Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados exigen audiencias públicas, foros y debate real antes de tratar el llamado Proyecto del Veneno que pretende autorizar las fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de la población, para que las voces de las comunidades, la ciencia independiente y el derecho ambiental prevalezcan sobre la autorregulación del agronegocio.
Información14/10/2025
Naturaleza de Derechos
En un escrito presentado en horas de la tarde de hoy, un colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados de distintos distritos provinciales, solicitó formalmente a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Aplicación de Fitosanitarios (Expte. 5621-D-2025) denominado "Proyecto del Veneno". Se pide, además, publicidad amplia en dos diarios de mayor circulación, la definición de requisitos y modalidades de participación, la asignación de un ámbito físico y la realización conjunta de ambas comisiones, en los términos del art. 114 bis del Reglamento de Diputados.
La motivación central es que el Proyecto del Veneno incide directamente en derechos constitucionales (art. 41 CN) y en bienes colectivos (salud, agua, ambiente), por lo que la decisión legislativa debe incorporar participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente 25.675 (arts. 2, 4, 5, 19 y 20: participación, prevención, sustentabilidad, orden público ambiental). Se remarca la obligación de todas las autoridades de integrar la variable ambiental en sus decisiones.
El escrito cuestiona la gestación del proyecto por su explicitada articulación con la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) —que nuclea cámaras y empresas del agronegocio (Casafe, Aapresid, SRA, CRA, etc.)— y advierte una situación atípica de autorregulación sectorial. Por ello, afirma que escuchar sólo esas voces sería incompatible con una “democracia ambiental” que exige pluralidad de saberes (asambleas, pueblos fumigados, pueblos originarios, sindicatos, escuelas rurales, productores agroecológicos, academia). Democracia Ambiental que hoy tiene amparo supralegal con el Acuerdo Escazú que garantiza la participación ciudadana abierta en las instancias gestacionales de todo proceso normativo con implicancias ambientales.
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Surge clara una incompatibilidad constitucional del proyecto de ley por violar el principio de progresividad promoviendo un estado de situación que de aprobarse implicaría graves afectaciones de derechos humanos, correspondiendo por ello que todas esas voces que por un lado, desde la praxis investigativa mostraron sus evidencias, y por el otro, desde el activismo ciudadano responsable lograron respuestas en la justicia, sean escuchadas en una instancia de participación ciudadana en el centro mismo de la máxima institucionalidad democrática que representa a nivel nacional este Congreso.
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Sobre contexto y evidencia, el escrito compendia datos oficiales y técnicos (crecimiento de la superficie cultivada, intensificación del uso de agrotóxicos, estimaciones de consumo, ausencia de series oficiales actualizadas), impactos acumulativos (contaminación de agua, aire, suelos; pérdida de biodiversidad; enfermedades crónicas; contribución del sector AGSOUT a GEI) y el vínculo ambiente-derechos humanos conforme a la OC-23/17 de la Corte IDH (derecho a un ambiente sano como prerrequisito para otros derechos).
En el plano judicial, presenta un bloque robusto de precedentes penales y contenciosos que acreditan daños y fijan estándares de resguardo espacial: la condena “Barrio Ituzaingó Anexo–Gabrielli” por contaminación con agroquímicos; en Santa Fe, “Peralta”, “Bassi”, “González (Sastre)” y “Córdoba, Vilma” consolidan 1.000 metros terrestres con base científica y precautoria; en Buenos Aires, la SCBA validó ordenanzas de 1.000 metros ("DJEF" en Alberti, "Picorelli" Gral. Pueyrredón, "Establecimientos Santa Susana" en Campana) irradiando a múltiples municipios; en Entre Ríos, “Rosso” ordenó 1.095 metros terrestres y 3.000 metros aéreos; en el fuero federal, Pergamino impuso cautelares de 1.095/3.000 metros y Barrio Nicole (La Matanza) replicó ese criterio por genotoxicidad y deriva.
Con ese estado del arte judicial —dice el escrito—, derivado de una praxis popular del derecho por los propios Pueblos Fumigados, la pretensión de un “mínimo” nacional de 10 metros terrestres y 45 metros aéreos es inidónea, innecesaria y desproporcionada, y violenta el principio de progresividad/no regresividad al rebajar umbrales protectores ya consolidados por la justicia y la ciencia. Por eso, aun adelantando la objeción de fondo del proyecto por inconstitucional, se exige abrir audiencias públicas para incorporar las voces históricamente excluidas y dejar constancia en el expediente legislativo.
El escrito fue suscripto por las abogadas y abogados Darío Avila (Córdoba), Eugenia Boccio (Santa Fe), María Fernandez Benetti (Entre Ríos), Sabrina Ortiz (Pergamino, Buenos Aires), Veronica García Crhistensen (Claromecó, Buenos Aires), Pablo Fernandez Barrios (Chaco), Carlos Gonzalez Quintana (Córdoba), Jonatan Baldiviezo (Buenos Aires) y Fernando Cabaleiro (Buenos Aires). En el petitorio final se sintetiza: (1) habilitar audiencias/foros/videochats; (2) publicidad en dos diarios; (3) pautas de acreditación e intervención; (4) sede física para audiencias; y (5) sesión conjunta de ambas comisiones para evitar duplicidades, todo bajo el art. 114 bis del Reglamento de Diputados.
