No son Trigo Limpio. Los Funcionarios Públicos detrás del Trigo Transgénico.

Es hora de ponerle el cascabel al gato. La denuncia con nombre y apellido a quienes con su sola firma han tenido (y en algunos casos aún tienen) injerencias sobre la vida diaria de las personas que viven en la Argentina en relación a los agrotóxicos y OGM, y concretamente en los que respecta al nuevo trigo transgénico aprobado por el actual gobierno, en el mes de Octubre 2020, es el paso irremediable contra el agronegocio. 

 Se trata de los autores materiales de parte de la esfera pública de un entramado con el sector privado dentro de las mismas estructuras del Estado que obran funcionales a los intereses de las grandes corporaciones. Es cierto, que hay responsabilidades políticas de Ministros y quienes ejercieron el cargo más alto de la Administración Pública, desde 1991 hasta la fecha, sin excepciones. 

Pero por lo pronto, están las pruebas de las autorías materiales de quienes con su firma han armado una estructura legal y operativa dentro del mismo Estado para que en forma coordinada y armoniosa se otorguen beneficios a las grandes corporaciones del agronegocio, ejerciendo la función pública, en razón de la cual tendrían que velar por la salud pública, el cuidado del ambiente, la preservación de la diversidad biológica y el bien común, que es el fin del Estado, que somos todos y todas. Pero no lo hicieron. 

Avergüenza ver como profesionales e investigadores del CONICET y de las Universidades Públicas, forman parte de un engranaje que favorece la construcción de un conocimiento sustentado en principios dogmáticos y falsos que luego deviene en una moneda de cambio para que las grandes corporaciones del extractivismo - invocando una supuesta investigación científica -, obtengan las validaciones de sus productos (agrotóxicos y OGM) por parte de funcionarios públicos en nombre del Estado, que reciben con un guiño cómplice las respectivas solicitudes. Una simulación perfecta. 

🔲 ¿Quién es quién en relación al Trigo Transgénico HB4 de Bioceres? Se detallan a continuación: 

Estuvo en el área de Coordinación y Dirección de Biotecnología, (2004-2020). Transcendió distintas administraciones nacionales 2003-2007 / 2007-2011 / 2011-2015/2015-2019/2019-2020. Bajo su función se aprobaron eventos biotecnológicos de las empresas Monsanto, Bayer, Dupont, Syngenta, Dow y Pionner. Permitió el funcionamiento de la CONABIA sin que la misma tuviera un reglamento interno para su funcionamiento, a fin de determinar el quorum, mayorías, registros de las actas. Así por ejemplo la Soja Intacta de Monsanto obtuvo un dictamen favorable con 11 firmas (garabatos) siendo que la CONABIA tiene 47 miembros. Eso se hizo constar judicialmente en una causa en el mes de Setiembre de 2013 donde se cuestiona la aprobación de la Soja Intacta de Monsanto.

Ante esa denuncia que ponía en evidencia la grave falta en el funcionamiento de la CONABIA, Martin Lema dictó el Reglamento para su funcionamiento, en el mes de Diciembre de 2013, es decir, dos décadas despues de su creación. Pero se trató de un despropósito. Con una integración de 47 miembros, la Resolución establece un quorum con 5 miembros y que el dictamen favorable de la CONABIA se pueda obtener con 7 voluntades.- De eso dio cuenta la Auditoría General de la Nación que en el año 2019 fue lapidaria de la labor de Martin Lema.

Entre varias cosas, la AGN señaló que “el marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los organismos genéticamente modificados (OGM) posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas”.“La Conabia no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada”. “No se encuentran normalizados los criterios para la realización de las verificaciones realizadas por la Conabia respecto falsedad o inexactitud de la información que presenta el solicitante”. “Las decisiones tomadas por la Dirección de Biotecnología y la Conabia para autorizar la liberación experimental de OGM no son publicadas para conocimiento de la población”. 

Aun así, en el mismo año 2013, Martin Lema, para favorecer a las empresas del agronegocio, a través de la Resolución 318/13, las eximió de realizar una de las fases de evaluación (son dos), en los casos que los OGM contemplen eventos apilados aprobados con anterioridad en forma autónoma, violando normas básicas en el análisis de riesgos sobre los impactos de los OGM en el ambiente, la diversidad biológica y la salud humana. Todo ello, para favorecer a las empresas del agronegocio y que obtengan más rápidamente las autorizaciones de comercialización de los OGM, pero con riesgos para la salud pública y la diversidad biológica. 

