Ana Zabaloy: la docente fumigada que alzó la voz contra el Agronegocio.

Su lucha contras las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de las escuelas rurales en el centro sojero del país (San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires) fue emblemática. En el año 2016 fundó la Red Federal de Docentes de Escuelas Rurales afectades por los agrotóxicos. Falleció a mediados del año 2019, tras un proceso de cáncer asociado a la exposición crónica a los venenos del modelo agroindustrial.

A mediados del año 2014, en una tarde de invierno, medio rostro se le paralizó a Ana, tras una fumigación terrestre con 2,4-D en pleno horario escolar, a metros de la escuela rural en San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, adonde daba clases y era Directora.

Ana no quedó bien de salud después de varios años de trabajo como docente rural. De hecho se enfermó y se convirtió en una paciente oncológica.

El Estado nunca reconoció su enfermedad como una incidencia laboral en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo. Un tanto por la indiferencia explícita del Estado a los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y otro tanto, por la complicidad de los gremios docentes oficialistas que nunca pusieron sobre la mesa de los reclamos el riesgo de daño grave que representa la labor insalubre de ejercer la docencia en las escuelas rurales fumigadas de la Argentina.

Ana misma se encargó de demostrar ante sus superiores que los impactos ambientales de los agrotóxicos en su escuela eran tangibles. Un estudio ambiental de la Universidad Nacional de La Plata que ella misma ordenó daba cuenta que el agua de lluvia y los suelos del jardín de la escuela presentaban altos niveles de varios agrotóxicos.

En su testimonio y relato de los distintos hechos de fumigaciones con agrotóxicos que presenció y padeció estando al frente de la escuela rural como directora, nos basamos - desde Naturaleza de Derechos - para construir en el mes de Febrero del año 2015, el Protocolo de actuación ante una Fumigación con Agrotóxicos en las adyacencias de una Escuela Rural. 

Ante la absoluta ausencia del Estado, el Protocolo se transfomó en una herramienta de ayuda para todos y todas las docentes rurales, de como actuar y documentar cada caso y poder así efectivizar luego un reclamo administrativo o judicial con vistas al cese de las fumigaciones y resguardar la salud de los niños, niñas, adolescentes y personal docente y no docente que asisten al establecimiento educativo.

Ana luchó para que se protegiera de los impactos de los agrotóxicos, a su escuela rural y a todas las pertenecientes al partido de San Antonio de Areco. Nunca fue escuchada por el poder político local. Todo lo contrario, fue descalificada, ninguneada y hasta señalada, tal como sucede en un típico pueblo donde el agronegocio despliega sus influencias y determinaciones, como autora de un dislate que nada tenía que ver con la realidad. Los medios locales hicieron su aporte no haciéndose eco de sus reclamos y denuncias.

Sin embargo, ella no bajó los brazos, ya jubilada como docente y con la enfermedad a cuestas en su cuerpo, empezó a llevar su voz a todos lados, en el Congreso Nacional, en la película de Pino Solanas, en distintos libros temáticos, medios alternativos de todas las partes del país, Hospital Garrahan, encuentros de Pueblos Fumigados y a todos los lugares donde era invitada.

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A fines del año 2016, empezó a contactar a docentes rurales de todo el país que eran víctimas de la misma situación que ella conocía con sus propios ojos y su propio cuerpo.

Dio una batalla judicial para reclamar los daños ante el productor agroindustrial que durante años fumigó a pasos de su escuela rural, mientras ella daba clases y era directora.

En el año 2017, el poder político local de la mano del intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, desplegaría toda su hipocrecía realizando un relevamiento sanitario, al cual, Ana nunca fue invitada o considerada a participar en el proceso de construcción, siendo que ella era una referente indiscutible en el territorio en la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos, que venía desde hace años reclamando la modificación de la ordenanza local para que se aumentaran las distancias de protección en relación a las escuelas rurales (entre las que estaba su querida escuela) de 100 a 1000 metros para las aplicaciones terrestres. Ana era una enemiga para el poder político local, el sector rural agroindustrial y hasta para las autoridades educativas, que nunca trataron su situación particular como correspondía.

