Mujeres de acción y resistencia. Las Enemigas del Pueblo.

Ana Zabaloy, Sabrina Ortiz y Larissa Lombardi están atravesadas en común por recorridos de luchas que se repiten en cada uno de los territorios en Argentina y en el mundo, con descalificaciones, difamaciones o cancelaciones contra quienes deciden denunciar los atropellos y los daños de un modelo de acumulación y despojo que no es solo extractivista y contaminante, también lo es de dominación social. Son las Dras Stockmann de nuestros territorios enfermos y contaminados, que como la escena final de la obra de Enrirk Ibsen, se descubren empoderadas en la verdad y la convicción. Y más allá que nada las detenga, y a pesar de la pandemia del coronavirus y del extractivismo, inexcusable e imperdonable es pretender silenciar sus voces, ellas respiran lucha. En el caso de Ana Zabaloy ni su muerte por una enfermedad terminal ni la cancelación ejercida contra ella pudo ponerle un freno a su reclamo.

 UNA OBRA QUE TRANSCIENDE EN EL TIEMPO 

Un Enemigo del Pueblo, es una obra de teatro escrita por Henrik Ibsen, en el año 1882. Un guión, que a pesar de su antiguedad, transciende en el tiempo por su plena vigencia. La trama de la obra gira en torno al Dr. Thomas Stockman, empleado del balneario local que era la principal atracción turística y motor de la economía del pueblo. Stockman sospecha que las aguas del balnerario están contaminadas, y lo corrobora, tras realizar unos análisis en los laboratorios de la Universidad. 

Por ello, decide hacer una denuncia pública para alertar a la población de los riesgos a la salud que representa bañarse en el balneario y para que las autoridades procedan en consecuencia. La denuncia de Stockman implicaba cerrar el balneario y ello afectaría los ingresos económicos del pueblo. En una asamblea manipulada por los medios de comunicación y la clase política (Plataforma Cívica), Stockman fue señalado como autor de una denuncia falsa y un traidor y enemigo del pueblo, y así comenzaría un proceso de descalificación, persecución y amenazas a su persona y familia, tanto por los miembros poderosos de la Plataforma Cívica, con intereses económicos en el balneario, como los medios de comunicación y hasta el Alcade del pueblo, que era su propio hermano. 

UNA OBRA REAL DE TEATRO EN LA PAMPA SOJERA 

En el centro sojero del país (Pergamino, Provincia de Buenos Aires), ahí donde Monsanto/Bayer tiene sus campos de experimentación transgénica, una mujer, Sabrina Ortiz, se animó a ir a la justicia y denunciar las fumigaciones con agrotóxicos al frente de su casa. Y lo hizo casi con el título de abogada en la mano, apenas recibida. Era su primera intervención ante el poder judicial, (y federal además), pero con toda la información aprendida y padecida durante años sobre las implicancias de un modelo productivo que efectivamente enfermó a su familia y a decenas de personas en el barrio en el que decidió establecer y construir su casa para vivir. Una fotografía que se repite en toda localidad donde el modelo del agronegocio se despliega abiertamente. 

Gracias a la causa judicial que la tiene a Sabrina como principal denunciante, se pudo saber que el agua que consume la población de Pergamino presenta residuos de agrotóxicos.

Sabrina fue paciente, se encargó de informar y formar a la justicia que existían los trabajos de Delia Aiassa de la Universidad de Río Cuarto que demuestran el daño genético de la población en los lugares donde se fumiga constantemente con agrotóxicos. Lo reforzó con las investigaciones de Raúl Lucero en el Chaco y Estela Leite en Paraguay. Acercó el trabajo de Marcos Tomasoni sobre las derivas que demuestra que los agrotóxicos pueden llegar hasta 5 kms. Adjuntó los trabajos Damián Marino y Agustina Etchegoyen sobre la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con agrotóxicos, y los de Rafael Lajmanovich, Attademo y Peltzer sobre los efectos nocivos en anfibios. Sumó los valiosos aportes sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud humana de la mano de los médicos Medardo Ávila Vásquez y María del Carmen Seveso. 

