Salud en juego: Abogadas y Abogados de Pueblos Fumigados piden que el Congreso Nacional trate el Proyecto del Veneno como un tema sanitario.

El debate por una ley de presupuestos mínimos sobre el uso de agrotóxicos sumó el reclamo formal de los Abogadas y Abogados de Pueblos Fumigados para que el expediente 5621-D-2025 que refiere al denominado Proyecto del Veneno (por el cual se pretenden validar las fumigaciones terrestres y aéreas con dichas sustancias a 10 metros y 45 metros, respectivamente, de los centros poblados y escuelas rurales), incorpore en su trámite paralmentario el giro a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.  El mismo colectivo de profesionales habián solicitado semanas atrás la realización de audiencias públicas en el tratamiento de dicho proyecto de ley.

En la nueva presentación, las y los abogados firmantes  — a cargo de causas judiciales emblemáticas sobre los territorios fumigados— argumentan que el propio Proyecto del Veneno en sus fundamentos admite “posibles impactos” sobre la salud y que, por esa razón, no puede discutirse solo con enfoque productivo e ignorarse la perspectiva de la salud en el tramiento administrativo legislativo. 

El punto de partida está en el texto que busca convertirse en ley. Su objeto es “establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios (…) mediante buenas prácticas” y “compatibilizar” la actividad agrícola con “la protección de la salud de las personas y el ambiente”. Entre los objetivos enumera “resguardar la salud” de personas vinculadas o no a esas prácticas y “evaluar y seguir el monitoreo” de efectos sanitarios. Es decir: el prisma sanitario está expresamente reconocido en la norma que se debate. 

Sobre esa base, el colectivo de Abogadas y Abogados de Pueblos Fumigados solicitó formalmente el giro complementario a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, apoyado en la reglamentación parlamentaria que permite sumar comisiones con competencia específica cuando no fueron incluidas al inicio. El pedido se tramita al amparo de la Resolución de la Presidencia de Diputados del 21 de octubre de 1988, que admite cambios de giro promovidos por comisiones con competencia en la materia, dentro de plazos taxativos. 

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Pero la presentación no se queda en formalismos: pone sobre la mesa el “aporte cientifico” sobre los impactos ya documentados en la salud humana, el cual ha sido objeto de invocación y tratamiento en las distintas causas judiciales, sirviendo de fundamento para las sentencias que han receptado favorablemente los reclamos de las asambleas, organizaciones y comunidades de Pueblos Fumigados.

Primero, la línea de evidencia genotóxica local. Investigaciones del grupo GeMA (UNRC) —publicadas en la Revista Argentina de Pediatría— hallaron daño genético en niñas y niños expuestos a mezclas de plaguicidas en localidades rodeadas de cultivos, y señalaron que al no detectarse diferencias hasta 1.095 metros, esa distancia debe considerarse como resguardo ambiental mínimo alrededor de viviendas, escuelas y centros poblados. Ese estándar, afirman, es el piso sanitario que cualquier ley de “presupuestos mínimos” no puede rebajar. 

Segundo, los biomonitoreos en curso en pueblos bonaerenses. El estudio PIS (Pesticidas Insertados Silenciosamente), con protocolo supervisado por la Dra. Delia Aiassa, evaluó cuatro distritos y reportó entre 15 y 20% de orinas positivas con niveles altos de agrotóxicos, confirmando exposición en cuerpos y hogares por deriva y depósito intradomiciliario. En Lobos, por ejemplo, se analizaron glifosato y AMPA en 73 voluntarios, con determinaciones realizadas en laboratorio acreditado. Los resultados preliminares —previos a su publicación científica— describen un escenario de exposición comunitaria persistente con niveles hallados muy preocupantes. 

Tercero, los hallazgos del proyecto SPRINT —una campaña multicéntrica financiada por la Unión Europea que incluyó sitios en la provincia de Buenos Aires—, que relevó matrices biológicas humanas y aire en ambientes cotidianos. En Argentina se detectaron de 2 a 10 principios activos en sangre, de 6 a 13 en orina y hasta 18 en materia fecal; además, pulseras de silicona usadas por los participantes registraron entre 7 y 53 plaguicidas en una sola semana, una foto cruda de la “atmósfera química” que respiramos. La magnitud de los datos llevó incluso al INTA a retirarse del proyecto, con una persecución - a niveles inusitados - contra la investigadora argentina participe del proyecto, Virginia Aparicio, según reseña el escrito. 

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Para los letrados y letradas, ese cuerpo de evidencia converge con lo que el propio proyecto reconoce: existe una preocupación social creciente por los “posibles impactos” de los agrotóxicos en salud humana y ecosistemas, por lo que es indispensable introducir salvaguardas medibles y efectivas, sin perjuicio de la insostenibilidad ambiental y sanitaria que imprime a dichas sustancias. Resumido en una consigna: si la finalidad declarada es compatibilizar producción con salud pública, el dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados/as debe ser parte del proceso parlamentario. 

En concreto, se propone que  desde la perspectiva de la salud sea considerara toda la información cientifica sanitaria disponible, no solo a nivel local sino y también a nivel internacional. La crítica central es que, tal como está,  (autorizar el uso de agrotóxicos a distancia exiguas de adonde vive la gente) el texto “no aborda adecuadamente” las medidas de resguardo que la ciencia sin conflicto de intereses viene reclamando frente al uso intensivo de plaguicidas. 

La nota presentada, ante el Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública (con copia a los presidentes de las comisiones de Agricultura y Recursos Naturales - designadas por defecto -) recuerda que el trámite parlamentario contempla sumar comisiones cuando la materia lo impone, y que la salud colectiva —por definición— no puede quedar relegada. En un país con miles de escuelas y barrios linderos a lotes fumigados, y con estudios que ya detectan moléculas en sangre, orina y hasta en el polvo doméstico, el mensaje es directo: discutir plaguicidas sin el “lente” de la salud pública sería legislar a ciegas. 

La solicitud de los Abogados y Abogadas de Pueblos Fumigados, ahora, depende de los tiempos políticos. Mientras tanto, el expediente ya dejó en claro algo más que un detalle procedimental: la salud está en el centro del asunto y la evidencia pide voz y voto en la discusión. Su omisión será un argumento que se sumara al listado de cuestionamientos que ya acumula el Proyecto del Veneno, si efectivamente se convierte en ley, pero ante la justicia, que más allá de sus disvergencias, en términos generales, ha mostrado razonabilidad en sus decisiones.