Con bombos y platillos, el Intendente, tras el relevamiento sanitario, anunció patriarcalmente la prohibición de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en todo el Partido de San Antonio de Areco. Como un acto de concesión al soberano, también el modo subrepticio de silenciar la lucha de Ana. La Sociedad Rural y los sectores ruralistas locales consintieron llamativamente la prohibición sin objeción alguna. Algo raro había. Semejante silencio escondía algo. 

En realidad se trataba de una moneda de cambio, de la que se supo más tarde cuando la ordenanza, que si bien prohibía las aplicaciones aéreas, dejaba inmutable las fumigaciones terrestres a escasos 100 metros de las viviendas y escuelas rurales, aún cuando en los antecedentes de la misma norma se consignara que se encontraban cada vez más acreditados científicamente los riesgos a la salud humana que se generan tanto por la cercanía en la aplicación de agrotóxicos como en el residual que queda en el suelo y, sobre todo, en el agua de consumo habitual en las zonas rurales. Fue una auténtica burla. El sector ruralista renunciaba a las fumigaciones aéreas con agrotóxicos, cada vez más costosas y menos eficientes a sus necesidades, pero no perdían ni un sólo metro para serguir aplicando venenos vía terrestre. Engaño perfecto, negocio redondo. 

Ana estaba indignada. Supimos de esa indignación, que no era buena para un cuerpo cuyo sistema inmunológico ya estaba golpeado duramente por el mismo agronegocio que seguía haciendo de las suyas, con estos personajes nefastos de la política (los mismos que  en plena pandemia promocianaban las megagranjas porcinas chinas o una ley de agroecología con licencia de uso de venenos). 

Igualmente no bajó lo brazos, no se rindió, siguió construyendo la red de docentes hasta darle un espacio orgánico. Con ella y otras docentes rurales de la red creada por ella, fuimos a las reuniones con la Defensoría del Pueblo de la Nación, a fines del año 2017, en pleno calor de un verano porteño, para actualizar la información de las escuelas rurales de todo el país y agregarlas a las actuaciones que en el mes de Setiembre del año 2014 motivaron la Resolución 29/14 del Organismo recomendando al Estado Nacional y Estados provinciales abordar debidamente la problemática, y así acreditar, su abierto incumplimiento.

Reclamó e insistió hasta los últimos días de su vida, para que el municipio le diera con detalles los resultados del relevamiento sanitario. Nos consta. Ana los quería para aportar en su causa judicial y a su vez para iniciar un amparo colectivo y solicitar el establecimiento de una medida paliativa de 1000 metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos respecto a todas las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires. A inicios de 2019 se lo habíamos prometido realizar. Estaba en marcha y hasta ella misma elaboró su información sumaria para contar con detalles su situación particular.

Pero en Junio de 2019, su cuerpo no dio más y dijo basta. 

Increíblemente, como un designio de las fuerzas extrañas de la naturaleza o vaya a saber qué, tras su muerte, la justicia, en el juicio de daños que ella había iniciado contra el productor agroindustrial, casi como un hecho único en la jurisprudencia, dictó un fallo post-morten, y dispuso - aunque no formara parte del reclamo judicial - una distancia de protección de 1000 metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos respecto de la escuela rural Nro 11 “José Manuel Estrada”, donde Ana fue directora, dejando sin efecto para dicho establecimiento la ordenanza local con los nimios y miserables 100 metros de Durañona. Que luego de su muerte, intentó tergiversar los hechos manifestando que Ana Zabaloy había acompañado y consentido su espuria e inconstitucional ordenanza.

Hoy, como si fuera el cumplimiento de un legado, asumimos el compromiso de tirar abajo esa ordenanza espuria de San Antonio de Areco, como también ir por la protección de todas las escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires, para que todas tengan la misma medida paliativa de resguardo que la justicia dispuso casi divinamente sobre su escuela: la Escuela de Ana Zabaloy, que así se llama para quienes supimos de ella. En su memoria.

En su memoria, también las asambleas, comunidades y organizaciones de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires designaron la fecha de su partida (9 de Junío) como Día de Acción por las Escuelas Rurales Fumigadas.

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