Se aprobó la comercialización del Trigo Transgénico en la Argentina.

Luego de 5 años de haber recibido el visto bueno de la CONABIA y el SENASA, se aprobó por el Ministerio de Agricultura de la Nación (aunque de modo condicional a un permiso de Brasil) el primer Trigo Transgénico, que incorpora la biotecnología conocida como HB4 con la inserción de genes que dan resistencia a la sequía y tolerancia al agrotóxico Glufosinato de Amonio.

HB4 es un evento biotecnológico desarrollado por la ciencia estatal argentina por el cual se interviene el genoma del cultivo insertando un gen del girasol que aumenta su resistencia al stress hídrico y que suma como variante apilar los genes que dan tolerancia al Glufosinato de Amonio y el Glifosato, indistinta o conjuntamente. Se trata de un método del agronegocio para paliar los efectos de la sequía que es una consecuencia directa del cambio climático del que el modelo agroindustrial es gran parte responsable.

La particularidad de la biotecnología HB4 es que reconoce como fuente de conocimiento a la ciencia estatal argentina en sociedad con el agronegocio. Ello fue posible gracias al acuerdo empresarial estatal que dio origen a la empresa INDEAR, la cual está compuesta con el aporte de gestión empresarial de BIOCERES y la participación del aparato de la ciencia estatal (CONICET) que pone a disposición el conocimiento científico que se produce con fondos públicos.

La aprobación comercial del Trigo Hb4 más que un avance de la ciencia argentina, tal como lo presentan los medios hegemónicos, siguiendo la narrativa de las autoridades nacionales es la consagración de un sistema vicioso de mercantilización del conocimiento científico estatal que socialmente la sociedad civil solventa, pero que termina beneficiando económicamente a las corporaciones y actividades extractivistas, cuyos riesgos y consecuencias dañosas son absorbidas luego, en definitiva, por la sociedad en su conjunto. Conocimiento y consecuencias socializados por y sobre la sociedad, beneficios exclusivos para las corporaciones y sector agroindustrial. El ideólogo de ese esquema aplicado, desde principios de la década pasada, que pone el aparato de la ciencia estatal al servicio exclusivo de las corporaciones extractivistas tiene nombre y apellido: Roberto Salvarezza otrora (2013-2015) Presidente del CONICET y ahora el actual Ministro de Ciencia y Tecnología, siguiendo el camino iniciado por su precesor y maestro: Lino Barañao.

En mayo de 2013, la empresa Bioceres, había obtenido la licencia para el uso y explotación del gen HB4 (extraído del girasol por la ciencia estatal), y firmó acuerdos para el desarrollo conjunto con la firma francesa Florimond Desprez de la variedad de este trigo transgénico que acaba de obtener la aprobación comercial, aunque condicionada a la aceptación por Brasil, principal país exportador del cereal argentino.

El Trigo HB4 de Bioceres no cuenta con evaluaciones de impacto ambiental en todos los biomas y no posee ensayos a largo plazo en laboratorio sobre los efectos crónicos y cancerígenos, por la sencilla razón que la reglamentación no lo exige. Recordemos que en la Argentina no hay una legislación de presupuestos mínimos sobre OGM, sino tan solo resoluciones administrativas del Ministerio de Agricultura que minimizan sus impactos en el ambiente y en la salud humana y no permiten el acceso a la información ni la participación ciudadana. En la Argentina no rige el Protocolo de Cartagena. De estar vigente, todos los transgénicos que hasta hoy cuentan con aprobación comercial estatal, incluido el Trigo HB4, serían manifiestamente ilegales, por no cumplirse con los criterios de análisis de riesgos mínimos que dicho instrumento del Convenio de Diversidad Biológica establece.

También debe tenerse en consideración, que el argumento de la sequía es sólo una pantalla, en realidad el Trigo HB4 apila también el gen que le da tolerancia al Glufosinato de Amonio como alternativa al agrotóxico Glifosato. Esto último es particularmente muy grave, porque el trigo es un alimento esencial que forma parte de la dieta diaria en nuestra sociedad, y con la tolerancia al Glufosinato (sin perjuicio de la alteración genética ), se suma un riesgo significativo a la alimentación de la población al consumir pan, harinas, pastas con residuos de este agrotóxico que opera en el organismo humano como un disruptor endocrino.

El Glufosinato de Amonio, forma parte del plan B del agronegocio argentino, ante la eventualidad que en la Unión Europea se prohíba el Glifosato, o como ya está sucediendo en muchos países, siendo el caso más emblemático y reciente el de México. La mayoría de los últimos OGM aprobados en la Argentina cuentan como evento transgénico principal o secundario, la incorporación del gen que da tolerancia al Glufosinato de Amonio en los cultivos de maíz, soja, caña de azúcar y trigo. Una estrategia para perpetuar el envenenamiento de la población. Pues de prohibirse el Glifosato, los OGM con la tolerancia al Glufosinato, permitirán la continuación del control químico con este veneno.

