Un colectivo multisectorial lleva a la justicia la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos y el agua de consumo humano con altos niveles de arsénico en un pueblo fumigado bonaerense emblemático en la lucha contra el agronegocio.
Información14/10/2023
Naturaleza de Derechos
Un colectivo multisectorial de vecinos y vecinas, emprendimientos agroecológicos, agrupaciones ambientalistas y feministas y sindicato docente local (Suteba Multicolor) llevaron a la justicia la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos y el agua de consumo humano con altos niveles de arsénico.
La acción judicial es el corolario de un proceso de construcción colectiva de la situación ambiental que atraviesa al territorio de Marcos Paz por los impactos del modelo Agroindustrial.
Si bien Marcos Paz cuenta con una ordenanza que fomenta la Agroecología y es uno de los pocos distritos de la Provincia de Buenos Aires que posee una ordenanza que prohibe las fumigaciones aéreas de agrotóxicos (las prohibió en el año 2012) y otra que protege a las escuelas rurales de las aplicaciones terrestres con una distancia de protección de mil metros, desde el año 2017; el propio casco urbano, las viviendas rurales y emprendimientos agroecológicos siguen siendo asediados por lo impactos químicos del modelo agroindustrial ante fumigaciones que se realizan con mosquitos (máquinas terrestres) en las adyacencias, y en algunos casos concretos inclusive violando la ordenanza vigente respecto a los establecimientos educativos en las zonas rurales.
La agricultura industrial comprendía en Marcos Paz, a principios de siglo, 3.800 hectáreas – solo 700 hectáreas de soja transgénica- (datos de la página del Ministerio de Agricultura de la Nación) y se utilizaban promedio 4/5 litros de agrotóxicos por hectárea lo que hacía un total anual aproximado de 18/19 mil litros de agrotóxicos. Al año 2023 la agricultura industrial abarca 14 mil hectáreas (7.000 de soja transgénica) con mas de 200 mil litros de venenos esparcidos al ambiente anualmente.
El colectivo socioambiental autoconvocado (con personas y organizaciones que participan del consejo municipal de agroecología), viene trabajando desde hace un tiempo en la elaboración de una ordenanza municipal para que se establezca una protección de 3000 metros de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos en relación a la planta urbana, en el entendimiento que Marcos Paz tiene todo para iniciar el camino de la transformación definitiva de la agricultura industrial y convertirse en un distrito puramente agroecológico, solo falta la decisión política.
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Desde hace años la población de Marcos Paz reclama por el cese de las fumigaciones con agrotóxicos cerca de la planta urbana. En el año 2017 se logró una ordenanza histórica de proteger a todas las escuelas rurales de las aplicaciones terrestres con una distancia de protección de mil metros. Ya en el año 2012 también se había logrado una ordenanza emblemática al ser Marcos Paz uno de los primeros distritos bonaerenses en prohibir las aplicaciones aéreas con biocidas. (Foto: La 41 - Multisectorial contra el Agronegocio)
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A la par, el colectivo socioambiental, en el año 2022, contó con la colaboración de un grupo de trabajo de investigadores/as de las Universidades Públicas (Universidad Nacional de Luján y el Laboratorio de la Universidad de General Sarmiento) coordinado por Giselle Querejeta, Luciana Manildo y Carla Poth, para realizar un mapeo colectivo sobre la calidad del ambiente y de las aguas superficiales y subterráneas dentro del territorio de Marcos Paz. En el estudio se extrajeron muestras de agua y suelo de escuelas rurales y establecimientos agroecológicos como así también una muestra de agua red del servicio de agua potable que la empresa ABSA SA administra y gestiona en la planta urbana de Marcos Paz.
Los resultados de los análisis fueron elocuentes y muestran lo que ya no es novedad: un cóctel de residuos de agrotóxicos dieron su presencia en todas las matrices ambientales. Concretamente se detectaron en conjunto 17 de agrotóxicos: 2,4-D; AMPA; Atrazina; Atz-hidroxi; Carbendazim; Clorpirifos Etil; Imidacloprid; Metabolito de Clorpirifos; Acetamiprid; Metolacloro; Carbofurán; Atz-Desetil; Difeconazol; Azoxistrobina; Glifosato; Metalaxil y Tebuconazol. Residuos de agrotóxicos que precisamente en las cantidades halladas representan en una exposición crónica un riesgo de daño grave e irreparable a la salud humana.
A esa situación ya de por sí gravosa no solo por encontrarse agrotóxicos en todas las matrices ambientales indagadas sino también por la invisibilización que se realiza por los estamentos estatales y el negacionismo de las grandes corporaciones del agronegocio y de quienes lo utilizan como parte de su actividad agrícola externalizando las consecuencias sanitarias y ambientales, el estudio ambiental de Marcos Paz sumó con sorpresa la gravisima situación del Arsénico con niveles altísimos (139 microgramos po litro) en el agua que provee la propia empresa ABSA a la población de Marcos Paz, otro negacionismo que en este caso tiene al Estado como principal protagonista. El arsénico es un metaloide que tiene efectos cancerígenos y en las cantidades detectadas en Marcos Paz urge una inmediata solución. En este caso no se trata de un contaminación antrópica, el arsénico está presente en la región al ser una ceniza volcánica, pero con la tecnología adecuada disponible puede ser eliminado.
