El Municipio de Bolivar debe responder a la Suprema Corte bonaerense por la desidia en los controles de las fumigaciones con agrotóxicos y los hechos de Pirovano.

Tras la presentación del Colectivo Tierra Viva el 6 de Noviembre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso este 13 de Noviembre de 2026 que el Municipio de Bolivar en 5 días conteste la denuncia por la absoluta falta de contralor municipal en materia de uso de agrotóxicos en la agricultura industrial y la abierta clandestinidad de la actividad que se vincula con la tragedia de una familia en Pirovano con una madre y dos menores fallecidos.

La resolución representa un avance en la acción de inconstitucionalidad promovida por vecinos y vecinas nucleados en el Colectivo Tierra Viva de Bolívar, con el patrocinio jurídico de Naturaleza de Derechos, contra la Ordenanza Municipal 2.999/2024. Esa norma suspendió disposiciones centrales de la Ordenanza 2.459/2017, que establecía distancias de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres, franjas adicionales de amortiguamiento y restricciones de 2.000 metros para las aplicaciones aéreas, además de protecciones específicas para escuelas, viviendas rurales y fuentes de agua.

El 29 de octubre de 2026, tres integrantes de una familia murieron en una precaria vivienda rural de Pirovano, rodeada de cultivos agrícolas fumigados. Los hechos motivaron una investigación penal que incluye entre sus líneas de investigación la posible exposición a sustancias utilizadas en las fumigaciones. A partir de esa tragedia, el Colectivo Tierra Viva presentó ante la Suprema Corte un escrito denunciando los acontecimientos como hechos sobrevinientes, la ausencia de fiscalización municipal y la falta de trazabilidad de las aplicaciones agrícolas. También reiteró el pedido de una medida cautelar urgente para restablecer las distancias de protección suspendidas desde 2024.

Una de las cuestiones centrales de la presentación fue exigir que el Municipio acreditara documentalmente cómo ejerce sus funciones de control sobre las fumigaciones. Se solicitó a la Suprema Corte que intimara a la administración municipal a presentar la reglamentación y puesta en funcionamiento del sistema de aviso previo establecido por el artículo 4 de la Ordenanza 2.999/2024, los avisos de fumigaciones recibidos desde agosto de 2024, los registros de inspecciones y auditorías, las actas de infracción, denuncias y sanciones, la nómina de inspectores y los recursos destinados a fiscalización. También se requirió que acompañara los informes sanitarios anuales previstos por el artículo 23 de la Ordenanza 2.459/2017.

El planteo judicial puso de manifiesto una situación difícil de contrarrestar para el Municipio. Según el relevamiento de los registros oficiales de recetas agronómicas realizado por Naturaleza de Derechos, entre julio de 2018 y noviembre de 2026 solamente se identificaron 1.970 recetas para todo el partido de Bolívar. Durante 2026, hasta el 4 de noviembre, apenas se registraron 143. Las cifras resultan alarmantes frente a la magnitud de la actividad agrícola del distrito, donde el Censo Nacional Agropecuario identificó 634 parcelas con oleaginosas y 560 con cereales. Incluso se constató que en los registros examinados no aparecen recetas agronómicas correspondientes a la parcela 1137 B, vinculada con los hechos investigados en Pirovano.

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La desidia municipal también es objeto de una investigación penal en curso. Naturaleza de Derechos formuló una denuncia por posibles delitos de contaminación ambiental, previstos en los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051, y solicitó que se investigue a los funcionarios municipales de Bolívar por el eventual incumplimiento de sus deberes de fiscalización, conforme al artículo 248 del Código Penal.

La denuncia invoca expresamente el antecedente judicial de Pergamino, donde el Tribunal Federal de Juicio N.º 2 de Rosario, mediante la sentencia 50/2026, condenó a dos funcionarios municipales a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por incumplimiento de sus deberes de control de las fumigaciones. El tribunal consideró acreditada una práctica sistemática de "control aparente", mediante actuaciones administrativas deliberadamente deficientes que permitían la continuidad de aplicaciones de agrotóxicos sin una fiscalización efectiva.

En Bolívar, los elementos reunidos muestran un escenario todavía más preocupante. Ni siquiera aparece acreditado un sistema de control aparente. Los registros examinados exhiben una actividad de fiscalización prácticamente inexistente frente a la magnitud de las fumigaciones agrícolas. La Municipalidad deberá explicar ahora qué hizo efectivamente para cumplir las obligaciones que le impone la normativa vigente. La presentación judicial exige precisamente que esas funciones se acrediten mediante documentación verificable.

La situación adquiere particular gravedad porque fue el propio Municipio el que impulsó la suspensión de las distancias de protección ambiental en 2024. La ordenanza que las suspendió estableció como mecanismo sustitutivo un régimen de avisos previos y auditorías de buenas prácticas agropecuarias, cuyo funcionamiento efectivo no aparece acreditado en el expediente. La administración local deberá responder por las medidas concretas que adoptó para prevenir la exposición de las familias rurales a los agrotóxicos, particularmente en establecimientos donde las viviendas se encuentran a escasos metros de las superficies fumigadas.

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La decisión de la Suprema Corte se produce mientras continúa pendiente la medida cautelar solicitada por Tierra Viva para recuperar las protecciones ambientales de 2017. La presentación también recordó el precedente "Picorelli", de septiembre de 2014, donde el propio máximo tribunal bonaerense suspendió cautelarmente disposiciones municipales que reducían las distancias de protección frente a las fumigaciones.

El Municipio de Bolívar tiene ahora cinco días para responder ante la Suprema Corte por las acusaciones de desidia y ausencia de controles. La gravedad de lo denunciado, la escasa registración de aplicaciones agrícolas y la investigación penal sobre Pirovano colocan a la administración municipal frente a una exigencia institucional concreta de rendición de cuentas.

Para el Colectivo Tierra Viva y Naturaleza de Derechos, el reclamo sigue siendo urgente. La investigación penal deberá establecer las responsabilidades que correspondan, incluidos los posibles incumplimientos de los funcionarios municipales. En paralelo, la Suprema Corte tiene pendiente resolver una medida cautelar que puede restablecer las distancias de protección para las poblaciones rurales de Bolívar.

La tragedia de Pirovano dejó al descubierto un sistema de fumigaciones que funciona sin controles efectivos acreditados. Ahora le corresponde al Municipio dar explicaciones ante la Suprema Corte y al máximo tribunal provincial resolver la restitución de las protecciones ambientales que las comunidades vienen reclamando desde 2024.