
La economía feminista emancipatoria ante la Cosa Escandalosa.
William Sacher evalua en este artículo la pertinencia del concepto de acumulación por desposesión para el análisis de la megaminería en África y América Latina
Contextos 10/08/2023 William SacherPor William Sacher
En este artículo evalúo la pertinencia del concepto de acumulación por desposesión para el análisis de la megaminería en África y América Latina. Inventarío y clasifico diferentes tipos de procesos de desposesión relacionados con la actividad minera a gran escala en ambas regiones. Evidencio la pertinencia de esta categoría para los dos contextos y su capacidad como teoría para captar elementos esenciales de la dinámica del capitalismo a nivel global. Los procesos constitutivos de acumulación por desposesión vinculados a la megaminería son muy similares en ambas regiones, lo que evidencia que las luchas sociales emprendidas contra la megaminería en los dos continentes tienen determinantes globales comunes y por tanto, existe un potencial para formar alianzas entre éstas.
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A lo largo de la última década, el concepto de “acumulación por desposesión” de David Harvey ha sido usado por muchos estudiosos, quienes han valorado su capacidad para explicar aspectos dominantes de la dinámica del capitalismo en la era neoliberal. En el presente artículo, mi objetivo es, en primer lugar, recopilar la literatura que ha usado esta categoría como marco teórico para analizar procesos de desposesión en África y América Latina, y mediante la cual se ha mostrando su pertinencia para entender tanto la llegada masiva de capitales transnacionales como los conflictos sociales que ésta provocó. En segundo lugar, quiero establecer en qué medida este concepto ayuda a entender las similitudes que existen entre estas dos regiones del mundo en cuanto a las políticas aplicadas y las actividades económicas puestas en marcha (y sus consecuencias) a lo largo de las últimas décadas. Para examinar estas cuestiones propongo analizar el caso de la megaminería transnacional y las consecuencias de su generalización a escala global a lo largo de las últimas tres décadas, con este propósito realizo un inventario (parcial) y una clasificación de los diferentes tipos de procesos de desposesión vinculados a la implementación de la minería a gran escala en ambas regiones.
En la primera sección de este artículo describo el contexto político y económico global que incentivó un alza marcada de los niveles de inversión minera en África y América Latina. En la segunda sección expongo un resumen del concepto de “acumulación por desposesión” de David Harvey. En la tercera sección reviso una serie de publicaciones que evidencian la pertinencia de este concepto para el estudio de los impactos de la minería a gran escala en África y América Latina, lo que permite establecer las similitudes que existe entre ambas regiones. Con este artículo espero incentivar el diálogo entre los actores de estas dos regiones del mundo (ej. académicos, movimientos sociales), que tienen mucho en común pero raramente se hablan.
África y América Latina en la tormenta minera
En esta sección pretendo describir los aspectos más importantes de la coyuntura eco-nómica y política global particularmente favorables al capital minero transnacional a lo largo de los últimos 30 años.
Reformas neoliberales
La aplicación de las políticas neoliberales al sector minero en los países del Sur global consistió en el rediseño de los antiguos códigos mineros, los cuales no se adaptaban a la promoción y atracción de la inversión extranjera. Entre finales de los años ochenta y 2000, bajo el impulso de las instituciones resultado de los acuerdos de Bretton Woods, 30 países africanos adoptaron una nueva legislación de corte neoliberal (Hetherington 2000, citado en Besada y Martin 2013, 3), mientras que en América Latina lo hicieron al menos 14 países entre finales de los años ochentas e inicios de 2000 (Chaparro 2002, 9). Las reformas fueron promovidas e implementadas, sin distinción, tanto en países de gran tradición minera industrial, como por ejemplo Chile, Bolivia y México para el caso latinoamericano y República Democrática de Congo, Ghana y Zambia en el África, como en países casi inactivos en este sector, como en el caso de Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, pero también Malí, Burkina Faso, Senegal o Tanzanía.
La liberalización se realizó en varias etapas y de manera más o menos tardía según los países (Campbell 2010). Sin embargo, a inicios de 2000 podemos considerar que la mayoría de los países africanos y latinoamericanos habían promulgado leyes y reglamentos muy similares y extremadamente favorables a la inversión extranjera en este sector. Resumo, a continuación, las principales medidas (véase también World Bank 1992; Campbell 2010):
a. que el Estado garantice la seguridad jurídica y física de los títulos mineros y la posibilidad de transferirlos;
b. privatizar las empresas mineras estatales y la información geológica estratégica, así como re-organizar los servicios del Estado en función de las necesidades de las mine-ras extranjeras;
c. reducir al mínimo la carga tributaria y promover un régimen arancelario laxo;
d. implementar medidas mínimas para la conservación del medio ambiente y la seguridad laboral;
e. marginalizar y, si posible, criminalizar a la minería artesanal.
