Donde hubo incendios, negocios quedan.

Fuego, quemas e incendios, tres cosas distintas pero acaparadas por el capital

El fuego, esa energía producto de fricciones y calentamientos de partículas, ha sido apropiada por la humanidad para vivir, abrigarse, alimentarse, como motivo de encuentros con el alimento. La quema ha sido la herramienta ancestral de pueblos para trabajar la tierra, para prepararla a los fines de producir en ella por un tiempo y seguir (la tierra dando vida naturalmente y la humanidad rumbeando en busca de nuevos espacios para producir alimentos).

Sin embargo, los incendios son hoy (y desde hace dos décadas) un negocio redondo.

Aunque también hoy los incendios encuentran a la gente para defender los múltiples territorios de la vida en las cuencas que habitamos en Argentina, y particularmente en esta Córdoba que arde por estos días.

Es más que claro en la letra de las leyes vigentes en Argentina que después de los incendios no se puede cambiar el uso de la tierra. Si los bosques están bajo protección ambiental en categorías amarilla o roja, según dicen las leyes provincial 9814, nacionales 26331 y 26815, no se puede cambiar el uso del suelo.

Pero.... (siempre un pero en el país de los negociados de unos pocos) nos preguntamos ¿Cómo es eso de que se está convocando a audiencias públicas para loteos o avances mineros donde recientemente se ha incendiado? ¿Por qué se ha urbanizado, avanzado con mega obras públicas, explotado con mineria o habilitado al agronegocio después de incendios en Córdoba, el Litoral, las provincias del Gran Chaco o las Yungas?

En este trabajo proponemos hacer un recorrido histórico en torno al uso de los incendios y compartimos las claves para conocer e identificar las nuevas leyes que solapan a las de protección ambiental y que son usadas para esquivar el cuidado de los bienes comunes. Proponemos presentar como hacen  mucho empresarios para que donde hubo fuego negocios queden.

Ejemplificaremos cómo, mediante la superposición de leyes, mapas y colores, la ley de (des)protección de bosques nativos -9814- en Córdoba es birlada con la Ley 9841 y 10004 de planeamiento de los dos anillos urbano-rurales metropolitanos de la ciudad de Córdoba (los que incluyen a Sierras Chicas, Punilla, Paravachasca y otras regiones del llano distante hasta unos 70km de la capital provincial).

Y cómo, a la vez, los circuitos de enduro, quads y motocross junto a la excusa de los practicantes de este "deporte" de haber ayudado en los incendios, están pidiendo abrir nuevas sendas en las sierras y valles sobre lo incendiado para beneficiar el desarrollo inmobiliario y minero donde no debería hacerse. Espacios donde después los inmobiliarios solicitan urbanizar o los miembros de la Cámara de empresarios mineros de Córdoba (CEMINCOR)  proponen explotar con minería justificándose en el deterioro del bosque, que antes de los incendios y circuitos de recreación motor estaba en mejor estado.

Una práctica que también desarrolla el agronegocio en el norte provincial y otros territorios del Gran Chaco allí donde se han pintado en los mapas zonas rojas o amarillas para cuidar los bosques que día a día se borran del mapa y el suelo, a manos de incendios y desmontes.

En los últimos 10 años se perdió el 24% de las especies nativas de los bosques de Córdoba. Sólo en 2018 se desmontaron más de 7500 hectáreas de bosques supuestamente protegidos en el marco de la ley provincial 9814 de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) cambiándose su uso del suelo de área con biodiversidad a monocultivos sojeros, ganadería vacuna, minería, obras para exportar lo extraído o urbanización y recreación de elite.

Por ello abordaremos aquí las estrategias empresariales para seguir achicando nuestro bosque nativo. Un ejercicio de análisis del despojo para leer con atención la realidad y trabajar colectivamente en vigilar que esta vez de las cenizas no se haga negocios con la tierra.

 

 La dueñidad destructivista de los ecosistemas serranos 

Rita Segato desde la pedagogía de la crueldad nos comparte sus estudios sobre las violencias hacia las mujeres; pero también aproxima definiciones que permiten entender el fenómeno actual de violencia hacia la madre tierra como un proceso intrínseco al proyecto moderno-colonial-patriarcal del capital, esto es el acelerado proceso de dueñidad.

Para Rita Segato

“Hoy el mundo es un mundo de dueños. Es un mundo que si hablamos de desigualdad nos quedamos cortos. La palabra adecuada sería “dueñidad”. Y la dueñidad resulta como consecuencia de dos aspectos: Uno de ellos es el grado de concentración de la riqueza. Los últimos estudios de Oxfman han dado cuenta que ocho personas en el mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de toda la humanidad. Este informe, presentado en el último Foro Económico Mundial de Davos, se basa en el estudio de las cuentas bancarias y sociedades offshore que existen en el mundo. Esto significa que actualmente existen menos de 10 personas con una riqueza y un poder de compra tan grande que producen necesariamente la falencia de las instituciones. Incluso esta realidad nos lleva a pensar en la ficcionalidad de las instituciones, confirmado una vieja sospecha que es pensar en la ficcionalidad del Estado. Porque estos grandes dueños, estos “señores con poder” son también los señores dueños de la vida y de la muerte. Poseen tanto poderío y concentración de la riqueza que se convierten a su vez en los señores con la posibilidad de la vida y de la muerte. El otro aspecto es cómo cambió en el mundo de la política. Quizás el cambio los podemos establecer con el ex presidente de Estados Unidos George W Bush (hijo). A partir de su presidencia, la tendencia en el mundo comenzó a ser que los grandes dueños de la riqueza empiezan a tener sus representantes directos en la política o ellos mismo se transformen en políticos, en presidentes. Entonces, este hecho ha provocado un giro demasiado grande en lo que significa hoy el Estado y las instituciones. En este nuevo escenario, el gran teatro de sombras institucional ha mostrado sus verdaderos operadores. Los operadores ahora han perdido el miedo de ingresar al primer plano de la escena política y comienzan a mostrarse. (Segato en Revista Alfilo, 2017).”

 

Para hablar de los incendios, de estos fuegos grandes que queman lo que no debería quemarse, debemos indagar en torno a cómo se creó una apropiación del fuego por parte del capitalismo en el proceso de cambio de uso de la tierra y de acaparameinto o concentración de esta en cada vez menos manos.

La dueñidad, agregaremos a la definición dada por Rita Segato, tiene su base en el proceso colonialista y patriarcal de apropiarse de prácticas cultuales ancestrales de uso de la tierra como la quema. El incendio de cuerpos de mujeres en las hogeras, el incendio de poblados en tiempos de la edad media o de la conquista de los pueblos originarios en la Abya Yala (América), el incendio de campos con cultivos de campesinos e indígenas, los incendios de las selvas y bosques para romper las tramas comunitarias que los relacionaban con la vida en ellos hacen que el fuego abandone su rol de alimento, encuentro y fiesta. Lo vuelve herramienta de poder de unos pocos que buscan imponer su voluntad violenta con el objeto de empoderarse, apropiarse y obtener ganancias de los territorios de la vida y de quienes se entraman a esta.

Pero, como se ha sucedido este proceso de dueñidad en base a los incendios en los territorios que siguen siendo incendiados en la Argentina?

 Las Sierras Pampeanas son un sistema serrano que conforma una serie de alineaciones orográficas de dirección N-S ubicadas en el centro y noroeste de la República Argentina  (…) Las Sierras de Córdoba constituyen los afloramientos más orientales de este conjunto orográfico (Baldo 1996:2). Incluye a los cordones de las Sierras de Comechingones, de Viarava, de San Luis, de Achala, de Velasco, del Aconquija y Famatina, de Guasapampa, Serrezuela, Guasayan, Sierras Chicas y tantos otros territorios que no son Cordillera y tampoco llano.

En los albores de la colonización (entre los siglos XVI y XVII) de la porción este de las Sierras Pampeanas, en lo que hoy son las Sierras de Córdoba, 13 estancias de 11 propietarios habían despojado en unos 48.000km2 a miles de personas de los diversos pueblos indígenas de los territorios donde se asentaban o vivían su transhumancia. El incendio de los bosques con sus chañarales, algarrobales, mistolares, de los cultivos, de los caseríos, de los demás quishcaloros (frutos de espinas) y la obligación de iniciar esos fuegos desde las manos de habitantes originarios construyó poco a poco la ruptura en la relación de los pueblos del gran chaco con la naturaleza que les sustentaba y con la que todo lo compartían. El modelo de ciudad europea, consumista de combustibles a base de carbón y aceites y materiales para la construcción aceleró el proceso de tala y desmonte.

 

A comienzos de siglo XX unas 200 personas poseían el 80% de este territorio. Esta cantidad de propietarios se convertía en una creciente dueñidad en el año 1980 dado que se reducía a unos 55 propietarios que poseían entre 10000 y 55.000 hectáreas de sierras, valles y llanuras de altura en uno o más campos en el mismo territorio. Estos propietarios habían logrado tener bajo su propiedad, con fines mineros, ganaderos o inmobiliarios, un 60% de todas las Sierras Pampeanas, habiendo despojado de su lugar de vida y sustento alimentario-económico a los habitantes rurales que habitaron las postas de estancias, parajes y puestos de arrieros o mineros que funcionaron entre fines de los siglos XIX y mediados del XX. Lo habían hecho otra vez a fuerza de los incendios que por semanas ardían en valles y serranías y la presión de jueces y policías que acompañaban con medidas de desalojo durante los incendios (en algunos casos simulando evacuaciones como ocurrió entre La Candelaria y Cruz de Caña o entre Villa Allende y San Fernando en Sierras Chicas).

