El saqueo de la conquista se reedita con el saqueo presente, pero de la misma manera, se reedita la batalla. Por Carla Poth.

Carla Mariela Poth, Dra en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, con tésis en Semillas. Activista socioambiental, integrante de Subversión y la Multisectorial contra el Agronegocio. Coautora del libro "Los Señores de la Soja" (año 2010). Forma parte del frente actor de la acción judicial colectiva "Un Trigo de Libertad".

La historia del trigo ha sido de imposición y lucha. Desde que la conquista española trajo consigo las primeras semillas de trigo al Abya Yala, su expansión estuvo atada al sometimiento cultural, a una lógica imperial de imposición de las formas de producir y de qué alimentos comer. El famoso “pan de cada día” no es más que el resultado del constante intento de dominación sobre los pueblos originarios y la diversidad biológica. Al mismo tiempo, es resultado de la resistencia de las culturas de nuestro continente, a partir de la conservación de una enorme variedad de alimentos como la quinoa, el amaranto o la mandioca.

El trigo HB4 de la compañía Bioceres, aprobado en octubre de 2020 por el Ministerio de Agroindustria, encabezado por Luis Basterra, aparece con los mismos aires de conquista.

Con su cadena de ADN modificada en el laboratorio para tolerar la sequía y resistir al uso de glifosato y del glufosinato de amonio, este trigo genéticamente modificado amenaza con destruir la diversidad adquirida finalmente por este cultivo, tras muchos años de adaptación a nuestro territorio, y con poner en riesgo nuestra salud, incorporando a los agrotóxicos a ese alimento que se fue transformando en el insumo más consumido en nuestra mesa cotidiana.

Este trigo es un nuevo paso en el intento del capital de conquistar nuestra cadena alimentaria, consolidando el valor y las ganancias a través de nuestros cuerpos.

Pero una vez más, este intento no se cristaliza sin resistencias.

Lejos de ser trigo limpio…

El 7 de octubre del pasado 2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la empresa Bioceres, anunciaron la aprobación regulatoria del primer trigo genéticamente modificado, tolerante a la sequía: el Trigo HB4.

 La rimbombancia del anuncio interministerial, buscaba poner en agenda el mérito de que esta tecnología era producto del trabajo de científicos y científicas argentinos/as que, en un proceso de colaboración entre el sistema de investigación empresarial y laboratorios de universidades nacionales, desarrollaban este avance “sin precedentes”. Los bombos y platillos que anunciaban este “logro”, no casualmente, callaban que este trigo, según sus creadores, capaz de “minimizar las pérdidas de producción, mejorar la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés hídrico y dar mayor previsibilidad a los rindes por hectárea”, era además tolerante al glifosato y al glufosinato de amonio, ambos herbicidas altamente utilizados en la producción agraria, investigados por su alta genotoxicidad y neurotoxicidad en seres vivos

Así, este anuncio calló más de lo que dijo. Porque no sólo se omitió la poco sutil dependencia de esta semilla a los agrotóxicos, sino que tampoco se explicó que la tan mentada “colaboración” no tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población, sino responder a los intereses de las empresas privadas del sector. La “colaboración” significa poner a disposición financiamiento público, investigadorxs, conocimientos previos, redes e infraestructura generada por años en instituciones estatales, para investigaciones que luego adquieren patentes sumamente beneficiosas para el sector empresarial. Así, el trigo HB4 es el resultado de más de una década de políticas estatales que sometieron el sistema científico- tecnológico a los intereses del capitalismo agrario y que consolidaron la producción de un conocimiento mercantilizado, acrítico y cómplice de las atrocidades ambientales y sanitarias que se observan, hoy, en el campo argentino.   