Y no se quedó ahí, también aportó los conocimientos de Javier Souza Casadinho sobre la viabilidad absoluta de un modelo de agricultura que se desancle de los insumos externos contaminantes, cuyas externalidades, son absorbidas y asumidas por toda la población, que motivaron, precisamente, la causa judicial por ella encaminada. 

El uso de agrotóxicos en la agricultura se sustentó en la entelequia construida maliciosamente por las corporaciones del agronegocio de que dichas sustancias una vez liberadas al ambiente y apenas toman contacto con el suelo se biodegradan y no existe ningún riesgo de contaminación. Fue una gran mentira. 

Los agrotóxicos son persistentes, se volatilizan y se alojan adonde pueden, ya sea en las aguas subterráneas del mismo modo que en las superficiales o en los cuerpos de las personas humanas y de los organismos de los componentes biológicos que habitan los lugares impactados por el paquete tecnológico y prácticas del agronegocio; y hasta en los alimentos que diariamente consume la población. 

Fue una tarea maratónica que permitió ilustrar por primera vez – como nunca antes – con diligencia y pericia en la justicia federal de qué se trata el agronegocio y sus impactos.

La respuesta fue contundente. El magistrado dispuso una protección de 1095 metros y 3 mil metros para las aplicaciones terrestres y aéreas, respectivamente, con agrotóxicos respecto a la planta urbana de Pergamino. También ordenó pericias periódicas sobre las aguas subterráneas y un estudio de genotoxicidad en los barrios periféricos a los campos que en los últimos 25 años fueron expuestos a los agrotóxicos. A su vez, tanto el juzgado y la fiscalía, al contar con toda la información que aportó Sabrina en la causa penal, empezaron a reaccionar inmediatamente ante cada caso de fumigación que pone en peligro a la población. Efectivamente ello sucedió ya dos veces. En las localidades pergamineses de J.J.Peña y Gornatti. 

Pero ello tiene un costo muy alto. Insertándose como una escena más de la obra de Ibsen , en la que a Sabrina le toca el rol del Dr. Stockmann y enfrentar ella sola como abogada a 9 productores agroindustriales y fumigadores - sumado 2 ex funcionarios públicos - (todos hombres), el modelo del agronegocio y su cerco encubridor funciona a la perfección en los pueblos fumigados de la Argentina.

Intendentes/as y/o concejales/as vinculados a la sojización, ya sea como propietarios/as, empresarios /as o pertenecientes a familias terratenientes atravesadas por la matriz del agronegocio, son los que manejan los hilos institucionales en estas democracias capitalistas formales. En su rol de negadores/as de la realidad y bajo el relato de las buenas prácticas agrícolas, a la vez que llevan la voz informante ante la opinión pública de que el modelo es la base del desarrollo y progreso económico del pueblo, se encargan de ignorar burdamente los impactos de los agrotóxicos en la salud de la población (principalmente de los sectores sociales de bajos ingresos que viven en las periferias de la ciudad y son los más impactados) y en el ambiente, y de señalar (en este caso de Pergamino a Sabrina) como denunciantes seriales y desencajadas de la realidad, a las personas que alzan la voz exponiendo los daños que el modelo ocasiona. 

De modo implacable se hace presente también en el caso de Sabrina y Pergamino, la escena de la obra de Ibsen con el rol funcional de los medios hegemónicos de comunicación locales (La Opinión de Pergamino en su papel de La Voz del Pueblo), que permeables a las pautas publicitarias del agronegocio y de la Sociedad Rural (la Plataforma Cívica en la obra de Ibsen) o bien porque los propios propietarios de los medios son titulares de predios rurales sometidos al uso de OGM y agrotóxicos, se encargan de concretar el cerco encubridor de las consecuencias de un modelo ecocida. 

Una praxis argentina conocida desde el primer genocidio en nuestro país a los pueblos originarios, que se repetiría en el segundo genocidio llevado a cabo por la dictadura cívico-militar-eclesiástica (1976-83). 