Por último, en el año 2015, volvió a beneficiar a las empresas del agronegocio, dictando una resolución que permite bajo el argumento de que los nuevos eventos de edición genética no son transgénicos, no necesariamente deben ser sometidos un proceso de evaluación, más allá que éste sea absolutamente defectuoso. Se trata de otro despropósito de Martin Lema, son OGM y no corresponde un trato diferenciado. En el 2018, el Tribunal Europeo descartó esa discriminación. Acá en la Argentina, gracias a Martin Lema, se sigue beneficiando a las corporaciones. 

En el caso del Trigo HB4 de Bioceres, estando Martin Lema a cargo de la Dirección de Biotecnología, en el año 2015 y 2016 se obtuvieron los dictámenes favorables de la CONABIA y SENASA, con evaluaciones que no dan cuenta en absoluto sobre su seguridad en materia de salud, ambiente y biodiversidad. No obstante que la Dirección de Mercados Agrícolas no dio el visto bueno a la aprobación, Martin Lema en vez de dictar una resolución administrativa rechazando la solicitud, que era lo que tendría que haber resuelto, la puso en stand by. De ese modo benefició a la empresa Bioceres, que antes de abrir el juego de reclamar judicialmente, optó, con la seguridad que le brindó Martin Lema (de tener el expediente administrativo en reserva), en hacer lobby y esperar el momento adecuado para que las autoridades políticas bajaran el mandato a la Dirección de Mercados Agrícolas a que dictaminara favorablemente para la aprobación del Trigo HB4, algo que sucedió el pasado setiembre de 2020, con dictámenes de la CONABIA y SENASA de 5 años atrás. ☑️ Increíblemente, siendo un funcionario público y el máximo responsable de Biotecnología dentro de la Administración Pública, Martin Lema, publicó junto a empleados de Monsanto y el propio Moisés Burachik (Bioceres), el libro "Mitos y Realidades de los Transgénicos" con el financiamiento y promoción de Bayer/Monsanto a través de ILSI, y de ArgenBio, que es la cámara empresarial de las empresas de biotecnología. http://ilsi.org.ar/documentos/file/14-alimentos-transgenicos-mitos-y-realidades http://www.ilsi.org.ar/institucion  

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Su propio curriculum, lo pone en evidencia, y habla del nivel de responsabilidades de los daños que están causando los OGM en la Argentina. Desde 2004 se desempeñó como Coordinador General de la Oficina de Biotecnología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Asimismo fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) a la cual perteneció desde 1999 hasta el año 2013 en distintas funciones. También en paralelo apareció dentro del Comité Asesor de OGM del SENASA (pudimos comprobarlo en el caso de la Soja Intacta de Monsanto). Tuvo a su cargo las coordinaciones de Bioseguridad, Diseño Normativo y Formulación de Políticas para beneficiar a las corporaciones del agronegocio. Cuando cumplió su cometido en la esfera pública, pasó a la privada, nada más y nada menos que Bioceres. Ahí ostenta el cargo Director de Asuntos Regulatorios de Bioceres (2013-2020), obteniendo las autorizaciones de los eventos de Soja y Trigo HB4. 

Es el autor intelectual de la Resolución 701/2011 que establece que la evaluación de Riesgos de los OGM no debe centrarse en los impactos que se pueden generar en el ambiente, sino en la comparación del comportamiento del OGM en relación a un No OGM respecto del agroecosistema objeto de análisis. Se trata de un mecanismo normativo que apunta a beneficiar a las empresas del agronegocio y ocultar los impactos negativos de los OGM en la diversidad biológica, mediante el flujo de genes que efectivamente se produce en el ambiente, y algo que el mismo Burachik reconoce en su libro Organismos Genéticamente modificados. En dicha publicación desarrollaría todos los conceptos que después quedarían plasmados en la Resolución 701/2011 dictada cuando estaba en el cargo de secretario de la CONABIA.

Luego, en su cargo de Director de Asuntos Regulatorios de Bioceres, su empresa se vio beneficiada de esa regulación que el mismo postuló desde la esfera pública, obteniendo las aprobaciones de todos los transgénicos presentados (incluído el Trigo HB4). Moisés Burachik, estando en la esfera pública, también participó de la iniciativa de Monsanto, Bayer y Syngenta (empresas a las que les tenía que controlar sus OGM), a través de la pantalla de ILSI para elaborar la Guía de Evaluaciones de Riesgos sobre los OGM de esas mismas empresas. 

