El diario La Nación publica una nota sobre el fallo judicial que le puso un freno a las fumigaciones con agrotóxicos en Marcos Paz, en la que solo se escucha a las voces del agronegocio, se invisibiliza a las victimas y se considera que la decisión a favor de la salud de la población representa un golpe a la producción.
Información08/12/2023
Naturaleza de Derechos
La Nación Campo - a través de una nota firmada por la abogada periodista Mariana Reinke -, lo que es una sentencia judicial a favor del ambiente y la salud de la población de Marcos Paz, considera que se trata de un golpe a la producción. Una escala de valoración demasiado distópica.
La nota refiere al reciente fallo judicial sobre Marcos Paz que dispuso una distancia de protección de 1095 para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos respecto a centros poblados, asentamientos y viviendas rurales y emprendimientos agroecológicos en respuesta al planteo de una multisectorial socioambiental local, acompañada por Naturaleza de Derechos.
La abogada periodista solo tomó como fuente de información para su nota a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carpab) y Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), (el primero un ente pro agroindustrial y el segundo el agronegocio mismo), sin haber consultado o reporteado también a los vecinos y vecinas de Marcos Paz, victimas de las fumigaciones, que recurrieron a la justicia. Insiste, además, en el tratamiento como fitosanitarios (molesta porque el Juez utilizó en su sentencia el término agrotóxicos) de insumos agropecuarios que si bien cumplen su función fitosanitaria en los cultivos, al quedar como residuos en los mismos - que son base alimentaria - o bien en las matrices ambientales, pasan a ser residuos tóxicos para las personas humanas, porque gran parte de ellos tienen entidad cancerígena o pueden actuar como inhibidores de las colinesterasas o bien como alteradores hormonales, entre otros efectos tóxicos. Por eso corresponde llamarlos agrotóxicos.
A las argumentaciones de las voces agroindustriales citadas en la nota que refieren monolíticamente a la vaguedad de las buenas prácticas agrícolas como única alegación sobre la inocuidad de la actividad, la abogada periodista no contrapuso la prueba científica contundente sobre el caracter genotóxico e incontrolabe de los agrotóxicos y la contaminación generalizada que provocan al ser liberados al ambiente, que fue aportada al proceso judicial por las victimas ambientales, y valorada por el magistrado para conceder la medida cautelar.
También ignoró que dentro del frente activo hay productores agropecuarios agroecológicos que desactivan, con la praxis armoniosa sobre la tierra, la reiteración refleja falsa del agronegocio (de la que la autora de la nota hace copy/paste) en cuanto a que no se puede producir sin usar agrotóxicos.
Cabe advertir - como dato de color - que la abogada periodista no alcanza a distinguir la diferencia entre una medida cautelar y lo que es una acción de amparo propiamente dicha (a la que define como recurso, sic), pues señala que el magistrado actuante "hizo lugar al amparo ya que entendió que existía peligro en la demora". Bueno eso no es así, el juez no hizo lugar al amparo, solo concedió una medida cautelar que tiene precisamente como uno de sus requisitos para su procedencia el peligro en la demora. Evidentemente Constitucional Procesal no es la especialidad de la abogada periodista Mariana Reinke.
La nota es otra muestra más de la doble injusticia ambiental que padecen las víctimas ambientales de los Pueblos Fumigados de la Argentina, por un lado, ignoradas por el poder político en todos los niveles (y sin grieta cabe destacarlo) que no atiende el problema de salud pública que representa la liberación de agrotóxicos al ambiente, en cantidades de centenas de millones de litros, y por el otro, invisibilizadas por los medios de comunicación hegemónicos, tal como lo hace la nota en el Suplemento Campo del diario La Nación con la firma de la abogada periodista Mariana Reinke.
Por suerte, en este caso, la víctimas ambientales de Marcos Paz encontraron en el poder judicial una respuesta al reclamo urgente para que se alejen las fumigaciones con agrotóxicos de sus casas y de sus emprendimientos agroecológicos, con fundamento científico. Una respuesta demasiado molesta al poder agroindustrial para que sea tapa del suplemento rural del medio de comunicación de cabecera, claro está, con una nota tendenciosa plagada de sesgos y falsedades (real malicia).
Ladran Sancho, señal que el reclamo de la población de Marcos Paz como Pueblo Fumigado es el acertado, justo e indicado para empezar a ponerle un freno definitivo a un modelo de producir ecocida. A seguir ese camino.
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El Juzgado Contencioso Administrativo de La Matanza en una simple, concisa y precisa resolución escuchó a los vecinos y vecinas de General Rodriguez y en pleno receso judicial ordenó el cese de fumigaciones con agrotóxicos en un predio lindante a los barrios que habitan, ante el peligro que representan para la salud y el ambiente.
El 2 de Enero de 2026 a las 9 am, Naturaleza de Derechos solicitó la habilitación de la feria judicial, para que se dicte una medida cautelar en resguardo de la salud de la población de General Rodriguez ante fumigaciones con agrotóxicos en predios agroindustriales de grandes extesiones lindantes a viviendas y barrios que se encuentran en el centro de población de dicha localidad.
El ITBA entregó los resultados del segundo muestreo realizado por la propia sociedad civil sobre el agua que consume la población de Chivilcoy. Los picos de Arsénico alcanzan los 175 ug/l en agua de pozo y 96 ug/l en el agua de red que distribuye ABSA. El promedio de todas las muestras - tanto de red como de pozo - arrojó un valor de 90 ug/l de Arsénico. nueve veces superior a lo establecido por la justicia provincial y lo recomendado por la OMS.
La Justicia Federal de La Plata en una sentencia contundente rechazó el planteo del Estado Nacional en cuanto a la falta de legitimación en el amparo en el que se reclama la exigencia del monitoreo de los agrotóxicos de uso actual en la agricultura industrial atento a una desactualización inaceptable del Código Alimentario Argentino. No solo eso, la decisión judicial le dio un marco colectivo al reclamo, lo que habilita a una instancia de participación en un proceso relevante en la praxís jurídica por el derecho humano al agua potable en la Argentina.
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