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Con ese estado del arte judicial —dice el escrito—, derivado de una praxis popular del derecho por los propios Pueblos Fumigados, la pretensión de un “mínimo” nacional de 10 metrod terrestres y 45 metros aéreos es inidónea, innecesaria y desproporcionada, y violenta el principio de progresividad/no regresividad al rebajar umbrales protectores ya consolidados por la justicia y la ciencia. Por eso, aun adelantando la objeción de fondo del proyecto por inconstitucional, se exige abrir audiencias públicas para incorporar las voces históricamente excluidas y dejar constancia en el expediente legislativo.
El Tribunal Oral Federal Nro 2 de Rosario rechazó el pedido del Intendente de Pergamino de levantar la cautelar que prohibió las fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos a menos de 1095 y 3000 metros, respectivamente, del centro urbano pergaminense.
En la prueba pericial llevada adelante por el INTA Balcarce, en el marco de una investigacion penal en tramite ante la Justicia Federal de Pehuajó, se encontraron cantidades exorbitantes de Glifosato y su metabolito AMPA, entre otros agrotóxicos, en dos patios de niñeces en el Partido de Pehuajó, que durante años fueron fumigados a 10 metros.
El colectivo de Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados no baja los brazos. Pidió que el Proyecto del Veneno se gire también a la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Roque Pérez será sede del 15ª encuentro soberano de las asambleas, comunidades y organizaciones de Pueblos Fumigados bonaerenses el 13 y 14 de Diciembre de 2025. La organización anfitriona será Reverdecer. Un encuento clave en un momento central ante el avance del agronegocio con un proyecto de ley regresivo (Proyecto del Veneno) en el Congreso Nacional y la persistencia del Gobierno Provincial en la Resolución del Veneno.
El Gobierno convocó a una audiencia pública virtual para “evaluar la gestión ambiental” de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y De La Plata. Pero los documentos son confusos, las bases técnicas están desactualizadas y el proyecto licitatorio en ciernes —que busca dragar a 40 pies de profundidad— se perfila como una apuesta ambientalmente insostenible. Sin información clara ni evaluación de impacto, la participación ciudadana se transforma en simulacro y en un engaño.
En la Cámara de Diputados de la Nación de la Argentina volvió a la agenda un proyecto del agronegocio que fija como “presupuestos mínimos” fumigar con venenos vía terrestre y aérea a 10 y 45 metros, respectivamente, de la población y escuelas rurales. La evidencia científica y una línea jurisprudencial robusta ya establecieron radios de resguardo muy superiores por riesgo sanitario. El esquema propuesto viola la progresividad/no regresividad, desconoce el bien común y desatiende la objetivación de la tutela ambiental.
La Cámara Federal de La Plata concedió el recurso ante Casación contra la sentencia que avala las fumigaciones con agrotóxicos en Pehuajó desconociendo las recomendaciones científicas. La concesión del recurso mantiene suspendida la Ordenanza local que autoriza las aplicaciones con venenos a 150 metros de la población pehuajense.
El Fiscal Federal General de Rosario Federico Reynares Solari rechazó la solicitud del Municipio de Pergamino de levantar las medidas cautelares que prohíben las fumigaciones con agrotóxicos y obligan a garantizar agua segura. En un dictamen que refuerza la vigencia del principio precautorio y la centralidad del derecho a la salud, este caso se erige como bandera de los pueblos fumigados de la Argentina, en una pulseada histórica contra el poder del agronegocio.
Roque Pérez será sede del 15ª encuentro soberano de las asambleas, comunidades y organizaciones de Pueblos Fumigados bonaerenses el 13 y 14 de Diciembre de 2025. La organización anfitriona será Reverdecer. Un encuento clave en un momento central ante el avance del agronegocio con un proyecto de ley regresivo (Proyecto del Veneno) en el Congreso Nacional y la persistencia del Gobierno Provincial en la Resolución del Veneno.
El colectivo de Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados no baja los brazos. Pidió que el Proyecto del Veneno se gire también a la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
En la prueba pericial llevada adelante por el INTA Balcarce, en el marco de una investigacion penal en tramite ante la Justicia Federal de Pehuajó, se encontraron cantidades exorbitantes de Glifosato y su metabolito AMPA, entre otros agrotóxicos, en dos patios de niñeces en el Partido de Pehuajó, que durante años fueron fumigados a 10 metros.
El Tribunal Oral Federal Nro 2 de Rosario rechazó el pedido del Intendente de Pergamino de levantar la cautelar que prohibió las fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos a menos de 1095 y 3000 metros, respectivamente, del centro urbano pergaminense.
El Tribunal rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar en el marco de una causa penal por la que se dispuso la prohibición de fumigar con agrotóxicos via terrestre y aérea a menos de 1095 y 3000 metros, respectivamente, del centro urbano de Pergamino.Texto de la Resolución.