“El Dorado”, otra vez...
Con estos marcos legales ‘hechos a la medida’, muchas compañías mineras transnacionales (originarias de Canadá1 en su mayoría, pero también de Estados Unidos, Australia e Inglaterra) consideraron al Sur global como una nueva oportunidad de inversión. Regiones llenas de ‘promesas geológicas’, África y América Latina volvieron a encarnar, una vez más, la leyenda de El Dorado para una nueva ola de conquistadores. Las dos regiones se convirtieron en la nueva frontera extractiva: de acuerdo con proyecciones del Mining Jounal en un especial sobre exploración minera en Amé-rica Latina publicado en 1997, las inversiones en exploración aumentarían un 500% entre 1991 y 1999, mientras que en África significarían incluso el doble: ¡1000%!, todo un récord (citado en Borg 1998, 1). La progresión también fue sustancial en términos absolutos, a tal punto que para 1997 América Latina se había convertido en el primer destino de la inversión en ese sector2.
Luego de un periodo de recesión a finales de los noventa, los gastos globales en exploración se multiplicaron nuevamente, esta vez por seis entre 2002 y 2010 (MEG 2011). Durante este periodo América Latina siguió siendo el primer destino de la inversión a nivel mundial, ya que recibió más del 25% de la inversión total, mientras que África, con un 13%, se ubicó en el tercer puesto, tras Canadá (MEG 2011). Un gran determinante de esta recuperación fue el crecimiento económico sostenido de China (Banco Mundial 2012), el cual provocó una alza general de los precios de los minerales, en particular de los metales, cuyo precio se multiplicó por 4 entre 2002 y 2007, según las estimaciones de Roseneau-Tornow et ál. (2009, 162). La perspectiva de una alza continua empujó a muchos inversionistas a especular con los activos de las empresas juniors (pequeñas empresas que se encargan exclusivamente de la ex-ploración), mientras que los rendimientos estables de las empresas productoras, las majors, no dejaron de ser muy atractivos.
Gobiernos posneoliberales en América Latina: ¿hacia un neoextractivismo?
Cabe mencionar que la llegada de gobiernos etiquetados de izquierda y de centro-izquierda en numerosos países de América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uru-guay, Argentina, Brasil, Nicaragua, El Salvador, etc.) no frenó la inversión minera.
Por otra parte, en muchos de estos países, la época posneoliberal ha significado una recuperación del protagonismo del Estado en las actividades mineras y una mejor captación de la renta (al menos en la construcción de una nueva institucionalidad y en el discurso). Esta situación ha llevado a varios autores a plantear que el Estado posneoliberal promueve un “neoextractivismo” (Gudynas 2011; Veltmeyer 2013), distinguible del tipo de “extractivismo” que promovía el Estado neoliberal.
Luchas mineras generalizadas
El despliegue de un proyecto megaminero moderno implica transformaciones y destrucciones materiales e inmateriales de gran magnitud. Se producen diversas formas de contaminación crónica y accidental del aire, suelo y agua, por nombrar algunas,, además de contaminación por ruido, que genera transformaciones e impactos negativos sustanciales sobre el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad, así como en la salud pública en general; además se afectan las actividades productivas (en particular agro-pastorales), se incide en la inequidad de género y se alteran las formas sociales y culturales en general, que derivan en la desorganización social de comunidades, tensiones intracomunidad y familiares, además se provoca corrupción, inflación, especulación de tierra, etc. (Hudson-Edwards et ál. 2011; Hatch 2013; Environment Canada 1996; Lottermoser 2007; Bebbington et ál. 2008; Carrington et ál. 2010; Báez y Sacher 2014). El incremento de patologías sociales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y otras formas de violencias físicas y simbólicas constituyen otras fuentes de desestabilización social. La magnitud de estos impactos se ve reforzada por la tendencia actual de explotación de yacimientos cada vez menos concentrados en minerales (Prior et ál. 2012), lo que implica desechos e insumos en cantidades cada vez más importantes (Mudd 2007, 2008), y el uso de tecnologías más dañinas como la minería a cielo abierto.