El evento HB4 del Trigo de Bioceres-Conicet, además de representar un peligro para la salud humana genera un riesgo muy grande para la diversidad genética, concretamente para las variedades nativas y criollas de trigo, ya que se trata de un cultivo cuyo proceso de polinización es por anemofilia, es decir, a través del aire o el viento, por lo tanto los riesgos de contaminación con el gen HB4, son muy altos.

La intervención del Genoma ha sido defendida durante años por la ciencia funcional al agronegocio bajo la argumentación de que la técnica transgénica opera como un juego de mecano donde se pueden incorporar piezas sin que se produzca ningún tipo de alteración. Sin embargo, tal como Naturaleza de Derechos lo hizo saber a la Asamblea de los Pueblos del año 2016 en La Haya (Holanda), en el marco del Tribunal Monsanto, dicha empresa reconoció ese mismo año en un expediente judicial que tramita en la justicia argentina - en el que reclama los derechos de patentes de secuencias genéticas - que la técnica de inserción de genes tuvo como respuesta un efecto inesperado del genoma, conocido como silenciamiento génico, admitiendo de ese modo el concepto de Genoma Fluido, que imposibilita hablar de estabilidad y seguridad cuando el mismo es intervenido antrópicamente, y por lo tanto, las consecuencias imprevisibles, estando en juego la diversidad biológica y la salud humana, deben abrirle el paso al principio precautorio.

Recientemente Naturaleza de Derechos tuvo acceso al expediente administrativo de la SOJA HB4 que Bioceres presentó ante las autoridades golpistas bolivianas este año. Ahí se pudo comprobar que Bioceres y el Conicet realizan el mismo ardid de las grandes corporaciones biotecnológicas para emular la inocuidad alimentaria y la seguridad ambiental de los OGM. Bioceres cuenta como a uno de sus fundadores a Moisés Burachik (también miembro de ILSI, organización del agronegocio y las corporaciones alimenticias), que evidentemente aprendió bastante bien las prácticas maliciosas y mendaces de Monsanto y Bayer para esconder los verdaderos impactos de los OGM, cuando era el encargado de dar el visto bueno rutinariamente a las semillas transgénicas de dichas corporaciones de la biotecnología, respecto al análisis (simulado) de inocuidad alimentaria, que realizaba en representación del SENASA.

Los argumentos de la escasez de alimentos, las consecuencias del cambio climático y que los cultivos más importantes a nivel mundial -soja, trigo, arroz y maíz- tienen un crecimiento inferior con respecto a lo que aumenta la población mundial, tampoco son admisibles para justificar la aprobación del Trigo HB4, además de ser absolutamente falaces y cínicos. Falaces por cuanto no hay escases de alimentos, sino que hay niveles altísimos idénticos de desigualdad en el acceso como en el desperdicio de los mismos. Y decimos cínicos ya que el cambio climático y el déficit de crecimiento en los cultivos del que hablan los que promocionan el HB4 (empresarios de Bioceres, científicos involucrados con el desarrollo del ogm y funcionarios públicos) son en realidad, consecuencias propias de un modelo de agricultura que deforesta e incendia para provocar un cambio de uso del suelo (aumento de los gases de efecto invernadero) generando extremos climáticos (fuertes precipitaciones con inundaciones a períodos largos de sequía), con el combo perfecto de la dependencia a cantidades exorbitantes de sustancias químicas (casi 600 millones de litros/kilos por año) y fertilizantes sintéticos (+4.600 millones de litros kilos por año) cuyas consecuencias son las pérdidas cuantiosas de nutrientes naturales de los suelos a los que dejan prácticamente inertes.

Ante ese proceso devastador, en vez de proponerse un cambio de raíz sustancial para iniciar un proceso de remediación con una agricultura regenerativa, se decide volver a poner a prueba la capacidad de resiliencia de los biomas, generando estos parches biotecnológicos, y lo más penoso, de la mano de una ciencia estatal, que no peca de ingenua ni es neutra ni es abstracta, ya que éticamente no se puede desentender que ese evento biotecnológico se pone en clave dentro de un modelo enfermo que funciona de modo sistémico, demandando más uso de venenos y fertilizantes fósiles y cuyas consecuencias adyacentes no pueden ser ignoradas, menos aún en el contexto de un colapso ambiental sanitario en que el planeta se encuentra inserto y aún no ha salido.

