecticidas y una mochila de fumigación con humedad en su interior, y se constató la quema de numerosos bidones.

A ello se suma la actuación de la propia autoridad de aplicación. La Dirección de Ambiente Rural labró respecto de Cortese los informes de auditoría Nº 108 (4/2/2016), 325 (2/3/2017), 596 (8/10/2017), 672 (13/12/2017) y 771 (19/10/2018), con relevamiento fotográfico, y los remitió al Juzgado Municipal de Faltas, en tanto el coimputado Tocalini reconoció en su indagatoria tres actas de infracción, una de 2016 y dos de 2017. La suerte de esas actuaciones en sede de faltas no borra lo que en ellas se constató, y el propio tribunal admitió que podían valorarse como “hechos reveladores”. Lo que omitió fue integrarlas con el resto de la prueba, que es precisamente lo que les otorga su significado como reiteración de aplicaciones prohibidas a lo largo de tres campañas, constatada por quien tenía a su cargo controlarlas.

En cuanto a las sustancias, el tribunal restó valor a la muestra del establecimiento porque se extrajo a unos 250 metros de calle Escudero (fundamentos, pág. 103). El dato no debilita la acusación, porque la aplicación dentro de la franja de exclusión se acredita con la prueba testimonial y documental ya reseñada, y la muestra cumple otra función, que es documentar qué se aplicaba en ese predio.

La pericia del INTA halló allí glifosato y su metabolito AMPA, atrazina y sus metabolitos, 2,4-D, metolaclor, acetoclor, imidacloprid, imazetapir, metalaxil, flurocloridona, clorimurón etil y tetrametrina (fundamentos, pág. 103, y fs. 2520 vta., cuerpo 13). Todas ellas son desechos de productos fitosanitarios comprendidos en la categoría Y4. La Dra. Aparicio señaló, además, que las concentraciones de esas muestras eran “bastante similares” a los valores medios obtenidos después de tres o cuatro años de aplicaciones en un ensayo realizado en Pergamino (fundamentos, pág. 106), lo que es compatible con un uso sostenido y no episódico.

Esas mismas moléculas reaparecieron en el suelo y en el agua de las viviendas situadas frente al campo, en Tramo Los Zapadores 2825, 2993 y 3015, Escudero 1108 y Los Almendros 1251 y 1268. No se trata de atribuir a Cortese cada molécula hallada en cada domicilio, lo que el tipo no exige, y por eso es irrelevante que algunas de esas viviendas linden también con otros campos donde se aplicaba.

El dolo de Cortese surge del mismo cuadro. Javier Di Sciascio declaró haberle confeccionado recetas agronómicas en 2017 o 2018, y fue ese profesional quien explicó cómo se medían con GPS los cien metros de exclusión, de modo que Cortese conocía el régimen y sus límites. Fue, además, notificado de sucesivas actas por aplicaciones en infracción y, lejos de adecuar su conducta, la trasladó a la noche y apagó las luces de la máquina, modificación que solo se explica por el conocimiento de que lo que hacía estaba prohibido y era observado.

Su conducta posterior lo confirma, pues, secuestrado su equipo, alquiló otro en la localidad de Acevedo para continuar fumigando (fs. 5130, cuerpo 26), dato que no integra la imputación, pero ilustra la disposición con la que obraba. Quien aplica sustancias peligrosas hasta el límite de un barrio, conociendo la prohibición, tras sanciones administrativas y reclamos vecinales, se representa el peligro y lo acepta, lo que satisface holgadamente el dolo eventual que la figura requiere.

Respecto de Mario Reinerio Roces, la cuestión normativa es más sencilla. El establecimiento “Don Mariano”, sobre calle Mansilla s/n entre 10 y Larreta, está individualizado como Circunscripción XV, Sección B, Manzana 119CH, Parcela 20.178 (fs. 3870, cuerpo 20), y calificado como suelo urbano por la Ordenanza Municipal Nº 892/1980 (fs. 3869/3871, cuerpo 20).