En la porción este de las Sierras de Córdoba, entre los propietarios se destacan empresas mineras como Minetti S.A., CEFAS S.A., ganaderas como Bustos y Beltrán, Becerra, e inmobiliarias y constructoras como Roggio, Tagle, Alvear, Landsur, TYC, Malbrán, entre otras.

Entre 1980 y 2020 la dueñidad de lo serrano se redujo de 53 personas físicas y jurídicas a unas 32 propietarias de más del 50% de las Sierras de Córdoba mediante fideicomisos y alianzas empresariales o ventas de acciones a transnacionales (como lo hiciera Minetti S.A. a Lafarge Holcim S.A.). Aparecen nuevos agentes con poder relacionado al agronegocio y la megamienría como la empresa El Gran Ombú-Dumesnil S.A. se fortalecen otras como Grupo Tagle, SADEsarrollos, IRSA, Grupo Landsur, Edisur, Grupo Verde Norte, South American Trust S.A. Juarez Beltran, Kun Te S.A., Fundación San Roque, Mara Inmobiliaria y Ganadera SACIFIA, Agroganadera Francisco de Carvajal, Toruno S.A., El Rancho S.A., Grupo Dinosaurio (de Euclides Bugliotti), BGT, Viviani Roberto Juan, entre otros.

Es importante destacar que una superficie de unas 480.000 hectáreas (el 10% de las Sierras) vivió fraccionamientos en Chacras o campos menores a las 1000 hectáreas. Muchos de estos grandes campos pasaron a formar parte un proceso creciente de comercialización inmobiliaria de chacras. Efectivaente han crecido las subdivisiones con fraciones menores a 19 lotes a los fines de evitar la ley de loteos, los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas. Así nacieron complejos con fines residenciales loundge de pesca, campos con circuitos de enduro y motocross, canchas de golf  polo (principalmente en Sierras Chicas, Paravachasca y Calamuchita), para caza de palomas privadas (en el norte provincial) o con fines turísticos exclusivos, complejos de cabañas (en el departamento Calamuchita y en las sierras del sur se vivió este ultimo proceso con fuerza).

En el medio cada vez más población en las cuencas bajas es vulnerada en todas las serranías.

Los incendios forestales quemaron muchísimos bosques nativos y estos fuegos (des)controlados fueron utilizados, al igual que en el periodo colonial inicial, para desmontar, talar y volver una hoja en blanco campos enteros donde se dibujan (con arquitectos e ingenieros desarrollistas cómplices del despojo), proyectan y ejecutan especulaciones inmobiliarias, megaobras públicas, infraestructuras y espacios recreativos que sólo en 30 años urbanizaron unas 70.000 hectáreas de bosques nativos.

Los estudios coordinados por Juan Argañaraz del Instituto Gulich de la Universidad Nacional de Córdoba, publicados en 2017 dan a conocer un total de 700.000 hectáreas incendiadas entre los años 1999 y 2017 en las Sierras de Córdoba.

En el periodo comprendido entre 1999 y 2017 37.475 hectáreas fueron incendiadas en el año 1999 en que iniciase el Plan Provincial de Manejo del Fuego en Córdoba; y fueron los años 2003, 2008-2009 y 2013 los periodos con más incendios en las Sierras, en todo estos casos superando las 100.000 hectáreas. Al igual que ocurrió en el año 2020. Así, ampliando los trabajos de Argañaraz et al. (2017) entre 1999 y 2020 incendiaron 910.000 hectáreas de bosques en todas las Sierras Pampeanas en su porción cordobesa.

 El daño en los ecosistemas fue enorme, las cuencas hídricas en la escala local lo sintieron, pero también a escala local fue un aporte gigante en emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación del aire y agua en macrocuencas como la del Paraná-Del Plata, las Salinas de Ambargasta o la de la Mar de Ansenuza.

Como decíamos más arriba, esto quedó demostrado también en el hecho de que a todos estos periodos le siguieron inundaciones cada vez más dañinas para los centros poblados de los valles interserranos en las cuencas bajas. Claro está que la pérdida de cobertura vegetal a manos de incendios, los seguidos desmontes, y la creciente apertura de caminos y urbanización convierte en toboganes de agua a las laderas serranas (Barchuk, 2016). Estas laderas erosionadas con cada lluvia fuerte se transforman en verdaderos torrentes de rocas, árboles y barro con cenizas que al encontrarse en ríos y arroyos destruye todo a su paso. Así las esponjas que serían los bosques en las cuencas, que liberan paulatinamente el agua a los cauces hechos arroyos y ríos, pierden su capacidad de retención de agua en el subsuelo y con el arrastre torrencial se impide la infiltración en niveles inferiores de la cuenca. Disminuye la disponibilidad natural del agua en el periodo de bajas precipitaciones, haciéndose cada vez más acuciantes las sequías (Chiavassa, Ensabella y Deon, 2016) y requiriéndose cada vez más de traer el agua de distancias mayores a los centros urbanos, los que a la par de crecer controlados solo por el mercado y su lógica de venta infinita de la tierra, lo hacen sin sistemas de tratamiento de aguas grises y clocales, contaminándose los espejos de agua y los reservorios subterráneos. Nuevamente, no es llamativo que Córdoba esté ante la faraónica obra de alimentarse del Río Paraná trayendo el agua desde más de 350km de distancia con desniveles que van desde los 8  a los 550 metros sobre el nivel de mar (m.s.n.m.), requiriendo de sistemas sofisticados y cada vez mas costosos y dependientes de combustibles fósiles para el bombeo del agua a las cuencas serranas donde están los centros urbanos.

Institucionalidades a partir de luchas tras incendios-sequías-inundaciones

Los centros urbanos de las Sierras de Córdoba que inicialmente han crecido a la vera de cauces con fines turísticos, recreativos, mineros y con el tiempo como espacio permanente de residencia. Desde aquí, y con el arraigo de quien elige habitar una región que posee bellezas paisajísticas únicas, han ido emergiendo sujetos de lucha que han logrado determinadas institucionalidades en aras de disminuir o buscar frenar la mecánica de incendiar los bosques nativos, contribuir a las inundaciones, favorecer la migración a zonas más seguras de la cuenca y hacer negocios con el uso del suelo a partir de las cenizas, la baja disponibilidad de agua y la seguridad de no inundarse.

Así a la par de los acaparamientos de tierras de comienzos de siglo XX nacen las asambleas ciudadanas que derivan en sociedades de fomento que reclaman una territorialidad en las cuencas serranas para seguir garantizando los servicios de agua a los nacientes centros poblados donde habían migrado los pobladores rurales desplazados por terratenientes y gobernantes. Centros urbanos donde a su vez residían empleados, usuarios de servicios y encargados de establecimientos mineros, turísticos o de la salud (dado que las serranías eran recomendadas para el tratamiento de enfermedades pandémicas como la gripe española o epidemias como la poliomelitis, tuberculosis, la malaria, el cólera).

Fueron las inundaciones de 1939 las que, tras unos 40 años de talas y desmontes con fines mineros y ferroviarios, terminaron por consolidar las comunas y municipios locales que se ocuparon de velar por lo que años más tarde se llamarían los derechos al agua, el ambiente y la participación ciudadana. Pero la falta de vigilancia social de estos logros derivó en que sean en pocos años ocupados todos los puestos gubernamentales locales por empresarios o socios de las empresas mineras, agropecuarias e inmobiliarias.

 Así las escasas institucionalidades en materia de resguardo de los bosques nativos y de uso racional de los mismos priorizando la vida y alimento de las comunidades se perdía a manos del extractivismo agroexportador que demandaba de minerales para la construcción de infraestructuras para la agroexportación o de residencias de elite para las familias acomodadas. Por ello entre las décadas de 1950 y 1970 sólo se logró desde las asambleas y organizaciones de base movilizadas fortalecer la creación de cooperativas autogestivas de servicios públicos como el agua, escuelas rurales para abordar educativamente contenidos relacionados a la vida con la naturaleza (dado que la población rural crecía a la par del cierre de mineras por el agotamiento de reservorios minerales de granitos, mármoles y cales).

Este crecimiento poblacional de los espacios rurales facilitó el crecimiento en el número de poseedores o propietarios campesinos y agricultores familiares de tierras en las Sierras. Muchas de estas familias en territorios como las Sierras Chicas son las que lucharon para creación de una de las primeras áreas de conservación del bosque nativo a escala provincial del país: la Reserva de bosque protector permanente de Sierras Chicas. Un territorio que unía a pequeños productores agrícola-ganaderos, familias campesinas, lugareños, personas puesteras de estancias no visitadas por años por sus propietarios, maestras rurales, ex-empleados de las mineras que habitaban socavones abandonados, viejos hacheros del monte, pirqueros, albañiles, parquizadores, poetas, entre otros que ya no querían el deterioro de la serranía. Personas que decidieron empoderarse colectivamente a los fines de frenar la destrucción de las sierras y seguir trabajando en ellas comprometidas también en cuidarlas.