Integró el Consejo Asesor Científico de ILSI, organización de Bayer/Monsanto y Syngenta, estando en la función pública. 

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Director de Inocuidad Alimentaria (1992-2018). Es Ingeniero Agrónomo y desde 1992 hasta 2018 se desempeñó como Director de Calidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Asimismo fue Coordinador de la Comisión en Bioseguridad Alimentaria del SENASA y Miembro del Comité Asesor de Biotecnología del International Life Sciencce Institute (ILSI) de las firmas Bayer/Monsanto y Syngenta. Otro funcionario clave en materia de inocuidad alimentaria de los OGM y los Agrotóxicos. 

Fue el autor intelectual de la Resolución 402/2012 estampando la firma para que la misma sea aprobada por las autoridades políticas. Esa resolución consagra el principio de equivalencia sustancial en las evaluaciones de los OGM. Su dictamen técnico fue fundamental. Además, mediante la Resolución 402/2012 se ignoran los efectos cancerígenos y crónicos de los OGM, al no exigirse reglamentaria y detalladamente dichos estudios conforme las Directrices de la OCDE 452/453. Todo queda a la discrecionalidad de las corporaciones del agronegocio, que ante la falta de una exigencia legal, presentan ensayos a plazos cortos, con el fin de que los impactos crónicos y cancerígenos queden ocultos y así emular una inocuidad alimentaria, que en realidad los OGM no tienen. 

Por eso, en el caso del Trigo GM, Bioceres no presentó ningún ensayo o estudio en roedores a plazos largos que comprenda las evaluaciones de riesgos del Trigo GM solo, y del Trigo GM sometido a fumigaciones con Glufosinato de Amonio y observar si hay consecuencias crónicas, cancerígenas o se producen efectos sinérgicos, y en comparación a un grupo de control sometido a Trigo NO OGM ni fumigado con Glufosinato de Amonio.

Es uno de los pocos funcionarios que intervino en casi todas las evaluaciones de Inocuidad Alimentaria de los OGM aprobados en Argentina, dictaminando en forma unánime a favor de las corporaciones del agronegocio.

La misma resolución 412/2002, si bien señala en su artículo 52 que la evaluación de inocuidad deberá reexaminarse a la luz de las nuevas informaciones científicas que puedan poner en tela de juicio las conclusiones de la evaluación original, Juan Carlos Batista, jamás inició actuaciones administrativas para proceder a la revisión respectiva, en relación al maíz y la soja GM, siendo que hay decenas de investigaciones científicas publicadas que advierten sobre impactos graves a la salud humana, según estudios realizados a plazos largos en laboratorios con roedores.

También en el 2007 junto a Moises Burachik y Clara Rubistein (que desde el año 2002 formò parte de la Gerencia de Monsanto y durante muchos años, a partir del 2004, se hizo el cargo del área de Asuntos Cientìficos (sic) de la empresa para la región América Latina Sur.) publicaron con el patrocinio de Bayer/Monsanto el trabajo: Evaluaciòn de inocuidad alimentaria de organismos genéticamente modificados, del año 2007. http://www.ilsi.org.ar/publicaciones/file/40-evaluacion-de-inocuidad-alimentaria-de-organismos-geneticamente-modificados Integró (e integra) el Consejo Asesor Cientìfico de ILSI , organización de Bayer/Monsanto y Syngenta, estando en la función pública. 

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Está aferrado a la Dirección de Agroquímicos del SENASA, desde hace años. Otra pieza fundamental de este juego de mecano pernicioso que ha funcionado (y funciona) dentro del Estado para beneficiar a las corporaciones del agronegocio. En el caso del Trigo GM su participación se da con la autorización de formulados comerciales de Glufosinato de Amonio, ignorando todas las evidencias científicas que pesan sobre el mismo, en cuanto a sus efectos genotóxicos, daño genético y hormonal. En vez de cumplir con la apertura de revisión de riesgos, tal como manda la reglamentación del SENASA, para avanzar en la prohibición del Glufosinato, tal como sucedió en la Unión Europea, le da vía libre a su uso en la Argentina. 