Finalmente, tampoco se dijo que los productores de trigo de la región núcleo de Argentina se venían oponiendo hacía ya dos años a la aprobación de este cultivo genéticamente modificado. Por eso, ni siquiera, el ex Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevere se había atrevido a avanzar en la aprobación de este trigo, a pesar de que el evento ya tenía el visto bueno de la Oficina de Biotecnología. Las posibilidades de afectación del comercio interno del cultivo, así como también de los mercados de exportación obligó en 2018, a uno de los principales propulsores del modelo del agronegocio (dirigente de la Sociedad Rural Argentina), a poner el pie en el freno y rechazar su aprobación. Y es que el trigo genéticamente modificado (GM), de consumo directo para el mercado interno, puede generar fuertes impactos económicos en los productores y en los consumidores, ya que los costos de producción podrían afectar el comercio. Pero también, podría impactar en las exportaciones del sector, a nuestro principal comprador: el vecino Brasil.

Y sobre cómo el trigo GM llegó a nuestras mesas…

El trigo GM tuvo que pasar por la misma historia de aprobación que cada una de las más de 60 semillas genéticamente modificadas en nuestro país: una historia de complicidad, ilegalidad e intereses económicos que pone al Estado como principal garante de las ganancias de las grandes corporaciones y productores del modelo del agronegocio.  

Es más, el marco regulatorio que puso al trigo GM en nuestro plato, rebate sentidos lógicos básicos sobre el cuidado de la salud y el ambiente, va a contramano de lo establecido en otros marcos regulatorios globales y lesiona derechos consolidados. Podríamos decir que, cuando hablamos de semillas GM nos enfrentamos con verdades que son profundamente obvias pero perversamente ignoradas. Estas verdades de Perogrullo tienen en el centro de la escena a la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA, en adelante) que desde 1991 centraliza el mecanismo de aprobación de las semillas GM.

VERDAD DE PEROGRULLO 1: “Si estamos hablando de la introducción de una nueva tecnología, es fundamental realizar una evaluación integral y exhaustiva hasta probar su inocuidad”

Podríamos suponer que, dado que estas semillas han sido el producto de un desarrollo específico de laboratorio en el que se ha manipulado la cadena de ADN con el objeto de brindarle características específicas al individuo, y dado que el resultado es algo completamente nuevo y diferente, alguien ha evaluado sus impactos de manera integral, sus interacciones con otros individuos, especies, ambiente, que la evaluación ha sido exhaustiva, y que la misma ha tendido a minimizar los riesgos de su inserción. ¿A quién se le ocurriría pensar que una nueva tecnología sería masivamente lanzada al mercado sin conocer sus posibles impactos?

Lo cierto es que esta pregunta, que supone que alguien vela por la salud y el interés común de la población, y que da por cierto que toda innovación es debidamente evaluada para el resguardo de la gente, es echada por tierra en el caso de las semillas genéticamente modificadas (y no sólo en este caso).

Porque bajo la premisa de que las semillas GM son iguales a las semillas convencionales, que no tienen diferencias sustanciales, y no tienen riesgos porque la ciencia controla las investigaciones y brinda previsibilidad, el andamiaje del marco regulatorio se basó en la equivalencia sustancial. Este método de análisis compara las semillas GM y sus homólogas convencionales con el fin de encontrar diferencias entre ambas y evaluar los posibles riesgos de esas diferencias. Sin embargo, los reguladores de la CONABIA lo utilizan como principio de liberación, reconociendo que NO hay diferencias sustanciales entre ambos organismos. De esta manera, para estos reguladores, un trigo que ha sido modificado genéticamente para resistir a la sequía y para tolerar la exposición masiva al glufosinato de amonio y al glifosato es sustancialmente equivalente al trigo que hoy se produce en la pampa argentina. Partiendo de la idea de que el trigo convencional no tiene riesgos (hace ya siglos que se producen diversas variedades del mismo), y de que este no tiene diferencias con el trigo genéticamente modificado, entonces, ¿para qué analizar los riesgos ambientales y sanitarios si, para quienes evalúan, estas semillas no tienen riesgos? 