Pero en la década de 1980, tras finalizada la última dictadura cívico-militar en la Argentina, se decidió cerrar los espacios de encuentro de estos sujetos de lucha arriba nombrados: se cerraron las escuelas rurales. Además desde el gobierno nacional, en el plan de descentralización y reducción presupuestaria desarrollado junto a las provincias y municipios que ya poseían representantes de las empresas en los gobiernos, se decidió achicar los ejidos municipales hasta el área urbana y la zona de influencia en prestación de servicios y tributación por los mismos, dejando libradas las zonas rurales a las actividades que autoricen los funcionarios y gobernantes de turno.

Así, primero se comenzó en la serranía a autorizar a la megaminería no metalífera y de rocas de aplicación (canteras) y mas tarde los barrios cerrados en el área metropolitana que ya poseía al año 1996 unos 120.000 inmuebles baldíos loteados en décadas anteriores.

Cabe recordar que las Sierras de Córdoba son las más próximas a la región pampeana y extrapampeana y abastece con recursos minerales a empresas constructoras, desarrollistas de la obra pública y privada (rutas, caminos, puertos, escolleras), por ello fueron estas serranías las que primero vivieron la avanzada de la megaminería de canteras para producir triturados graníticos, cales, arenas y rocas de aplicación. Todos los territorios donde se localizaron las megamineras y los barrios cerrados de élite con sus actividades recreativas se incendiaron al menos cuatro veces en los cinco años previos a la realización del proyecto minero o urbanísitico.

Esto es importante destacarlo ya que esta problemática reflejada en las 613.000 hectáreas quemadas  entre 1980 y 1999 llevaron a un nuevo hartazgo en variados sectores de la ciudadanía que accionasen para crear la mayor parte de los cuarteles de bomberos voluntarios para poder actuar en las “zonas grises”; allí donde los municipios ya no poseían jurisdicción y sí los intereses privatistas de lo común facilitados por el estado provincial y nacional, muchos de ellos en el marco del Consenso de Washington o convenios con el Banco Mundial (Deon, 2016 y 2019). Además, en las áreas donde más se resguardaban las nacientes de ríos y arroyos que proveen de agua a las ciudades próximas se crean nuevamente reservas como la Reserva Parque provincial La Quebrada (en Río Ceballos) y las Reserva Hídrica, Recreativa y Natural Los Quebrachitos (en Unquillo) y Calamuchitana (entre Villa General Belgrano y Villa Rumipal).

 Todos los cuarteles de bomberos son incluidos en el año 1999 en el Plan Provincial de Manejo del Fuego (el Plan), bajo una estructura fuertemente jerárquica que rompe las tramas locales que facilitaban la vigilancia de los territorios, el accionar educativo, el control del uso del suelo a escala local y hogareña (en quemas por ejemplo). Todo ello también mediado desde la emergencia del Plan con presupuestos en base a la jurisdiccionalidad territorial de cada cuartel (hecho que determinaba disputas entre los cuarteles para el cobro de mayores fondos). El presupuesto de mantención del plan saldría del impuesto al fuego, una tasa establecida en los cedulones de cobro por la prestación del servicio de electricidad dado por la Empresa Provincial de Energía Córdoba (EPEC).

Básicamente el Plan de Manejo del Fuego tuvo momentos de éxito en la prevención con la implementación de actividades educativas escolares en todos los niveles mediante los manuales y clases con Bombi, la visita de bomberos a escuelas periódicamente, el patrullaje, la compra de equipos y móviles, la mejora de los mapeos y el manejo de la información entre la Federación de Bomberos y la Asociación de Bomberos Serranos.

Pero los incendios no cesaron. Ni siquiera cuando con la Ley provincial 9219 (del año 2005) establecía en su Artículo 1º:

”Prohíbese por el término de diez (10) años el desmonte total de  bosques  nativos  en  cada  una  de  las  parcelas -públicas  o privadas- ubicadas en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. Entiéndase por desmonte total la eliminación por completo de un bosque   nativo   con   la   finalidad   de   afectar   esa   superficie   a actividades que impongan un cambio en el uso del suelo.”

Menos aún cuando la discutida Ley Provincial 9814 (año 2010) de OTBN establece en el articulo 29:

“Se prohíbe el uso de fuego para el cambio de uso de suelo. Se prohíbe asimismo la quema a cielo abierto de los residuos derivados de manejo sostenible y desmonte de bosques nativos y/o pastizales, con excepción de las prácticas ígneas para disminución de carga combustible, de conformidad a lo  establecido  en  la  Ley  Nº  8751  -Normas  y  Procedimiento  para  el  Manejo  del  Fuego-”.

Como lo decíamos más arriba, algo ocurre en Córdoba que los bosques se han seguido quemando, y pero aún, tras los incendios en muchos de los campos incendiados asistimos a un proceso (i)legal de cambio de uso de la tierra.

Incendios en el Gran Chaco, el Espinal, el Monte y el Chaco Serrano

Donde hubo fuego cenizas quedan reza el dicho popular, pero… podríamos decir también que donde hubo incendios negocios quedan?

Si tomamos los datos de registro de los últimos 35 grandes incendios (aquellos de más de 1000 hectáreas) del periodo 2004-septiembre de 2020 en las Sierras de la Provincia de Córdoba proporcionados por 7 cuarteles de bomberos voluntarios de las Sierras Chicas, Punilla y el Plan Provincial del Manejo del Suelo veremos que las causas de estos focos están relacionadas a:

Tabla 1: Motivos y lugar de los principales 35 incendios del periodo 2004-septiembre de 2020 en las Sierras de la Provincia de Córdoba.

Fuente: Gentileza de Plan Provincial del Manejo del Suelo (periodo 2004-2012) y cuarteles de bomberos voluntarios de las Sierras Chicas, Punilla y Paravachasca (periodo 2012-septiembre 2020)

Si de estos 35 incendios solo nos enfocamos en las más de 100.000 hectáreas que sólo en 3 meses devoraron gran parte de las cuencas serranas de Córdoba, las más de 180.000 hectáreas incendiadas en el litoral o las 80.000 que se están quemando en este septiembre de 2020 en las provincias de San Luis y Catamarca, veremos que claramente esta pandemia ha permitido seguir destruyendo los bienes comunes cada vez más apropiados en menos manos. Ni que hablar si sumamos las 300.000 hectáreas incendiadas en lo que va del año en el Gran Chaco Sudamericano o las 1.100.000 hectáreas de los últimos 6 meses en la Amazonía y Chicatanía.

Efectivamente lo local está que arde, y en su ardor se pierde bosque y se gana calentamiento global y emergencia climática, se pierde infiltración y se ganan inundaciones. Se pierden territorios de la vida y ganan los negociados de unos pocos.

Los incendios son un claro ejemplo de violación a los derechos humanos, particularmente el derecho a un ambiente sano, al agua, al hábitat.

 Mientras los problemas respiratorios son foco de atención (y preocupación) por parte de organismos estatales y de los medios hegemónicos de comunicación, dado que es una principales afecciones provocadas por el COVID-19, el aire se enrarece cada vez más con millones de partículas provenientes de los incendios forestales que azotan las islas del delta, las costas e islas del Paraná medio, las Sierras Pampeanas, el Gran Chaco, la llanura Pampeana y extrapampeana, el Espinal y otros ecosistemas de Sudamérica.

 Si vemos el mapa del fuego de la NASA solo para el periodo del último mes, visualizaremos como se hacen humo en el sur global los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030. Más de 4.500.000 hectáreas de bosques ardiendo en África y América del Sur solamente. Pero no nos quedemos sólo con los bosques, veamos que en ellos están quienes los habitamos y vivimos con ellos. Quienes nos entendemos y cuidamos con los bosques. Quienes entendemos que si el fuego se usa para reproducir en el suelo las semillas de alimentos ancestrales no es necesario acaparar los bosques, incendiarlos, desmontarlos y talarlos para luego especular con el agronegocio o el avance minero-inmobiliario.

 

Mapa 1: Incendios entre el 29 de agosto y el 29 de septiembre de 2020 en el mundo. Cada punto representa unas 100 hectáreas incendiadas.  Fuente: Nasa, 2020. Fire Information for Resource Management System https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:adv;d:2020-08-22..2020-09-21;@-59.5,-23.9,4z

Como decíamos, lo que sucede en los territorios locales sigue contribuyendo a la emergencia climática global; al daño que sufre la atmósfera. La pérdida de la cobertura vegetal daña las dinámicas hidrológicas, acelera la erosión de los suelos, incrementa el arraste, desertifica, con ello expulsa a la población cuyo sustento es el bosque, se profundiza la pobreza y se beneficia al acaparamiento despojador de lo común desde el capital minero, del agronegocio y/o la especulación inmobiliaria y desarrollista urbana.

En el medio los objetivos para el desarrollo sustentable 2030, están en la loma más incendiada de todas (y ardiendo). Sólo restan diez años para la (inalcanzable) meta y en los últimos veinte años se ha incendiado, acaparado, desmontado e incluido en circuitos de despojo globales a más de 13 millones de hectáreas de bosques nativos sólo en América del Sur.