En la obra de Ibsen, el Dr. Stockmann, a pesar de los hostigamientos, no claudicó y se mantuvo firme, porque sabía que la verdad estaba de su lado. Sabrina también lo sabe y resiste. Ella sabe que tiene el poder de la información de la ciencia digna. Los análisis de sangre en su familia arrojaron presencia de niveles muy altos de agrotóxicos, considerados agentes cancerígenos, disruptores endocrinos y genotóxicos, entre otros tantos efectos. El estudio de genotoxicidad dio cuenta que todos los familiares tienen daño genético. La pericia sobre las aguas subterráneas y de los suelos de su jardín como de las viviendas adyacentes al campo fumigado dieron presencia de agrotóxicos. En el caso del agua de consumo se encontraron 18 principios activos y metabolitos. La pericia del INTA-Balcarce a través de Virginia Aparicio y los dictámenes de la UFIMA y el Cuerpo Médico Forense, le dan la razón a Sabrina. Hay una situación de riesgo de daño grave cuando se fumiga con agrotóxicos en las adyacencias de la población y zonas de bombeo de agua subterránea para consumo humano. 

Precisamente por ese estado de situación, Sabrina tuvo que tomar la increíble decisión de mudarse de la casa que ella misma construyó y soñó, porque la prescripción médica determinó que era inevitable y urgente salir de ese lugar de contaminación para no empeorar la situación de salud de la familia y principalmente de sus hijes. Un autoexilio en su propia ciudad.

Como era de esperar, las autoridades municipales, la Sociedad Rural, los productores agroindustriales, el sector más conservador de la sociedad, junto a los medios locales hegemónicos, la designaron como una enemiga del pueblo, y emprendieron contra ella un proceso de microcancelación crónico que incluyó al principio amenazas y atentados contra ella y su familia, que obligó a la justicia federal asignar protección policial las 24 horas.

Durante meses Sabrina – junto a su familia - vivió sitiada en el mismo pueblo que decidieron vivir. 

El objetivo es claro. Quieren expulsar a Sabrina de Pergamino. La quieren desgastar en todo sentido. Lo que ella denunció y se comprobó en la causa judicial, es lo que se venía denunciando abiertamente por la Asamblea por la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino durante años, del mismo modo que el Paren de Fumigar Pergamino y todas las asambleas en cada pueblo fumigado de la Argentina. 

LA INJUSTICIA AMBIENTAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En la obra Ibsen, La Voz del Pueblo es el medio de comunicación que se encarga de aplicar el mecanismo de difamación, censura y cancelación al Dr. Stockmann. En el caso de Pergamino, ese rol lo asume a la perfección La Opinión de Pergamino (una suerte de melange nefasto de Clarín & La Nazión).

La Opinión a lo largo de todos estos dos últimos años de tránsito de la causa judicial, que la tiene a Sabrina como denunciante y abogada querellante nunca abordó integralmente la causa penal. Ni una sola mención en su tapa. Ello aún cuando la causa fue noticia en varios medios audiovisuales y gráficos nacionales, y Pergamino estuvo en el centro de la información del país ante la comprobación de las aguas contaminadas con agrotóxicos, en virtud de la denuncia de Sabrina, El mismo proceder se pudo observar en muchos otros medios hegemónicos de la región. 

Ahora bien, ante la reciente denuncia y detención de un piloto, propietaria del avión e ingeniero agrónomo por una fumigación aérea en la localidad pergaminense de Gornatti sobre una escuela rural en pleno horario escolar (3 de Marzo de 2021), La Opinión de Pergamino como TN del Grupo Clarín , decidieron abordar el tema, (dos semanas después de sucedido el hecho) en el falso entendimiento que ese caso nada tenía que ver con la causa en la que Sabrina es abogada querellante. 

En efecto, bajo la lógica cancelatoria que se viene desplegando respecto a Sabrina, se omitió deliberadamente mencionarla, y problematizar el hecho de Gornatti en el contexto de lo que se viene denunciando desde hace dos años por ella misma en la causa penal, con el claro fin de no legitimar su reclamo y la lucha de los sectores que bregan por el cese de las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las viviendas y escuelas rurales, y un cambio del modelo agroalimentario. Desconocerla deliberadamente a Sabrina (principalmente por el medio local La Opinión de Pergamino) para perpetuar la cancelación y el silenciamiento contra ella, también tiene implicancias de desconocimiento de esos sectores sociales.