Por eso, es claro que no existe ni ignorancia ni analfabetismo científico, ni político y menos aún a nivel de las grandes corporaciones. Se sabe muy bien de que se trata, de ahí el ardid malicioso de no legislar los OGM ni los agrotóxicos, proscribir la participación ciudadana, y como contrapunto no exigir a las empresas los debidos ensayos sobre los riesgos ambientales y alimentarios, las cuales, a su vez, siguiendo ese derrotero de ocultamiento, contratan científicos y científicas de la ciencia pública dispuestos/as a mercantilizar el conocimiento para afianzar los permisos de autorización de OGM con altas rentabilidades para un sector de la economía, pero que los costos y los riesgos de daño grave e irreparable que representan las externalidades de esos OGM son soportados y efectivamente absorbidos por la sociedad en su conjunto. Un proceso de injusticia ambiental que ahora suma el guiño del aparato de la ciencia estatal y que se traduce, sin eufemismos, en un ecocidio planificado perfecto del capitaloceno, con un tiro de gracia para la soberanía alimentaria que ya ni siquiera encuentra un resquicio en el pan de cada día.

Repaso histórico sobre la lucha contra los OGM por Naturaleza de Derechos en la Argentina.

Desde el año 2012, se ha cuestionado ante los tribunales de justicia, el procedimiento de aprobación de OGM en Argentina, a su vez, demandando también a las tres grandes corporaciones del agronegocio Monsanto, Bayer y Dow por sus eventos trangénicos de soja y maíz.

En ese proceso judicial se solicitaron varias medidas cautelares. Medida de no innovar consistente en la suspensión de los eventos transgénicos en discusión (Soja Intacta y Maiz de Monsanto/Bayer y Soja 2,4d de Dow/Corteva), una medida innovativa que ordene que el proceso de evaluación de los impactos prevea un correcto análisis de los riegos ambientales y de inocuidad alimentaria, con una instancia de participación ciudadana para que la sociedad civil y los expertos expusieran los motivos del por qué no deben aprobarse más transgénicos en nuestro país.

En el año 2014, tanto en primera como en segunda instancia, no se hizo lugar a esas medidas cautelares que hoy están pendientes de una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es importante destacar que en esa causa judicial se pudo acceder, por segunda vez a un expediente administrativo sobre aprobación de la soja transgénica en la Argentina (las dos veces de la empresa Monsanto). La primera vez fue sobre la Soja RR1, en el año 1996, donde se comprobó la escases de información científica (que a su vez estaba en idioma inglés) y la existencia de cuestionamientos de un profesional técnico del Estado sobre la aprobación, no obstante, el actual canciller Felipe Solá, estampó su firma para habilitar la soja transgénica en nuestro país. 15 años después, en el marco del proceso judicial que lleva adelante Naturaleza de Derechos, se pudo obtener todas las actuaciones administrativas referidas a la Soja Intacta de Monsanto (RR2) comprobándose que la misma no cuenta con evaluaciones de impacto ambiental en más del 80 % del territorio argentino donde se ha liberado, asimismo los ensayos en laboratorio en cuanto a la inocuidad alimentaria fueron realizados en plazos brevísimos con lo cual no están descartados los efectos crónicos y cancerígenos que efectivamente se han detectado en las evaluaciones realizadas a plazos largos por el equipo de científicos del CRIIGEN de Francia, a cargo del profesor Eric Seralini.

Asimismo se comprobó que la CONABIA (órgano asesor que participa del proceso de aprobación de OMG dictaminando sobre los impactos ambientales) que cuenta con 47 miembros, sólo 11 firmaron a favor de la aprobación de la Soja Intacta de Monsanto. Eso fue posible gracias a la falta de un reglamento interno. Tras advertirse, en el mes de Setiembre de 2013, semejante desquicio administrativo, quien era Director de Biotecnología, Martin Lema, dictó – en el mes de Diciembre del mismo año - un reglamento de funcionamiento de la CONABIA, dejando atrás más de dos décadas de vacío procedimental lo cual da cuenta del nivel de improvisación e informalidad con el que funcionaba dicho comité asesor. Igual el nuevo reglamento fue un despropósito, pues estableció que el quorum mínimo se conforma con la presencia de 4 miembros más el secretario ejecutivo de la CONABIA pudiéndose alcanzar una aprobación del OGM con tan solo 5 votos, sobre 47 miembros en total.

El procedimiento de aprobación de OGM tuvo algunas reformas en el año 2019, pero obviamente no tuvieron la dirección de la justicia ambiental, sino profundizar un proceso administrativo que consolide la vía rápida para las aprobaciones de OGM en la Argentina, en el cual las empresas presentan evaluaciones de riesgos dibujadas, con una CONABIA funcional a las corporaciones del agronegocio y cero participación de la sociedad civil.