No existen buenas prácticas cuando no se atiende el bien común. Por Carlos Carballo.

Carlos Carballo, Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Autor y Coautor de libros y artículos sobre Soberanía Alimentaria.  Dictaminante en la causa "Un Trigo de Libertad"  

Por medio de la Resolución 41/2020 el gobierno nacional dio a conocer la aprobación del Trigo Transgénico HB4, resistente a la sequía y a la salinidad, dando continuidad a una política continua que implicó la aprobación de numerosos eventos modificados genéticamente. En este caso el rechazo a la medida fue notablemente rápida y generalizada, abarcando  a la totalidad de  la “cadena” del trigo, diversos actores y al sistema científico y tecnológico.

Si bien el gobierno dejó condicionada la aprobación definitiva a una decisión estrictamente comercial -el aval de Brasil, histórico gran importador de trigo argentino- el análisis no puede limitarse exclusivamente a los riesgos comerciales con Brasil y otros muchos compradores. Se deben considerar múltiples aspectos, como señalan los más de 1000 científicos del CONICET y las Universidades Públicas y numerosos actores sociales, a cuyas consideraciones adherimos. 

La decisión gubernamental se contrapone a las recomendaciones de distintos organismos internacionales de la órbita de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, que consideran imprescindible la promoción de sistemas de producción - consumo locales,  de base agroecológica, donde se minimice el uso de insumos externos, a fin de efectuar un uso más razonable de los recursos naturales, cuidar la biodiversidad, reducir costos y lograr mayor autonomía.  Ello contribuiría a una  mayor seguridad y mayor soberanía alimentaria,  pues se trata de un alimento básico del que cada consumidor podría conocer quién, dónde y cómo se ha obtenido. 

 Medidas como la aprobada, por el contrario, consolida un modelo de producción   altamente concentrado y dependiente de los insumos básicos,  en el que los productores agrarios son básicamente proveedores y los consumidores de alimentos simples  “clientes” de mercados globalizados. Los mayores costos de una semilla que ahora pueden producir  libremente en sus campos, deberá ser abonada  a los obtentores de la HB4 a fin de  que “recuperen” los gastos de la investigación tecnológica, pero además deberán incorporar el resto del  “paquete”,  incluyendo incluso un herbicida muy potente prohibido por su toxicidad en Europa desde 2013, el glufosinato de amonio, que vendría a reemplazar al crecientemente cuestionado glifosato.

La difusión del trigo transgénico HB4 atentaría también además contra la posibilidad y el derecho de producir con los modelos “no tradicionales” que se están desarrollando en la provincia de Bs. Aires y  otras regiones,  ya que es altamente probable el “flujo de material genético” transgénico, destruyendo variedades y calidades altamente reconocidas y valoradas. La experiencia demuestra que no existen buenas prácticas, protocolos estrictos, legislación-control público, cuidados u obligaciones que puedan evitarlo cuando se trata de numerosos productores,  superficies importantes,  diversos territorios y objetivos que no siempre atienden el bien común. 

Por lo expuesto, considero que debe rechazarse del trigo transgénico HB4, ya que no solo multiplica riesgos, cuestiona la continuidad-difusión de modelos productivos más respetuosos del ambiente y de la vida,  e incrementa la dependencia de productores y consumidores, sino que atenta contra la democratización de la sociedad, condicionando la posibilidad de avanzar en  un desarrollo económico, ambiental, social, cultural, política y éticamente sustentable. 

Foto: Karl Grupe/Getty Images