Sus funciones son controlar el cumplimiento de las normas técnico-administrativas referidas a la elaboración y/o formulación de productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas utilizados para la producción agrícola y el control de plagas vegetales; inscribir, registrar y auditar los establecimientos que elaboren y/o formulen productos fitosanitarios, como así también proponer la inscripción de toda persona física o jurídica u objeto a ser registrado en el ámbito de su competencia; realizar la evaluación técnica, de la documentación presentada para la aprobación y registro de los principios activos y/o productos formulados, fertilizantes y enmiendas; proponer la restricción o prohibición de los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas de uso agrícola; proponer los períodos de carencia y los niveles de tolerancia de residuos o contaminantes derivados del uso de productos fitosanitarios; intervenir en las tramitaciones de importación y exportación de agroquímicos y biológicos, colaborar con los programas que llevan otras áreas del Organismo, en el control de la elaboración, comercialización y uso de los productos de su competencia, reglamentar, administrar y mantener actualizados los Registros de su competencia. 

Desde el 2013 hasta la fecha, la dirección de la que forma parte Ciancaglini validó el uso de 18 formulados comerciales de Glufosinato de Amonio. Casi todos de empresas Chinas. Ninguno de los formulados cuenta con la correcta evaluación de riesgos crónicos, cancerígenos y sinérgicos en plazos largos. 

Este funcionario fue el mismo que recomendó, en el año 2015 ante el reclamo de las organizaciones y asambleas de Pueblos Fumigados, negar la revisión del Glifosato por considerar que el dictamen de la IARC de la OMS no reviste entidad científica suficiente como para desencadenar el procedimiento de análisis de riesgos de dicho principio activo (sic). (Resolución del SENASA 386/2015). Mientras que los estudios de Monsanto/Bayer, realizados por sus propios empleados o científicos que presentan serios conflictos de intereses, son una prueba inobjetable. 

También recomendó negar, en los años 2016, 2017 y 2018 ante los reclamos de asambleas y organizaciones de pueblos fumigados, Ecovilla Gaia, Naturaleza de Derechos y la Sociedad Argentina de Apicultores, la revisión de los agrotóxicos neonicotinoides que causan un daño irreparable a las abejas y que en la Unión Europea fueron prohibidos. Ciancaglini ante las evidencias científicas contundentes que hay contra los agrotóxicos neonicotinoides que producen principalmente Bayer/Monsanto y Syngenta "manifiesta en forma concluyente que los antecedentes presentados a los efectos de fundar las pretensiones que se esgrimen, no revisten entidad científica suficiente como para desencadenar el procedimiento de análisis de riesgo". (Resolución del SENASA 581/2018). Luego con relación a la revisión llevada a cabo por la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA) manifiesta que ha sido ampliamente criticada por sus reconocidas debilidades técnico-científicas, existiendo un alto grado de incertidumbre en sus últimas evaluaciones (sic).

Lo que Ciancaglini no aclara ni cita que esas críticas provienen de los gerentes y empleados/as de la empresa Bayer/Monsanto, la que se ve beneficiada con su dictamen. Después, en cuanto a la aplicación del principio precautorio, Ciancaglini busca nuevamente el atajo absurdo de señalar que no es de aplicación para el SENASA. Hay mas de 200 evidencias científicas objetivas e independientes que señalan contundendemente el impacto negativo de los agrotóxicos y la relación con la disminución drástica de las poblaciones de abejas. La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), integrada por académicos, profesores e investigadores de excelencia concluyeron que "la agricultura es uno de los principales causantes de la disminución de los polinizadores, a través del cambio en el uso de la tierra, la disminución de prácticas agrícolas tradicionales y las prácticas intensivas como la labranza y el uso de agroquímicos". Ciancaglini le tiene adversión al conocimiento cientifico de la ciencia independiente y una preferencia excluyente (demasiado sospechosa), a los estudios que presentan los científicos pagos de las corporaciones del agronegocio como Bayer/Monsanto y Syngenta.

En ambos dictámenes del área de Ciancaglini, las corporaciones del agronegocio Bayer/Monsanto, Corteva y Syngenta se vieron ampliamente beneficiadas en desmedro de la salud pública y la diversidad biológica. 