A su vez, los medios apuntados pretenden presentar el caso de Gornatti, como un incidente aislado, por cuanto el fumigador, la propietaria del avión y el ingeniero agrónomo involucrados, serían unos irresponsables que no forman parte de la mayoría de productores/as agroindustriales que están imbuidos/as en las buenas prácticas agrícolas y no hace esas cosas, sic.

El hecho que el diario La Opinión de Pergamino, como TN de Clarín y otros tantos medios, decidieran abordar el incidente de Gornatti, a pesar de la indiferencia mantenida respecto a la causa judicial llevada adelante por Sabrina desde hace dos años (obviamente sin referenciarla a ella en absoluto), es importante analizarlo en el contexto de la noción de Justicia Ambiental y ver como también los medios de comunicación (tanto hegemónicos como algunos alternativos lamentablemente) son co-actores de procesos de injusticia ambiental. 

En el caso específico del diario La Opinión de Pergamino y TN de Clarín, la nota se presenta como el ejercicio del periodismo ambiental. ¿Cómo debe abordar el periodismo este tema que afecta la vida de todos? se preguntan Tourinho Girardi, I., Gallas Steigleder, D., Almeida Da Silva, J., & Beling Loose, E. en un trabajo de investigación brasileño que analiza el modo que un medio de comunicación abordó la noticia de la presencia de agrotóxicos en alimentos en Brasil  (1). 

En ese trabajo el grupo de investigadores nos dan pautas muy interesantes para considerar y buscar respuestas a la propuesta que realizamos de analizar el rol de La Opinión y TN de Clarín, y el que deberían tener los medios de comunicación -desde la noción de Justicia Ambiental - , focalizando en el caso de Sabrina. 

La investigación brasileña parte en señalar que emprender la lucha por la justicia ambiental es un buen comienzo para que la práctica profesional proceda de manera no exenta, buscando ver a personas y otros seres involucrados en sus historias, que registran injusticias y faltas de respeto a los derechos humanos y otros seres de la naturaleza. Ésta es una de las características del Periodismo Ambiental. Como forma de conocimiento, este entendimiento respeta los preceptos del periodismo y va más allá, aceptando el desafío de incorporar la visión sistémica para mostrar la interconexión de los elementos que involucran una cobertura ambiental. Continúan señalando que el periodismo ambiental no es propiedad de quienes tienen el monopolio del discurso, ya que debe estar conectado con el pluralismo y la diversidad de fuentes. El propósito de este periodismo es despertar la reflexión y, quizás, la acción de la ciudadanía por la problemática ambiental, a través de información bien contextualizada. Bueno (2007: 28) señala que "[...] los comunicadores o periodistas ambientales deben ser conscientes de que esta es una actividad que requiere militancia, compromiso, formación, ética y profesionalismo”. El Periodismo Ambiental engloba una actitud crítica en defensa de la sostenibilidad de la vida, en línea con la propuesta de justicia ambiental. Bacchetta (2000: 18, nuestra traducción) destaca este papel: "Es un periodismo que busca desarrollar la capacidad de las personas para participar y decidir su forma de vida en la Tierra, para asumir definitivamente su ciudadanía planetaria". Por ello busca involucrar a la población frente a los problemas ambientales, desarrollando su capacidad de participación y decisión sobre temas que involucran su existencia. Esto significa que el ejercicio de este periodismo debe ver al otro y dejarlo hablar para aprehender la realidad y construir narrativas comprometidas con la búsqueda de la justicia ambiental.”. 

Como se observa, claramente, en la nota de La Opinión de Pergamino y TN de Clarín, la descontextualización del caso de Gornatti, sin hacer mención ni a Sabrina ni a las Asambleas de Pergamino, o bien como sucedió en "otras notas" que también abordaron excepcionalmente “el incidente” del 3 de Marzo de 2021, haciendo mención a opiniones foráneas, que no son actores sociales de Pergamino, tiene el ardid de desfocalizar la problemática, profundizando una praxis de deslegitimación de quienes localmente, como el caso puntual de Sabrina, se expusieron públicamente con todos los riesgos que ello ha implicado para la vida de ella y su familia (y que sigue implicando). Es lo que lo que el equipo de investigación brasileña, señala sin eufemismos: la injusticia ambiental de los medios de comunicación y su funcionalidad, tal como en la obra de Ibsen asume “La Voz del Pueblo” contra el Dr. Stockmann. 