Y las comunidades camiar-comechingonas, las mbyá-guaraníes, los mocovíes y muchas otras debieron afianzar su lucha y resistencia para no irse, o para que no se destruyan los ríos, lagunas, bañados, manglares, bosques y selvas. Algunos se tuvieron que ir, tras ser perseguidos, asesinados, contaminadas las aguas, desmontados los bosques, tiroteadas sus casas, incendiados y talados los cultivos y cuanta otra vida y sustento que les permitía su vida. Hoy Colombia, por ejemplo, sufre en plena Pandemia, la ruptura de los tratados de paz, la persecusión y asesinato de líderes indígenas, afrocolombianos, campesinos, investigadores universitarios, periodistas y luchadoras feministas. En los poblados del centro sur el mapa de los incendios tiene focos que son iniciados cuando fuerzas paramilitares, del narcotráfico y policiales queman viviendas y cultivos que más tarde alcanzan a parajes y poblados rurales enteros, obligando a marcharse a sus moradores y habitantes históricos.

Los procesos de desecologización, entendidos como la separación de las relaciones ecológicas entre culturas y naturaleza han tenido en su base la ruptura de las tramas comunitarias que unen a la vida con las múltiples energías que la propician desde y con los bienes comunes. Estos procesos claramente han estado manifiestos en las violentas relaciones que la colonialidad, el patriarcado y el proyecto del capital han construido en la avanzada productivista y modernizadora mediante la apropiación de la madre tierra y quienes se crean en lo individual, familiar y colectivo con ella.

Así, no podemos hablar de sujetos de lucha, en los términos que propone Raquel Gutierrez Aguilar, cuando hacemos referencia a quienes trabajan a diario en resistir colectivamente a dichos despojos, aferrados a las luchas que los territorializan con la vida local.

 

En sus análisis del proceso de desecologización del Gran Chaco, Eduardo Rosenzvaig en el libro “Etnias y árboles” (2011), nos plantea que el espacio que habitaban las comunidades locales era una  totalidad  viviente  y catastrófica, allí grandes sequías e incendios se seguían de lluvias eternas e inundaciones; fugas y transformaciones. Las poblaciones que se asentaban en la región conocían acabadamente estos riesgos y vivían su transhumancia o sedentarismo evitando principalmente las grandes inundaciones. Pero la conquista y colonización iniciada a mediados y fines del siglo XIX y continuada durante casi todo el siglo XX eligió como herramienta desecologizadora a escala industrial el fuego. Mejor dicho los incendios.

 “Se talaban los bosques nativos para limpiarlos, y para que quede bien limpio se incendiaba todo. Se dejaba que el fuego allá fuera, a ser frenado por el bosque que no dejaría de arder hasta no mojarse con las lluvias”, relata Don Toledo vecino Sanavirón de Villa Allende traído desde el sur de Santiago del Estero para trabajar en los obrajes madereros y mineros serranos cordobeses. “El fuego que prendían los capataces de los obrajes madereros, o mejor dicho que obligaban a prenderlo muchas veces a mi padre y otros curacas Sanavirones y Lules nos separaba cada vez más del sustento de nuestras vidas, el monte. Y, sí, así nos obligaban a seguir dependiendo del trabajo esclavo que nos daban a cambio de monedas a medida que nos alejábamos cada vez más de las tierras que habitamos por siglos. Nos llevaban las empresas ferroviarias a los nuevos obradores donde los quebrachos, algarrobos, talas, moradillos, tintitaco y tantos otros pasarían a ser durmientes, postes, leña o carbón para el tren que nos llevaría más tarde a los barrios pobres de las grandes ciudades regionales donde vivimos” (entrevista de abril de 2012). Ese es un ejemplo en primera persona de cómo se desecologizaba a los terriotorios australes del Gran Chaco a fuerza de los incendios y las talas.

Estos procesos territoriales de avanzada del capital, de intento de hacer desierto los territorios de la vida y de las comunidades que la habitan y comparten, generan una creciente homogeneización productiva y paisajistica en una pseudo-pradera chaqueña. Caracterizada ahora por estancias con eucaliptus, pinos, siempre verdes, palmeras y otras coníferas de un nuevo paisaje, más “moderno”, europeo o de Miami.

Estos procesos con sus violencias no son nuevos. Hoy se expresan con policías y jueces cómplices del proyecto despojador de los comunes en beneficio de los privatistas de la vida. Además cuentan con nuevas armas, que se dicen “buenas prácticas” como las fumigaciones con agrotóxicos, el desmonte químico, el rolado, las super cadenas que unen a topadoras que marchan con un ejército de aviones con arbusticidas, arboricidas (para desmonte químico) y los incendiarios con sus mecheros prestos a quemarlo todo.

Herramientas para limpiar, dicen los desmontadores.

Armas para matarlo todo dicen las comunidades indígenas, las organizaciones de base y movimientos campesino-indígenas, los científicos que salen a la calle y que se encolumnan tras la bandera que reza: somos el monte que marcha. Esto se replica en las calles de las ciudades de Córdoba, en los puentes de Rosario, en las calles de Santiago del Estero.

Esta separación de las relaciones culturales entre las comunidades y la naturaleza se ha dado en sucesivos procesos de apropiación de las formas de vida, los medios de vida y los cuerpos. En estos y otros tiempos de la avanzada del proyecto capitalista se siguen dando los desmontes, utilizando al fuego como herramienta para la apropiación y cambio de uso de la tierra: de la tierra usada por y para la vida a una tierra utilizada para reproducir-acumular-acaparar el capital, en cada vez menos manos.

 

Desecologización actual, hacer dinero con las cenizas de la vida

Asistimos por estos días a una nueva desesperada avanzada desecologizadora. Con viejos-nuevos artilugios, el despojo viene aceitado en lo legal con nafta, para funcionar sólo necesita el chispazo que lo incinere todo. De lo que quede, las cenizas, saldrá el nuevo negocio.

Por estos días de agosto - septiembre del 2020 mientras la pandemia sigue, el capitaloceno (Machado Aráoz y Rossi, 2017) se sigue armando de huellas únicas, los aviones ya no vuelan con la intensidad de antes de las cuarentenas pero su humo ha sido reemplazado por el generado por las casas, tierras agrícolas, bosques y animales que arden con los incendios. A la vez se vuelven a accionar expedientes en los estados provinciales, nacional y municipales para facilitar el avance minero de canteras, de barrios cerrados, de creación de mega granjas de cerdos y cuanta otra práctica productivista pueda acelerar el desastre ambiental que caminamos y “reactivar la economía”, abandonando el cuidado de la casa común.

 Se está cumpliendo tan poco con los objetivos del desarrollo sustentable que se ha declarado la situación de desastre agropecuario, apícola, frutihortícola, ganadero y forestal por los incendios que todo lo devoran. Pero, entonces qué ha fallado del Sistema Nacional de Gestión y Manejo del Fuego? Y del Plan Provincial de Manejo del Fuego? A caso el fuego se les fue de las manos? O realmente es manejado para cumplir los objetivos del desarrollo más desarrollista, dejando de lado la sustentabilidad?

Claro está que la sustentabilidad es un mero slogan que vende y aggiorna a los estados y empresas a los grandes financiamientos que propone la ONU, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras. Esto es visible en el hecho de que en Argentina existe desde el año 2007 la ley nacional 26331 de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos. Una ley que buscaba frenar la destrucción acelerada de los bosques nativos en todo el país, pero desde su sanción se siguieron perdiendo bosques aceleradamente. Según la agencia de noticias Télam (2020)[1], en Argentina se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo en los últimos 20 años. El 87% se perdió en el parque chaqueño, el segundo foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas. El 43% de esta pérdida fue durante la vigencia de la ley 26.331, conocida como Ley de Bosques.

Esta ley, junto a la ley nacional 26815 del sistema federal de manejo del fuego, prohíben el cambio de categoría en las áreas incendiadas, pero, así como se perdieron 6,5 millones de hectáreas, también se las puso en producción por parte del agronegocio, la megaminería de canteras y la empresas inmobiliarias.

 En la ley 26331 está claro que se habilitó nuevos mecanismos para garantizar el cuidado del bosque por parte de comunidades y familias campesinas, indígenas y particulares. Ello mediante el pago a titulares de inmuebles con bosques nativos que realicen planes de manejo y conservación de estos. Hecho que permitió que los estados provinciales manejen presupuestos para “resguardar” los bosques nativos. Pero las provincias poseen la responsabilidad y potestad de realizar los ordenamientos territoriales de bosques nativos (OTBN) y para ello era necesario relevarlos, mapearlos y establecer sus categorías de conservación con participación ciudadana. Proceso que por ejemplo en Córdoba fue realizado por la Comisión de OTBN y cuyo resultado tuvo en su haber una ley que buscaba realmente cuidar los bosques y las prácticas de quienes viven con ellos. Pero esa ley de la COTBN no se terminó aprobando.

En el medio los grandes empresarios del agronegocio, la megaminería de canteras y el desarrollismo inmobiliario no querían perder poder adquisitivo sobre los inmuebles así que en muchas provincias, durante la realización de los OTBN se incendiaron cientos de miles de hectáreas a los fines de bajar su categorización en la escala semaforíca que tiene al verde como categoría de uso del suelo donde se pueden realizar actividades de cambio de uso de la tierra; amarilla donde los bosques deben cuidarse y bregar por su cuidado para llevarlos a la categoría siguiente que es la roja que son los bosques protegidos, donde el uso que se haga de la tierra debe ser compatible con el cuidado y no el deterioro de los bosques. A su vez se agregaron artículos en la ley aprobada como N°9814 como el Artículo 37 que permite minería en todas la categorías de conservación, o el Artículo 14 que permite obras públicas en todas las categorías facilitando el cambio de uso en los inmuebles donde se realicen.

