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La Lucha Judicial del Pueblo de San Miguel del Monte por el Agua Potable tiene su Planta Potabilizadora.

En el mes de Mayo de 2026 la empresa ABSA estará en condiciones de poner en funcionamiento la Planta de Ósmosis Inversa en San Miguel del Monte, fruto de la lucha judicial de la Asamblea de Vecinos y Vecinas por el Agua Potable.
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En el año 2019 acompañamos con nuestro patrocinio a la Asamblea de vecinos y vecinas de San Miguel del Monte ante la Justicia de La Plata, demandando a ABSA para que construya una planta potabilizadora para el tratamiento del Arsénico, atento a los altísimos niveles de dicho metaloide en el agua para consumo de la población.

La justicia a cargo de la Jueza Dra. Dra. Sandra Nilda Grahl ordenó de modo expedito y criterioso medidas cautelares cuya eficacia coercitivca encontraron eco inmediatamente, en la aceptación de la problemática por ABSA y el Gobierno de la Provincia de Buenos AIres, en una Audiencia multidinaria. en la sala central del Palacio de los Tribunales planteses.

En dicha Audiencia, las demandadas asumieron el compromiso de construir una planta potabilizadora.

Superando los contratiempos de la Pandemia, el inicio de la construcción de la Planta Potabilizadora fue un hecho que empezó a materializarse de modo concreto a partir de 2022.

Este Mayo de 2026 nos encuentra con una Planta Potabilizadora terminada y a punto para funcionar asegurando a una gran parte de San Miguel del Monte agua segura libre de Arsénico.

El Caso Judicial de San Miguel del Monte (Lamothe Coulonme) a igual que el Caso Judicial de 9 de Julio (Kersich), bajo nuestro patrocinio, son dos ejemplos de como la lucha asamblearia, la abogacía popular ambiental y un servicio de justicia de jueces y juezas comprometidos con su labor judicial, pueden permitir el acceso a la Justicia Ambiental de los Pueblos que luchan por el Agua, sin necesidad de una sentencia condenatoria, bastando una audiencia, medidas cautelares coercitivas y una praxis jurídica de precisión.

Estamos orgullosos/as de esta nueva planta que la lucha popular de San Miguel Monte logró y nos permitió ser parte, y que ratifica el "Sur" de nuestra praxis juridica por el agua potable en Argentina en todos los frentes.

Nuevas luchas asamblearias por la misma problemática van por lo mismo. Y en esa estamos.

El Agua es un Derecho Humano, no es una mercancía, y la defensa del agua también.

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Fallo clave para los Pueblos Fumigados y las Asambleas que luchan por el agua potable en la Provincia de Buenos Aires.

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La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín ratificó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones con agrotóxicos dentro de los mil metros de la planta urbana de French, viviendas rurales, asentamientos y pozos de extracción de agua potable y obligación a garantizar agua apta para consumo humano y realizar monitoreos de agrotóxicos en las aguas subterráneas. 
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Lobos: el apartamiento de un juez permitió destrabar la causa por el agua contaminada con arsénico y agrotóxicos y avanzar hacia una pericia científica decisiva.

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Naturaleza de Derechos

La lucha del grupo amparista por el agua libre de arsénico y agrotóxicos en la localidad bonaerense de Lobos logró apartar provisoramiente a un juez conflictivo y que se abra una ventana procesal ante la nueva jueza que ya designó una audiencia y que también está decidida avanzar con la producción de prueba, que se había dificultado con el juez recusado.
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La Comunidad Indígena Rupu Antv lleva a la Justicia una discusión de fondo sobre genocidio, derogación de ley de tierras y agricultura agroecológica e indígena.

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Naturaleza de Derechos

La acción ante la justicia federal de La Plata enlaza la desposesión territorial indígena con una deuda todavía vigente del Estado argentino. El planteo reclama el derecho a la tierra, reivindica la agricultura agroecológica e indígena y cuestiona la derogación por DNU de la Ley de Tierras, dentro de una historia atravesada por un Genocidio y la pérdida forzada del territorio.
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Virginia Aparicio: Ciencia pública, persecución del INTA y un mensaje aleccionador.

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Fernando Cabaleiro

La decisión del INTA de exonerar a Virginia Aparicio se inscribe en una historia de persecuciones, presiones y disciplinamiento sobre investigadores que produjeron evidencia incómoda para el agronegocio. Defender a Aparicio es también defender la libertad científica, la independencia de la investigación pública y el derecho de los pueblos fumigados a contar con la mejor ciencia disponible.
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Caso Pergamino: las víctimas apelaron las absoluciones y llevaron la voz de los pueblos fumigados a la Cámara de Casación Penal Federal.

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Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco impugnaron la sentencia del Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario. Solicitaron revisar las absoluciones de Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, preservar las medidas ambientales vigentes y extender transitoriamente la protección a las escuelas rurales y los pueblos del interior de Pergamino.
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El Territorio no se vende ni se concentra.

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Fernando Cabaleiro

El retroceso oficial ante la sesión del 6 de agosto demuestra la fuerza de la movilización social. La amenaza sobre la Ley de Tierras continúa abierta y exige ampliar la discusión en clave plurinacional hacia el verdadero problema territorial argentino: la concentración de la propiedad, el control productivo y el desconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
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Un auspicioso fallo judicial que abre un camino en la Provincia de Buenos Aires para visibilizar la contaminación de los agrotóxicos en el agua que consume la población.

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La flamante Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata en uno de sus primeros fallos ambientales  marca una senda respecto a los agrotóxicos en el agua de consumo humano para terminar con la invisibilización inaceptable de una problemática que provoca el Agronegocio en la salud pública.
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Despropósito judicial y justicia prófuga: el veredicto de Rosario que certificó el envenenamiento en Pergamino pero blindó al agronegocio.

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A pesar de convalidar el daño por agrotóxicos en la salud de los niños y condenar a los funcionarios públicos municipales, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodriguez Da Cruz, absolvió a los productores agroindustriales, con una dogmática penal vetusta escapándose de su función jurisdiccional y adelantando una sentencia absurdamente contradictoria.
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