La Denuncia por Genocidio a la "Conquista del Desierto" avanza un paso más en la busqueda de su juzgado para iniciar el Juicio por la Verdad.

En el marco de la Denuncia por Genocidio contra el Estado Argentino iniciado por la lamngen mapuche tehuelche Ivana Huenelaf, la Unidad Fiscal por violaciones de Derechos Humanos de Neuquen, con la firma del Fiscal Miguel Angel Palazzani, dictaminó el 29 de Noviembre de 2024 a favor de la competencia de la justicia federal con asiento en dicha provincia.

En razón de los términos empleados en el dictamen, la Unidad Fiscal le da entidad a la denuncia de Huenelaf, que exclusivamente procura el inicio de un juicio histórico por la verdad, a fin de que se establezca la responsabilidad del Estado Argentino por todos los delitos cometidos contra los pueblos originarios pre-existentes en la bioregión pampeana-patagónica durante la Campaña militar "Conquista del Desierto" llevada adelante entre los años 1878 y 1890 por el Estado Argentino de la mano de su autor interlectual y responsable militar y político Julio Argentino Roca.

Concretamente el Fiscal Palazzani dictaminó:  "En los presentes, si bien los hechos denunciados fueron cometidos en varios lugares, ya que el proceso delictivo abarcó una región más extensa que la que compone la jurisdicción a su cargo, lo cierto es que en la provincia de Neuquén se cometieron muchos de esos hechos, y por lo tanto, entiendo que resulta aplicable la llamada teoría de la ubicuidad desarrollada por la CSJN, en virtud de la cual el hecho delictivo debe tenerse como cometido en todas las jurisdicciones en que se hubiera desarrollado una parte de la acción, y la elección de alguna de ellas debe ser inspirada por las exigencias de la economía, celeridad, inmediatez procesal y defensa en juicio de los encausados (Fallos 221:396; 275:361; 276:446, entre otros). Por todo lo expuesto, en razón de que parte de los hechos delictivos investigados se cometieron en esta circunscripción, solicito al Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, acepte la competencia a los fines de continuar con la presente investigación y realizar las medidas probatorias" 

En un contexto de negacionismo, de persecución constante con amenazas de desalojos y estigmatización contra los pueblos originarios del sur, la denuncia de Ivana Huenelaf se inmiscuye como una interpelación al propio poder judicial que la persiguió y criminalizó y que funciona desde hace mucho tiempo como un resorte para seguir perpetuando las consecuencias de ese Genocidio (con desalojos y criminalización) que la lamngen denuncia, no en busca de una reparación económica, sino exclusivamente histórica, cultural, moral y por la memoria de su pueblo, y con ello, ponerle final al desconocimiento por acción, omisión o tibiezas de todos los gobiernos (ya sea provinciales como el nacional) a los derechos de los pueblos originarios, tras la reforma constitucional del año 1994 que los reconoce explícitamente.