Una Comunidad Indígena enfrenta al Veneno en el núcleo del Agronegocio en la Provincia de Buenos Aires.

Una comunidad indígena mapuche-rankel con territorialidad ancestral en el noroeste bonaerense presentó una acción judicial sin precedentes, ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en defensa del derecho a la salud, a un ambiente sano y a la vida de las infancias. La demanda apunta contra una norma municipal que permite fumigar con agrotóxicos a escasos metros de zonas habitadas, exponiendo a la población —en especial a niñas y niños— a riesgos comprobados por la ciencia como efectos genotóxicos, hormonales y cancerígenos.

Los referentes de la Comunidad junto a Naturaleza de Derechos, denuncian que esta normativa permite fumigaciones terrestres con sustancias peligrosas sin respetar distancias mínimas adecuadas, y fumigaciones aéreas a escasos metros de las viviendas, contrarias incluso a estándares ya fijados en normas provinciales desde los años noventa. Alertan que estas disposiciones resultan regresivas y desactualizadas frente al estado actual del conocimiento científico, violando principios constitucionales como el de progresividad ambiental y de no regresión.

Según detalla la presentación judicial, las aplicaciones con agrotóxicos se realizan en campos rurales linderos a un pueblo de perfil agrícola, separados apenas por un camino, donde residen integrantes de la comunidad. Los datos oficiales confirman que la actividad se desarrolla en condiciones de extrema opacidad jurídica: de las decenas de parcelas que son fumigadas cada temporada, solo se registra una mínima cantidad de recetas agronómicas, lo que evidencia una clandestinidad sistemática.

.

Una postal repetida del convivir con las fumigaciones de agrotóxicos alambrado de por medio.  Foto Fernando Cabaleiro. Julio 2024.

.

El reclamo judicial visibiliza además una doble imposibilidad: por un lado, la ausencia de controles estatales sobre la presencia de agrotóxicos en el aire, el agua o los cuerpos humanos; por otro, la inaccesibilidad de los estudios necesarios para detectarlos, como análisis de orina, sangre o genotoxicidad. “Es una contaminación invisible”, explican. “La vivimos a diario, pero no podemos demostrarla fácilmente. Es un daño sin registro, sin pruebas a la vista, pero profundamente real.”

Entre los principios activos identificados en las fumigaciones figuran al menos 23 agroquímicos, muchos de ellos prohibidos en Europa por su peligrosidad. Se incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas como Glifosato, 2,4-D, Atrazina, Dicamba y Bifentrin, varios de ellos registrados como “Banda Verde” en el país —y presentados como más “seguros”—, aunque la literatura científica ya ha desmantalado esa construcción del agronegocio que encontró en la clasificación SENASA su justificación impropia al basarse únicamente en efectos agudos y no en  las exposiciones crónicas a bajisimas dosis a sustancias que persisten en todas las matrices ambientales.

La comunidad demandante, que impulsa una producción agroecológica en el marco de sus saberes ancestrales, sobre lo que llaman el territorio de frontera sobre la Cuenca del Río Salado, que atravieza la llanura bonaerense, advierte que el actual modelo productivo pone en riesgo no solo el ambiente, sino también los derechos de las generaciones futuras. “No estamos en contra de la agricultura, pero sí del uso de venenos que comprometen la salud de todos. El progreso no puede justificarse a costa de nuestros cuerpos y los impactos en la naturaleza y la biodiversidad”, afirman.

En su presentación, evocan imágenes literarias como la de Distancia de rescate, novela de Samanta Schweblin que retrata con crudeza la exposición silenciosa a los agrotóxicos y sus efectos irreversibles. La metáfora cobra fuerza en el contexto: madres que sienten cómo un hilo invisible las une a sus hijos mientras temen que ese lazo se corte por una amenaza que no se ve, pero que habita el agua, el aire y la tierra.

.

Un niño mapuche kankel levanta vuelo de su barrilete whipala. Foto Fernando Cabaleiro. Agosto 2023.

.

La acción judicial, interpuesta directamente ante el máximo tribunal bonaerense, además de solicitar medidas cautelares urgentes, pone en cuestión no solo una normativa local, sino la matriz misma del modelo agroindustrial vigente, basado en monocultivos, transgénicos y el uso creciente ininterrumpido de químicos que luego se transforman en residuos peligrosos en el ambiente y en los cuerpos humanos. Frente a ello, los demandantes proponen una transición hacia una agricultura diversa, soberana, sana y justa, desde una perspectiva intercultural y de respeto a la naturaleza.

En definitiva, no solo busca que se respeten las distancias mínimas para proteger a la población de las fumigaciones con agrotóxicos, también reclama que se escuche a los pueblos en su demanda de Justicia Ambiental y Alimentaria, que se reconozca su palabra, su historia y su derecho a decidir sobre sus territorios y sus cuerpos. “El agronegocio nos quiere sin voz, sin salud, sin tierra y sin memoria. Pero estamos acá, y no vamos a callar, lo que está en juego no es una ordenanza, sino toda forma de vida." 

Estamos ante una acción judicial inédita en la que una comunidad ancestral interpela al poder judicial para que no mire hacia otro lado, para que se detenga esta cadena de daños normalizados, y para que, por una vez, se ponga a los derechos de las infancias, por delante del lucro, en el marco de un proceso incoado desde la perspectiva indígena.