En consecuencia, con el despliegue masivo de capitales mineros transnacionales se registró un incremento marcado de la conflictividad social en América Latina y África. Por ejemplo, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) habla de cerca de 180 conflictos en toda la región. De manera similar, en África, Deneault et ál. (2008) reportan un alto nivel de conflictividad debida a megaproyectos mineros: 17 conflictos en tan solo cinco países africanos (Malí, Gana, Sierra Leona, República Democrática de Congo y Tanzania), mientras que existen conflictos sociales e inestabilidad política por la presencia de mineras transnacionales en muchos otros países del continente: Níger, Senegal, Burkina Faso, Guinea, Zambia, Burundi, Sudáfrica, Kenya y Madagascar. África y América Latina son las regiones con mayores índices de conflictividad (CCSRC 2009). Estos conflictos oponen comunidades campesinas, indígenas e incluso mineros artesanales o a pequeña escala, por una parte, a grandes empresas mineras privadas, por otra; conflictos que giran alrededor de varias dimensiones, sean éstas ambientales, económicas, políticas, de condiciones de trabajo e incluso cosmológicas o espirituales.
El concepto de “acumulación por desposesión”
El concepto de “acumulación por desposesión”3 ha sido acuñado por el geógrafo David Harvey en su libro The New Imperialism (2003). Harvey parte de la interpretación de que la crisis económica global que empezó en los años setenta fue una de sobreacumulación de capital, que obligó a los capitalistas a buscar nuevas oportunidades de inversión alrededor del mundo, con mayor rentabilidad. Según Harvey, la “desposesión” como mecanismo de acumulación ofreció una solución a esta crisis para el capital transnacional.
Contribución de Harvey a la teoría de la acumulación originaria
El concepto de Harvey puede verse como una contribución a la teoría de la “acumu-lación originaria” –y de la transición al capitalismo–, cuyas bases habían sido plan-teadas por Karl Marx en El Capital, quien se inspiró en el concepto de “acumulación previa” de Adam Smith. Harvey se refiere en particular a Rosa Luxemburgo, quien identificó la intervención capitalista en la llamada “esfera no-capitalista” como un mecanismo específico de acumulación y diferente de la llamada reproducción ampliada, y a Hannah Arendt, quien concebía a la acumulación originaria4 como una “fuerza continua” en la historia de la acumulación capitalista (Harvey 2003, 143). Cabe destacar que el concepto de acumulación originaria es una idea que ha sido retomada por varios académicos. En los años setenta, Samir Amin (1970) evocaba la “contemporaneidad” de los procesos de acumulación originaria descritos por Marx (1970, 14), y más recientemente Bonefeld (2001) habló de la “permanencia de la acumulación originaria” y De Angelis (2001) de “acumulación originaria continua” y “nuevos cercamientos”. Con el término “acumulación por desposesión” Harvey se inscribe en este movimiento e intenta calificar los mecanismos de acumulación contemporáneos que no se basan en la reproducción ampliada del capital, sino en métodos que se asemejan a los descritos por Marx en El Capital. Entre éstos, Harvey identifica:
La mercantilización y privatización de las tierras y la expulsión por fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derecho de propiedad (comunal, colectiva, estatal etc.) en derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluido los recursos naturales); la monetización del intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra; la trata de esclavos; y la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito (Harvey 2004, 116).
Estos métodos están inevitablemente asociados a procesos violentos. La historia de la acumulación originaria “ha sido grabada en los anales de la humanidad con trazos de sangre y fuego” (Marx 1975, 894) e implicó, como señaló Rosa Luxemburgo, el uso de la “violencia, el engaño, la opresión y el saqueo” y la “violencia política y las luchas por el poder”5 (citada en Harvey 2003, 137).
La contribución de Harvey tal vez se puede resumir en dos puntos importantes. Primero, Harvey actualiza la idea de Rosa Luxemburgo, según la cual en el sistema capitalista el mecanismo de acumulación de capital asociado a la acumulación originaria siempre coexiste con el mecanismo de la reproducción ampliada. Estos dos mecanismos están, según Luxemburgo, “dialécticamente entrelazados” y forman una compleja dualidad (Harvey 2003, 137-138 y 176). Harvey precisa que la fase en la cual se encuentra el sistema capitalista a nivel global determina cuál de estos dos mecanismos de acumulación domina y formula la hipótesis de que el mecanismo de “acumulación por desposesión” ha dominado a nivel global en las últimas décadas (Harvey 2003, 153).