A pesar de esa injusticia ambiental de los medios de comunicación, Sabrina se mantiene firme.

Casi como un espejo, el caso Larissa Lombardi, profesora e investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad de São Paulo (USP) en Brasil, tiene las mismas connotaciones que el de Sabrina.  Un escenario de intimidación y hostigamiento permanente determinó su exilio.

En Brasil, bajo el régimen derechista de Bolsonaro se instaló un proceso persecución sistemático a intelectuales y académicos, que tiene como caso emblemático el suicidio del rector de la Universidad Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, ante un asedio sin límites de la delegada bolsonera Érika Marena.

En ese contexto Larissa Lombardi es victima también de un proceso de persecución a raíz de sus trabajos de investigación sobre los impactos del agronegocio en Brasil. Larissa, concretamente realizó una investigación exhaustiva sobre la situación del agua y el uso de los agrotóxicos en Brasil y denunció en uno de sus trabajos que en vastas regiones del país hermano, las aguas subterráneas están contaminadas con agrotóxicos (como en Pergamino), además estableció las implicancias que tiene en la producción de alimentos y su conexión con los países que compran esos productos, principalmente de la Unión Europea.

Luego de que ese trabajo fuera presentado en Europa, Larissa fue indicada por el gobierno de Bolsonaro como una enemiga del pueblo brasileño. Y sobre ella se desplegó el mismo modus operandi que en el caso de Sabrina. Intimidaciones a través de distintos medios de comunicación funcionales al agronegocio, e inclusive un asalto a su casa, en el que permaneció encerrada en el baño y le sustrajeron una computadora personal que contenía los datos de sus investigaciones.  Larissa dejó de asistir a eventos acordados y hasta tuvo que cambiar sus rutinas diarias. 

“La profesora Larissa distorsiona la realidad del campo, para respaldar su fantasía retrógrada”, acusó, en un artículo, el agrónomo del agronegocio Xico Graziano, ex diputado federal del PSDB y partidario del gobierno de Jair Bolsonaro.

 

Según el periódico militante, independiente y socioambiental Brasil do Fato el ingeniero agrónomo es conocido por estar su nombre involucrado a un sitio de noticias falsas “Observatorio Político”, a través de su hijo, Daniel, quien lo comandaba. Daniel fue citado en una investigación por publicar calumnias contra Fábio Luis Lula da Silva, hijo del expresidente Lula, al que se lo acusaba, entre otras cosas, de ser dueño de mansiones, aviones y grandes extensiones de terrenos, como el terreno donde se ubica la Escuela Superior de Agricultura, en la ciudad de Piracicaba. Todo fue falso. 

Larissa también es autora de estudios en los que relaciona la cría de cerdos y el covid-19, que fueron públicos en el año 2020 y otro que relaciona la Pandemia con la agroindustria (Enero 2021). Por estos textos, Larissa sufrió intimidación por parte de la Asociación Brasileña de Productores de Proteína Animal y de la propia Embrapa (Corporación Brasileña de Investigación Agrícola). Además, nuevamente, volvió a ser el blanco de Xico Graziano, esta vez en un reportaje de Jornal Nacional, funcional al ataque sistemático contra Larissa. 

La situación de acoso e intimidación también se desplegó, en todos los aspectos, en el ámbito académico, haciendo imposible su vida diaria, llegando a tal punto que la propia Larissa, en una carta a sus colegas de la Universidad de San Pablo, anunció que la mejor decisión ante la situación de persecución e intimidación que está viviendo, es exiliarse en Europa, siguiendo los consejos de muchas organizaciones y hasta legisladores europeos. 

Igual fue contundente, al señalar que no va a salirse de su línea de investigación y continuar denunciando lo que investiga, ya que consiguió por suerte, una beca en Bruselas. 

Además de instar a las autoridades públicas, es fundamental vigilar el agua, para que pueda ser investigada y para que podamos reducir los límites de residuos que permitimos. En Brasil, permitimos un residuo de glifosato que es 5.000 veces el límite permitido en el agua potable de la Unión Europea. Es fundamental que actuemos como ciudadanos. Larissa Lombardi

 

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 Ana Zabaloy, también fue señalada como una enemiga del pueblo.