Con esa información ambiental relevada y ante la omisión estatal, el colectivo socioambiental acompañado del patrocinio juridico gratuito de Naturaleza de Derechos se presentó ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires para un abordaje integral del grave problema ambiental, entendiendo a la judicialización como una interpelación política a los poderes del estado.
Por un lado, se exhorta al Municipio de Marcos Paz a que extienda de modo urgente la protección de mil metros para las aplicaciones terrestres de agrotóxicos, hoy vigente respecto a las escuelas rurales, a toda la planta urbana y a todos los emprendimientos agroecológicos, viviendas rurales, espejos y cursos de agua superficial del distrito, y pozos de extracción de agua subterránea de la empresa ABSA que se encuentran en los caminos rurales.
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Si la justicia hace lugar al reclamo judicial de la Población de Marcos Paz disponiendo una franja preventiva de protección de mil metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos, sería un buen disparador para el cambio definitivo de la agricultura en Marcos Paz y conciliarla con el paradigma ambiental de la Constitución Nacional que establece que las actividades productivas deben garantizar los bienes ambientales en pos de las generaciones futuras y en consencuencia no deben violar derechos humanos como lo hace el modelo agroindustrial. Marcos Paz ya cuenta con una ordenanza que fomenta la Agroecologia gracias al activismo ciudadano local; una respuesta positiva de la justicia disponiendo medidas urgentes y exhortando al Gobierno Provincial a acoplarse mediante políticas públicas concretas, operativas y tangibles en el mismo sentido, sería el corolorario virtuoso de un reclamo urgente que ya no reconoce demoras. (Infografia de Naturaleza de Derechos presentada en la demanda)
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A su vez, se suman reclamos especificos a la Provincia de Buenos Aires y a la empresa prestadora del servicio de agua domiciliaria, ABSA (Aguas Bonaerenses S.A).
A la provincia concretamente se le requiere la implementación de un sistema de vigilancia sanitaria por el plazo de 12 meses que permita a la población de Marcos Paz someterse voluntariamente a realizarse gratuitamente análisis de arsénico y agrotóxicos en orina, como primera instancia. Y en los casos que den positivo, avanzar en una segunda pesquisa que en lo que se relaciona con el Arsénico comprende estudios en las uñas y vellosidad del cuello, y respecto de los agrotóxicos, análisis en sangre, materia fecal sobre residuos de agrotóxicos más estudios de las enzimas colinesterasas y de genotoxicidad, para indagar sobre probables daños.
En lo que respecta a ABSA, se exhorta a que inicie las obras correspondientes y necesarias para asegurar a la población usuaria de Marcos Paz el acceso al agua potable con niveles seguros de arsénico y libre de agrotóxicos.
El reclamo judicial ya tuvo una diligencia preliminar que consistió en requerir a la empresa ABSA a que presente en la causa judicial, los estudios sobre presencia de arsénico y agrotóxicos de los últimos 5 años. En su respuesta, la empresa reconoció que el agua no es potable por el exceso de arsénico. En cuanto a los agrotóxicos informó que el agua es segura, ya que solo monitoreó el catálogo de agrotóxicos nomenclados en el Código Alimentario Argentino, que fueron prohibidos hace mas de 30 años, ignorando de eso modo a los más de 500 principios activos que actualmente forman parte de los miles de formulados comerciales que son de uso corriente en el modelo agroindustrial y que precisamente fueron detectados en el estudio ambiental realizado por la propia ciudadania de Marcos Paz y aportado a la justicia.
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Ante los términos de la respuesta de ABSA, la justicia deberá resolver sobre una serie de medidas cautelares solicitadas que incluye el urgente monitoreo de los agrotóxicos que forman parte de los paquetes tecnológicos del agronegocio. Concretamente deberá dar una respuesta al meticuloso planteo del colectivo socioambiental de Marcos Paz el que se suma a un activismo judicial que reconoce reclamos populares previos que ya han tenido su recepción favorable en el máximo eslabón del poder judicial provincial. En efecto, respecto a la problemática de los agrotóxicos, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, recientemente en la lucha del Barrio Los Pioneros de Campana consolidó la jurisprudencia que valida la distancia de protección de mil metros para las aplicaciones terrestres respecto de los centros poblados, tal como lo afirmó en los años 2012 y 2014 en los reclamos de la vecindad de Alberti y la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, respectivamente, que es la distancia que se reclama ahora en Marcos Paz como medida paliativa urgente.
En cuanto al Arsénico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2014 reconoció el agua potable como un derecho humano ante reclamo masivo de la población de 9 de Julio y confirmó la medida cautelar coercitiva consistente en la entrega domiciliaria de bidones de agua hasta tanto no se realicen las obras indispensables para garantizar el derecho humano al agua potable, las mismas que ahora reclama el colectivo marcospacense, con una situación fáctica antecedente idéntica.