Segundo, Harvey sostiene que los procesos asociados a la acumulación por desposesión son, además, siempre mutantes. En particular, el neoliberalismo consistió en multiplicar y diversificarlos, al promover una “nueva ola de cercamiento de los comunes” (Harvey 2003, 148); es decir, una extensión de la “comodificación” (o mercantilización) de los bienes públicos, de la naturaleza y de la vida, a nuevos do-minios vía la biopiratería, la economía verde y la privatización de servicios públicos, por ejemplo (Harvey 2003, 148). El concepto de Harvey aparece entonces como más general que el de “acumulación originaria”. Cabe señalar que esta propensión a abarcar una gama tan amplia de procesos ha sido criticada por varios pensadores (Brenner 2006, 101-102; Ashman and Callinicos 2006, 119-120; Fine 2006, 143 y 145; Buck 2009, 98), quienes cuestionan el poder analítico del concepto acuñado por Harvey. Existen además críticas respecto a otros aspectos teóricos relativos a este concepto (De Angelis 2004, Glassman 2006, Dunn 2007). Todo lo señalado merecería debates adicionales con el _n de complejizar el concepto de Harvey; sin embargo, dada su buena recepción alrededor del mundo, propongo trabajar aquí con la definición que plantea su autor. Dejo los debates sobre su relevancia teórica para otros trabajos.
Un Estado no tan mínimo
Harvey recuerda que tanto en el caso de los procesos de acumulación originaria ‘clásicos’ como el de los nuevos espacios “comodificados”, el papel del Estado es clave:
El Estado, con su monopolio de la violencia y su definición de legalidad, desempeña un papel decisivo en el respaldo y promoción de estos procesos y hay abundantes pruebas de que la transición al desarrollo del capitalismo fue y sigue vitalmente dependiente de la actitud del Estado. El papel del Estado en este desarrollo tiene una larga historia, manteniendo las lógicas territorial y capitalista del poder siempre entrelazadas, aunque no necesariamente concordantes (Harvey 2003, 145).
Al contrario de la tradicional concepción del slim-state, el papel del Estado neoliberal ha sido clave, al brindar apoyos políticos, financieros, judiciales y morales a la acumulación de capital (ver también Foucault 2004). Harvey presenta la implementación de la ortodoxia neoliberal como el brazo político que permitió crear nuevas oportunidades de inversión para los capitales amenazados de devaluación por la crisis de sobreacumulación. La implementación renovada y generalizada de mecanismos de acumulación por desposesión representó, según Harvey, un ajuste ‘espacio-temporal’6 en el marco de un ‘nuevo imperialismo’. Esta ola de desposesiones generó una “mezcla volátil de movimientos de protesta” (Harvey 2003, 166-167), que no son constitutivos de una lucha entre capital y trabajo, sino de una lucha contra este mecanismo de acumulación.
La megaminería como eje de acumulación por desposesión en África y América Latina
A continuación, expongo la revisión de una serie de trabajos académicos que analizaron la megaminería a la luz del concepto de “acumulación por desposesión” y proveen evidencias de la relevancia de este concepto en Colombia, México, Perú, Bolivia, Argentina, Gana, República Democrática de Congo, Senegal, Malí, Guinea y Tanzania7. Destaco las evidencias de procesos de desposesión de tierras y territorios, de bienes comunales y recursos naturales, así como de desposesión identitaria y simbólica.
Para numerosos autores la implementación de megaproyectos mineros lleva a casos representativos de acumulación por desposesión. Para Gordon y Webber la desposesión se encuentra “en el centro de las actividades de la industria minera [porque las inversiones mineras] no pueden ser implementadas sin que una comunidad –a menudo indígena– sea desposeída de su tierra, sus recursos naturales y medios de existencia” (Gordon y Webber 2008, 67-68; traducción propia). Estudiosos de América Latina proponen que el auge actual de la actividad minera es un ejemplo de acumulación por desposesión (Galafassi 2010, 464; Machado Aráoz 2010, 78), mientras que Bebbington et ál. interpretan las numerosas luchas antimineras “como respuestas a la acumulación por desposeimiento” (Bebbington et ál. 2008, 22).
Africanistas hacen eco de estas posturas. En Ghana, Ayelazuno concluye que “es en las comunidades mineras que la violencia de la acumulación originaria continua es la más pronunciada” (Ayelazuno 2011, 543); Carleton (2014) evidencia que los procesos de desposesión asociados al acceso y la explotación de los recursos naturales (por ejemplo, yacimientos petroleros y mineros, tierras arables) se han generalizados a escala del continente africano y Bond (2006) plantea que las relaciones contemporáneas entre potencias imperialistas y excolonias (e incluso entre países africanos) están conformadas por patrones de acumulación originaria.
