La Cámara Federal de San Martín consideró que los residuos de glifosato en el agua de consumo representan un riesgo para la salud y otorgó una medida cautelar que obliga a la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de La Matanza a entregar bidones de agua potable en el domicilio de una familia afectada por las fumigaciones.
Tras las presentaciones ante la justicia, la familia de Erika Gebel encontró eco en el Concejo Deliberante de La Matanza que aprobó la ordenanza que restringe el uso de agrotóxicos.