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Asimismo, en el caso se plantea sobre la necesidad de reconocer a la agroecología como un derecho humano precisamente en un distrito como Marcos Paz que cuenta con el trabajo hormiga incansable de Javier Souza Casadinho, una referencia de la agroecologia popular en la Argentina e iniciador cofundante de los encuentros de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires (trabajó arduamente para la ordenanza que prohibió las aplicaciones aéreas en Marcos Paz en el año 2012). La acción judicial es acompañada por varios productores y productoras de la agricultura familiar y agroecológica de Marcos Paz que se ven afectados y afectadas por las fumigaciones terrestres con agrotóxicos en las adyacencias de sus predios rurales.
Naturaleza de Derechos desde hace tiempo tenía pendiente el reclamo de esos emprendimientos agroecológicos de Marcos Paz en busca de una solución definitiva, que son los verdaderos y genuinos proveedores de alimentos para la gente. Llegó la hora de procurar saldarlo. Ahí vamos.
El Tribunal Oral Federal Nro 2 de Rosario rechazó el pedido del Intendente de Pergamino de levantar la cautelar que prohibió las fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos a menos de 1095 y 3000 metros, respectivamente, del centro urbano pergaminense.
En la prueba pericial llevada adelante por el INTA Balcarce, en el marco de una investigacion penal en tramite ante la Justicia Federal de Pehuajó, se encontraron cantidades exorbitantes de Glifosato y su metabolito AMPA, entre otros agrotóxicos, en dos patios de niñeces en el Partido de Pehuajó, que durante años fueron fumigados a 10 metros.
El colectivo de Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados no baja los brazos. Pidió que el Proyecto del Veneno se gire también a la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Roque Pérez será sede del 15ª encuentro soberano de las asambleas, comunidades y organizaciones de Pueblos Fumigados bonaerenses el 13 y 14 de Diciembre de 2025. La organización anfitriona será Reverdecer. Un encuento clave en un momento central ante el avance del agronegocio con un proyecto de ley regresivo (Proyecto del Veneno) en el Congreso Nacional y la persistencia del Gobierno Provincial en la Resolución del Veneno.
Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados exigen audiencias públicas, foros y debate real antes de tratar el llamado Proyecto del Veneno que pretende autorizar las fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de la población, para que las voces de las comunidades, la ciencia independiente y el derecho ambiental prevalezcan sobre la autorregulación del agronegocio.
El Gobierno convocó a una audiencia pública virtual para “evaluar la gestión ambiental” de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y De La Plata. Pero los documentos son confusos, las bases técnicas están desactualizadas y el proyecto licitatorio en ciernes —que busca dragar a 40 pies de profundidad— se perfila como una apuesta ambientalmente insostenible. Sin información clara ni evaluación de impacto, la participación ciudadana se transforma en simulacro y en un engaño.
En la Cámara de Diputados de la Nación de la Argentina volvió a la agenda un proyecto del agronegocio que fija como “presupuestos mínimos” fumigar con venenos vía terrestre y aérea a 10 y 45 metros, respectivamente, de la población y escuelas rurales. La evidencia científica y una línea jurisprudencial robusta ya establecieron radios de resguardo muy superiores por riesgo sanitario. El esquema propuesto viola la progresividad/no regresividad, desconoce el bien común y desatiende la objetivación de la tutela ambiental.
La Cámara Federal de La Plata concedió el recurso ante Casación contra la sentencia que avala las fumigaciones con agrotóxicos en Pehuajó desconociendo las recomendaciones científicas. La concesión del recurso mantiene suspendida la Ordenanza local que autoriza las aplicaciones con venenos a 150 metros de la población pehuajense.
Roque Pérez será sede del 15ª encuentro soberano de las asambleas, comunidades y organizaciones de Pueblos Fumigados bonaerenses el 13 y 14 de Diciembre de 2025. La organización anfitriona será Reverdecer. Un encuento clave en un momento central ante el avance del agronegocio con un proyecto de ley regresivo (Proyecto del Veneno) en el Congreso Nacional y la persistencia del Gobierno Provincial en la Resolución del Veneno.
El colectivo de Abogadas y Abogados de los Pueblos Fumigados no baja los brazos. Pidió que el Proyecto del Veneno se gire también a la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
En la prueba pericial llevada adelante por el INTA Balcarce, en el marco de una investigacion penal en tramite ante la Justicia Federal de Pehuajó, se encontraron cantidades exorbitantes de Glifosato y su metabolito AMPA, entre otros agrotóxicos, en dos patios de niñeces en el Partido de Pehuajó, que durante años fueron fumigados a 10 metros.
El Tribunal Oral Federal Nro 2 de Rosario rechazó el pedido del Intendente de Pergamino de levantar la cautelar que prohibió las fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos a menos de 1095 y 3000 metros, respectivamente, del centro urbano pergaminense.
El Tribunal rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar en el marco de una causa penal por la que se dispuso la prohibición de fumigar con agrotóxicos via terrestre y aérea a menos de 1095 y 3000 metros, respectivamente, del centro urbano de Pergamino.Texto de la Resolución.