Allí la prohibición de aplicar es absoluta, cualquiera sea el producto o la dosis, y rige desde 1980, por lo que las dudas en las que el tribunal fundó la absolución son indiferentes para la tipicidad. Que Roces sembrara soja en todo el período, o que en algún tramo se dedicara solo a los frutales, no altera la conclusión, porque en uno y otro caso hubo aplicación de productos químicos en suelo urbano.

Tampoco importa la extensión total del predio. Las aplicaciones de las que dan cuenta los testigos y el punto de muestreo se ubican en el frente sobre Mansilla, a diez o veinte metros de las viviendas. Aun en la hipótesis más favorable de que ese sector no fuera urbano, se hallaría dentro de la zona de exclusión fijada por la Ordenanza Nº 8126/14. En ese caso la imputación quedaría limitada, como en los casos de Cortese y Tiribó, a las aplicaciones posteriores a febrero de 2015, tramo en el que se ubican la denuncia ante la Dirección de Ambiente Rural de agosto de 2018, la declaración de Isabel Muñoz de diciembre de ese año y el muestreo de noviembre de 2018.

La prueba de la conducta proviene de cuatro testigos que vivieron durante años frente a ese sector, y cuyas distancias fueron corroboradas en la inspección judicial. Sabrina Ortiz ubicó el campo a unos diez metros y describió frente a su casa una sucesión de cultivos que incluyó “soja durante años”, con lo que distinguió ese frente del sector de frutales. Pedro Ortiz, que vivía a doce metros, describió el cultivo de soja y su pulverización con mosquito, y atribuyó además personalmente a Roces el manejo de una “tuba” arrastrada por un tractor con la que se fumigaban los frutales.

Relató también que en una oportunidad le pidió a Roces que interrumpiera la aplicación al pasar frente a su casa, que este continuó y que el producto alcanzó la puerta y las ventanas, al punto de que debió retirarse con los niños durante dos o tres días. Fiamma Barbieri, que vivía a menos de veinte metros, identificó la soja y describió aplicaciones con mosquito, mayormente a la tarde y a la noche, “muchas” veces. Isabel Muñoz, por su parte, ya había declarado en diciembre de 2018 que en el campo de enfrente se fumigaba con mosquito o con mochilas, tanto por Roces como por algún empleado, y Pantano corroboró, desde fuera del grupo familiar, que cosechó soja para Roces.

A ello se suma la denuncia formulada ante la Dirección de Ambiente Rural el 16 de agosto de 2018 por una aplicación en el lugar, constatada en el terreno el 20 de agosto (fundamentos, pág. 105). Que en ocasiones esas aplicaciones las realizara Cortese no desplaza la responsabilidad de Roces, pues quien decide y dispone la aplicación en su propio predio es autor en los términos del art. 45 del Código Penal, aun cuando la ejecución material quede a cargo de un tercero, tal como lo contempló la acusación al atribuirle haber aplicado “por sí o por una tercera persona”. El allanamiento del 17 de abril de 2019 (fs. 1192/1193, cuerpo 6) completa el cuadro material, pues en él se hallaron un tractor, una mochila pulverizadora, otro equipo pulverizador, un envase de cipermetrina rotulado “NOCIVO” y documentación de compra de insumos fitosanitarios.

La prueba ambiental corrobora la introducción de residuos en el lugar exacto de la prohibición. Según reconoció el propio tribunal, las muestras del establecimiento se extrajeron “casi sobre la orilla” del alambrado de calle Mansilla, esto es, en suelo urbano y a metros de las viviendas (fundamentos, pág. 103). En ellas se hallaron hidroxi-atrazina, atrazina, metolaclor, glifosato y acetoclor, todos desechos de productos fitosanitarios de la categoría Y4. Que esos mismos principios activos aparecieran también en la vivienda de Mansilla 490, situada enfrente, no es un requisito de la imputación, pero ilustra el peligro que la prohibición absoluta de aplicar en suelo urbano está llamada a evitar.