El resultado de esta lógica ilógica y adulterada por una perspectiva científica que sostiene a las semillas GM como un baluarte del progreso tecnológico, es la configuración de un marco regulatorio que no evalúa el impacto ambiental, sino simplemente las consecuencias que este nuevo cultivo GM podría tener sobre otros cultivos, es decir, solo los riesgos agronómicos de su liberación. Asimismo, no evalúa el impacto en la salud de los OGM, porque supone que los rastros de organismos genéticamente modificados no llegan al consumo humano.

Y, fundamentalmente, el marco regulatorio consolidado viola, en la liberación de cada semilla de GM, el principio precautorio consolidado en la Ley General de Ambiente (N° 25.675),  que establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. De esta manera cada semilla GM que se produce en nuestro país, ha sido aprobada, también, a partir de la violación del derecho básico a un ambiente sano, consolidado en la constitución nacional, y ratificado en ella a partir de la incorporación de convenios internacionales, como el de Diversidad Biológica. 

Y aunque en la actualidad hay sobrada información sobre los posibles efectos ambientales y sanitarios de los OGMs, a través de un acto de magia, los/as reguladores/as desaparecen de escena estas investigaciones, tomando como información “confiable” los datos brindados por las empresas interesadas en la liberación de estos cultivos. Asimismo, mientras ignoran algunas investigaciones (criticándolas por su “dudosa” procedencia), liberan basándose en resultados académicos que han sido denunciados por otros/as científicos/as, por haber sido directamente financiadas por las empresas biotecnológicas.  

Distinto es lo que ocurre cuando de riesgos económicos hablamos. Y es que el único riesgo que se ha observado a lo largo de la historia de estas semillas en Argentina ha sido el riesgo económico y/o comercial, que establece que la aprobación de una semilla GM está supeditada al hecho de que no ponga en peligro la comercialización de otros cultivos, o bien que pueda garantizar que su liberación podrá ser comercializada en el mercado global. De esta manera, podemos ver que las evaluaciones de riesgo ambiental y sanitario descansan, en verdad, sobre la posibilidad o no de comercializar el cultivo y garantizar ganancias a la cadena del agronegocio. 

Es por esto que, no tanto por presiones políticas sino más bien por exigencias del marco regulatorio, la liberación del trigo HB4 ha quedado en suspenso sólo para la comercialización, esperando su aprobación en Brasil.  

VERDAD DE PEROGRULLO 2: “Si las semillas han sido modificadas para tolerar el uso de agrotóxicos, debo ver los impactos de esta relación”

 En Argentina, las 61 semillas liberadas para comercialización tienen algún tipo de tolerancia a agrotóxicos. Es esta explícita dependencia entre agrotóxicos y semillas GM lo que hace evidente que las buenas prácticas agrícolas no son más que un discurso. Las semillas GM, lejos de reducir el uso de productos tóxicos para la producción, los sistematiza, los vuelve una regla del proceso productivo… Si la semilla GM es la génesis, el agrotóxico es el alimento del agronegocio.   

Frente a este dato duro, la lógica indicaría que al momento de analizar estas semillas, que son modificadas con el objetivo de asociarse a estos productos, el marco regulatorio debe tener en cuenta las relaciones sinérgicas entre estos componentes del paquete biotecnológico… porque ninguno puede vivir sin el otro. 

Sin embargo, muy lejos está la lógica de la realidad. Mientras que los agrotóxicos son analizados de manera independiente por parte del SENASA (con métodos también sesgados y deficientes, como el de la DL50[1]), el marco regulatorio de semillas GM no analiza la relación de estas semillas con los agrotóxicos y, a su vez, la interrelación de este paquete con el ambiente. De hecho, ni siquiera presupone la aparición de resistencias ambientales (adaptaciones vegetales y/o animales) a partir del uso sistemático de este paquete.

