Naturaleza de Derechos
En este mes de Marzo 2023, se cumplen 20 años de la Ley General del Ambiente (25.675), la que se volvió operativa con el dictado del Decreto 481/2003 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso como su Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy Ministerio), que precisamente en éstas dos décadas lo menos que hizo fue aplicarla, al permitirse la consolidación de los procesos extractivistas de alto impacto que representan el modelo energético basado en combustibles fósiles (fracking, extracción de hidrocarburos, offshore), el modelo del agronegocio (con desmontes, pérdida de biodiversidad, contaminación con ogm y agrotóxicos). A lo que suma la profundización de la política metalífera con todos los estragos que provoca la megaminería.
Desde la vigencia de la Ley General del Ambiente se han deforestado más de 3 millones de hectáreas de bosques y montes nativos en todo el país. Más del 70 % de los cultivos de la agricultura extensiva son transgénicos y se duplicaron los millones de litros anuales de agrotóxicos liberados a cielo abierto contaminando todas las matrices ambientales y los fertilizantes sintéticos casi se triplicaron en el uso anual, demostrando la insostenibilidad del modelo productivo agroindustrial.
No hay nada para festejar. Solo reconocer la importancia de centenares de asambleas, organizaciones y personas auto-convocadas en organización colectiva de toda la Argentina, que ante la complicidad y desidia del poder político, recurren a los tribunales - en lo que hoy en día se ha convertido en un acto de fe -, para hacer cumplir la Ley General del Ambiente.
Decimos que es un acto fe, pues lamentablemente recurrir al poder judicial se ha transformado en eso, ya que gran parte de la estructura de la justicia federal con la actual composición de la Corte Suprema a la cabeza, sumado muchos tribunales provinciales, han formado un cerco protector a los extractivismos en Argentina, desconociendo así la Ley General del Ambiente.
Ante esos obstáculos, la praxis judicial ambiental ha obligado a sortearlos tratando de encontrar – no siempre sucede - a jueces y juezas inferiores que den la respuesta adecuada y pertinente con sustento en la vapuleada Ley General del Ambiente. No ha sido ni es una tarea sencilla. Es esa praxis judicial ambiental en el territorio con la gente la que construye el derecho ambiental en la Argentina.
Por eso, nos permitimos realizar una adaptación de una gráfica de un tiempo atrás que parodiaba las dificultades que tienen para publicar quienes se dedican a la investigación científica. Un reflejo de lo que sucede en la praxis judicial ambiental para hacer cumplir la Ley General del Ambiente y se respeten los principios jurídicos que en ella se establecen, y obtener una sentencia ambiental, que es la mejor forma de demostrar su vigencia plena.