El tribunal invocó que en Escudero 1102 se halló glifosato en un valor similar al del campo de Roces (fundamentos, pág. 110). El dato es irrelevante para la tipicidad, porque la imputación no depende de establecer de qué predio provino el glifosato hallado en cada domicilio. A lo sumo revela que en los campos que rodean al barrio se aplicaba el mismo producto. Esa circunstancia no excluye ni atenúa la responsabilidad de quien lo aplicó en suelo urbano. Da cuenta, en cambio, de la exposición acumulada a la que estaba sometida la población, que es precisamente lo que un tipo de peligro abstracto busca prevenir.

El dolo de Roces no admite mayor discusión. La prohibición de toda actividad agrícola en suelo urbano rige desde hace más de cuatro décadas, y el frente de su predio sobre calle Mansilla linda con viviendas situadas a diez o veinte metros, por lo que no puede sostenerse que ignorara que aplicaba en plena zona urbana. El episodio relatado por Pedro Ortiz es, además, concluyente. Advertido directamente por el vecino de que la pulverización alcanzaba su vivienda, Roces continuó la aplicación. No se trata ya de inferir una representación genérica del riesgo, sino de constatar que el imputado tuvo frente a sí la llegada del producto a una casa habitada y decidió seguir, lo que satisface sobradamente el dolo eventual que la figura admite. Ese mismo episodio constituye, a la vez, la expresión más nítida de la contaminación de la atmósfera por deriva que el art. 55 abarca expresamente.

Respecto de Víctor Hugo Tiribó, su campo se ubica sobre calle Escudero, a unos 130 metros de la intersección con Larreta, frente a Villa Alicia, y las vecinas ubicaron sus viviendas a diez metros del alambrado (Paola Díaz), a treinta (Erika Díaz y Silvina Mansilla) y a cincuenta (Hilda Castañares). La afirmación del tribunal de que no existe prueba de aplicaciones en la zona de exclusión no se compadece con lo declarado por José Luis Pantano, quien ejecutó materialmente esas aplicaciones, declaró en la instrucción el 16 de noviembre de 2018 (fs. 2409/2411, cuerpo 13) y ratificó sus dichos en la audiencia del 11 de marzo de 2026 (fundamentos, pág. 106).

Pantano relató que entre 2014 y 2018 fumigó en ese campo con un equipo autopropulsado Metalfor 2750, tres o cuatro veces y de noche, en barbecho y sobre soja. Precisó que utilizó glifosato, 2,4-D y metsulfurón y que se fumigaba todo el lote hasta el alambrado de calle Escudero, con el cuidado de que el viento no fuera hacia las casas porque podía intoxicar.

Esa precaución no excluye el dolo, sino que lo confirma, porque revela que quienes aplicaban en ese campo se representaban que el producto podía alcanzar las viviendas e intoxicar a sus ocupantes. Tampoco era idónea para neutralizar el peligro.

A diez, treinta o cincuenta metros de las casas, la sola orientación del viento no impide la deriva, y por eso la ordenanza no condiciona la prohibición de los primeros cien metros a las condiciones meteorológicas, sino que la establece de modo absoluto. Confiar en que el riesgo no se concrete, después de habérselo representado, no excluye el dolo eventual. Su referencia a que “no había restricción” alude a la ausencia de fiscalización efectiva (fs. 3910, cuerpo 20) y no a la inexistencia de la norma.

El relato de Pantano no es la única prueba de la conducta, ni la imputación depende de fechar cada una de las aplicaciones que describió. Su valor reside en acreditar la modalidad con la que se explotaba el lote, esto es, la aplicación de herbicidas hasta el alambrado de calle Escudero. Esa modalidad aparece verificada, con posterioridad a la ordenanza, en dos hechos fechados. El primero es el acta de constatación municipal del 16 de enero de 2018, en la que se dejó constancia de que Tiribó aplicó personalmente con mochila un producto químico sobre el alambrado de su campo.