 Si bien tanto la ley nacional como las leyes provinciales prohíben el cambio de uso del suelo en todas las categorías tras los incendios que pudiesen haber dañado la vida de un bosque, la realidad es que esto no sucede.

Además de los incendios arriba nombrados en la tabla 1, y de los estudiados por Argañaraz y equipo (2017), sólo en la provincia de Córdoba se han incendiado entre abril y septiembre de 2020 unas 102.000 hectáreas de bosques nativos, la mayor cantidad de hectáreas incendiadas en los últimos 10 años y los incendios aún siguen. Todas las hectáreas incendiadas están en categorías amarilla y roja en la ley provincial 9814 y nacional 26331. Aunque dichas leyes requieren de actualización cada cinco años y en ambos casos aún no se ha hecho con la debida participación ciudadana que el marco legal y reglamentario vigente lo exige.

Sólo en Sierras Chicas (comprendidas entre La Calera y La Granja) los incendios han devorado unas 35.000 hectáreas hasta septiembre de 2020 en años anteriores se han incendiado las siguientes cantidades de superficie: 

Grafico 1: incendios en Sierras Chicas (No incluye la reserva militar La Calera)

Fuente: Realización propia en base a datos de cuarteles de La Granja y Mendiolaza y del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Recordar que a septiembre de 2020 van 35.000 hectáreas.

 

En muchos de los espacios incendiados se suceden hoy cambios en el uso de la tierra amparados en legislaciones como la ley provincial 9841 y 10004 que establecen el régimen de uso del suelo de los dos anillos metropolitanos de Córdoba (hasta unos 70km distantes de la ciudad de Córdoba Capital, centro del área metropolitana). Estas leyes facilitan la violación de los objetivos del desarrollo sustentable y permiten que en zonas rojas y amarillas de la ley nacional 26331 y la provicnial 9814 se pueda urbanizar con barrios cerrados y hacer hasta mega obras infraestructurales de interés público (como lagunas de retención, microembalses, diques, la autovía de Punilla, Ruta Nacional 38, el segundo anillo de circunvalación de Córdoba), muchas de ellas en el marco del Plan IIRSA.

Cabe preguntarse entonces ¿como se construye este proceso de desecologización actual y qué lugar ocupan los incendios para facilitar este proceso?

 

Desruralizar lo serrano, urbanizar para los negocios metropolitanos

La desruralización es el proceso mediante el cual la colonialidad, el patriarcado, la lógica y accionar modernista y el capital rompen los lazos entre la población rural con los espacios rurales. Este proceso puede tener muchas aristas (juntas o separadas) que lo hacen caracterizar, tales como: el despojo de las tierras que habitan y con ellas de los bienes comunes que los vuelven parte de ese territorio; las violencias múltiples que los van cercando hasta obligarles a irse; la excesiva carga impositiva; las exigencias de aprender una lengua, de participar de determinado espacio educativo para su formación personal como si su saber no valiera; entre otras. Todas juntas o algunas de ellas solas derivan en el desplazamiento, forzado en mayor o menor medida, de la población rural a los centros urbanos, y mayormente a los espacios más riesgosos de los centros urbanos, aquellos que se inundan, donde no hay servicios básicos, entre otras vulneraciones a los derechos y dignidades humanas.

Abordaremos el caso de las Sierras Pampeanas y sus bosques en el ecotono del Chaco Serrano, particularmente las Sierras de Córdoba.

La desecologización a la que asistimos (y resistimos) desde las Sierras de Córdoba está protagonizada por un proceso desruraliador que tiene a los incendios en el centro. Y para comprender este proceso debemos enfocarnos nuevamente en la década de 1980, más específicamente desde 1987. Allí las áreas rurales serranas que poseían a una activa y nutrida población rural comenzaron a quedar bajo el poder del estado provincial y ya no de los municipios y comunas de los pequeños centros urbanos próximos. El achicamiento de ejidos municipales buscaba reactivar las producciones mineras serranas de canteras.

 Años antes, en la década de 1960, tras el cierre de los ramales ferroviarios que unían a las sierras con el llano productivo nacional muchas empresas decidieron dejar de explotar, presionados también por vecinas y vecinos que se movilizaban cada vez más rechazando el impacto en la comunidad de la megaminería. De allí que nacieran las escuelas rurales serranas que buscaban contribuir a la vida rural de las familias serranas de ex operarios mineros, en tiempos donde la minera ya no estaba. De estos espacios educativos y de los pobladores rurales (ex mineros) nació la propuesta de declarar a la serranía bosque protector permanente en el marco de la Resolución 1408/61 del Instituto Superior de Estudios Agricolas del Gobierno de la provincia (actual ministerio de agricultura). A su vez los municipios y comunas trabajaban poco a poco en el resguardo de las cuencas hídricas.

Pero la década de 1980 comenzó con muchos incendios. Y llegaron con las carreras de Rally Mundial, las talas e incendios indiscriminados, los basurales a cielo abierto ardeindo, y las carreras de enduro cuyos sponsor de los competidores eran las empresas mineras o inmobiliarias que más tarde se localizarían aquí.

En 1987 y 1992 gran parte de las cuencas con los bosques del Chaco Serrano que los incendiaron , potenciaba el riesgo de las inundaciones, que no tardaron en venir en la temporada estival, básicamente tras unas 70.000 hectáreas de bosques nativos incendiados.

Como decíamos antes, se forjaba una institucionalidad central, nacían los cuarteles de bomberos voluntarios, defensa civil y los bomberitos (cuarteles donde hasta el año 1999 los niños y niñas se forjaban como bomberos). A su vez, el Banco Mundial giraba fondos para profundizar las obras para las conexiones de agua y la mejora de infraestructuras con fondos donde trabajarían en torno a dotar de servicios esa zona, para ello se formaban algunas cooperativas de obras y servicios públicos.

A cambio, a fines de los 80’ los municipios debían achicar sus ejidos para permitir que la minería avance. Con ello los incendios ya comenzaron a poner cada vez más en riesgo el bosque, las fuentes de agua y la vida en las cuencas. Las empresas comenzaron a justificar su avanzada en el hecho de que al estar el bosque deteriorado y no ser jursidicción municipal no se cumplía con la ley del año 1961 que declaraba a la zona como bosque protector permanente y por eso solicitaban avanzar sobre este territorio. Hecho que se cumplía con el acuerdo realizado entre legisladores oficialistas del Radicalismo y de la oposición, el Partido Justicialista con José Manuel De la Sota al frente.

La década de 1990 tuvo en toda la provincia unas 450.000 hectáreas incendiadas. Y trajo consigo en 1999 dos institucionalidades centrales en lo local, el plan de manejo del fuego y el programa educativo Bombi. Plan y programa que mostraron al recientemente asumido gobernador De la Sota como el salvador post incendios, llevándolo por aquel entonces a la cumbre contra el cambio climático celebrada en Río de Janeiro en representación Argentina.

Pero aquí en Córdoba, poco cambiaba la situación entre las décadas de 1980 y 1990, periodo en que se quemaron unas 550.000 hectáreas. La pérdida acelerada de las pasturas para el escaso ganado que vivió en los campos de familias serranas, los deslizamientos de laderas serranas donde semanalmente se desbarrancaban animales, la contaminación de cursos de agua para consumo humano y animal, la contaminación del aire, entre otras particularidades, comenzaron a amenazar la vida de las y los habitantes de las sierras.

  Hoy existen antecedentes que permiten evidenciar a qué se llevó con el avance de los incendios en aquellas décadas:

- Pérdida de biodiversidad y sustento de las familias serranas que residen áreas rurales.

- Avance de especies exóticas invasoras (Siempre verde, Olmo, Grateus, Acacias Negras).

- Daño prolongado a los cursos de agua y por ende a las tomas de captación familiar y comunitaria del vital elemento.

- Amenazas a familias para su desalojo. Desalojo forzado de muchas de ellas.

- Temor generalizado a que tras un incendio todos tengan que irse y se queden los empresarios o el gobierno con sus tierras.

 

Así se vivía, y en cierta medida se sigue viviendo, la desecologización de las áreas serranas, rururbanas y rurales ante este temor, el mismo que queda expresado en los testimonios de G. Luna:

“Después de los incendios enormes que suceden nos tenemos que ir del campo, porque sabemos que quedó herida la tierra y su vida. Sabemos que hay que cuidarla y a los animales porque nos dan alimento, pero allá por los 90’ no si teníamos que darle si todo se quemaba muchas veces venían empresarios y nos ofrecían ayuda y después nos pedían una porción de tierra para hacer algún negociado. El problema es que si nos vamos ¿a donde vamos, a la ciudad? Para qué irnos si acá tenemos todo.”(G. Luna, vecino de San Fernando, Villa Allende).

Este problema comenzó a profundizarse cuando grandes empresarios comenzaron a comprar grandes campos, a comprar posesiones ancestrales de familias que no podían ya hacerse cargo de los animales o que perdieron su casa, después de los incendios. Comenzaron a cerrar caminos públicos, a desviar ríos u arroyos y activaron la oportunidad de practicar recreativamente el deporte enduro y quad en los campos. Allí, ante el dinámico y ruidoso (por las motos) cambio que vivía la serranía, muchos de los antiguos pobladores decidieron irse de las tierras que habitaban a los centros urbanos del Gran Córdoba.