Así, el uso de más de más de 600 millones de litros/ kilos de agrotóxicos al año son, según quienes imponen el modelo, producto de la ignorancia o las malas intenciones de los productores agropecuarios que caen en la “tentación” de utilizar estos productos. Nada dicen de que, estas “buenas prácticas”, no son más que una necesidad generada por las empresas que han impuesto este paquete para el constante y creciente uso de estos productos. Tampoco dice como este uso en ascenso genera enormes ganancias a grandes corporaciones globales que viven de los mercados oligopólicos que, no casualmente, que construyen produciendo simultáneamente los agrotóxicos y las semillas GM. En esta operación perversa, los productores dependientes de esta producción enferma (que necesita cada vez de más de esos tóxicos), resultan los “responsables” del mal uso necesario de esos insumos. 

VERDAD DE PEROGRULLO 3: “Esta dinámica de liberalización de semillas GM, que se ha consolidado como política de estado desde la década de los ’90, tiene el apoyo de todos los sectores sociales afectados”

Se podría suponer, dado que vivimos en el contexto de regímenes democráticos, que este marco regulatorio que se ha consolidado hace más de 20 años cuenta con el apoyo y la legitimidad que le brindaría un debate parlamentario, mecanismos de participación pública, incluso la publicidad de la información que gestiona. 

Sin embargo, todas y cada una de estas cuestiones son parte de una flagrante deuda política.  

La CONABIA, como organismo asesor en un primer momento y la Oficina de Biotecnología a partir de 2004, centralizan los aspectos más fundantes de la normativa biotecnológica en nuestro país, con el agravante de que ambas instancias suponen dinámicas resolutivas que no abren al debate democrático, desconocen los mecanismos de participación pública garantizados por la legislación ambiental en Argentina e, incluso, han tomado definiciones técnicas durante mucho tiempo sin siquiera hacer públicos sus mecanismos de funcionamiento institucional.  

A esto es fundamental sumarle un marcado sesgo de intereses que hacen de esta comisión un espacio muy poco transparente. La misma, está compuesta en un 30% por representantes del sector privado (cámaras empresariales de empresas semilleras y de agrotóxicos), un 20% por representantes del sector público (Secretaría de Ambiente, SENASA, entre otras instituciones del estado) y un 50% por universidades públicas y centros de investigación. Además, la comisión consta de un comité observador con voz, compuesto por 4 miembros de cámaras empresariales. Una rápida pincelada por estos datos nos muestra que, en primera instancia, los principales interesados en la liberación de estas innovaciones son jueces que toman decisiones respecto de qué y cómo se aprueban estas semillas. Entonces, si estos interesados son parte del proceso, ¿qué pasa con el resto de los implicados? ¿Dónde están las voces críticas a este modelo, quienes reciben en los territorios el impacto directo de estas liberaciones, quienes comen los productos generados en este negocio? Brillan por su ausencia. No tienen voto en el proceso, y ni siquiera tienen una voz que se exprese en algún mecanismo de consulta que habilite, al menos precariamente, a la participación.   

Se podría pensar que este sesgo no sería de peso, dado que el 50% de la comisión se encuentra integrada por representantes de las universidades públicas y de laboratorios de investigación. Sin embargo, ni siquiera estos sectores están exentos de intereses. Porque, tal y como dijimos más arriba, quienes participan activamente en la CONABIA son parte de esos espacios de investigación que con tanta fanfarria ha ensalzado el gobierno nacional en el caso del trigo HB4: esos sectores acríticos, que trabajan con las empresas biotecnológicas, en convenios público- privados que no cuestionan el carácter mercantilizado del conocimiento que producen. Quienes representan a la investigación en esta instancia, articulan sus trayectorias académicas en un triángulo vicioso: representando intereses empresariales, investigando y regulando… todo en una misma operación. Sin importar que muchos de estos integrantes sean parte de instituciones públicas, las lógicas con las que producen conocimiento se anclan en la necesidad de generar ganancias. 

