Dignidad o Dictadura Militar

2021 y otra vez la codicia desmedida contra el pueblo

Ante la alerta sobre la subida de algunas máquinas hacia el nevado del Aconquija, el 7 de abril un colectivo de vecinos tomó la decisión de subir a la montaña para mirar qué es lo que estaba pasando a más de 3000 metros. Pudieron observar que personal de Gendarmería custodiaba camionetas mineras y tres camiones con enormes máquinas perforadoras en el empalme de la Subida al yacimiento minero Agua Rica, concedida a la multinacional Yamana Gold. Ante esta situación la comunidad se organizó en asamblea permanente para defender el territorio. Ya lo saben, mas que nadie, cuales son las consecuencias de la minería a cielo abierto.

El padecimiento de las consecuencias económicas, socioculturales y ambientales de 30 años de explotación de la empresa Minera Alumbrera le dio a los andalgalenses suficientes certezas para rechazar el extractivismo. Ahora es, una vez más, el momento del proyecto Agua Rica, hoy devenido en proyecto M.A.R.A a partir de la fusión con Alumbrera, que se encuentra en el período de cierre, con el que pretenden continuar saqueando el territorio. El tesoro, el bien común afectado, el nevado del Aconquija, constituye la fuente natural vital para el bienestar comunitario. El agua, derecho humano esencial, nace en esos cerros, baja hasta los ríos y permite que la biodiversidad siga siendo.

La dignidad de los andalgalenses y andalgalensas sigue intacta. La fuerza de sus No se vio manifestada la tarde del 10 de abril en una multitudinaria marcha pacífica por el pueblo, la caminata número 584.

El crimen minero perpetrado por el Estado, desde Menem a hoy

El pueblo de Andalgalá fue timado para introducir la megaminería. Como en todo pueblo donde los estados entregan el territorio a los intereses de las multinacionales las promesas de trabajo y desarrollo fueron llevadas por el viento. En cambio, la contaminación irreversible del agua, la tierra y ael ire, fue lo que quedó. Este es el lado oscuro, el costo oculto ambiental y humano que solo pagan las comunidades, y que seguirán pagando las futuras generaciones. 

El pueblo de Andalgalá lleva años formándose y aprendiendo todo lo que necesita saber para hablar con pericia sobre los efectos nocivos de la minería a cielo abierto para poder defenderse de los artilugios de la empresa y el Estado cómplice. En palabras de la empresa: “Nuestra inversión se da gracias a las nuevas leyes impulsadas por el Gobierno, sin él no podríamos haber iniciado esta obra”. Y si, gracias a leyes que datan desde el menemato, y que nunca han sido derogadas sino más bien reforzadas por los sucesivos gobiernos, la minería ha saqueado y se devora nuestros cerros, nevados y valles, pero nada positivo queda para el pueblo. Se llevan el oro, los metales, los minerales y solo dejan sus kilométricos agujeros y nuestras venas abiertas, nuestro cuerpo territorio herido de gravedad.

Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, fue el primer primer proyecto megaminero anunciado en 1997 por el gobierno de Carlos Menem. En el acto de inicio de obras de la mina, el ex presidente Menem aseguró que la megaminería era lo que los argentinos necesitaban. Más de 30 años después, mina Bajo La Alumbrera dejó un cráter de más de dos kilómetros con 800 metros de profundidad en medio de la cordillera de Catamarca y consumió entre 700 y 800  litros de agua por segundo en una de las provincias más secas y pobres del país. Luego de casi 30 años algunas de las consecuencias de la minería en Catamarca son: toneladas de oro y cobre que se llevaron las empresas mineras Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold a cambio de derrames, violaciones a los valores permitidos de mercurio, arsénico y plomo, contaminación del río Salí Dulce, que comparten Tucumán y Catamarca y  el desplazamiento obligado de pueblos que vieron morir animales y plantas antes de abandonar sus hogares.  Todo esto  fue posible gracias al entramado de corrupción, con desvío de fondos y exportación ilegal de metales, investigado y denunciado por pobladores y la justicia de varias provincias como Santiago del estero, Tucumán y Rosario, que forman parte de la ruta del saqueo de Bajo La Alumbrera. 

En el año 2009, el gobierno anunció bajo un nombre que suena a ironìa, el proyecto Agua Rica, de la multinacional Yamana Gold, ubicado en los nevados del Aconquija, en el pueblo de Andalgalá, Catamarca, donde nacen los ríos más importantes de la región, a pocos kilómetros de Bajo La Alumbrera pero siendo tres veces màs grande. 

 A raìz de esto nacieron diferentes asambleas de vecinos en Andalgalá, Belén, Tinogasta, Santa María y tantos otros, que a pesar de las grandes represiones en el año 2010 y la persecución constante a las comunidades, la compra de voluntades de algunas personas y funcionarios, siguen en pie de lucha diciendo que no quieren megaminería y rechazan los proyectos mineros bajo el lema  “fuera Agua Rica, no a Filo Colorado y  jamàs Pilciao 16”. 

Hoy, un nuevo intento de la multinacional Yamana Gold con el impulso del gobierno nacional y provincial, insiste con la megaminería en la región. 

Vale decir que el gobierno nacional viene fracasando en uno de los objetivos de su Plan estratégico minero Nacional, intentando imponer una actividad que no tiene licencia social. 

En 2019 lo intentaron en mendoza, en 2020 en chubut, ahora van por catamarca. Pero la lucha llevada adelante por las asambleas socioambientales del país en al menos los últimos 20 años, subestimada por el poder de turno y queriendo ser utilizada por la oposición, se pone de pie una y otra vez, las veces que haga falta. Porque la lucha contra la megaminería no reconoce otra bandera que la de defender el agua, la vida y los territorios. 