El 12 de marzo del año 2000 marcó un hito, particularmente para la región de Sierras Chicas, las cuencas serranas con su áreas rurales ya estaban en tal deterioro que una copiosa lluvia de unos 120mm en dos horas ocasionaron una grave inundación con victimas fatales y destrucción en los barrios de ciudades como Villa Allende, Saldán y La Calera.

 Y decimos marcó un hito porque en los próximos dos años la comunidad movilizada de regiones como Sierras Chicas, o Calamuchita proponía la creación de reserva hídricas, recreativas y naturales a los fines de garantizar cuidado de las cuencas locales con las prácticas de los lugareños.

Estos acontecimientos sirvieron, junto a los de San Carlos Minas (inundación de 1992) para la creación de las Defensa Civiles locales y el Decreto provincial 2131 que sería el encargado de solicitar los estudios de impacto ambiental para los diversos proyectos que pretendan implantarse en las cuencas.

Y las vecindades no cesaron sus reclamos, a comienzos del año 2000 y del año 2013 lograron la prohibición del rally mundial en dos tramos que son los de Villa Allende y Agua de Oro.

En Río Ceballos y Unquillo se realizaron los talleres de OTBN locales y se reglamentaron las áreas de conservación junto a vecinos residentes, prestadores de turismo alternativo, asambleas socio-ambientales y la vecindad en general (Páez y otros, 2016).

A escala regional el Instituto de Planeamiento Metropolitano Córdoba (IPLAM), creado en el año 2009, tuvo a cargo el estudio del uso de la tierra de toda la región metropolitana Córdoba a los fines de definir un plan de desarrollo.

En el año 2011 y 2012, después de aprobada la ley 9814, se implementan las leyes 9841 y 10004, que regirán el uso del suelo solo en la región metropolitana Córdoba. Estas dos ultimas leyes tendrán actualizaciones cada dos años y se mantendrá sobre la base de los acuerdos que se logren con municipios y el gobierno provincial para el desarrollo económico y ordenado de los territorios.

Los agentes al frente de este Instituto, los Arquitectos Urbanistas Moiso e Irós, dos personas próximas al campo desarrollista inmobiliario, realizarán desde entonces un cuidado férreo de los intereses del sector.

Por ello estas leyes vienen a superponerse con la ley 9814 de OTBN dado que establecen un macroterritorio de avance inmobiliario de unas 40.000 hectáreas de superficie sólo en la región de Sierras Chicas. Un territorio al que engañosamente nombran como Corredor Biogeográfico Sierras Chicas en una clara definición a los limites de la vida de los bosques y las personas que los habitan en las cuencas serranas. Y decimos engañosamente porque desde el IPLAM se apuran a definir un Corredor que a la vez está siendo trabajado colectivamente por asambleas socio-ambientales locales en talleres y dinámicas a campo en las cuencas donde habitan vecinas y vecinos, pequeños productores familiares, artesanos, guías, albañiles del adobe y la piedra, docentes y juventudes activas en la defensa y cese de los incendios que dañan las cuencas.

El IPLAM se apura para generar un plan de desarrollo territorial que beneficie al capital especulador inmobiliario, del agronegocio o la minería amparado por municipios como el de Villa Allende, La Calera o Mendiolaza que poseen y poseían funcionarios públicos e intendentes que también son socios o propietarios de constructoras e inmobiliarias o empresas mineras y de agronegocio (Deon, 2019; Chiavassa, Ensabella y Deon, 2019), al igual que algunos municipios de la cuenca del río Chavascate como El Manzano o Agua de Oro. En el año 2013 los incendios quemaron más de 40.000 hectáreas de bosques en Sierras Chicas seguidos por una inundación histórica como lo fue la del 14 y 15 de febrero de 2015. El resultado del plan del IPLAM fue negar que en Sierras Chicas existen 120.000 hectáreas de bosques nativos con comunidades que los habitan y defienden en  los territorios-cuenca que luchan. En contra partida, desde el IPLAM propusieron un plan para proteger 80.000 que ya son reservas  naturales municipales algunas de ellas. O casualidad las más de 40.000 hectáreas incendiadas en el año 2013 (incluyendo las de Reserva La Calera) son las que corresponden con la zona roja y amarilla en la ley de bosques y que el IPLAM propone como área de urbanización prioritaria, diferida, condicionada, minería y de agricultura industrial contaminante.

 

Allí la megaminera EL Gran Ombú S.A. desalojó a seis familias, derribó sus viviendas, mató sus animales, montó estructuras y colocó cartelerías amedrentadoras para que no se use el camino público S-522 que une Villa Allende con La Calera por San Fernando, lo mismo hizo el empresario Luis Sanchez Sarmiento en San Fernando; el empresario Camarassa de la empresa megamienra Mogote Cortado en Bamba, llegando a colocar un portón que impide el acceso al pueblo; lo mismo está haciendo el Grupo inmobiliario Verde Norte con el avance de barrios cerrados, FWAP-INMAGAR-Arribas Inmobiliaria, entre otros.

Es importante destacar que los cambios en el uso del suelo tras los incendios están prohibidos por las leyes nacionales y provinciales arriba citadas, pero en todos los casos las empresas han justificado en los deterioros causados por los fuegos intencionales que se iniciaron allí mismo o que se dejaron llegar hasta allí no permitiendo el ingreso de bomberos. A ello, por ejemplo el expediente minero de EL Gran Ombu S.A. justifica el pedido de cambio de uso del suelo por el deterioro que se ha generado con circuitos de enduro, motocross y cuadriciclos que ellos mismos auspician. Carreras en circuitos que se hacen en sus propios campos sin autorización ni estudio de impacto ambiental (como lo establece la ley provincial 10208 nacida de la lucha contra Monsanto -Carrizo, Ferreyra, 2016-), y que a la vez los utilizan para declararlos como actividad dañina del bosque. Junto al (in)justificativo de haberse incendiado el bosque, solicitan explotarlo todo para producir triturados graníticos dentro de una reserva natural municipal y en plena zona roja de la ley provincial 9814 y nacional 26331.

 

Imagen 1: Zonas rojas y amarillas ley 9814, superposición con polígono negro de áreas incendiadas entre julio y el 10 de septiembre de 2020. Fuente: Mapa elaborado por equipo técnico de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Septiembre de 2020.

Otro ejemplo se que se puede cambiar el uso del suelo después de los incendios es el de los loteos que se proyectan en el área de amortiguación de la Reserva Natural Villa Allende donde la empresa Holik y Cárdenas S.A. junto al ex intendente local Heriberto Martinez buscan urbanizar unas 260 hectáreas de bosque categoría amarilla aduciendo que los incendios del año 2008 llevaron el bosque a estar con más presencia de especies exóticas que nativas. O que para salvar a los barrios vecinos en la cuenca ellos donan 2 hectáreas para hacer obras de interés público (como lo propone la ley provincial 9814 art. 14) con lagunas de retención y a cambio conseguir el permiso de cambio de categoría de bosque protegido zona amarilla y roja a verde donde se pueda hacer un mega loteo cerrado.

El caso mejor concretado de lograr birlar todas las leyes ha sido el de La Deseada Barrio Cerrado, donde el ex-intendente de La Calera Rodrigo Rufeil participó de un fideicomiso con la empresa INMAGAR (del rubro del agronegocio) y las empresas inmobiliario-desarrollistas Arribas y FWAP arquitectos para hacer en plena zona roja y amarilla un loteo en campos que se incendiaron, tuvieron circuitos ilegales de enduro y motocross y las empresas donaron tierras para acceder a las lagunas verde y azul (producto de socavones mineros), y donde el IPLAM les facilitó la zonificación para la rezonificación en la ley 9814, al igual que el caso de la empresa Holik y Cárdenas arriba citado.

Claramente vemos en estos casos que donde hubo incendios negocios quedan en esta Córdoba productivista que tanto aporta al cambio y emergencia climática global.

Mientras tanto en la pandemia actual los incendios siguen y hoy se devoran bosques en Cruz de Caña, en La Paisanita, en Alta Gracia, en La Cumbre y en El Manzano en Sierras Chicas. En lo alto de las sierras, en  el área del Mojón, entre Villa Allende y Cosquín, se viven escenas tensas de  violencia de parte de inmobiliarios practicantes de enduro y motocross que insultan y apedrean a lugareño que no los deja ingresar a su campo dado que está buscando que se recupere la vegetación. Lugareño que responde a las agresiones de los inmobiliarios motoqueros con su látigo sobre su caballo en una violenta situación vivida el 13 de septiembre. Cabe destacar que la tensión entre quienes presionan los territorios locales con la práctica violenta y machista del enduro, cuadriciclo y motocros y los lugareños que buscan resguardas sus campos, el ganado y que no les destruyan la pircas esta siendo una disputa constante actualmente después de los últimos incendios. Más aún porque los lugareños participan de asambleas socio-ambientales con frecuencia buscando conocer estrategias de uso alternativo por parte de senderistas y ciclistas y no de recreacionistas con vehiculos motor que rompen las tramas de la vida en estas áreas naturales que tienen que recuperarse pronto de los daños provocados por los incendios. Compartimos esto porque en estos territorios que los lugareños y asambleistas socio-ambientales defienden es justo donde el negocio inmobiliario con fines turísticos recreativos de alto impacto y de segunda residencia viene presionando con fuerza para desplazar las prácticas tradicionales de uso y cuidado del bosque sí permitidas por la ley nacional 26331 y provincial 9814.

