Fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino: "Lo invisible ya se hizo evidente, y lo evidente ya no se puede negar."

Las Asambleas, Organizaciones, Comunidades y Personas que integramos el Encuentro de Pueblos Fumigados (EPF) de la Provincia de Buenos Aires, manifestamos nuestro absoluto rechazo al pedido formulado por el Municipio de Pergamino y entidades del agronegocio ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, solicitando el levantamiento de las medidas cautelares que protegen a la población de Pergamino frente a las fumigaciones con agrotóxicos.

Estas medidas fueron dictadas en el año 2019 por la Justicia Federal, tras la denuncia de Sabrina Ortiz, vecina y víctima directa de las fumigaciones, y establecieron perímetros de resguardo de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas. Esta decisión marcó un precedente histórico en el corazón de la zona núcleo del agronegocio, donde operan corporaciones como Bayer-Monsanto.

En la investigación penal llevada de modo diligente por el magistrado actuante y el Ministerio Público – que debería ser la senda a seguir por todos los funcionarios judiciales y fiscales - con la activa intervención de la querella en manos de la propia Sabrina en su caracter de abogada y con el acompañamiento del abogado ambientalista Fernando Cabaleiro de Naturaleza de Derechos, se demostró que productores agroindustriales fumigaban a escasos metros de viviendas, sin recetas agronómicas, acumulando envases y mezclando productos sin control.  

Más de 20 testigos dieron cuenta de cómo sus noches eran asoladas por fumigaciones clandestinas a metros de sus viviendas, las que se impregnaban del olor ecocida de los agrotóxicos, también cómo las enfermedades respiratorias, alergias y los procesos oncológicos empezaban a formar parte de sus historias clínicas y las de sus hijos e hijas, con casos extremos como el de Florencia Morales, también querellante en la causa, que falleció de Cáncer y su vinculo con los agrotóxicos tiene  evidencias claras en la causa . Todo ello con la mirada cómplice de los funcionarios municipales y la displicencia de los responsables y profesionales de los centros de salud locales que ante la gravedad sanitaria, miraron durante años para otro lado.

Los estudios y análisis realizados y sistematizados en la causa por equipos científicos independientes (INTA Balcarce y la Universidad Nacional de La Plata) revelaron la presencia de glifosato y su metabolito AMPA en el agua, los suelos de las viviendas vecinas de los predios fumigado, y lo más grave, en los cuerpos de las personas, incluida toda la familia de Sabrina. A su vez, un estudio de genotoxicidad evidenció daños genéticos significativos en su hijo menor. Estas pruebas son irrefutables y exponen las consecuencias sanitarias de un modelo productivo basado en la química de síntesis sin medir sus externalidades que son absorbidas por los cuerpos territorios de los Pueblos Fumigados.

A pesar de ello, el Municipio de Pergamino, cuya complicidad fue demostrada en la causa, pretende ahora reducir las distancias de resguardo a 100 metros, amparándose en las llamadas 'Buenas Prácticas Agrícolas' y en un sello de 'Municipio Verde' otorgado por actores enmascarados del mismo agronegocio. 

Esta estrategia, basada en el mentado marketing ambiental del greenwashing, no resiste el menor análisis técnico ni ético: los agrotóxicos no reconocen fronteras ni protocolos una vez liberados al ambiente. Pues hablamos de sustancias que son persistentes, volátiles y altamente tóxicas en una exposición en el tiempo a bajísimas dosis, tal como se probó en la causa penal. Se trata de moléculas invisibles e imperceptibles que fueron lentamente dominando e instalándose en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en los cuerpos de quienes habitamos los Pueblos Fumigados, como Pergamino, e inclusive en los alimentos que se consumen en todo el país.  

Esa invisibilización sabemos que fue bien aprovechada para imponer un modelo de agricultura ecocida. Pero nuestras luchas, y la de Sabrina, en el marco de un proceso judicial, han tenido y tienen en la centralidad de la acción junto a la denuncia de los daños que provocan los agrotóxicos, hacer visible lo que no se quiere que se vea y que a esta altura ya resulta imposible negar.

Por ello, rechazamos este intento de retroceso por parte del Municipio de Pergamino y alertamos que volver a permitir fumigaciones a metros de las viviendas es reinstalar un escenario de daño sistemático y letalidad. Es también reinstaurar el abandono, la desidia y la impunidad institucional en todos los niveles, pues es lo que sucede en cada Pueblo Fumigado que habitamos. 

Asimismo manifestamos que quienes articulamos dentro del EPF nos presentaremos ante el Tribunal acompañando a la querella de nuestra compañera Sabrina en el rechazo al pedido espurio del Municipio de Pergamino, que no es sino el propio del mismo Agronegocio. Y en este sentido, es nuestra convicción, que la Justicia Ambiental  que se declama en todos los órdenes ante los extractivismos, debe tener como primer eslabón, poner un freno a la presión de los intereses económicos a los que terminan sometiéndose los poderes politicos, en todos los niveles y sin excepciones.

Reivindicamos la lucha de Sabrina Ortiz y de todas las víctimas del modelo agroindustrial. Reafirmamos que la medida cautelar es una garantía mínima, no negociable, y que debe sostenerse como punto de partida para la transformación estructural del sistema agroalimentario dominado por el Agronegocio. 

Porque sin Salud no hay soberanía de nuestros Cuerpos.

Porque sin un Ambiente Sano no hay soberanía para la Naturaleza de nuestros Territorios. 

Porque sin Justicia Ambiental ni Democracia Ambiental no hay soberanía para el ejercicio eficaz y pleno de los Derechos, Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales e Indigenas, como asi también los de las Generaciones Futuras y la Naturaleza.

Y porque lo invisible ya se hizo evidente, y lo evidente ya no se puede negar.