¿Cuánto vale nuestro futuro?

17 mil habitantes tiene el pueblo de Andalgalá. 17 mil almas y todo un reservorio de biodiversidad único que lo convierte en un tesoro natural que vale más que cualquier negocio. Nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas vale nada para empresas y gobiernos. Para ellos la minería a cielo abierto es un negocio redondo ya que el artículo 22 de la Ley 24.196 legisla que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. De esta forma, las monumentales obras las paga el Estado, o sea con dinero del pueblo que podría ser invertido en salud, educación y trabajo.

Hoy, ante la avanzada del proyecto M.A.R.A, mas feroz y de mayor escala que el anterior, el pueblo volvió a las calles a decir No es No. Porque, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia, no se comprende de qué manera la solución podría ser más minería, más contaminación, menos agua y aire puro. El No del pueblo es al ecocido, al abandono y a la degradación de sus cuerpos y territorio. Como contrapartida, el Gobierno Provincial de Raúl Jalil desplegó las fuerzas policiales para amedrentar la protesta, con ayuda  de la Gendarmería enviada por Nación. 

Con la excusa de controlar las disposiciones del distanciamiento social por COVID19, militarizó el pueblo para garantizar la violación sistemática a los derechos humanos que se viene cometiendo en Andalgalá desde hace 30 años. No es la primera vez que intentan formar un cerco mediático y militarizado sobre Andalgalá. 

En la feroz represión del 2010 ocurrió de manera similar, y los vecinos tuvieron que enfrentar no sólo la represión física por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, sino cortes de energía eléctrica e internet para impedir la comunicación externa e interna. La criminalización y la persecución sobre quienes luchan contra la megaminería son una constante de la historia y forma parte del modus operandi que las empresas exigen y los Gobiernos aliados cumplen.En palabras de los asambleístas a través de un comunicado oficial: “La población de Andalgalá inició todas las acciones judiciales y legales correspondientes, se les ha exigido a todas las autoridades que hagan cumplir la ley, nos hemos manifestado durante todos estos años en forma pacífica e institucionalmente como hasta el día de la fecha, hemos interpelado a nuestras autoridades (de los tres  poderes del Estado) y sin embargo nos tratan de violentos. 

¿Ahora, cabe una pregunta, o varias si se quiere. ¿Violar una ordenanza vigente no es violencia? ¿Violar la Ley de Glaciares, no es violencia? ¿Violar la Constitución Nacional, no es violencia? ¿Usar una fundación para decir que quieren paz, cuando atacan a quienes defendemos la vida y el agua, no es violencia? ¿Un juez que no quiere pronunciar las palabras Derechos Humanos no es violencia? Violar el derecho humano al agua, a la autodeterminacion de los pueblos, a la consulta previa ¿No es violencia? 

Es claro: las autoridades están del lado de las corporaciones mineras, no del lado del pueblo, porque nuestro hospital no fue abastecido con los insumos necesarios para afrontar esta crisis sanitaria que ya lleva mas de un año, y sin embargo si hubo recursos económicos para disponer la colaboración de Gendarmería a los camiones que llevaron perforadoras a nuestros nevados del Aconquija”.

Los faros que nos iluminan

No solo al poder de las multinacionales y del Estado (mediante los embates de las fuerzas represivas y la persecución política) se enfrentan los vecinos, que en conjunto representa las dos caras de la dictadura minera que sostienen los gobiernos en Argentina, como en otros muchos territorios de América Latina. En los últimos tiempos, una ola de infiltración de nuevas organizaciones civiles que se hacen pasar por ambientalistas pero están emparentadas con grandes empresas capitaistas y extractivistas, avanzan en el campo de las luchas. Son varios los territorios en donde estos nuevos personajes que gerencian ongs desembarcan. Se manjan con el sistema de franquicia y son asistidas con fondos del extranjero de intereses desconocidos, acaparando medios de comunicación y espacios públicos, confundiendo así a la población. En el caso de Andalgalá, esta práctica viene de la mano de Rodolfo Tarrabuela como referente de la llamada Casa de la Paz, financiada desde Francia y Suiza, quien tiene un diálogo fluido con los poderes de turno y es elegido para sentarse a la mesa a “dialogar” con el Gobierno.

Las Asambleas ciudadanas y de comunidades, los colectivos vecinales de constitución horizontal y autónoma que existen en todo el país, son los verdaderos y legítimos espacios de defensa común, los faros esenciales que nos señalan los caminos dignos del cuidado de nuestra Tierra, que nos muestran la forma de proteger el único hogar que es de todos y para todos, la única casa común de todos los seres vivo. En Andalgalá, el faro que nos ilumina lo sostiene la Asamblea El Algarrobo, que junto con la comunidad andalgalense que se autoconvoca para luchar contra la megamineria, ya lleva 584 sábados pidiendo que se vayan las mineras. 584 caminatas pacíficas por la dignidad, por la vida, el agua y el territorio y, actualmente, 21 días de bloqueo informativo y selectivo, en los caminos hacia Choya y El Potrero.

El Agua vale más que el oro no es solo el slogan de una campaña ambiental. Es la manifestación de un grito de resistencia que nace de las mismas montañas, de las entrañas de nuestros pueblos, la manifestación de un derecho ancestral, innegociable. El agua vale más que todo y no puede ser puesta en riesgo por nadie, porque es nuestra fuente de vida por excelencia, la que nos permitirá vivir y alimentarnos, el bien común que hará posible que la vida continúe.