Una ley vapuleada por gran parte del poder político en el ejercicio del poder administrador a nivel nacional y provincias. La praxis judicial de la gente en los territorios insisten en reclamar su plena aplicación y vigencia.
Información 20/03/2023
Naturaleza de Derechos
En este mes de Marzo 2023, se cumplen 20 años de la Ley General del Ambiente (25.675), la que se volvió operativa con el dictado del Decreto 481/2003 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso como su Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy Ministerio), que precisamente en éstas dos décadas lo menos que hizo fue aplicarla, al permitirse la consolidación de los procesos extractivistas de alto impacto que representan el modelo energético basado en combustibles fósiles (fracking, extracción de hidrocarburos, offshore), el modelo del agronegocio (con desmontes, pérdida de biodiversidad, contaminación con ogm y agrotóxicos). A lo que suma la profundización de la política metalífera con todos los estragos que provoca la megaminería.
Desde la vigencia de la Ley General del Ambiente se han deforestado más de 3 millones de hectáreas de bosques y montes nativos en todo el país. Más del 70 % de los cultivos de la agricultura extensiva son transgénicos y se duplicaron los millones de litros anuales de agrotóxicos liberados a cielo abierto contaminando todas las matrices ambientales y los fertilizantes sintéticos casi se triplicaron en el uso anual, demostrando la insostenibilidad del modelo productivo agroindustrial.
No hay nada para festejar. Solo reconocer la importancia de centenares de asambleas, organizaciones y personas auto-convocadas en organización colectiva de toda la Argentina, que ante la complicidad y desidia del poder político, recurren a los tribunales - en lo que hoy en día se ha convertido en un acto de fe -, para hacer cumplir la Ley General del Ambiente.
Decimos que es un acto fe, pues lamentablemente recurrir al poder judicial se ha transformado en eso, ya que gran parte de la estructura de la justicia federal con la actual composición de la Corte Suprema a la cabeza, sumado muchos tribunales provinciales, han formado un cerco protector a los extractivismos en Argentina, desconociendo así la Ley General del Ambiente.
Ante esos obstáculos, la praxis judicial ambiental ha obligado a sortearlos tratando de encontrar – no siempre sucede - a jueces y juezas inferiores que den la respuesta adecuada y pertinente con sustento en la vapuleada Ley General del Ambiente. No ha sido ni es una tarea sencilla. Es esa praxis judicial ambiental en el territorio con la gente la que construye el derecho ambiental en la Argentina.
Por eso, nos permitimos realizar una adaptación de una gráfica de un tiempo atrás que parodiaba las dificultades que tienen para publicar quienes se dedican a la investigación científica. Un reflejo de lo que sucede en la praxis judicial ambiental para hacer cumplir la Ley General del Ambiente y se respeten los principios jurídicos que en ella se establecen, y obtener una sentencia ambiental, que es la mejor forma de demostrar su vigencia plena.
La Corte no trató una queja extraordinaria del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) contra una sentencia que le reconoció derechos de patentes a Bayer Monsanto sobre material vivo, en abierta violación a la Ley de Patentes y de Semillas.
Tras más de 40 días de movilización popular el pueblo panameño frenó a través de un fallo de la Corte Suprema Nacional un proyecto megaminero aprobado de modo exprés por el poder legislativo que ponía en riesgo toda su biodiversidad. El levantamiento popular masivo, espontáneo, inorgánico e incontrolado en defensa del ambiente tiene reminicencias del Chubutaguazo del 2021 en la Argentina. El poder de la gente en las calles puso las cosas en su lugar.
Domingo 3 de Diciembre de 2023 a las 19 hs. Por Zoom. Solicitar link de acceso: [email protected]
En la presentación de las Guias de Salud de los Pueblos Fumigados se escucharon las voces de las victimas ambientales que ponen en evidencia la doble omisión estatal: no poner freno un modelo agroindustrial insostenible y no responder a los problemas de salud generados por el mismo.
En un segundo planteo judicial sobre la localidad de Campana, el máximo tribunal bonaerense volvió a ponderar la situación de riesgo a la salud de las personas que implican las fumigaciones con agrotóxicos en las cercanías de viviendas particulares, ratificando la vigencia de la ordenanza local que dispone un protección de mil metros para las aplicaciones terrestres. Se consolida una jurisprudencia del activismo judicial de los Pueblos Fumigados de Buenos Aires.
Un articulo que tiene una conclusión como exclamación: es urgente que Lula inicie la transición agroecológica en Brasil.
En un segundo planteo judicial sobre la localidad de Campana, el máximo tribunal bonaerense volvió a ponderar la situación de riesgo a la salud de las personas que implican las fumigaciones con agrotóxicos en las cercanías de viviendas particulares, ratificando la vigencia de la ordenanza local que dispone un protección de mil metros para las aplicaciones terrestres. Se consolida una jurisprudencia del activismo judicial de los Pueblos Fumigados de Buenos Aires.
El máximo tribunal bonaerense por segunda vez ratificó la vigencia de una ordenanza que establece un resguardo de mil metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos en el Partido de Campana. Texto de la sentencia.
En la presentación de las Guias de Salud de los Pueblos Fumigados se escucharon las voces de las victimas ambientales que ponen en evidencia la doble omisión estatal: no poner freno un modelo agroindustrial insostenible y no responder a los problemas de salud generados por el mismo.
La Corte no trató una queja extraordinaria del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) contra una sentencia que le reconoció derechos de patentes a Bayer Monsanto sobre material vivo, en abierta violación a la Ley de Patentes y de Semillas.