En un fallo novedoso la Cámara Federal de Rosario habilitó la integralidad de un amparo ambiental por la contaminación del agua con agrotóxicos en Pergamino (Buenos Aires) en el que son demandados todos los niveles del Estado, incluido el SENASA.
Información05/11/2024
Naturaleza de Derechos
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario dictó un fallo judicial, volviendo a darle la razón a Sabrina Ortiz en su lucha contra los agrotóxicos en Pergamino, su ciudad, en la Provincia de Buenos Aires.
En paralelo a la causa penal que acaba de ser elevada a juicio (con tres empresarios agroindustriales procesados), Sabrina, presentó un amparo ambiental reclamando al Municipio de Pergamino las obras necesarias para asegurar niveles de calidad de agua potable a toda la población conforme a los mejores estándares de resguardo respecto a los agrotóxicos y el arsénico.
Estudios realizados en el marco de la causa penal dieron cuenta que el agua de red que consume la población de Pergamino presenta residuos de agrotóxicos y altos niveles de arsénico.
Sabrina demandó al Municipio por ser el responsable del servicio de agua potable y a la Provincia de Buenos Aires por tener el dominio sobre el acuífero que sirve de fuente para el agua que consume la población pergaminense. Lo interesante del caso es que Sabrina también demandó al SENASA, por ser el responsable en autorizar, en todo el país, agrotóxicos que representan un riesgo para la salud, siendo que muchos de ellos han sido cancelados en la Unión Europea o bien están catalogados como agentes genotóxicos, alteradores hormonales y cancerígenos.
Al SENASA se le cuestiona el deficitario proceso de aprobación de los agrotóxicos y su omisión en iniciar una revisión de gran parte de los principios activos autorizados ante la frondosa información científica que ha surgido en los últimos 20 años sobre sus impactos en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad,
Asimismo, se demandó al Estado Nacional para que actualice el Código Alimentario Argentino a los fines que el monitoreo que deben realizar las empresas del servicio de agua de potable como la fiscalización que corresponde a las autoridades de contralor (Autoridad del Agua en la Provincia de Buenos Aires) respecto a los agrotóxicos comprenda a los principios activos de uso actual en la agricultura industrial y no a los que fueron prohibidos hace más de 30 años, tal cual sucede en el presente.
Se trata de un planteo integral ante el Estado, en todos sus níveles (Nacional, Provincial y Municipal), en el entendimiento que estamos ante competencias interdependientes que deben ser abordadas en un proceso único respecto a un derecho humano esencial como es el acceso al agua potable y su saneamiento, tal como lo reconociera la Corte Suprema Nacional hace 10 años en el Caso Kersich.
Por ello, Sabrina interpuso la acción de amparo ante la Justicia Federal, que en primera instancia fue desechada e desintegrada, beneficiando al SENASA y al Estado Nacional.
La Cámara Federal de Rosario en un fallo muy criterioso, el 1 de Noviembre de 2024 hizo lugar a la apelación de Sabrina y ordenó el tratamiento integral del caso ambiental, por las responsabilidades concurrentes de todos los niveles de Estado (incluyendo al SENASA), y muy principalmente por estar impactado un bien interjurisdiccional como el Acuífero Puelche.
En una rápida intervención el Juez Federal de La Plata, Ramos Padilla, le solicitó a la Fiscalía de Lesa Humanidad para que se expida sobre la Denuncia por los Delitos de Lesa Humanidad en la Isla Martín García en el marco de la Conquista del Desierto.
El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.
La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.
En defensa del derecho humano al agua potable de 15 millones de personas residentes en el área metropolitana de Buenos Aires, una demanda colectiva pide declarar la inconstitucionalidad del DNU 493/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que habilita cortes de suministro, reduce estándares de calidad y privatiza un bien esencial para la vida humana.
Con base en su cosmovisión y el derecho a la salud, un comunidad Mapuche Rankel reclama justicia ambiental ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por las fumigaciones con agrotóxicos que amenazan a la salud de la población, a la naturaleza y la biodiversidad.
El Tribunal Federal Oral de Rosario debe definir si levanta las medidas cautelares en Pergamino ante la solicitud del Municipio en sociedad con el Agronegocio. Rotundo y contundente rechazo de la Querella que reclama justicia ambiental para todos los pueblos fumigados de la Argentina.
La Cámara Contencioso Administrativo de San Martín mantuvo la cautelar que aleja las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a mas de mil metros de los pozos de abastecimiento público de agua en la localidad de French, provincia de Buenos AIres. También mantuvo la entrega de bidones de agua segura libre de agrotóxicos y niveles de arsénico que no deben superar los 10 microgramos por litro.
Comunicado del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires por la Agroecología y el Buen Vivir ante la solicitud del Municipio de Pergamino a la Justicia para que se pueda fumigar a 100 metros del centro poblado.
La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.
El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.
Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Junín. Texto del Dictamen.
Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Olavarría. Texto del Dictamen.
En una rápida intervención el Juez Federal de La Plata, Ramos Padilla, le solicitó a la Fiscalía de Lesa Humanidad para que se expida sobre la Denuncia por los Delitos de Lesa Humanidad en la Isla Martín García en el marco de la Conquista del Desierto.