Sólo así se explica que, en un organismo público como la CONABIA, violando la Ley de Acceso a la Información Pública N°27.275, se resguarde en secreto información que las empresas consideran sensible ya que ponen en riesgo las ganancias asociadas a los marcos de propiedad intelectual (apelando al principio de confidencialidad). Mientras, se lesiona el derecho básico a la información de los damnificados directos del modelo que buscan y exigen conocer sobre estas cuestiones. 

Reeditemos la lucha!!

A esta altura, no podemos pensar que trigo HB4 es sólo una semilla genéticamente modificada. En cambio, es el producto de una política de Estado que lleva más de dos décadas y que supone, por un lado, la consolidación del capitalismo en la agricultura y, por el otro, la promoción de un modelo de producción de conocimiento científico completamente funcional a las lógicas de valoración del capital agrario.  

No hay grietas gubernamentales en lo que respecta a esta apuesta política y económica del agronegocio y el paquete tecnológico que lo alimenta. Ya sea para pagar la ilegítima deuda externa, hacer caja a través de la obtención de dólares o financiar gasto público, no hay dudas sobre “lo que hay que hacer”: generar mecanismos que habiliten la rápida liberación de semillas GM, reducir costos de evaluación ambiental y garantizar las ganancias de las corporaciones a través de la propiedad intelectual. 

Y así, mientras se promueve la expansión del paquete biotecnológico en las regiones agrarias, el Estado consolida la vigencia de una ciencia mercantilizada incapaz de producir pensamiento crítico, libre, emancipado y con el objetivo de resolver las necesidades alimentarias, ambientales y sanitarias de las clases trabajadoras.

Decía que la historia del trigo fue la historia de la conquista de la diversidad biológica, la cultura y el conocimiento. Hoy una nueva conquista busca consolidarse, ya que con el trigo HB4 se imponen nuevas lógicas comerciales en las que pocas empresas toman la decisión sobre nuestros alimentos, eliminan la diversidad biológica en los territorios, acumulan la información genética en sus laboratorios y roban el conocimiento creado por generaciones de productores y productoras a través de la propiedad intelectual. Si el saqueo de la conquista se basó en la violencia de las armas y la masacre, el saqueo de hoy se impone con tubos de ensayo y regulaciones.

Por eso, debemos aprender y reeditar la lucha de nuestros ancestros y ancestras, los y las hacedores y hacedoras del Abya Yala. Es fundamental que sigamos batallando, no sólo contra el uso de los agrotóxicos, sino también contra el corazón de este modelo, que son las semillas genéticamente modificadas. Necesitamos denunciar a esos cómplices que pretenden vendernos espejitos por comida, y que, con libros bajo el brazo, quieren hacernos creer que no somos capaces de hacer nuestra historia, de construir nuestro destino. Antes venían con la biblia. Hoy nos hablan con “la ciencia”. Nos venden tecnología y progreso, pero sólo siembran enfermedades y muerte.

Debemos seguir plantando la semilla de una práctica revolucionaria que construya soberanía alimentaria, organización solidaria, conocimiento colectivo y compartido. Se lo debemos a los y las que vienen, a quienes somos y seremos, y a los y las originiarios/as de quienes heredamos esta lucha.

 
[1] La evaluación de la DL50 (dosis letal 50) mide la cantidad de sustancia necesaria para provocar la muerte del 50 % del total de individuos que la ingieren. Cuanto menor sea la cantidad de principio activo requerida para alcanzar la DL50, supone un alto nivel de toxicidad. Este mecanismo de evaluación no considera los daños subletales ni los daños crónicos (como cánceres, enfermedades neurológicas, pulmonares, deformaciones congénitas ni abortos espontáneos). Incluso,  la OMS aclara que los criterios de clasificación son sólo una guía complementaria (RENACE, 2011)