Cronograma 1º Congreso de Agroecología de los Pueblos. Universidad Nacional de Luján (Provincia de Buenos Aires) 5 al 7 de Junio de 2025.

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el rechazo a la solicitud de suspender la regresiva reforma a la Ley de Glaciares en la causa colectiva, que en las próximas semanas podría llegar a la Corte Suprema Nacional para que trate el caso. 

La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín ratificó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones con agrotóxicos dentro de los mil metros de la planta urbana de French, viviendas rurales, asentamientos y pozos de extracción de agua potable y obligación a garantizar agua apta para consumo humano y realizar monitoreos de agrotóxicos en las aguas subterráneas. 

La lucha del grupo amparista por el agua libre de arsénico y agrotóxicos en la localidad bonaerense de Lobos logró apartar provisoramiente a un juez conflictivo y que se abra una ventana procesal ante la nueva jueza que ya designó una audiencia y que también está decidida avanzar con la producción de prueba, que se había dificultado con el juez recusado.

La acción ante la justicia federal de La Plata enlaza la desposesión territorial indígena con una deuda todavía vigente del Estado argentino. El planteo reclama el derecho a la tierra, reivindica la agricultura agroecológica e indígena y cuestiona la derogación por DNU de la Ley de Tierras, dentro de una historia atravesada por un Genocidio y la pérdida forzada del territorio.

La decisión del INTA de exonerar a Virginia Aparicio se inscribe en una historia de persecuciones, presiones y disciplinamiento sobre investigadores que produjeron evidencia incómoda para el agronegocio. Defender a Aparicio es también defender la libertad científica, la independencia de la investigación pública y el derecho de los pueblos fumigados a contar con la mejor ciencia disponible.

Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco impugnaron la sentencia del Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario. Solicitaron revisar las absoluciones de Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, preservar las medidas ambientales vigentes y extender transitoriamente la protección a las escuelas rurales y los pueblos del interior de Pergamino.

La localidad de Alberti (Bs. As.) avanza hacia la licitación de su planta potabilizadora después de 16 años de lucha judicial por el agua contaminada con Arsénico.

La media sanción del Senado en el marco del procedimiento nacional civil y comercial acelera el juicio de desalojo, amplía quiénes pueden promoverlo y fortalece la restitución anticipada, agravando la situación de los pueblos originarios que reclaman sus derechos al territorio. 

El retroceso oficial ante la sesión del 6 de agosto demuestra la fuerza de la movilización social. La amenaza sobre la Ley de Tierras continúa abierta y exige ampliar la discusión en clave plurinacional hacia el verdadero problema territorial argentino: la concentración de la propiedad, el control productivo y el desconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

La flamante Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata en uno de sus primeros fallos ambientales  marca una senda respecto a los agrotóxicos en el agua de consumo humano para terminar con la invisibilización inaceptable de una problemática que provoca el Agronegocio en la salud pública.

A pesar de convalidar el daño por agrotóxicos en la salud de los niños y condenar a los funcionarios públicos municipales, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodriguez Da Cruz, absolvió a los productores agroindustriales, con una dogmática penal vetusta escapándose de su función jurisdiccional y adelantando una sentencia absurdamente contradictoria.