Su lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de las escuelas rurales en el centro sojero del país (San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires) fue emblemática. En el año 2016 fundó la Red Federal de Docentes de Escuelas Rurales afectades por los agrotóxicos. Falleció a mediados del año 2019, tras un proceso de cáncer asociado a la exposición crónica a los venenos del modelo agroindustrial.

A mediados del año 2014, en una tarde de invierno, medio rostro se le paralizó a Ana, tras una fumigación terrestre con 2,4-D en pleno horario escolar, a metros de la escuela rural en San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, adonde daba clases y era Directora.

Ana no quedó bien de salud después de varios años de trabajo como docente rural. De hecho se enfermó y se convirtió en una paciente oncológica.

El Estado nunca reconoció su enfermedad como una incidencia laboral en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo. Un tanto por la indiferencia explícita del Estado a los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y otro tanto, por la complicidad de los gremios docentes oficialistas que nunca pusieron sobre la mesa de los reclamos el riesgo de daño grave que representa la labor insalubre de ejercer la docencia en las escuelas rurales fumigadas de la Argentina.

Ana misma se encargó de demostrar ante sus superiores que los impactos ambientales de los agrotóxicos en su escuela eran tangibles. Un estudio ambiental de la Universidad Nacional de La Plata que ella misma ordenó daba cuenta que el agua de lluvia y los suelos del jardín de la escuela presentaban altos niveles de varios agrotóxicos.

En su testimonio y relato de los distintos hechos de fumigaciones con agrotóxicos que presenció y padeció estando al frente de la escuela rural como directora, nos basamos - desde Naturaleza de Derechos - para construir en el mes de Febrero del año 2015, el Protocolo de actuación ante una Fumigación con Agrotóxicos en las adyacencias de una Escuela Rural. 

Ante la absoluta ausencia del Estado, el Protocolo se transfomó en una herramienta de ayuda para todos y todas las docentes rurales, de como actuar y documentar cada caso y poder así efectivizar luego un reclamo administrativo o judicial con vistas al cese de las fumigaciones y resguardar la salud de los niños, niñas, adolescentes y personal docente y no docente que asisten al establecimiento educativo.

Ana luchó para que se protegiera de los impactos de los agrotóxicos,  no solamente  a su escuela rural sino a todas del partido de San Antonio de Areco. Nunca fue escuchada por el poder político local. Todo lo contrario, fue descalificada, ninguneada y hasta señalada, tal como sucede en un típico pueblo donde el agronegocio despliega sus influencias y determinaciones, como autora de un dislate que nada tenía que ver con la realidad. Los medios locales hicieron su aporte no haciéndose eco de sus reclamos y denuncias.

Sin embargo, ella no bajó los brazos, ya jubilada como docente y con la enfermedad a cuestas en su cuerpo, empezó a llevar su voz a todos lados, en el Congreso Nacional, en la película de Pino Solanas, en distintos libros temáticos, medios alternativos de todas las partes del país, Hospital Garrahan, encuentros de Pueblos Fumigados y a todos los lugares donde era invitada.

A fines del año 2016, empezó a contactar a docentes rurales de todo el país que eran víctimas de la misma situación que ella conocía con sus propios ojos y su propio cuerpo.

Dio una batalla judicial para reclamar los daños ante el productor agroindustrial que durante años fumigó a pasos de su escuela rural, mientras ella daba clases y era directora.

En el año 2017, el poder político local de la mano del intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, desplegaría toda su hipocrecía realizando un relevamiento sanitario, al cual, Ana nunca fue invitada o considerada a participar en el proceso de construcción, siendo que ella era una referente indiscutible en el territorio en la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos, que venía desde hace años reclamando la modificación de la ordenanza local para que se aumentaran las distancias de protección en relación a las escuelas rurales (entre las que estaba su querida escuela) de 100 a 1000 metros para las aplicaciones terrestres. Ana era una enemiga para el poder político local, el sector rural agroindustrial y hasta para las autoridades educativas, que nunca trataron su situación particular como correspondía. La Dra Stockman de San Antonio de Areco.