Acaparamientos masivos de tierras y territorios
Varios autores evidencian la pérdida parcial o total de tierras comunales a raíz de la entrega masiva de concesiones mineras. En Colombia, por ejemplo, se han realizado expropiaciones de campesinos en millones de hectáreas de tierras concesionadas a transnacionales mineras (Vega Cantor 2012, 9-10), en tanto que después de la promulgación de la nueva ley neoliberal, numerosos mineros artesanales fueron declara-dos ilegales y desposeídos de sus territorios mediante el uso de la fuerza o presiones económicas (Gutiérrez Gómez 2012, 57). En Perú, la megaminería ha dado paso a la expropiación de campesinos e indígenas de sus tierras y la transformación sistemática de los títulos de propiedad comunales en títulos privados (Sosa y Zwarteveen, 2009).
En México, 52 millones de hectáreas (25% del territorio nacional) han sido concesionadas desde inicios de 2000 (Roux 2012, 8) y al menos una decena de proyectos mineros han implicado múltiples despojos de tierras ejidales (Garibay Orozco 2010, 142); además el caso de Wirikuta, dio lugar a la concesión de tierras sagradas del pueblo Huichol (Tertreault 2012, 21; Roux 2012, 8).
En Ghana, con la complicidad del Estado, las expropiaciones territoriales a mineros artesanales y de sus tierras comunales a campesinos condujeron a “desposesiones mate-riales y simbólica” que afectaron a decenas de miles de personas (Hilgers 2013, 105 y 112; Deltenre 2012, 8; Ayelazuno 2011). En Tanzania, bajo la presión de la representación diplomática canadiense, la policía procedió a la expropiación de por lo menos 30 000 mineros artesanales y sus familias, asentados sobre una concesión detentada por la junior canadiense Sutton y luego adquirida por la major Barrick Gold (algunas fuentes sostienen que el número de personas afectadas pudo llegar a 400 000). Se alegó que 52 mineros fueron enterrados vivos en la operación (Deneault et ál. 2008, 18-26). En Senegal, “las actividades extractivas perturban considerablemente la agricultura, a causa de las reducciones de las áreas cultivables y los numerosos casos de expropiación”, legitimados por el nuevo marco legal (Mbodj 2009, 11). La megaminería ha provocado una pérdida sustancial de tierras arables y el abandono masivo de las actividades agrícolas (Mbodj 2009, 10). En la provincia de Kivu del Sur, en la República Democrática de Congo, el proyecto aurífero de la canadiense Banro implicó la expropiación de miles de mineros artesanales de sus territorios tradicionales (Geenen 2013).
Cabe señalar que la mayoría de estudios destacan el papel clave que tuvo el Estado en promover, implementar y legitimar procesos de desposesión y la cesión de activos mineros a mineras transnacionales, gracias, en particular, a la aplicación de códigos mineros (Gordon y Webber 2008; Gutiérez Gómez 2012; Vega Cantor 2012; Gala-fassi 2010, Machado Aráoz 2010; Tetreault 2012; Garibay Orozco 2010; Deneault et ál. 2008; Ayelazuno 2011; Hilgers 2013; Geenen 2013). En concordancia con los planteamientos de Harvey, se evidencia que el Estado invariablemente ha proveído las condiciones necesarias para “crear el espacio y las condiciones para la acumulación” y realizar desposesiones a gran escala (Composto 2012, 332). Se evidencia además la preocupación permanente de los gobiernos por conservar un “clima de inversión” atractivo en términos jurídicos, económicos, políticos y sociales para las grandes empresas mineras (Bush 2009, 57).
Foto: Noticiario Sur
Nuevos cercamientos
En sintonía con la fórmula de David Harvey, numerosos autores asocian estos acaparamientos a “nuevos cercamientos” de tierras de usufructo común, posibilitados por los marcos legales neoliberales (Galafassi 2010, 465 en Argentina; Roux 2012, en México, con la desaparición de los ejidos; Composto 2012, 330, para el sector extractivo latinoamericano en general; Ayelazuno 2011, 543, en Gana).
