Una ley vapuleada por gran parte del poder político en el ejercicio del poder administrador a nivel nacional y provincias. La praxis judicial de la gente en los territorios insisten en reclamar su plena aplicación y vigencia.
Información20/03/2023
Naturaleza de Derechos
En este mes de Marzo 2023, se cumplen 20 años de la Ley General del Ambiente (25.675), la que se volvió operativa con el dictado del Decreto 481/2003 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso como su Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy Ministerio), que precisamente en éstas dos décadas lo menos que hizo fue aplicarla, al permitirse la consolidación de los procesos extractivistas de alto impacto que representan el modelo energético basado en combustibles fósiles (fracking, extracción de hidrocarburos, offshore), el modelo del agronegocio (con desmontes, pérdida de biodiversidad, contaminación con ogm y agrotóxicos). A lo que suma la profundización de la política metalífera con todos los estragos que provoca la megaminería.
Desde la vigencia de la Ley General del Ambiente se han deforestado más de 3 millones de hectáreas de bosques y montes nativos en todo el país. Más del 70 % de los cultivos de la agricultura extensiva son transgénicos y se duplicaron los millones de litros anuales de agrotóxicos liberados a cielo abierto contaminando todas las matrices ambientales y los fertilizantes sintéticos casi se triplicaron en el uso anual, demostrando la insostenibilidad del modelo productivo agroindustrial.
No hay nada para festejar. Solo reconocer la importancia de centenares de asambleas, organizaciones y personas auto-convocadas en organización colectiva de toda la Argentina, que ante la complicidad y desidia del poder político, recurren a los tribunales - en lo que hoy en día se ha convertido en un acto de fe -, para hacer cumplir la Ley General del Ambiente.
Decimos que es un acto fe, pues lamentablemente recurrir al poder judicial se ha transformado en eso, ya que gran parte de la estructura de la justicia federal con la actual composición de la Corte Suprema a la cabeza, sumado muchos tribunales provinciales, han formado un cerco protector a los extractivismos en Argentina, desconociendo así la Ley General del Ambiente.
Ante esos obstáculos, la praxis judicial ambiental ha obligado a sortearlos tratando de encontrar – no siempre sucede - a jueces y juezas inferiores que den la respuesta adecuada y pertinente con sustento en la vapuleada Ley General del Ambiente. No ha sido ni es una tarea sencilla. Es esa praxis judicial ambiental en el territorio con la gente la que construye el derecho ambiental en la Argentina.
Por eso, nos permitimos realizar una adaptación de una gráfica de un tiempo atrás que parodiaba las dificultades que tienen para publicar quienes se dedican a la investigación científica. Un reflejo de lo que sucede en la praxis judicial ambiental para hacer cumplir la Ley General del Ambiente y se respeten los principios jurídicos que en ella se establecen, y obtener una sentencia ambiental, que es la mejor forma de demostrar su vigencia plena.
En una rápida intervención el Juez Federal de La Plata, Ramos Padilla, le solicitó a la Fiscalía de Lesa Humanidad para que se expida sobre la Denuncia por los Delitos de Lesa Humanidad en la Isla Martín García en el marco de la Conquista del Desierto.
El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.
La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.
En defensa del derecho humano al agua potable de 15 millones de personas residentes en el área metropolitana de Buenos Aires, una demanda colectiva pide declarar la inconstitucionalidad del DNU 493/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que habilita cortes de suministro, reduce estándares de calidad y privatiza un bien esencial para la vida humana.
Con base en su cosmovisión y el derecho a la salud, un comunidad Mapuche Rankel reclama justicia ambiental ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por las fumigaciones con agrotóxicos que amenazan a la salud de la población, a la naturaleza y la biodiversidad.
El Tribunal Federal Oral de Rosario debe definir si levanta las medidas cautelares en Pergamino ante la solicitud del Municipio en sociedad con el Agronegocio. Rotundo y contundente rechazo de la Querella que reclama justicia ambiental para todos los pueblos fumigados de la Argentina.
La Cámara Contencioso Administrativo de San Martín mantuvo la cautelar que aleja las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a mas de mil metros de los pozos de abastecimiento público de agua en la localidad de French, provincia de Buenos AIres. También mantuvo la entrega de bidones de agua segura libre de agrotóxicos y niveles de arsénico que no deben superar los 10 microgramos por litro.
Comunicado del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires por la Agroecología y el Buen Vivir ante la solicitud del Municipio de Pergamino a la Justicia para que se pueda fumigar a 100 metros del centro poblado.
La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García durante la Conquista del Desierto, reclamando investigación, preservación del sitio como lugar de memoria y reparación histórica por el genocidio contra pueblos originarios que el Estado argentino aún no reconoce.
El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten las fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial y autorizan las terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, solicitando que las distancias deben acompañar el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.
Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Junín. Texto del Dictamen.
Dictamen del Jefe de Fiscales Bonaerenses a favor del dictado de medidas cautelares por la que se solicitan que las fumigaciones con agrotóxicos respeten los parámetros provinciales (aplicaciones aéreas) y las recomendaciones de la ciencia (aplicaciones terrestres) en el Partido de Olavarría. Texto del Dictamen.
En una rápida intervención el Juez Federal de La Plata, Ramos Padilla, le solicitó a la Fiscalía de Lesa Humanidad para que se expida sobre la Denuncia por los Delitos de Lesa Humanidad en la Isla Martín García en el marco de la Conquista del Desierto.