El acta dio origen al expediente Nº 616/18 del Juzgado de Faltas, iniciado el 19 de enero de 2018 y resuelto con apercibimiento el 28 de junio de ese año (fs. 3908, cuerpo 20). Por definición, una aplicación sobre el alambrado lindero con calle Escudero se efectuó dentro de la zona de exclusión, donde el art. 6° de la ordenanza veda cualquier producto en cualquier dosis. Hay dos indicios de que se trataba de un producto fitosanitario. Uno es que la Dirección de Ambiente Rural, autoridad de aplicación de una ordenanza que regula exclusivamente el uso de plaguicidas y biocidas, labró el acta y la remitió al Juzgado de Faltas. El otro es el pasto quemado frente a la tranquera que Paola Díaz vinculó con ese episodio, efecto propio de un herbicida. El propio imputado reconoció ese hecho ante Tocalini (fundamentos, pág. 91).

El segundo es la aplicación registrada en video el 21 de enero de 2019 (fundamentos, pág. 105), que muestra la continuidad de la actividad hasta el final del período imputado. El episodio de la mochila se inserta, además, en una práctica descripta por varias vecinas. Erika Díaz vio al propio Tiribó fumigar con mochila del lado de afuera del alambrado, Paola Díaz describió aplicaciones con mochila, con un tractor que abría unas alas y con mosquito, de tarde y algunas veces de noche, y vinculó la intervención de enero de 2018 con el pasto quemado frente a la tranquera, e Hilda Castañares ubicó el mosquito a dos metros del alambrado.

Las recetas agronómicas de diciembre de 2018 y enero de 2019 acreditan el producto y la dosis prescriptos, pero no dónde se aplicaron, y el propio tribunal calificó de “aparente” el control municipal que debía verificarlo, razón por la cual condenó a Tocalini y Naranjo.

La muestra del establecimiento se extrajo junto al alambrado de calle Escudero (fundamentos, pág. 103), precisamente en el sector hasta el cual Pantano afirmó que se aplicaba y donde se constató la aplicación con mochila de enero de 2018.

En ella se hallaron acetoclor, hidroxi-atrazina, glifosato, AMPA, atrazina y triticonazol, todos desechos de productos fitosanitarios de la categoría Y4. Esa muestra corrobora, entonces, la introducción de residuos peligrosos en el suelo de la franja de exclusión. Que no se hayan detectado allí todos los principios activos que Pantano mencionó no resta valor a su relato.

El muestreo es de noviembre de 2018 y refleja lo que permanecía en el suelo en ese momento, según la persistencia de cada principio activo que explicó la Dra. Aparicio; no es un inventario de cada aplicación realizada desde 2014. El tribunal descartó esos hallazgos como no significativos sin explicar con qué parámetro, cuando el tipo no reclama umbral alguno. Esas moléculas aparecen también en viviendas de Escudero y de Los Almendros cercanas a los campos de Cortese y de Tiribó, y en el suelo de la Escuela Nº 52. Eso no permite ni requiere asignar cada hallazgo a uno u otro predio, pero muestra la exposición acumulada que la franja de exclusión debía evitar.

El análisis de suelo que la defensa presentó en 2025, sin detección de agroquímicos, no desmiente lo anterior, sino que es coherente con ello, pues, cesadas las aplicaciones, los residuos se degradaron, tal como explicó la Dra. Aparicio para el conjunto de la zona.

En cuanto al dolo, la imputación se apoya centralmente en los hechos de enero de 2018, diciembre de 2018 y enero de 2019, y respecto de ellos no hay duda posible. Desde 2017 Tiribó contaba con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, que confeccionaba las recetas exigidas por la misma ordenanza que fija la zona de exclusión. Aplicó personalmente sobre el alambrado sabiendo que las viviendas se encontraban a diez metros. Fue advertido de modo expreso con el apercibimiento del Juzgado de Faltas de junio de 2018 y, pese a ello, las aplicaciones continuaron, como lo registra el video del 21 de enero de 2019. Admitió, además, que el glifosato que compraba desde 2011 era “un elemento de riesgo”. No se requiere más para afirmar que se representó el peligro que su conducta generaba y lo aceptó.