Como señala Ayelazuno, los impactos de estos nuevos cercamientos presentan “similaridades impactantes con los cercamientos clásicos, descritos por Marx y Polanyi […] tanto en términos de la violencia usada en contra de los campesinos como de la complicidad del Estado” (Ayelazuno 2011, 543, traducción propia). En su estudio de tres diferentes comunidades confrontadas por megaproyectos de extracción minera operados por la empresa canadiense Golden Star Resources y la surafricana Anglo- Gold Ashanti, el autor evidencia cómo las operaciones de estas empresas mineras han “privado [a] las mujeres de su cultura y derecho a recolectar leña, champiñones y caracoles” (Ayelazuno 2011, 543). En este caso, las semejanzas con los procesos de desposesión que se dieron en Europa en siglos pasados son llamativos. Los famosos artículos de Marx con debates relativos a “la ley sobre el robo de leña” en la dieta renana en Alemania ya evidenciaban el proceso de criminalización de la recolección tradicional de leña en tierras de usufructo común (Bensaïd 2008).
Desposesiones por destrucción del medio ambiente y acaparamiento de recursos
Como hemos visto, la megaminería contemporánea implica el acaparamiento y la contaminación masiva del ambiente en muchas regiones de África y América Latina; los lugares en los que se han implementado proyectos de este tipo enfrentan serios problemas en este sentido. Galafassi clasifica a la “destrucción de las condiciones ambientales, comunitarias y regionales” como un ejemplo de “la validez actual de los procesos de la llamada acumulación primitiva” (2010, 472). Varios autores (Machado Aráoz 2010; Garibay Orozco 2010; Perreault 2012; Ayelazuno 2011; Bush 2009;, y Gordon y Webber, 2008 en el caso de la “relocalización” de glaciares con el megaproyecto Pascua-Lama, en Chile) comparten este análisis y consideran la destrucción del medio ambiente como formas de desposesión en el sentido expresado por Harvey. Se trata de un tipo de desposesión que afecta en particular a las comunidades campesinas, las cuales son particularmente vulnerables a la destrucción de ecosistemas y el abatimiento de acuíferos.
Desposesiones identitarias y simbólicas
Además de las desposesiones materiales, Hilgers (2013) evoca las desposesiones “simbólicas” que genera la megaminería en territorios rurales y urbanos en Gana, mientras que Carleton (2014) habla de pérdida de identidad, en particular en el caso de pueblos indígenas de América Latina. No son sutilezas antropológicas. En el caso de comunidades mineras de Gana, Ayelazuno muestra cómo su reproducción social ha sido duramente afectada por las actividades mineras a gran escala, más si se tiene en cuenta que para los habitantes de la zona la tierra tiene dimensiones sagradas: es considerada como propiedad comunal de los que viven, de los ancestros y los que nacerán (Ayelazu-no 2011, 543-544). Como lo resumen Galafassi y Dimitriu, “la instalación de mega-proyectos extractivos implica la completa reconfiguración de los territorios de destino, subsumiendo las relaciones sociales, productivas, ecológicas y políticas a una lógica puramente instrumental que conlleva la ruptura de lazos comunitarios, la destrucción de las economías regionales, la pérdida de diversidad cultural y la degradación de las condiciones ambientales” (citado en Composto 2012, 338). En otro estudio, Galafassi plantea que el acaparamiento e incluso la ocupación de los territorios campesinos e indígenas por parte de las transnacionales mineras implica una enajenación de los seres humanos, pues limita su capacidad de interactuar con la naturaleza (Galafassi 2010, 474). Los modos de “producción de naturaleza”8 impuestos por la megaminería generan, sin lugar a duda, desposesiones simbólicas y, creo, “desposesiones epistémicas” que llevan a la pérdida, para comunidades enteras, de su capacidad de reproducción social. Pienso, sin embargo, que falta mucha investigación para entender las dimensiones no materiales de las desposesiones asociadas a la megaminería.