Con bombos y platillos, el Intendente, tras el relevamiento sanitario, anunció patriarcalmente la prohibición de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en todo el Partido de San Antonio de Areco. Como un acto de concesión al soberano, también el modo subrepticio de silenciar la lucha de Ana. La Sociedad Rural y los sectores ruralistas agroindustriales locales consintieron llamativamente la prohibición sin objeción alguna. Algo raro había. Semejante silencio escondía algo. 

En realidad se trataba de una moneda de cambio, de la que se supo más tarde cuando la ordenanza, que si bien prohibía las aplicaciones aéreas, dejaba inmutable las fumigaciones terrestres a escasos 100 metros de las viviendas y escuelas rurales, aún cuando en los antecedentes de la misma norma se consignara que se encontraban cada vez más acreditados científicamente los riesgos a la salud humana que se generan tanto por la cercanía en la aplicación de agrotóxicos como en el residual que queda en el suelo y, sobre todo, en el agua de consumo habitual en las zonas rurales.

Fue una auténtica burla. El sector ruralista agroindustrial renunciaba a las fumigaciones aéreas con agrotóxicos, cada vez más costosas y menos eficientes a sus necesidades, pero no perdían ni un sólo metro para serguir aplicando venenos vía terrestre. Engaño perfecto, negocio redondo. 

Ana estaba indignada. Supimos de esa indignación, que no era buena para un cuerpo cuyo sistema inmunológico ya estaba golpeado duramente por el mismo agronegocio que seguía haciendo de las suyas, con estos personajes nefastos de la política (los mismos que promocionaban - en plena pandemia - las megagranjas porcinas chinas o una ley de agroecología con licencia de uso de venenos). 

Nuevamente no bajó los brazos, no se rindió, siguió construyendo la red de docentes hasta darle un espacio orgánico.  Con ella y docentes rurales de la red creada por ella, fuimos a las reuniones con la Defensoría del Pueblo de la Nación, a fines del año 2017, en pleno calor de un verano porteño, para actualizar la información de las escuelas rurales de todo el país y agregarlas a las actuaciones que en el mes de Setiembre del año 2014 motivaron la Resolución 29/14 del Organismo recomendando al Estado Nacional y Estados provinciales abordar debidamente la problemática, y así acreditar, su abierto incumplimiento.

Reclamó e insistió hasta los últimos días de su vida, para que el municipio le diera con detalles los resultados del relevamiento sanitario. Nos consta. Ana los quería para aportar en su causa judicial y a su vez para iniciar un amparo colectivo y solicitar el establecimiento de una medida paliativa de 1000 metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos respecto a todas las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires. A inicios de 2019 se lo habíamos prometido realizar. Estaba en marcha y hasta ella misma elaboró su información sumaria para contar con detalles su situación particular y de todas las escuelas rurales de ciudad, que era un reflejo del riesgo que padecían los y las docentes, niños y niñas que concurren a los establecimientos educativos rurales.

Pero en Junio de 2019, su cuerpo no dio más y dijo basta. 

Increíblemente, como un designio de las fuerzas extrañas de la naturaleza o vaya a saber qué, tras su muerte, la justicia, en el juicio de daños que ella había iniciado contra el productor agroindustrial, casi como un hecho único en la jurisprudencia, dictó un fallo post-morten, y dispuso - aunque no formara parte del reclamo judicial - una distancia de protección de 1000 metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos respecto de la escuela rural Nro 11 “José Manuel Estrada”, donde Ana fue directora, dejando sin efecto para dicho establecimiento la ordenanza local con los nimios y miserables 100 metros de Durañona. El mismo que luego de su muerte, intentó tergiversar los hechos manifestando que Ana había acompañado y consentido su ordenanza.

Hoy, como si fuera el cumplimiento de un legado, asumimos el compromiso de tirar abajo esa ordenanza espuria de San Antonio de Areco, como también ir por la protección de todas las escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires, para que todas tengan la misma medida paliativa de resguardo que la justicia dispuso casi divinamente sobre su escuela: la Escuela de Ana Zabaloy, que así se llama para quienes supimos de ella. 

En su memoria.

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1.- Revista Pospandemia 2. Octubre 2020. Página 274.

FOTO PORTADA DE ANA ZABALOY: ENREDANDO