En síntesis, respecto de los tres imputados se encuentran acreditados todos los extremos del art. 55 de la ley 24.051. Cada uno aplicó o hizo aplicar productos fitosanitarios en su predio, dentro de la franja en la que el ordenamiento vigente al momento de los hechos lo prohibía, esto es, el suelo urbano en el caso de Roces, durante todo el período imputado, y la zona de exclusión lindera con calle Escudero en los de Cortese y Tiribó, a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 8126/14 en febrero de 2015.

Esas aplicaciones introdujeron residuos peligrosos de la categoría Y4 en el suelo y en la atmósfera del espacio vedado, a metros de viviendas habitadas, lo que constituye la contaminación de un modo peligroso para la salud que el tipo describe. Los tres obraron conociendo las circunstancias que hacían peligrosa su conducta. La duda en que se fundó la absolución no surge de la prueba, sino de haberla examinado pieza por pieza y bajo un estándar causal que el tipo no contiene.

Por todo lo expuesto, considero que los puntos dispositivos III, IV y V de la sentencia deben ser casados. El tribunal interpretó el art. 55 de la ley 24.051 como un delito de resultado y exigió un nexo causal exclusivo entre la conducta de cada imputado y un estado de contaminación. A ese estado lo midió, además, con umbrales de potabilidad ajenos al tipo, y reclamó una finalidad contaminante que la figura no requiere. Valoró la prueba de modo fragmentario, descartando cada pieza por no acreditar por sí sola lo que sólo el conjunto estaba llamado a probar. Aplicó a indicios de idéntica naturaleza criterios opuestos según se tratara de los funcionarios condenados o de los productores absueltos. Y fundó la duda en hipótesis propias que, según admitió, no surgían de la prueba ni fueron materia de debate entre las partes. Esta casación alcanza también al punto VII, en cuanto dispuso el cese de las medidas de coerción y demás medidas cautelares que pesaban sobre Tiribó.

De tal modo, en atención a los agravios oportunamente deducidos por el representante del Ministerio Público Fiscal y a los fundamentos desarrollados en el presente dictamen, considero que corresponde hacer lugar a su recurso, casar los puntos resolutivos III, IV y V de la sentencia impugnada y, en consecuencia, condenar a Mario Reinerio Roces por los hechos cometidos entre 2011 y enero de 2019, y a Fernando Esteban Cortese y Víctor Hugo Tiribó por los hechos cometidos entre febrero de 2015 y enero de 2019, como autores del delito de contaminación del suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos peligrosos (arts. 45 del Código Penal y 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal).

En cuanto a la sanción, corresponde estar a las penas solicitadas por el Fiscal General en su recurso de casación respecto de cada uno de los imputados, a cuyos fundamentos me remito, previa realización de la audiencia de visu que el recurrente requirió (art. 41 del Código Penal).

No obsta a esa solución que se trate de la revocación de absoluciones en esta instancia. La Corte ha convalidado desde antiguo la casación positiva. Esa postura fue reafirmada en “Duarte, Felicia” (rta. el 5/8/2014), donde se pronunció en el sentido de que la condena dictada por el tribunal que revocó la decisión absolutoria debe ser revisada de modo amplio, en los términos de Fallos 328:3399 (“Casal”) y de la sentencia de la Corte Interamericana en “Mohamed vs. Argentina”. A ese fin corresponde designar a otra Sala de esa Excma. Cámara como tribunal revisor (arts. 18 de la Constitución Nacional y 8.2.h de la C.A.D.H.).