Megaminería y desposesión en contexto de guerra civil
La guerra puede ser tanto un medio como un contexto propicio para la acumulación por desposesión originaria. En la República Democrática de Congo, Deneault et ál. (2008) han mostrado cómo mineras canadienses –aprovechando el contexto de guerra civil que contribuyeron a crear– obtuvieron ganancias sustanciales mediante la especulación bursátil y la adquisición de activos mineros públicos a precios considerablemente subvalorados. En las provincias de Ituri y de los Kivus la guerra dio lugar al desplazamiento de cientos de miles de personas, mientras que el saldo estimado de muertes se cuenta en millones. En el caso de Colombia, varios autores describen cómo las grandes mineras contrataron a empresas paramilitares para llevar a cabo expropiaciones violentas e incluso masacres de mineros artesanales, campesinos e indígenas (Gordon y Webber 2008; Ismi 2012; Vega Cantor 2012, 9-10). Luchas sociales Como señalé anteriormente, se observan altos niveles de conflictividad social, producto de las desposesiones asociadas a la megaminería. Esta conflictividad puede tomar formas múltiples, desde el punto de vista de su escala, su posicionamiento político frente al neoliberalismo o el desarrollismo socialista, así como de los intereses de clase, género y étnicos defendidos. No es posible llevar a cabo una descripción y análisis de la complejidad de estas formas en el marco del presente artículo, y se requieren más investigaciones para comparar las luchas y resistencias en África y América Latina. Sin embargo, se ha evidenciado aquí que se ha generado acumulación por desposesión vinculada a megaproyectos mineros en ambas regiones, en el marco de la misma dinámica de acumulación de capital y de los mismos contextos económicos y políticos globales. Este último aspecto es un determinante de las formas de luchas y resistencia, de ahí que exista, a mi entender, un potencial para que las luchas antimineras en ambas regiones se vinculen y formen alianzas en contra de procesos imperialistas y colonizadores perpetrados por idénticos actores con estrategias y métodos de acción similares e incluso igual.
Conclusiones
El hecho de que numerosos estudiosos que analizan la megaminería en América La-tina y África hayan considerado pertinente la categoría de “acumulación por desposesión” es un signo de su capacidad como teoría para captar elementos esenciales de la dinámica del capitalismo a nivel global, más aún cuando se trata de investigadores que no dialogan entre sí, en tanto trabajan en dos continentes entre los cuales la comunicación es muy escasa. Más allá de los debates teóricos alrededor de las de_- ciencias de la categoría propuesta por David Harvey, la revisión que propongo en el presente artículo muestra la pertinencia de la teoría marxista para el examen del proyecto neoliberal y sus consecuencias. El concepto de Harvey nos permite evidenciar claramente la actualidad de los procesos de acumulación originaria y la necesidad de seguir trabajando teóricamente esta categoría. Cabe mencionar, adicionalmente, que la pertinencia del concepto de Harvey ha sido evidenciado en otros contextos, como en Canadá (Hall 2013), Mongolia (Byambajav 2012) y Filipinas (Holden et ál. 2011), así como en otros sectores extractivos como el del petróleo (Obi 2010; Ovadia 2013) y el monocultivo industrial de soja (Rivero y Cooney 2010).
En segundo lugar, el presente análisis muestra que África y América Latina, a pesar de contextos históricos, políticos y socioculturales distintos, están expuestas a lógicas de acumulación que se despliegan a nivel global y que tienen implicaciones materiales concretas y simbólicas muy similares –en muchos casos incluso idénticas–. Por lo tanto, las luchas sociales en contra de la acumulación por desposesión tienen determinantes comunes y existe, creo, un potencial para que estas luchas se vinculen y formen alianzas en contra de procesos imperialistas y colonizadores.
Antes del advenimiento del proyecto neoliberal, los contextos históricos y los vínculos específicos con las ex potencias coloniales e imperiales (ver Verschave 1998, por ejemplo para Francia con su pré-carré en el caso del África francófona) dieron lugar a patrones de acumulación, determinados por la dinámica del capital a escala de las metrópolis coloniales. Es muy probable que las similitudes reveladas en el presente texto, entre el contexto africano y el latinoamericano, hayan sido vinculadas a la dinámica homogeneizante de la globalización neoliberal, cuyas lógicas han llevado al diseño de políticas mineras y a la implementación de mecanismos de acumulación muy similares en ambas regiones. Ahora bien, en la actualidad, muchos gobiernos latinoamericanos posneoliberales promueven megaproyectos mineros que tendrán consecuencias ambientales y sociales similares a los de la época neoliberal. ¿Pueden analizarse las desposesiones asociadas a la megaminería en este contexto posneoliberal a partir del concepto de “acumulación por desposesión” de Harvey? Es una pregunta que merece futuras investigaciones.
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William Sacher. PhD McGill University, doctorante en Economía del Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecua-dor. Investigador del Instituto de Investigación y Posgrado (ISIP), Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, Ecuador. [email protected]
Quiero agradecer a Paul Cooney por su valiosa contribución a este artículo, en particular por su revisión de versiones previas y por las horas de conversación dedicadas a comentarlas. Agradezco también a los tres revisores anónimos por sus valiosos comentarios y críticas, y a María Pía Vera por la edición del texto.
