13º Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires.

En la Cámara de Diputados de la Nación de la Argentina volvió a la agenda un proyecto del agronegocio que fija como “presupuestos mínimos” fumigar con venenos vía terrestre y aérea a 10 y 45 metros, respectivamente, de la población y escuelas rurales. La evidencia científica y una línea jurisprudencial robusta ya establecieron radios de resguardo muy superiores por riesgo sanitario. El esquema propuesto viola la progresividad/no regresividad, desconoce el bien común y desatiende la objetivación de la tutela ambiental.

La Cámara Federal de La Plata concedió el recurso ante Casación contra la sentencia que avala las fumigaciones con agrotóxicos en Pehuajó desconociendo las recomendaciones científicas. La concesión del recurso mantiene suspendida la Ordenanza local que autoriza las aplicaciones con venenos a 150 metros de la población pehuajense.

El Fiscal Federal General de Rosario Federico Reynares Solari rechazó la solicitud del Municipio de Pergamino de levantar las medidas cautelares que prohíben las fumigaciones con agrotóxicos y obligan a garantizar agua segura. En un dictamen que refuerza la vigencia del principio precautorio y la centralidad del derecho a la salud, este caso se erige como bandera de los pueblos fumigados de la Argentina, en una pulseada histórica contra el poder del agronegocio.

El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.

La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.

En defensa del derecho humano al agua potable de 15 millones de personas residentes en el área metropolitana de Buenos Aires, una demanda colectiva pide declarar la inconstitucionalidad del DNU 493/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que habilita cortes de suministro, reduce estándares de calidad y privatiza un bien esencial para la vida humana.

Con base en su cosmovisión y el derecho a la salud, un comunidad Mapuche Rankel reclama justicia ambiental ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por las fumigaciones con agrotóxicos que amenazan a la salud de la población, a la naturaleza y la biodiversidad.

El Tribunal Federal Oral de Rosario debe definir si levanta las medidas cautelares en Pergamino ante la solicitud del Municipio en sociedad con el Agronegocio. Rotundo y contundente rechazo de la Querella que reclama justicia ambiental para todos los pueblos fumigados de la Argentina.