Tras la intención del Juez de primera instancia de archivar la causa, el tribunal la consideró prematura y dispuso avanzar en la investigación ordenando medidas, entre ellas, tomar los testimonios de los vecinos y vecinas del barrio Los Pioneros, Campana (Buenos Aires), victimas de las fumigaciones y escuchar a los expertos y expertas sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente.
Información22/05/2024
Naturaleza de Derechos
La lucha judicial del Barrio Los Pioneros en Campana, vuelve a presentar un nuevo capítulo, esta vez en el fuero penal.
En el año 2021, los vecinos y vecinas presentaron una denuncia penal con las pruebas de la contaminación de sus cuerpos y territorios ante la Justicia Federal de Campana para que se investigue la probable comisión de delitos tipificados en la Ley 24.051.
Tras dos años de investigación y aún cuando en la causa se habían agregado constancias que daban cuenta de la afectación a la integridad física de los vecinos y vecinas de Los Pioneros, impactados con agrotóxicos, y que las aguas subterráneas del barrio se encontraban también contaminadas con dichas sustancias, en razón de la actividad agroindustial llevada adelante por las familias productoras locales "Rositer" y "Zocca", el Juez Federal Adrián González Charvay dispuso el archivo de las actuaciones.
Efectivamente en lo que respecta a la prueba de contaminación de las matrices ambientales aportada por los vecinos y vecinas la misma detalló la presencia de moléculas de agrotóxicos como la Atrazina, Imidacloprid, Metsulfuron Metil, Imazetapir, Metaxalil, Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, 2,4-d y Glifosato. Esa prueba fue corroborada por la pericia realizada por el INTA Balcarse, en el proceso penal, que informó la detección de 20 principios activos de agrotóxicos.
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Diligentemente la Fiscalía a cargo del Dr. Brengas apeló dicha decisión del archivo ordenado por el juez, la que efectivamente fue revocada por la Cámara Federal de San Martin en un sucinto fallo, en el que le apuntó al magistrado de primera instancia que resultaría "de interés para el proceso incorporar los testimonios de las personas presuntamente damnificadas por los hechos aquí denunciados asi como también reunir los informes técnicos y/O testimonios profesionales que resulten pertinentes".
Concretamente durante el último mes, varios vecinos y vecinas prestaron declaración testimonial dando cuenta de sus afectaciones a la salud, respaldadas con estudios de orina que prueban la presencia de agrotóxicos en sus cuerpos y de todas las demás implicancias crónicas, además de las alteraciones que exceden la normal tolerancia en su vida cotidiana.
Ahora resta que los profesionales experimentados sobre la temática ilustren en relación a las implicancias en la salud que se asocian con la exposición crónica a los agrotóxicos liberados al ambiente a escasos metros de las viviendas del barrio Los Pioneros.
En tal sentido. el grupo de vecinos y vecinas denunciantes, con el acompañamiento de Naturaleza de Derechos, presentaran en la causa, un listado de expertos y expertas en la materia para que ilustren a las autoridades judiciales federales, los riesgos de daño genético (y con ello riesgo cancerígeno), alteración hormonal y otras afectaciones a la salud que implica la exposición crónica a los agrotóxicos, asimismo se solicitara medidas cautelares para establecer un plan de vigilencia sanitara y la entrega urgente de bidones a todo el barrio.
En la causa ya obran constancias que los grupos familiares agroindustriales han realizado fumigaciones en abierta violación a los fallos provinciales, lo que daría cuenta, también, de la comprobación de una conducta delictual, que en términos de la instrucción penal, la justicia ya cuenta con los antecedentes judiciales del Barrio Ituzaingó (Córdoba) y Pergamino (Buenos Aires) para seguir un derrotero probatorio e investigativo, cuyo final ya es sabido.
Con anterioridad y en el marco de la justicia provincial, en el mes de Setiembre de 2023, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires había restituído la total vigencia de la ordenanza local que prohibe las aplicaciones terrestres con agrotóxicos a menos de 1.000 metros del Barrio.
Un fallo de 2012 de la Jueza Ayerbe del Juzgado Contencioso Administrativo de Campana le había permitido a la familia terrateniente Rositer (tras un amparo interpuesto solicitando la suspensión de la ordenana), dueña del Establecimiento Santa Susana y propietaria de miles de hectáreas en el Partido Campana, fumigar a metros de las viviendas, tras suspender cautelarmente la ordenanza en cuestión.
En el año 2021, tras los reclamos espontáneos, los vecinos y vecinas (que se presentaron en el Juzgado Contencioso de Campana con análisis de orina con residuos de Glifosato y análisis de aguas subterraneas con presencia de varios agrotóxicos), la propia jueza revocó la cautelar. Sin embargo, la medida, volvió a ser restituida temporalmente (tres meses) por la Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás, que motivó luego la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que de modo contundente ordenó cumplir con la distancia de 1.000 metros establecidos por la normativa municipal denegando, inclusive, el recurso extraordinario ante la Corte Suprema Nacional interpuesto por los Rositer contra la decisión del máximo tribunal provincial, recuperando así la ordenanza de agrotóxicos de Campana plena vigencia.
La lucha judicial de los Vecinos y Vecinas de Los Pioneros continua su férreo reclamo de justicia ambiental.
En una rápida intervención el Juez Federal de La Plata, Ramos Padilla, le solicitó a la Fiscalía de Lesa Humanidad para que se expida sobre la Denuncia por los Delitos de Lesa Humanidad en la Isla Martín García en el marco de la Conquista del Desierto.
El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.
La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.
En defensa del derecho humano al agua potable de 15 millones de personas residentes en el área metropolitana de Buenos Aires, una demanda colectiva pide declarar la inconstitucionalidad del DNU 493/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que habilita cortes de suministro, reduce estándares de calidad y privatiza un bien esencial para la vida humana.
Con base en su cosmovisión y el derecho a la salud, un comunidad Mapuche Rankel reclama justicia ambiental ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por las fumigaciones con agrotóxicos que amenazan a la salud de la población, a la naturaleza y la biodiversidad.
El Tribunal Federal Oral de Rosario debe definir si levanta las medidas cautelares en Pergamino ante la solicitud del Municipio en sociedad con el Agronegocio. Rotundo y contundente rechazo de la Querella que reclama justicia ambiental para todos los pueblos fumigados de la Argentina.
La Cámara Contencioso Administrativo de San Martín mantuvo la cautelar que aleja las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a mas de mil metros de los pozos de abastecimiento público de agua en la localidad de French, provincia de Buenos AIres. También mantuvo la entrega de bidones de agua segura libre de agrotóxicos y niveles de arsénico que no deben superar los 10 microgramos por litro.
Comunicado del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires por la Agroecología y el Buen Vivir ante la solicitud del Municipio de Pergamino a la Justicia para que se pueda fumigar a 100 metros del centro poblado.
La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.
El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.
Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Junín. Texto del Dictamen.
Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Olavarría. Texto del Dictamen.
En una rápida intervención el Juez Federal de La Plata, Ramos Padilla, le solicitó a la Fiscalía de Lesa Humanidad para que se expida sobre la Denuncia por los Delitos de Lesa Humanidad en la Isla Martín García en el marco de la Conquista del Desierto.