 

Foto 1: Pelea entre agente inmobiliario motoquero practicante de enduro y motocros y lugareño que no permite el ingreso a su tierra con vehiculos motor porque se le ha incendiado y quiere resguardar el bosque. Fotografía: Gentileza de Defensa Civil Villa Allende recibida en el marco de una denuncia. Septiembre de 2020.

Mapa 2: Conflictos por el uso de la tierra en las Sierras de Córdoba Fuente: Digitalización y referenciación de cartografía realizada por asambleistas y movimientos sociales miembros de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Martina-Deon, 2020. 

 

 Entre junio y septiembre de 2020 se sucedieron unos incendios voraces activados por “limpiar terrenos en Cosquín y Unquillo”, en ambos casos los focos estaban relacionados con el avance inmobiliario en zonas rojas de la ley de OTBN pero de urbanización condicionada en la ley 9841 y 10004. El incendio iniciado en Cosquín tardó 8 días en ser controlado y extinto, en el medio, dos kilómetros antes de llegar a las tierras de la megaminera E Gran Ombú S.A. donde buscan explotar las tierras que poseen dentro de la Reserva Natural Municipal, alguien hizo un contrafuego y quemó todo lo que la minera pretende explotar y que a la vez es bosque nativo con parches históricos de Orco Quebracho (una especie en amplio deterioro y riesgo de desaparecer). La minera fue la clara beneficiada de ese manejo del fuego. Y hoy está autorizando nuevos circuitos ilegales de enduro, quads y motocross allí, talando árboles nativos, ofreciendo hacer lagunas de retención y diques a cambio de que les permitan cerrar el camino público y volarlo todo en 3km de sierras, valles, bosques, sitios con instalaciones para la molienda de más de 2300 años de antigüedad y espacios de uso ganadero de baja intensidad de productores actuales que aún no logró desalojar.

 

En La Calera se ha tomado conocimiento de la convocatoria a audiencia pública para un nuevo loteo para el proyecto de barrio cerrado Altos de la Estanzuela, un espacio que se incendió 4 veces en los últimos 6 años, que es zona roja en la ley de bosques 9814, pero también área de urbanización condicionada en el plan director de Sierras Chicas del IPLAM. Un proyecto que se logró frenar en la convocatoria a audiencia pública anterior por la cantidad de inscriptos que rechazan la propuesta de la empresa Saltiva S.A. y SIMA S.A. Un proyecto que hoy tiene una posibilidad mayor dado que el gobierno provincial modificó el reglamento de la convocatoria a todas las audiencia públicas exigiendo la obligatoriedad de tener categoría 2 de Ciudadano Digital Provincial, un hecho que está siendo denunciado en la justicia por organizaciones de base como la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo dada su inconstitucionalidad debido a que ese requisito es creador de ciudadanos con más o menos poder de defensa de sus derechos, y dado que vulnera la participación ciudadana concebida en la constitución nacional, provincial y la ley provincial 10208.

 Conflicto similar asoma con la reactivación del proyecto de explotación minera de la cantera Puesto de Funes entre Villa Allende y La Calera, con otra minera cerca de Bosque Alegre en Alta Gracia.

Así la lucha continúa con una comunidad cada vez más movilizada. Como se alertara al saberse de la inminente continuación de la Autovía de Punilla entre la Comuna de San Roque (que revocó en asamblea ciudadana la autorización dada por la jefa comunal para que la obra se ejecute por la comuna) y Cosquín. Autovía que se ha conocido pasará por pleno territorio de la Reserva Quisquisacate, zona roja de la ley 9814 (la que a la vez permite en el art.14 la obra de interés público en claro sesgo regresivo respecto a la ley marco nacional 26331). Autovía proyectada cortando al medio todo lo que se incendió a fines de agosto de 2020.

Y el despojo sigue esquivando leyes o haciendo leyes para y con el gran capital.

Cabe preguntarnos entonces, se está construyendo una nueva avanzada desarrollista en plena pandemia? O simplemente asistimos a la continuación de procesos que siguen dejando huellas desde un capitaloceno cada vez más violento?

Para no incendiarnos de broncas, qué se viene haciendo desde los múltiples sujetos de lucha y los territorios que defienden?

Antes que nada debemos entender que se está viviendo una sequía importante en el Chaco Serrano, los avisos del riesgo de incendio extremo no son escuchados obviamente por quienes quieren que todo se queme para beneficiarse de las cenizas. En Córdoba la temporada de incendios inició tempranamente debido a la falta de lluvias y el mega incendio de Capilla del Monte-Copacabana-Charbonier-Escobas-Ischilín ocupó por días a cientos de bomberos voluntarios. Muchos de ellos de cuarteles de Sierras Chicas y Punilla por su proximidad y conocimiento de estos territorios serranos.  Por ello al iniciarse los incendios en Cosquín, desplazarse con vientos y controles de guardias de cenizas mal hechos hacia Punilla Centro y Sierras Chicas, los bomberos ya tenían una semana de cansancio y bebidas energizantes donadas consumidas que hacían sentir ánimo de no apagar mas nada que los ojos y dormir.

Algo sumamente real y que se vive sólo cuando uno está trabajando tantos días en riesgo y más con los incendios.

Por ello así como hay que destacar la tarea de bomberos, también las asambleas ciudadanas, los centros vecinales, los espacios de compras comunitarias y consumo consciente serrano (que agrupan a cientos de personas de las sierras) y los colectivos de jóvenes voluntarios de los pueblos y ciudades de las sierras se organizaron para complementar el trabajo de bomberos. Sí, a sabiendas de que el trabajo de bomberos es resguardar vidas humanas e infraestructuras, las vecindades serranas se autorganizaron, autogestionaron materiales rápidamente y se prestaron a colaborar con bomberos y defensa civil para resguardar barrios enteros, parajes con casas de lugareños, sus animales y las cuencas con sus bosques.

A diferencia de lo ocurrido en los incendios de las décadas del 80 y 90’ en estos incendios la organización social de base respondió rápido para que quienes habitan en el monte y desde allí producen su sustento de vida se cuiden y queden allí, ello en aras de que no se vayan del campo y de que el negocio inmobiliario, minero o del agronegocio (ganadero más que nada) no se apropie de sus tierras.

Las mochilas de agua de bomberos y los bidones para recargarlos eran alcanzados por las y los jinetes en sus caballos, motociclistas, guardaparques y guías de turismo alternativo conocedoras y conocedores de la zona, lugareños y brigadistas combatían el fuego. Adultos, mayores, jóvenes y mujeres preparaban las viandas alimentarias y de refresco que también eran subidas a donde se trabajaba combatiendo el incendio.

 Una vez sofocado un frente miembros de asambleas socio ambeintales y vecin*s autoconvocad*s relevaban la situación junto a veterinarios también autoconvocados y canalizaban colectas de donaciones de alimentos para los lugareños, sus familias, los animales y la infraestructura local.

NO se permitía aquí la política partidaria y la donación a modo de responsabilidad social empresarial. La emergencia y el trabajo colectivo primaban.

El estado provincial declaró la emergencia agropecuaria el 24 de agosto para canalizar dinero a los fines de colaborar con los productores agropecuarios, recién dos semanas después llegó a los territorios serranos con respuestas. El gobierno nacional declaró el 28 de septiembre la situación de desastre y emergencia agropecuaria, forestal, apícola, ganadera y frutihortícola para los espacios incendiados en Córdoba. A su vez, ante las demoradas respuestas al pedido de ayuda que desde el Plan Provincial de manejo del fuego realizaran para con el Sistema Nacional de Manejo del fuego, principalmente en el pedido de asistencia con aviones hidrantes, el gobierno nacional tomó la decisión de pasar de manos del Minsiterio de Defensa de Nación a la órbita del Ministerio de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales todo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Un hecho no menor dado que los justificativos del paso, publicados en el boletín oficial, dan cuenta de que además de las vidas humanas e infraestructurales también está en riesgo el bosque nativo y el ambiente en general.

 

Mas allá de esto ha resultado alentador el proceso de movilización social en curso para la organización colectiva que han generado estos últimos incendios. Fundamentalmente dado el interés de velar por los bienes comunes y la vida humana en los territorios que defendemos del avance desarrollista en un contexto donde el bosque nativo se sigue descontando. Decimos esto porque es necesario también buscar cambiar las instituciones jerárquicas que sólo priorizan en los incendios lo antrópico, dejando de lado las otras dimensiones de la vida y propiciadoras de esta como las cuencas. El riesgo que se sigue corriendo en las cuencas de las Sierras Pampeanas es enorme por ello es necesaria esta ciudadanía activa que defienda los territorios contra las fumigaciones, los incendios, los desmontes donde ya no se puede cambiar el uso del suelo, que busque consolidar brigadas ambientales o forestales que acompañen con equipos adecuados el trabajo de bomberos o puedan afrontar el combate de estos siniestros con la claridad de que el riesgo es construido como condición de facilitar el avance despojo de lo común, de los comunes.