Notas
1 He analizado con Alain Deneault los determinantes que hacen de Canadá una jurisdicción-plataforma privilegiada por los capitales mineros del planeta, que han convertido a este país en el líder mundial de la industria minera y en particular de la exploración minera (Deneault y Sacher 2012)
2 De acuerdo con datos presentados en el mismo número del Mining Journal (citado en Borg 1998). Por otro lado, hay que señalar que las cifras de gastos en desarrollo de minas (inversiones para la extracción) son menos accesibles que las para exploración. Considero, sin embargo, que la evolución del gasto en exploración es un buen indicador del nivel de inversión del sector.
3 Bebbington et ál. (2008) traducen el término “dispossession” del inglés por “desposeimiento”, mientras que Seoane (2012) usa indistintamente los términos e “despojo” y “desposesión”. Sin embargo, el término “desposesión” domina en la literatura.
4 Al contrario de Marx, quien parece limitarla a una “condición inicial” del capitalismo.
5 Pese a que existe una traducción del texto de Harvey al español publicado en 2004 pre_ero aquí usar una traducción propia para las citas realizadas a lo largo de este artículo.
6 En inglés spatio-temporal _x.
7 Los estudios siguientes mencionan explícitamente al concepto de acumulación por desposesión como relevante para sus análisis: a) Trabajos que se basan en el estudios de casos de proyecto mineros particulares: Gutiérrez Gómez (2012), en Colombia; Tetreault (2012), en México; Sosa y Zwarteveen (2009), en Perú; Perreault (2013), en Bolivia; Ayelazuno (2011), Bush (2009) e Hilgers (2013), en Gana; y Geenen (2013), en República Democrática de Congo. b) Otros estudios, como el de Vega Cantor (2012), en Colombia; Galafassi (2010), Svampa, Bottaro y Sola Álvarez (2009) y Machado Aráoz (2010), en Argentina; Garribay Orozco (2010) y Roux (2012), en México; Seoane (2012), Composto (2012), Bebbington et ál. (2008) y Carleton (2014), en América Latina y África en general, se enfocan en la dinámica de la acumulación a nivel regional o de un país en particular, mientras que Gordon y Webber (2008) combinan los dos enfoques. c) Completamos con estudios que no mencionan explícitamente el concepto de Harvey, pero que sin ambigüedad reportan procesos constitutivos de acumulación por desposesión, como Ismi (2012) en Colombia; Mbodj (2009) en Senegal, Malí y Guinea, y Deneault et ál. (2008) en proyectos mineros particulares de Tanzania, Malí y República Democrática de Congo.
8 Uso aquí la formulación de Neil Smith (1990). Cabe señalar que la dualidad Naturaleza/sociedad es una concepción asociada a la modernidad y una formulación que cobra siempre sentido; esto último en particular en el caso de los pueblos indígenas (ver Descola 2002).
Bibliografía
PUBLICADO ORIGINALMENTE ISSN: 1390-1249 DOI: http://dx.doi.org/10.17141/iconos.51.2015.1475 ÍCONOS 51 • 2015 • pp. 99-116 AVISO DE EDICIÓN. Se han agregado imágenes con anotaciones indicativas por Pospandemia al artículo original respetando la línea de exposición
Un articulo que tiene una conclusión como exclamación: es urgente que Lula inicie la transición agroecológica en Brasil.
En un segundo planteo judicial sobre la localidad de Campana, el máximo tribunal bonaerense volvió a ponderar la situación de riesgo a la salud de las personas que implican las fumigaciones con agrotóxicos en las cercanías de viviendas particulares, ratificando la vigencia de la ordenanza local que dispone un protección de mil metros para las aplicaciones terrestres. Se consolida una jurisprudencia del activismo judicial de los Pueblos Fumigados de Buenos Aires.
El máximo tribunal bonaerense por segunda vez ratificó la vigencia de una ordenanza que establece un resguardo de mil metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos en el Partido de Campana. Texto de la sentencia.
En la presentación de las Guias de Salud de los Pueblos Fumigados se escucharon las voces de las victimas ambientales que ponen en evidencia la doble omisión estatal: no poner freno un modelo agroindustrial insostenible y no responder a los problemas de salud generados por el mismo.
La Corte no trató una queja extraordinaria del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) contra una sentencia que le reconoció derechos de patentes a Bayer Monsanto sobre material vivo, en abierta violación a la Ley de Patentes y de Semillas.