Por último, se denuncia que de los 40 agrotóxicos PAP (Pesticidas Altamente Peligrosos) que se consumen diariamente como residuos de los alimentos en Argentina el 48 % fueron cancelados en la Unión Europea, el 72 % son considerados probables o posibles cancerígenos y el 62 % disruptores endocrinos, en muy bajas dosis y una exposición crónica. Ninguno de ellos fue objeto de revisión por decisión de Ciancaglini.

Los casos más emblemáticos de agrotóxicos cancelados en la Unión Europea cuyos residuos fueron detectados en los alimentos que se consumen diariamente en el Argentina son: Clorpirifos, cancelado este año y presente en 32 alimentos; Carbendazim, cancelado en el año 2014 y presente en 28 alimentos; el Dimeteoato, cancelado en el 2019 y presente en 19 alimentos; Clorotalonil, cancelado en el 2019 y presente en 17 alimentos; Iprodione cancelado en el 2018 y presente en 10 alimentos; Bifentrin, con cancelación en el mes de Julio 2021 y detectado en 10 alimentos; Procimidone, cancelado en el 2008 y presente en 9 alimentos; Carbaril, cancelado en el 2007 y presente en 8 alimentos; Permetrina, cancelado en el 2000 y presente en 8 alimentos; Acefato, cancelado en el 2004 y presente en 4 alimentos; Linurón, cancelado en el 2017 y presente en 4 alimentos; Metidation, cancelado en el 2004 y presente en 3 alimentos. Ciancaglini n/s n/c. Las corporaciones del Agronegocio contentas. 

Lo que estamos observando de la Dirección a cargo de Ciancaglini, que desde la misma manera que está absolutamente cerrada a la revisión de riesgos de los agrotóxicos con argumentos burdos; en sentido inverso, está descontrolada a otorgar autorizaciones a mansalva. En los últimos 5 años se han autorizado con la supervisión de Ciancaglini, casi 400 formulados comerciales de venenos. El dato que remarcamos es que más del 75 % de esas autorizaciones corresponde a firmas de procedencia China. 

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Coordinador de Registros de Fitosanitarios - Dirección de Agroquímicos y Biológicos (2004-continua). Trabaja en coordinación con Diego Ciancaglini. Otro funcionario fundamental que juega a favor de las empresas del agronegocio y en detrimento de la salud pública. Defensor público de que los alimentos tengan residuos de venenos y ampliar su uso, utilizando los mismos argumentos de las corporaciones del agronegocio. Se escuda en los parámetros del CODEX Alimentarius, cuando él mismo esta cooptado por los países centrales que defienden los intereses de sus empresas entre las que se encuentran Bayer/Monsanto, Syngenta y Corteva. Esa es su defensa. Pero no puede explicar como muchos LMR de algunos agrotóxicos que pertenecen a las grandes corporaciones del Agronegocio como Bayer/Monsanto, Syngenta y Corteva no están adecuados a los máximos estándares establecidos en otros países o la Unión Europea.

En el caso del Trigo GM, es un ejemplo claro: en relación al LMR del Glufosinato de Amonio (que es el agrotóxico que una vez que se libere el OGM va a ser aplicado en grandes cantidades) Mazzarella considera que un valor de 5000 microgramos por kilo es seguro. Y ello es absolutamente falso, hay información disponible que lo contradice, por ello la Unión Europea lo estableció en 30 microgramos por Kilo, para resguardar la salud de la población. No es adecuado que un ingeniero agrónomo como Mazzarella tenga competencia técnica para decidir sobre cuestiones relacionadas a la salud. Lo hemos escuchado hablar en conferencias vertiendo conceptos sobre los residuos de agrotóxicos en los alimentos con mucho desparpajo e irresponsabilidad. 

Mazzarella, también forma parte del tándem de funcionarios públicos que se relacionan abiertamente con las empresas cuyos productos deben pasar por su mirada, la cual debe velar por el bien común. En el 2016 escribió un libro sobre LMR, financiado y promocionado por la empresa Bayer/Monsanto, Syngenta y Corteva, bajo la pantalla de ILSI. Las mismas empresas beneficiadas con los LMR superaltos que él debe supervisar junto a Ciancaglini. 

* Nota: el link de acceso al libro dejó de funcionar luego de 10 horas de la publicación del informe el 27.10.2020. Se trata de la cuenta de Daniel Mazzarella en Resecar Gate, que en las primeras horas del 28.10.2020 fue eliminada).

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