  Resulta fundamental que continuemos apostando a la construcción de tramas comunitarias de sujetos de lucha arraigados y entramados en los territorios. Personas que sujetas a las luchas resistamos y re-existamos con modos de habitar, alimentar y compartir poniendo en el centro a la vida en sus variopintas formas de existir y expresarse. Que pongamos en altura las voces movilizadas, al igual que las energías y espiritualidades que le dan sustento a las luchas desde y por hacer mundos otros. Mundos donde los ordenamientos territoriales comunitarios, la agroecología, la producción alimentaria artesanal y familiar, las medicinas y alimentares con frutos del monte, y la toma de decisiones colectivas se fortalezcan desde el diálogo.

A modo de cierre colectivo trascribimos algunos de los párrafos publicados en el periódico La Tinta, emanados del comunicado de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (2020):

El negocio de hacer reverdecer las sierras a cualquier precio

El Gobierno de la provincia de Córdoba ya compró a la empresa Biofábrica S.A. la primera partida de 240.000 árboles desarrollados en Misiones para reforestar el Chaco Serrano recién incendiado. LO hizo dejando de lado la existencia de los viveros estatales que están todo el año,  abocados a producir árboles y arbustos para situaciones como esta. También lo hizo desoyendo a los isntitutos especializados y a los lugareños que recomiendan dejar que el bosque vuelva solo poco a poco ayudándolo con medidas mínimas como que no entren vehículos motor, controlar por el periodo de lluvias la ganaderia, abastecerla de alimentos, garantizar el cese de emprendimientos en zonas rojas y amarillas incendiadas y no incendiadas. Hacer cumplir las leyes vigentes para ello.

A modo de cierre y apertura consideramos central plantear que se ha activado un nuevo proceso de resguardo territorial comunitario, el de cuidar que el monte vuelva solo tras los incendios y el de reforzar esto con algunas medidas mínimas pero indispensables a saber:

- Vigilar y denunciar el uso de vehículos motor en áreas agrestes no autorizadas y recién incendiadas.

- Resguardar la vegetación viva y los parches o islas que no se incendiaron.

- La realización de retenciones de escorrentías pequeñas con ramas y restos de los incendios a los fines de favorecer el ingreso del agua al subsuelo y no perder materia orgánica en el suelo con las lluvias.

- La resiembra con semillas propias del lugar y de especies que activen la sucesión del bosque desde los estratos inferiores. No forestar con árboles de otros lugares.

- Después de un año, reforestar de ser necesario.

Transcribimos aquí un resumen del comunicado que realizaramos desde las organizaciones, asambleas y vecinxs que integran la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa):

Rechazamos las medidas anunciadas por el gobernador Juan Schiaretti tras los incendios que dejaron alrededor más de 100.000 mil hectáreas quemadas en el territorio provincial.

Consideramos que la presentación de medidas destinadas a la “Remediación Social, Productiva y Ambiental por los daños ocasionados por los incendios en el norte y el oeste provincial” encabezada por el Gobernador, la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y el secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, no aportó “ni  una mirada integral ni una política efectiva que responda a todos los aspectos de una política ambiental territorial que ha estado ausente en más de dos décadas y ha provocado el marco de abandono Estatal para que la especulación inmobiliaria, minera y agroindustrial produjera estos devastadores incendios, que no son fruto del clima y que, en la gran mayoría de los casos, son premeditados y tienen responsables directos”. “Es una vergüenza que manifiesten, en forma manipulatoria y falaz, que las medidas mencionadas allí surgen de una comisión con la participación de ‘asociaciones ecologistas’, que, tal como describen desde la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos en su comunicado, ‘fue una reunión virtual donde el Secretario de Ambiente Scotto presentó algunos lineamientos de un plan… pero no hubo instancia de participación alguna’, donde, a modo de cuasi un discurso o una conferencia de prensa, se silenciaron a todos los presentes y no existió mecanismo ni modalidad de realizar expresión alguna, llegando incluso a expulsar a personas y organizaciones en forma unilateral y sin razón alguna”. Planteamos desde CoDeBoNa.

 Foto Unidos por el Monte

La CoDeBoNa es una coordinadora de organizaciones que surgió en 2016 para oponerse al proyecto de ley de bosques impulsado por el bloque de Unión por Córdoba y los sectores desarrollistas inmobiliario, minero y de agonegocio. La red tuvo, desde el primer momento, el objetivo de reunir a cientos de conflictos socioambientales que venían ocurriendo al mismo tiempo en toda la provincia, pero aisladamente entre sí.

Desde este espacio, planteamos que el “apurado anuncio grandilocuente” del Gobierno referido a la reforestación de 400.000 plantas en las áreas recientemente incendiadas no es, de ninguna manera, una medida acertada o aconsejada por ninguno de los documentos e instituciones que abordan integralmente medidas de restauración.

Ante estas declaraciones “desafortunadas e irresponsables”, desde la Coordinadora, solicitamos y exigimos, en primer lugar, que se publiquen mapas, con cifras de hectáreas y recurrencias de todas las áreas incendiadas por año desde la sanción de la Ley Nacional 26.331 en 2007, así como fechas y lugares donde se han llevado adelante planes de restauración, qué herramientas se han aplicado y qué resultados se han obtenido.

Desde la CODEBONA planteamos que los planes de restauración del Ejecutivo también son parte de la polémica, ya que el Gobierno destina fondos a la empresa Biofábrica Misiones S.A., firma que, desde hace tres años, estaría introduciendo clones de plantas exóticas invasoras (como Eucalytus grandis) en nuestra provincia, sin la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente. Como alternativa, desde CoDeBoNa, proponemos que se trabaje de manera articulada con la Red de Recolectoras/es y Viveros de Especies Nativas, que producen especies de plantas con las semillas del lugar, con protocolos de recolección, y que forman parte de economías regionales.

 “Exigimos que se respete la diversidad genética del bosque nativo de Córdoba, contemplando la heterogeneidad ambiental que la caracteriza”. Y para ello, sugerimos que las organizaciones e instituciones que son parte del Nodo Centro de la Red de Restauración Ecológica Argentina participen en la elaboración, ejecución y seguimiento de los Instructivos Post-Incendio y las políticas de restauración. 

No hay actualización sin participación real

Desde CoDeBoNa, subrayamos una vez más, que no se pueden autorizar emprendimiento mineros, loteos, emprendimientos inmobiliarios ni obras viales en las áreas incendiadas ni en cualquier otro territorio. Menos aún sin la participación ciudadana real en la licencia social y ambiental sobre los mismos.

 “En este contexto de cuarentena por la pandemia de COVID-19, ahora y más que nunca, exigimos participación real (y no virtual) en la toma de decisiones que repercuten en la salud de todxs lxs habitantes, como así también en la paz social. Es inexplicablemente irresponsable de parte de diferentes sectores plantear, en contexto de cuarentena, la actualización del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) de la Ley 9814 y la actualización de la ley nacional 26331, a más de 5 años de vencidos los plazos y por lo cual hubo tiempo sobrado para instrumentar el proceso de participación ciudadana que requiere. Actualmente, resulta inviable asegurar que dicha participación será real y posible en los diferentes territorios de los actores involucrados en esta construcción política”.
Las audiencias públicas virtuales no son de ninguna manera una herramienta de Participación Ciudadana real que cumpla con los requisitos que reglamentan y regulan las leyes provinciales 9.814 y 10.208.

Negligencia o mala intención

De acuerdo a lo informado por la Provincia, este año 2020, los incendios superaron las 100.000 hectáreas quemadas, mayormente por los siniestros ocurridos en la última quincena de agosto en el norte y el oeste, entre los departamentos Santa María, Punilla,  Colón, Ischillín, San Javier, Pocho, San Alberto y Cruz del Eje.

La extensión de los incendios fue, en parte, porque el Gobierno retiró de las sierras aproximadamente 50 vigías encargados de la prevención y monitoreo de las áreas calientes o con riesgo de incendio. Lo que se suma a la desafectación en 2017 de la ley que dotaba de presupuesto al Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF).

“Exigimos que sean restituidos inmediatamente los sistemas de monitoreo desde cada Municipio de todas las zonas afectadas y se aumente el presupuesto otorgado al PPMF, su efectivización y la transparencia en su ejecución, por sobre los valores que contaba al momento de la desafectación del Impuesto del Fuego”.

Por todo ello desde la CODEBONA planteamos que prevenir es gestionar nuestros ecosistemas naturales, es resguardar el sustento de vida de las familias indígenas, campesinas, proteger las cuencas serranas de donde nos abastecemos de agua, donde habitamos. Prevenir es implementar las áreas de conservación, tener sistemas de control en territorio, vigilancia y alerta temprana, educación ambiental y la seguridad de la investigación y sanciones ejemplares a autores materiales e intelectuales de estos delitos por parte del Poder Judicial.

 

A quienes lo dan todo por frenar los despojos incendiarios del capitalismo. 

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 Bibliografía

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[1]Agencia Télam. 2020. “ se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo en los últimos 20 años en Argentina”. Publicada en julio de 2020. Disponible en:  https://www.telam.com.ar/notas/202007/496053-se-perdieron-65-millones-de-hectareas-de-bosque-nativo-en-los-ultimos-20-anos-en-la-argentina.html