Tal facultad emana del art. 470 del C.P.P.N., que autoriza a esa Cámara a casar la decisión impugnada y resolver el caso con arreglo a la ley y a la doctrina cuya aplicación declare, sin necesidad de otra sustanciación (cfr. votos del doctor Hornos en las causas de la Sala IV n° 12.260, “Deutsch”, reg. n° 14.842.4, rta. el 3/5/2011; n° 11.545, “Mansilla, Pedro Pablo y otro s/ recurso de casación”, reg. n° 15.668.4, rta. el 26/9/2011; n° 12.038, “Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación”, reg. n° 939/12, rta. el 13/6/2012; y n° 15.314, “Migno Pipaon, Dardo y otros s/ recurso de casación”, reg. n° 2042/12, rta. el 31/10/2012). Tampoco colisiona con la garantía del ne bis in idem, cuyo efecto preclusivo opera recién con el dictado de sentencia firme, tal como se desprende de los numerosos precedentes en los que el Alto Tribunal dejó sin efecto absoluciones por arbitrarias (Fallos: 322:702, “Minciotti”; 324:4123, “Ayala”; 325:2485, “Tumbeiro”; y 326:4951, “Pérez”).

V.  Trascendencia del Caso. Mantiene reserva federal
Por último, considero que lo debatido en autos excede el interés individual de las partes y compromete a la comunidad en su conjunto, lo que configura un supuesto de gravedad institucional en los términos de la doctrina de la Corte Suprema (Fallos: 248:189).

Se trata de aplicaciones de agroquímicos realizadas durante años dentro de las zonas de exclusión lindantes con los barrios Villa Alicia, La Guarida, Luar Kayad y Santa Julia de Pergamino, a metros de viviendas y de la Escuela Nº 52. La exposición a esos productos afectó la salud de Sabrina del Valle Ortiz y de su grupo familiar, con un daño genético aumentado respecto de los valores de referencia, y la de muchas otras personas de esos barrios. También el propio tribunal afirmó que la ineficacia de los controles estatales produjo resultados dañosos para la salud.

El art. 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, e impone el deber de preservarlo. La Corte ha caracterizado al ambiente como un bien de incidencia colectiva (“Mendoza”, Fallos: 329:2316). A su vez, la Corte Interamericana reconoció el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo tutelado por el art. 26 de la Convención Americana (OC-23/17 y caso “Lhaka Honhat vs. Argentina”, sentencia del 6/2/2020). La ley 25.675 erige la prevención y la precaución en principios rectores de la materia (art. 4). El legislador penal tradujo esa lógica anticipatoria al estructurar el art. 55 de la ley 24.051 como un delito de peligro, que adelanta la tutela a un momento previo a la lesión.

La sentencia neutraliza esa decisión legislativa. Al convertir el tipo en uno de resultado y exigir la imputación causal exclusiva de un estado de contaminación a cada acusado, fija una regla que, en contaminaciones difusas como la de autos, ningún caso puede satisfacer. El error trasciende así la situación de Cortese, Roces y Tiribó, porque deja sin protección penal efectiva al bien colectivo que la Constitución y el bloque convencional mandan resguardar.

Por ello, y toda vez que lo resuelto resulta arbitrario y compromete el alcance de los arts. 18 y 41 de la Constitución Nacional, mantengo la reserva del caso federal formulada por el recurrente (art. 14 de la ley 48).

VI.  Petitorio
En razón de todo lo expuesto, esta Fiscalía solicita a esa Sala que:

1°) Se lo tenga por presentado en tiempo y forma y por mantenida la reserva del caso federal;

2°) Se haga lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General, Dr. Federico Reynares Solari, se casen los puntos dispositivos III ap. "a”, IV y V, de la sentencia impugnada, y, en consecuencia, se condene en esta instancia a Fernando Esteban Cortese, Mario Reinerio Roces y Víctor Hugo Tiribó a las respectivas penas solicitadas en el recurso fiscal, como autores del delito de contaminación del suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos peligrosos (arts. 45 del Código Penal y 55 de la ley 24.051, en función del art. 200 del Código Penal);

3°) Se case asimismo el punto dispositivo VII de la sentencia, en cuanto dispuso el cese de las medidas de coerción y demás medidas cautelares respecto de Víctor Hugo Tiribó.

Fiscalía N° 3, 29 de octubre de 2026