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Vuelven cacheos y requisas en acceso a espacio público verde en violación a una orden judicial.

El Municipio de Vicente López volvió a realizar cacheos y requisas a familias que concurren al Vial Costero de Vicente López.

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     Días atrás las organizaciones socioambientales de Vicente López recibieron las quejas de familias con menores que fueron obligadas a mostrar sus pertenencias ante la requisitoria de las fuerzas policiales municipales cuando ingresaban al paseo público Vial Costero de Vicente López (Provincia de Buenos Aires) para pasar un día de recreo y esparcimiento.

   Que tal accionar de las fuerzas policiales es claramente ilegal, ya que solo puede realizarse una pesquisa o cacheo a las personas en la vía pública sin orden judicial previa, cuando existan razones vinculadas con la comisión de un delito. Además desde el mes de Marzo de 2015 resulta aplicable una orden judicial que expresamente prohíbe los cacheos y requisas personales en el ingreso al paseo Vial Costero, en virtud de una acción de Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo que se interpuso por integrantes de la Asamblea Unidos por el Río y que fue confirmado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos AIres.  A pesar del tiempo transcurrido (8 años) de esa orden judicial, la misma se mantiene vigente, por lo tanto, las autoridades municipales la están violando.

   La orden del Juzgado de Garantías Nro 2 del Departamento Judicial de San Isidro (Prov. de Buenos Aires) en la causa "Cabaleiro, Luis Fernando y Caruso Marcia Victoria s/ Habeas Corpus Preventivo" fue clara: "Se ha tenido entonces que la acción constitucional intentada resulta ser la vía óptima para el tratamiento de la cuestión traída a mi conocimiento, entendiendo en tal sentido que el alcance de ésta habrá de tener lugar dentro de la órbita de la figura del hábeas corpus preventivo, dado que en autos se vislumbraría la existencia de un riesgo o amenaza arbitraria, potencial, a la libertad ambulatoria tanto de los accionantes como de los posibles concurrentes al llamado Paseo de la Costa o Vial Costero del Partido de Vicente López, imponiéndose de tal modo el libramiento de una medida cautelar de no innovar respecto del Gobierno Municipal de Vicente López con el objeto de que cesen las restricciones y controles por parte de personal municipal al ingreso de particulares al Paseo de la Costa."

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     El paseo Vial Costero es uno de los pocos espacios públicos verdes con acceso irrestricto a la costa del Río de la Plata. La Asamblea Unidos por el Río nació en defensa de ese espacio que estaba destinado hace más de una década atrás a un  megaproyecto inmobiliario que implicaba la privatización de toda la costa.

    Gracias  a esa movilización de auto-organización social y comunitaria con plenarios multidinarios y acciones en las calles (con represiones, persecuciones y detenciones arbitrarias), se logró frenar el megaproyecto para dar lugar al Vial Costero, un espacio verde de acceso libre que siempre es amenazado por las concepciones privatistas de las autoridades municipales sobre los espacios públicos. En efecto, en el año 2016 el Arroyo Raggio - que forma parte del paseo Vial Costero - también corrió el riesgo de privatización, lo que fue evitado por la Asamblea Unidos por el Río mediante un amparo en la justicia.

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Año 2011. Vicente López. Asamblea Unidos por el Río en defensa de la costa ante el extractivismo urbano.

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UN PROTOCOLO POR LOS DERECHOS DE LA LIBERTAD AMBULATORIA.

Desde la Asamblea Unidos por el Río se construyó un Protocolo sobre Cacheos y Requisas para instruir a todos los vecinos y vecinas que concurren al Vial Costero de Vicente López, sobre la vigencia de la orden judicial y como actuar ante el proceder ilegal de las fuerzas policiales municipales de realizar controles sobre sus pertenencias o cacheos.

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Cacheos y requisas Vial Costero. Vicente López.Habeas Corpus a favor de la población que asiste a un espacio público verde.
Image417Se confima hábeas corpus a favor de la población que concurre a un espacio verde.
Image357Se protege un Arroyo que iba a ser sometido a un dragado y canalización.

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Fallo clave para los Pueblos Fumigados y las Asambleas que luchan por el agua potable en la Provincia de Buenos Aires.

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La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín ratificó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones con agrotóxicos dentro de los mil metros de la planta urbana de French, viviendas rurales, asentamientos y pozos de extracción de agua potable y obligación a garantizar agua apta para consumo humano y realizar monitoreos de agrotóxicos en las aguas subterráneas. 
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Lobos: el apartamiento de un juez permitió destrabar la causa por el agua contaminada con arsénico y agrotóxicos y avanzar hacia una pericia científica decisiva.

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La lucha del grupo amparista por el agua libre de arsénico y agrotóxicos en la localidad bonaerense de Lobos logró apartar provisoramiente a un juez conflictivo y que se abra una ventana procesal ante la nueva jueza que ya designó una audiencia y que también está decidida avanzar con la producción de prueba, que se había dificultado con el juez recusado.
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La Comunidad Indígena Rupu Antv lleva a la Justicia una discusión de fondo sobre genocidio, derogación de ley de tierras y agricultura agroecológica e indígena.

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La acción ante la justicia federal de La Plata enlaza la desposesión territorial indígena con una deuda todavía vigente del Estado argentino. El planteo reclama el derecho a la tierra, reivindica la agricultura agroecológica e indígena y cuestiona la derogación por DNU de la Ley de Tierras, dentro de una historia atravesada por un Genocidio y la pérdida forzada del territorio.
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Virginia Aparicio: Ciencia pública, persecución del INTA y un mensaje aleccionador.

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Fernando Cabaleiro

La decisión del INTA de exonerar a Virginia Aparicio se inscribe en una historia de persecuciones, presiones y disciplinamiento sobre investigadores que produjeron evidencia incómoda para el agronegocio. Defender a Aparicio es también defender la libertad científica, la independencia de la investigación pública y el derecho de los pueblos fumigados a contar con la mejor ciencia disponible.
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Caso Pergamino: las víctimas apelaron las absoluciones y llevaron la voz de los pueblos fumigados a la Cámara de Casación Penal Federal.

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Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco impugnaron la sentencia del Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario. Solicitaron revisar las absoluciones de Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, preservar las medidas ambientales vigentes y extender transitoriamente la protección a las escuelas rurales y los pueblos del interior de Pergamino.
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El Territorio no se vende ni se concentra.

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El retroceso oficial ante la sesión del 6 de agosto demuestra la fuerza de la movilización social. La amenaza sobre la Ley de Tierras continúa abierta y exige ampliar la discusión en clave plurinacional hacia el verdadero problema territorial argentino: la concentración de la propiedad, el control productivo y el desconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
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Un auspicioso fallo judicial que abre un camino en la Provincia de Buenos Aires para visibilizar la contaminación de los agrotóxicos en el agua que consume la población.

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La flamante Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata en uno de sus primeros fallos ambientales  marca una senda respecto a los agrotóxicos en el agua de consumo humano para terminar con la invisibilización inaceptable de una problemática que provoca el Agronegocio en la salud pública.
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Despropósito judicial y justicia prófuga: el veredicto de Rosario que certificó el envenenamiento en Pergamino pero blindó al agronegocio.

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A pesar de convalidar el daño por agrotóxicos en la salud de los niños y condenar a los funcionarios públicos municipales, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodriguez Da Cruz, absolvió a los productores agroindustriales, con una dogmática penal vetusta escapándose de su función jurisdiccional y adelantando una sentencia absurdamente contradictoria.
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